El tercer juicio por presunto enchufismo en el Puerto de Valencia destapa nuevas irregularidades en las actas de una plaza directiva.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La tercera vista por presunto enchufismo en la Autoridad Portuaria de Valencia aflora irregularidades en las actas de un proceso selectivo para una plaza de subdirección.
- ¿Quién está detrás? La denuncia partió de UGT; declararon como testigos un exdirectivo del puerto, la exjefa de recursos humanos y un extrabajador del Consorcio Valencia 2007.
- ¿Qué impacto tiene? Los dos primeros juicios siguen pendientes de sentencia y la Fiscalía Anticorrupción investiga una posible subrogación encubierta.
La sesión se celebró este jueves en la plaza 12 de la sección social de la Ciudad de la Justicia de Valencia, y dejó un reguero de testimonios que apuntan a un mismo patrón: procedimientos diseñados a medida. La vista analizó la adjudicación de la subdirección de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Valencia —el organismo público que gestiona el recinto— a M. G., exdirectiva del Consorcio Valencia 2007, la sociedad que organizó la Copa América de vela.
Un tribunal cuestionado y unas bases redactadas en primera persona
El primero en declarar como testigo fue Marcelo Burgos, que fuera director facultativo de las obras de la terminal norte del puerto hasta que fue apartado en junio del pasado año. Burgos se presentó a esa plaza y no se la llevó pese a su dilatada trayectoria. Ante la jueza aseguró que varios miembros del tribunal carecían de preparación para valorar la idoneidad de los cinco candidatos finalistas, él entre ellos.
Su testimonio dejó una frase incómoda para la entidad. «Presenté lo que pedían las bases, en los idiomas acreditaba francés e inglés y no lo tuvieron en cuenta», declaró. Eran diez puntos que podía haber sumado. También subrayó que se nombró al mismo tribunal para los tres procesos denunciados, una coincidencia que, a su juicio, refuerza la sospecha de un diseño previo.
Antes había comparecido la exjefa de recursos humanos de la APV, E. O., que repitió el discurso de las dos vistas anteriores. Según su versión, fue la presidenta del organismo, Mar Chao, quien redactó «en primera persona» las bases, algo que, aseguró, jamás se había dado entre 2017 y 2024. Hasta entonces era ella quien proponía los tribunales; en este caso, «el tribunal se impuso por parte de presidencia».
Lo que el organismo llama proceso selectivo, tres testigos lo describen como un traje hecho a medida.
El tercer testigo, J. L., extrabajador del Consorcio Valencia 2007, llevó el asunto al terreno documental. Dejó por escrito ante notario que las plazas de subdirección de Infraestructuras y de jefatura de gestión económico-financiera se adjudicarían a M. G. y a A. G., y así fue. «Era un traje hecho a medida», declaró convencido: los requisitos restringían el acceso a personas concretas.
La denuncia original partió de UGT, que consideró amañados al menos tres procesos de personal fuera de convenio y los llevó a los tribunales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y el segundo, el 15 de septiembre. Ambos siguen pendientes de sentencia.
El informe de Intervención que incomoda al puerto
En la causa sobrevuela un documento que la propia APV intentó apartar. Se trata del informe de la Intervención General del Estado que cuestiona las tres plazas por contener «requisitos, o méritos, que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado». El texto advierte de que así «podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso al empleo público». La jueza aceptó el documento como prueba, pese a la oposición del abogado de la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta su propia investigación, nacida de una denuncia de Compromís. La hipótesis que trabaja el ministerio público es la de una subrogación encubierta: un mecanismo para recolocar de forma fraudulenta a empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento de València.
El rastro se extiende a otras entidades municipales. Las personas adjudicatarias se presentaron a procesos coincidentes en la Fundació Esportiva Municipal y, al confirmarse su plaza en el puerto, renunciaron al concurso. El fiscal ya ha llamado a declarar a varios implicados y ha reclamado el informe del secretario municipal, que concluye que el consistorio «no debió formalizar el contrato».
El Escenario Valenciano
En clave valenciana, la causa del puerto ha dejado de ser una disputa laboral para convertirse en un test sobre cómo se cubren las plazas de alta dirección en los grandes entes públicos. La Autoridad Portuaria de Valencia es un organismo dependiente de Puertos del Estado, aunque su cúpula se nombra a propuesta de la Generalitat, lo que coloca el asunto en la frontera entre la administración autonómica y la central. El frente judicial llega, además, en un curso político marcado por el desgaste del Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP-Vox) y por la resaca de la reconstrucción tras la DANA.
La dimensión nacional del caso es evidente. El informe de la Intervención General del Estado y las reglas de Puertos del Estado sitúan la pelota en el terreno de los principios constitucionales de acceso al empleo público, un marco que compete al conjunto del sistema portuario español. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su investigación abierta y Compromís ha llevado el asunto al debate público, mientras la Abogacía del Estado, en representación de la APV, rechaza las irregularidades señaladas.
Queda por ver el calendario. Los dos primeros juicios esperan sentencia y el tercero acaba de celebrarse. Si los tribunales confirman los indicios que apuntan los testigos, el caso podría reabrir el debate sobre la profesionalización de las cúpulas portuarias en toda España. Por ahora, en Valencia, las actas del proceso selectivo siguen siendo el corazón de la historia.
Ficha del Caso
- El caso: Tres juicios por presunto enchufismo en procesos selectivos de la Autoridad Portuaria de Valencia, a raíz de una denuncia del sindicato UGT.
- Datos importantes: El tercer juicio se celebró este jueves en la plaza 12 de la sección social de Valencia; los dos anteriores (19 de mayo y 15 de septiembre) siguen pendientes de sentencia. El informe de la Intervención General del Estado cuestiona las tres plazas.
- Resumen: Los testigos apuntan a bases redactadas «en primera persona» por la presidencia y a un tribunal sin formación, mientras Anticorrupción investiga una posible subrogación encubierta.
