La Fiscalía de Andalucía alerta desde Granada del aumento de los delitos cometidos por menores y de mafias de la droga mejor organizadas.
Delitos de menores: 13.466 diligencias, 2.535 más que en 2024
El documento, presentado el jueves 1 de octubre por la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada y presidida por Ana Tárrago, es la Memoria anual con la que el ministerio público radiografía la criminalidad de la comunidad. En el capítulo de menores el dato es contundente: 13.466 diligencias preliminares por presuntos delitos cometidos por menores de edad, 2.535 más que en 2024. En términos relativos, un crecimiento cercano al 23% en un solo ejercicio.
Dentro de ese capítulo, los delitos contra las personas y las lesiones fueron los más frecuentes, y los veinte casos por homicidio o asesinato registraron un «leve descenso» respecto al año anterior. Donde no hay bajada es en la violencia sexual: las agresiones sexuales pasaron de 206 a 373 diligencias —casi el doble— y los abusos sexuales, de 38 a 48. La violencia sexual entre menores crece un 81% en un año.
La Memoria mira también a los más pequeños. Por hechos presuntamente cometidos por menores de 14 años se abrieron 1.482 diligencias, al alza, aunque la Fiscalía no aprecia que abunden los «delitos graves». A eso se suma la atención a los menores no acompañados que llegan a la comunidad: 1.881 expedientes para determinar su edad, frente a los 1.695 de 2024. El documento tampoco ahorra reproches al programa @adriano, en uso desde mayo de 2025: califica su eficacia de «deficiente» y señala el sobreesfuerzo que provoca en fiscales y funcionarios.
El narcotráfico se profesionaliza: drones, inhibidores y armas de guerra
El segundo gran foco del informe es el tráfico de drogas. La Fiscalía sostiene que Andalucía es un territorio clave del narcotráfico a escala europea y advierte de un cambio de naturaleza: las redes internacionales exhiben hoy «más densidad y violencia», y en torno al cultivo de marihuana se ha levantado una economía criminal, sobre todo en la provincia de Granada, donde los enganches ilegales a la red eléctrica dejan barrios enteros a oscuras.
En el hachís, los focos principales siguen en Cádiz y Huelva, aunque la actividad se extiende por toda la comunidad y está cada vez más perfeccionada.
La Fiscalía dibuja una Andalucía donde la violencia sexual entre menores casi se duplica y las mafias operan con drones, inhibidores y armas de guerra.
Lo que más inquieta a los fiscales es el equipamiento de las organizaciones: armas de guerra, drones, cámaras de vigilancia e inhibidores de señal. Las redes, de nacionalidades muy diversas, operan especialmente en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y obligan a las fiscalías a una «carga de trabajo constante».
De ahí la petición de recursos que recorre todo el documento. No solo para desarticular a los grupos que están detras de esas redes, sino también para conocer su patrimonio y combatir el blanqueo de capitales. Combatir la droga exige tanta capacidad financiera como operativa, subraya el informe.
Hay un efecto que se nota en la calle antes que en los juzgados. Los enganches fraudulentos vinculados a las plantaciones de marihuana provocan sobrecargas y cortes de luz que sufren vecinos de barrios de Granada y de otros puntos del litoral, con perjuicio para comercios y hogares ajenos a ese negocio.
La Lectura Andaluza
Estas conclusiones llegan en un otoño político cargado y colocan dos asuntos en la agenda pública andaluza: la delincuencia juvenil y el pulso al crimen organizado. Es un documento elaborado por un órgano del Estado —la Fiscalía Superior, con sede en Granada—, pero sus consecuencias se gestionan con competencias repartidas: los medios personales y materiales de la Administración de Justicia dependen de la Junta de Andalucía, la protección de menores corresponde a los servicios sociales autonómicos y la investigación policial es estatal. La respuesta eficaz exige coordinación entre administraciones, no reproches cruzados.
Para el lector de a pie, el dato que importa es el de proximidad. Andalucía supera los ocho millones de habitantes y cada una de esas diligencias tiene detrás un pueblo concreto: un instituto, una familia, una calle. Que las agresiones sexuales entre menores se hayan casi duplicado apunta a un problema educativo y social que no se arregla solo con más juzgados. En el litoral, el turismo —motor de empleo en la Costa del Sol y en Cádiz— tiene en la presencia de redes internacionales un riesgo reputacional que el sector conoce bien.
No es la primera vez que Andalucía aparece en el centro del mapa europeo de la droga. El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en marcha desde 2018, fue la respuesta estatal a una presión narco que llegó a disparar la inseguridad en una comarca donde el desempleo ha superado el 30% en algunos municipios.
Ahora el fenómeno se ha extendido a Granada, a Huelva y al conjunto del territorio andaluz.
Las conclusiones de la Memoria alimentarán la planificación del próximo curso judicial y volverán al debate público en el Parlamento de Andalucía, con sede en Sevilla, donde los grupos vienen reclamando más medios materiales para la Administración de Justicia.
Andalucía no es una frontera lejana del crimen organizado: es una de sus plazas europeas. Que su Fiscalía lo diga con nombres, cifras y provincias debería leerse como lo que es, un aviso útil para cualquiera que viva aquí.
