EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Nacional pide al Ejecutivo que desclasifique 19 mensajes del CNI y ordena el volcado del móvil del exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
- ¿Quién está detrás? La jueza María Tardón, la acusación popular de Iustitia Europa, el exjefe de gabinete Gonzalo Sanz y el Ministerio del Interior.
- ¿Qué impacto tiene? La causa suma presión sobre Interior y reabre el debate sobre los avisos previos a la entrada masiva.
La crisis de Ceuta vuelve al primer plano judicial. La jueza María Tardón reclama al Gobierno la desclasificación de 19 mensajes del CNI sobre los avisos previos a la entrada masiva. Los intercambios, mantenidos con el jefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, siguen bajo llave.
Qué contienen los 19 mensajes que el Gobierno aún no ha desclasificado
Según precisan fuentes del caso, la magistrada ha trasladado a las partes que hay que aguardar la desclasificación por parte del Ejecutivo. Iustitia Europa había pedido la incorporación de esos mensajes a la causa. Al término de la declaración, Tardón pidió a Sanz su teléfono móvil para practicar un volcado.
Los 19 mensajes se intercambiaron el 29 de julio, víspera de la entrada masiva. En ellos aparece el aviso del servicio de Inteligencia sobre grupos de decenas de miles de personas organizándose en redes para asaltar Ceuta desde Marruecos. Parte de ese intercambio por WhatsApp ya vio la luz tras una desclasificación parcial del Consejo de Ministros; el resto continúa opaco.
Sanz ha confirmado que trasladó al delegado su conversación con el CNI y que fue ‘claro’ al hacerlo. Dimitió cuando Miguel Ángel Pérez Triano le desmintió en público, y atribuye la actitud del exdelegado a que quizá no recuerde un encuentro que, según su versión, fue en persona. También ha repetido que los avisos remitidos a los ministerios cayeron en saco roto.
La comparecencia ha retratado, además, la relación entre la Delegación y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pérez Triano había confiado a su jefe de gabinete ser el enlace con los agentes del servicio, que habitualmente reclama información en poder de la Delegación.
Los mensajes que ahora se reclaman no describen una alarma imprevista, sino una advertencia que ya estaba sobre la mesa antes del asalto.
El exjefe de gabinete ha declarado que el delegado le transmitió ‘con frustración e impotencia que, desde arriba, veían la situación como un verano más’. La preocupación era que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las expulsiones inmediatas provocaría ‘un colapso’: nadie preveía 80.000 personas, ha admitido, pero bastaban 5.000.
Sanz ha desvelado que el 24 de julio, seis días antes del aluvión, redactó un informe ‘muy contundente’ que el delegado envió a Política Territorial y que quizá no llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad. Lo aportará a la Audiencia Nacional. El dispositivo en la frontera lo cifró en entre 9 y 12 agentes de la Policía Nacional y 4 o 5 de la Guardia Civil.
El desencuentro con Moncloa y el pulso por quién avisó a quién
Con la entrada masiva ya en marcha, Pérez Triano preguntó por el despliegue del Ejército; desde el Gobierno se le recordó que no tenía competencias y que solo podía sugerirlo. Sanz se refirió también a la nota conjunta que el 27 de julio publicaron la Delegación y la Ciudad Autónoma sobre el colapso de los servicios de menores y la saturación del CETI.
Ese texto fue ‘muy complejo’ de pactar, y se modificaron términos del borrador porque ‘a Moncloa no le convenían’. Sabían que al Ejecutivo central ‘no le iba a encantar’ un comunicado con la administración del PP en Ceuta. Después, el delegado le trasladó que la nota no había gustado en varios ministerios.
Sanz ha asegurado que Sánchez no llamó ni una sola vez al delegado durante la crisis, y atribuye el deterioro con el Ejecutivo autonómico a que ni las peticiones de Ceuta ni las de la Delegación fueron atendidas: medios de contención y un Real Decreto sobre expulsiones, entre otras. Moncloa, en paralelo, ha desmentido a Juan Vivas y sostiene que atendió 9 llamadas entre el 27 y el 30 de julio.
El Eje del Poder Socialista
Lo que se dirime no es solo el relato de una crisis migratoria, sino la manera en que Interior y el CNI gestionan información sensible cuando un juzgado la reclama. La dirección federal sostiene que la desclasificación parcial ya aprobada por el Consejo de Ministros demuestra disposición a colaborar y que la nueva petición seguirá el mismo cauce. Ferraz evita el cuerpo a cuerpo con la acusación popular y deja el asunto en manos de los servicios jurídicos del Estado.
El aterrizaje territorial es delicado. Ceuta está gobernada por el PP y el desencuentro entre la Administración central, la autonómica y la Delegación condiciona la reconstrucción de los hechos. Los colectivos más expuestos son los menores no acompañados y los servicios sociales de la ciudad. Los barones socialistas siguen el caso con atención, porque cualquier golpe a Interior salpica al conjunto del Gobierno y a la interlocución con los socios que sostienen la mayoría.
Tampoco invita a la improvisación el precedente. El Gobierno ya vivió en 2021 un episodio de máxima tensión migratoria con Marruecos, resuelto con firmeza y diplomacia. Ahora el Supremo ha fijado una doctrina que limita las expulsiones inmediatas, y ese es el flanco que la oposición intentará explotar. El punto débil del rival está en la propia Ceuta: la versión del Ejecutivo autonómico no encaja con el recuento de llamadas que defiende Moncloa.
La próxima ventana crítica llega con la decisión del Gobierno sobre la desclasificación de los mensajes, que se solapará con el curso parlamentario y la negociación presupuestaria con los socios.
