La Fiscalía Superior de Cataluña reclama endurecer el Código Penal ante la extensión de armas entre bandas y grupos organizados. El fiscal superior, Francisco Bañeres, ha pedido abrir una reflexión sobre si la respuesta penal a este fenómeno es lo bastante contundente o se ha quedado corta.
Lo ha hecho en la apertura del año judicial, un acto que ha encabezado junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso. Bañeres ha aprovechado la cita para lamentar la agresión sufrida por dos guardias civiles en Terrassa, heridos de gravedad mientras perseguían a unos ladrones. El más grave recibió cuatro impactos —dos en el abdomen, uno en la pierna y otro en el brazo— y tuvo que ser operado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Qué pide la Fiscalía y por qué lo plantea ahora
El mensaje del fiscal superior es claro: no cuestiona la ley vigente, cuestiona su dureza. La respuesta penal a la tenencia ilícita, sostiene, debe revisarse para comprobar si disuade de verdad a quien ya opera al margen de la norma. La extensión de armas, tanto de fuego como blancas, en manos de bandas y organizaciones criminales es el detonante de esa reflexión.
No es una petición aislada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció hace unos días en el Parlament que el PSC presentará una proposición de ley para tocar tres artículos del Código Penal. La propuesta eleva las penas por armas prohibidas o modificadas (artículo 563) de los 1 a 3 años actuales hasta los 2 a 4 años. En armas cortas sin licencia (artículo 564) se pasa de 1 a 2 años a entre 18 meses y 3 años. Y en armas largas, de 6 meses a 1 año hasta una horquilla de 6 a 18 meses.
Conviene recordar un detalle que el ruido político tiende a difuminar: el Código Penal es competencia estatal. La iniciativa catalana no se tramita en el Parlament, sino que debe remitirse al Congreso de los Diputados, donde su suerte depende de equilibrios que nada tienen que ver con el hemiciclo catalán.
Endurecer el Código Penal desde Cataluña no se decide en Cataluña: se negocia en Madrid, y eso convierte la propuesta del PSC en un gesto político tanto como penal.
El doble frente: seguridad y vivienda
La petición del fiscal no cae en el vacío. Junts lleva tiempo reclamando al president más medidas de seguridad, y el endurecimiento penal es terreno abonado para el pulso entre socios de legislatura. La propuesta del PSC permite al Govern exhibir firmeza sin asumir competencias que no posee.
En paralelo, la presidenta del TSJC ha puesto sobre la mesa otro frente que incomoda tanto o más. Caso ha reclamado a los parlamentarios ‘herramientas sólidas’ para que los jueces puedan responder a la crisis de la vivienda, con una ‘mirada amplia y justa’. Lo ha hecho coincidiendo con el debate de los decretos antidesahucios en el Congreso, sacudido por el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada a petición de un fondo buitre.
Qué revela este doble diagnóstico
Lo que observamos es una Fiscalía que abre el debate penal y un TSJC que exige herramientas civiles. Dos instituciones, dos diagnósticos y un mismo destinatario: el legislador. El problema, para el Govern, es que ninguno de los dos frentes se resuelve en Cataluña.
La secuencia tampoco es casual. Cuando el fiscal superior reclama más contundencia penal mientras el Govern presume de iniciativa legislativa, el relato se alinea. La Fiscalía no legisla, pero marca el clima. Y ese clima empuja al PSC a colocarse del lado de la firmeza justo cuando Junts rentabiliza cada episodio de inseguridad.
Hay, sin embargo, una contradicción de fondo. Endurecer las penas por tenencia ilícita ataca el síntoma, no el mercado de armas que alimenta a las bandas. Ninguna reforma del Código Penal explica de dónde salen las escopetas y las pistolas que acaban en manos de grupos organizados, ni cómo entran en Cataluña.
El precedente juega en contra de las prisas. Las propuestas catalanas de reforma penal suelen naufragar en el Congreso, donde cada grupo mide el coste político antes de mover ficha. Esta vez, además, la iniciativa aterriza en una Cámara donde las mayorías se negocian voto a voto.
No es la primera vez que Cataluña coloca el debate penal en el centro. Los repuntes de multirreincidencia ya forzaron pactos entre partidos que rara vez se ponen de acuerdo en nada más. Ahora el eje se desplaza de los hurtos a las armas, un salto cualitativo que las instituciones subrayan con la misma insistencia.
Quedan hitos por delante. La proposición de ley del PSC aún debe registrarse, recabar apoyos y superar el filtro de la Mesa del Congreso antes de que el debate llegue al hemiciclo. Mientras, los decretos antidesahucios seguirán midiendo la distancia entre el discurso del derecho a la vivienda y su aplicación real.
La pelota, en cualquier caso, está en Madrid. Bañeres ha puesto el foco, Caso ha puesto la alerta y el Govern ha puesto la propuesta. Falta lo más difícil: que alguien firme el cambio donde de verdad se decide.
