La UCO de la Guardia Civil interroga en Badajoz a testigos de la presunta trama contra la jueza del ‘caso David Sánchez’.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO de la Guardia Civil ha tomado declaración como testigos en Badajoz en el marco de la investigación sobre la presunta trama contra la magistrada instructora del ‘caso David Sánchez’.
- ¿Dónde y cuándo? En la comandancia de Badajoz, en las últimas semanas, bajo dirección judicial.
- ¿Qué resultado? La instrucción sigue abierta: la jueza ha aportado 96 vídeos y la Audiencia Nacional la ha reconocido como perjudicada.
La diligencia de la UCO en la comandancia de Badajoz
Los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado e investigación compleja) se desplazaron hasta Badajoz para tomar declaración como testigo a la mujer que días antes había afirmado en televisión que la presunta trama contactó con ella para sumarse a una campaña de acoso contra la jueza del ‘caso David Sánchez’.
Según las fuentes de la investigación, la testigo afirmó el 21 de septiembre en un programa de televisión que ‘un juez y un abogado’ habían contactado con ella para facilitarle la dirección del domicilio de la magistrada y diversa información, con el supuesto fin de que acudiera a la vivienda a acosarla. La mujer evitó dar los nombres de sus interlocutores y aseguró que rechazó colaborar con la trama.
Tras esa intervención, la UCO la citó en la comandancia de Badajoz para que reafirmara sus manifestaciones y aportara nuevos datos, entre ellos la identidad de los supuestos contactos. La diligencia se desarrolló bajo dirección judicial, dentro de una investigación en curso.
El material de la causa y la instrucción en la Audiencia Nacional
La magistrada ha aportado a la causa nuevo material de la presunta campaña contra ella: cerca de un centenar de vídeos, 96 según su escrito, con graves acusaciones difundidas por un canal de YouTube, alguno con más de 125.000 visualizaciones. La jueza vincula ese canal con un exmagistrado expulsado de la carrera judicial en 2022 y con un informe de la UCO que recogía que este pidió a la exmilitante socialista Leire Díez difundir la campaña contra ella.
El reconocimiento de la jueza como perjudicada por la Audiencia Nacional avala la solidez de una instrucción que la Guardia Civil desarrolla bajo dirección judicial.
En su escrito, la jueza anuncia que identificará a las personas que supuestamente pueden corroborar los contactos de la trama con clanes del narcotráfico asentados en Badajoz, y justifica su silencio previo para salvaguardar las futuras declaraciones de esos testigos y evitar que fueran localizados por la prensa.
La Audiencia Nacional ha admitido su personación como perjudicada y la ha citado a declarar en calidad de víctima, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció ‘la posible existencia de diversas conductas dirigidas contra su persona’. El juez instructor, Santiago Pedraz, limita por ahora la actuación a un presunto delito de calumnia, a la espera del avance de las pesquisas.
El Contexto Operativo
La causa se inscribe en una tipología delictiva especialmente grave: las tramas que tratan de torcer investigaciones judiciales mediante presiones, denuncias cruzadas y campañas de descrédito. Un informe de la UCO ya concluyó que la jueza era ‘uno de los objetivos’ de la red presuntamente encabezada por Díez y Cerdán, cuya supuesta finalidad era torpedear las causas que afectaban al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente.
Los agentes han reconstruido, además, la existencia de un grupo de WhatsApp creado en agosto de 2024 bajo el nombre ‘VACACIONES Y VIAJES’, integrado por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente del Badajoz Club de Fútbol Joaquín Parra y la propia exmilitante socialista. En él, según el informe, se hablaba de la jueza y se pedía información para dañar su reputación mientras instruía la causa del hermano del presidente.
Asímismo, la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado ‘solventes indicios’ de que contra la magistrada se formularon sucesivas denuncias —dos ante la Fiscalía General del Estado— atribuyéndole hechos presuntamente delictivos, todas ellas archivadas. La anotación hallada en una agenda con fecha 25 de marzo de 2025 y revelada por un medio de comunicación forma parte del material que la instructora ha puesto en manos de la justicia.
Unidades como la UCO canalizan las investigaciones de mayor complejidad que se dirimen en la Audiencia Nacional, siempre bajo dirección judicial y con el respaldo orgánico del Ministerio del Interior. En esta causa, el trabajo de los agentes ha permitido reconstruir la estructura de la presunta trama, desde la anotación en la agenda hasta los contactos con clanes del narcotráfico en la capital pacense.
La instrucción sigue abierta. La personación de la jueza como perjudicada permitirá incorporar en las próximas semanas nuevas pruebas, entre ellas las copias certificadas de los vídeos y la identidad de los testigos que la magistrada ha reservado hasta ahora. El material deberá ser valorado por el instructor, que mantiene la causa viva y bajo dirección judicial.
