La denuncia presentada por el partido político extraparlamentario Iustitia Europa por la organización, financiación y utilización de recursos públicos en los XX Premios Escaparate de Sevilla ha dado un paso judicial relevante: la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza nº 6, ha incoado las Diligencias Previas 2486/2026 por hechos que podrían ser constitutivos de un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación.
El auto, fechado el 29 de septiembre, ordena a la Policía para investigar los hechos. La investigación tiene su origen en la denuncia presentada el 22 de septiembre por Iustitia Europa respecto de las decisiones administrativas, contrataciones, autorizaciones, fondos y recursos públicos relacionados con la gala celebrada el 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.
La actuación denunciada alcanza a administraciones de distinto signo político: el Ayuntamiento de Sevilla y CONTURSA, bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, incluida la Consejería competente en Turismo; y la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE.
Entre los extremos puestos en conocimiento del tribunal se encuentran la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes para una gala restringida, la intervención de CONTURSA como organizadora o coorganizadora y la aportación de fondos públicos procedentes de distintas administraciones. Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, la resolución demuestra la utilidad de ejercer control judicial sobre cualquier administración con independencia de sus siglas.
«Durante demasiado tiempo, la vieja política del 78 ha actuado como si el patrimonio público perteneciera a los partidos. No es suyo: es de los ciudadanos. Y quien administra dinero, bienes o recursos públicos tiene la obligación de explicar cada decisión y responder ante la Justicia cuando existan indicios que deban investigarse», dice Pardo.
El presidente de Iustitia añade que «Iustitia Europa no mira las siglas. Mira los hechos. El patrimonio público no es patrimonio de PP, PSOE, VOX ni de ningún partido: es de todos los andaluces y españoles». Y concluye que «Iustitia Europa seguirá impulsando las actuaciones legalmente procedentes para que el destino del dinero público y las decisiones de las administraciones puedan ser sometidos al control de los tribunales. Otra España es posible».
