EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo Consultivo de Canarias censura al Gobierno autonómico por el uso «fraudulento o abusivo» de un mecanismo excepcional para pagar las facturas de un contrato de antivirus vencido.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. La resolución que abrió el expediente la firmó el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
- ¿Qué impacto tiene? La sanidad canaria acumula 574 millones de euros abonados sin contratos válidos, 125 de ellos en conciertos con clínicas privadas.
El Consejo Consultivo de Canarias censura a Clavijo por pagar contratos públicos caducados al margen de la ley.
Un contrato vencido en 2025 y facturas abonadas por la vía excepcional
El último dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma (el organismo que vela por la legalidad de las decisiones del Ejecutivo canario) reprocha al Gobierno de Fernando Clavijo el uso «fraudulento o cuando menos abusivo» del procedimiento de revisión de oficio, la vía excepcional que permite a la administración anular sus propios actos cuando adolecen de vicios graves. Sirvió para pagar las facturas de un contrato vencido: el suministro de un sistema antimalware para los móviles corporativos. El contrato expiró en julio de 2025 y el servicio siguió prestándose sin cobertura legal.
Todo arranca en septiembre de 2022, cuando el anterior Gobierno progresista de las islas —PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera— firmó un contrato con una duración máxima de tres años y un importe de 145.044,77 euros sin impuestos. Quince días antes del vencimiento, un informe interno ya advertía de que era necesario mantener el servicio hasta adjudicar un nuevo concurso. En marzo de 2026, los pliegos seguían en fase de elaboración.
La empresa contratista presentó facturas por 21.555,25 euros, entre agosto y diciembre de 2025. La revisión de oficio arrancó en abril mediante una resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que es además portavoz del Ejecutivo autonómico.
De La Laguna al Consultivo: el patrón que persigue a Clavijo
El Consultivo constata que el Gobierno de Canarias prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» para prorrogar el contrato. La empresa siguió prestando el servicio una vez extinguido el contrato y, por tanto, «sin cobertura alguna», lo que vulnera los principios básicos de la contratación administrativa: el acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia, y la igualdad de trato entre candidatos.
Eso sí, el dictamen admite la causa de nulidad y el pago de las facturas, porque los servicios se prestaron de forma efectiva y, de no abonarse, se produciría un «enriquecimiento injusto». El Consultivo recuerda que estos contratos son de tracto sucesivo —de ejecución continuada, no de entrega puntual— y que este tipo de irregularidades no responden a un imprevisto, sino a «graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación», proscritas además por el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Canarias paga primero y regulariza después: el Consultivo pone nombre a un mecanismo que convierte la excepción en rutina.
El órgano fiscalizador sostiene que Presidencia hace un «uso fraudulento o cuando menos abusivo» de la revisión de oficio e incurre en «una clara desviación de poder». A su juicio, el Ejecutivo no emplea este procedimiento para expulsar actos viciados de nulidad, sino para saltarse «todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de las facturas debidas», como el levantamiento de los reparos de la intervención.
Ese detalle vuelve a entroncar el caso con el episodio que llevó a Clavijo ante el Tribunal Supremo. Cuando era concejal y alcalde de La Laguna, el hoy presidente autonómico sostuvo durante años contratos vencidos mediante decretos que levantaban sistemáticamente los reparos del interventor municipal, en el llamado caso Reparos. La causa penal acabó archivada por la Sala Segunda, que entonces presidía el canario Manuel Marchena, al entender que eran irregularidades administrativas y no delitos.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias lo preside Coalición Canaria desde 2023 y afronta el tramo final de la legislatura con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027. La formación nacionalista ha convertido la gestión del día a día en su principal argumento, pero los sucesivos reparos del Consultivo colocan el foco en la letra pequeña de la contratación pública, un terreno donde el PSOE y Nueva Canarias tienen margen para desgastar al Ejecutivo.
No es un patrón exclusivo de las islas ni de este gobierno. El propio Consultivo viene reiterando la advertencia en numerosos dictámenes, y la práctica de de sostener servicios esenciales con contratos vencidos recorre buena parte de las administraciones autonómicas. La diferencia, en Canarias, es la escala: 574 millones de euros en la sanidad sin contratos válidos, 125 de ellos en conciertos con clínicas privadas, un volumen difícil de explicar cuando la comunidad arrastra listas de espera y tensiones presupuestarias.
Lo que viene ahora es un concurso largamente prometido. Los pliegos del nuevo contrato seguían en elaboración en marzo de 2026, más de un año después del vencimiento. El Ejecutivo ya formalizó el 3 de septiembre un contrato de ciberseguridad más amplio —servidores, correo electrónico y licencias corporativas— que recayó en Centro Regional de Servicios Avanzados, con sede en Burgos, por 5,8 millones de euros. Queda por ver si la advertencia del Consultivo cambia la forma de contratar o si, como en La Laguna, el expediente se cierra sin consecuencias.
Ficha Autonómica
- El caso: El Consejo Consultivo reprocha al Gobierno de Clavijo el uso «fraudulento o abusivo» de la revisión de oficio para pagar las facturas de un contrato de antivirus vencido.
- Datos importantes: Contrato firmado en septiembre de 2022 por 145.044,77 euros sin impuestos; expiró el 31 de julio de 2025; facturas por 21.555,25 euros (agosto-diciembre de 2025); la sanidad canaria suma 574 millones abonados sin contratos válidos, 125 en conciertos privados.
- Resumen: El Consultivo avala el pago para evitar el enriquecimiento injusto, pero reprocha la «desviación de poder». El Ejecutivo ya adjudicó un contrato de ciberseguridad más amplio por 5,8 millones.
