La encuesta sobre la Ley de Nietos confirma lo que el PP venía anticipando desde hace meses: el 65,1% de los españoles respalda la suspensión cautelar que el Tribunal Supremo dictó sobre la norma impulsada por el Gobierno socialista.
Solo un 30,7% se muestra en contra y un 7,8% prefiere no pronunciarse. El sondeo de Sigma Dos para El Mundo desmenuza una mayoría que atraviesa edades, géneros y territorios, y que da aire al argumentario que Génova desplegó desde que la ley entró en tramitación: la regularización del voto no puede hacerse a costa de la limpieza del censo.
Los datos de Sigma Dos: censo, voto y la sombra del pucherazo
Casi cuatro de cada diez consultados —un 39,2%— sostiene que la suspensión es «una medida necesaria para garantizar la correcta configuración del censo y evitar posibles distorsiones en los próximos procesos electorales». Es la respuesta más dura. La que apunta directamente al uso electoral de la norma: más de medio millón de hipotéticos nuevos votantes podrían haber sido llamados a las urnas en las próximas generales.
Otro 22,3% adopta una posición más templada. Considera que se trata de «una medida cautelar razonable mientras se revisan y aclaran los criterios utilizados para la inscripción en el censo». No habla de pucherazo, pero tampoco está dispuesto a abrir la puerta a ese medio millón de descendientes sin garantías de legalidad.
En el lado contrario, un 17,9% cree que la decisión del Supremo «supone una limitación injustificada del derecho al voto de personas que han adquirido legalmente la nacionalidad española». Y un 12,8% la enmarca en un argumento clásico del Gobierno: que la justicia «modifica, en la práctica, los efectos de una normativa aprobada por el legislador». Es el relato del lawfare, repetido durante meses por Moncloa, y que la encuesta sitúa en minoría.
La mayoría social no discute la nacionalidad: discute que el censo se ensanche sin control justo antes de una cita con las urnas.
El apoyo a la opción más dura es casi idéntico entre hombres y mujeres: 39,1% en cada caso. Por edad, el grupo que más respalda la suspensión es el de mayores de 75 años, con un 47,2%. Los datos rompen el cliché de que solo la derecha recela de la norma: un 45,9% de los votantes del PSOE se abona a las dos primeras opciones y considera positiva la suspensión de la ley que impulsó su propio partido.
Por qué Génova ve aquí un aviso serio al Gobierno
La lectura interna en Génova es clara. Si casi la mitad del electorado socialista avala frenar la ley, el Ejecutivo se ha quedado sin mayoría social para defender su bandera. En Sumar el patrón es distinto: un 69,4% de sus votantes rechaza la medida judicial, lo que dibuja una coalición fracturada por dentro.
Los electorados de la oposición constitucionalista aparecen alineados. Un 89,5% de los votantes de Vox considera deseable la suspensión. Entre los del Partido Popular, el respaldo alcanza el 88,2%, prácticamente un calco. La coincidencia es lógica: ambos partidos llevan meses denunciando que la Ley de Nietos, tal y como estaba redactada, convertía el derecho a la nacionalidad en una vía de agua para el censo electoral.
Hay un segundo dato que refuerza el marco popular. Preguntados por si deberían poder votar «personas que, sin vivir en España, puedan elegir a los dirigentes políticos del país», un 46,9% se muestra «nada» de acuerdo y un 19,2% «poco». Es decir, casi dos tercios de los españoles cuestionan el principio mismo de conceder la papeleta a quien no reside en el territorio.
De nuevo, el electorado socialista aparece dividido: un 27,6% no apoya «nada» esa posibilidad, mientras que un 30,3% se declara «bastante» de acuerdo y un 20,1% «totalmente». Ninguna otra fuerza presenta un desgarro semejante entre sus propias bases.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos es una ventana de oportunidad para que el PP convierta esta mayoría social en posición institucional. Génova lleva semanas cerrando filas con los barones autonómicos sobre un principio simple: la limpieza del censo es una garantía democrática, no un asunto de partido. Los presidentes autonómicos populares —de Isabel Díaz Ayuso a Juanma Moreno, de Alfonso Rueda a Carlos Mazón— comparten el diagnóstico y lo trasladan a sus territorios con un argumento que cala entre el electorado moderado.
El aterrizaje territorial es inmediato. En las once comunidades donde gobierna el PP, que suman en torno al 60% del PIB nacional, la consigna es la misma: ninguna reforma electoral puede introducir incertidumbre sobre quién vota y desde dónde. El Grupo Parlamentario Popular ya prepara el terreno para llevar el asunto al Senado, donde la mayoría absoluta popular permite abrir comisiones y forzar comparecencias si el Gobierno insiste en su hoja de ruta.
Conviene recordar el precedente. Ya durante la tramitación de la ley, el GPP advirtió por escrito de que la redacción abría la puerta a inscripciones masivas, sin verificación individualizada. Aquel aviso se archivó entonces como un gesto partidista. Hoy lo respalda una encuesta. El riesgo para Moncloa es evidente: cada semana que la norma siga suspendida, el relato del pucherazo gana terreno y el Ejecutivo queda atrapado entre sus socios y una opinión pública que le mira de reojo.
La pelota, eso sí, está en el tejado judicial e institucional. El Supremo mantiene la suspensión cautelar hasta resolver el fondo. Génova no tiene prisa: sabe que el marco de la opinión pública se mueve a su favor y que el silencio del Gobierno al respecto resulta, a estas alturas, elocuente.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: la defensa de la limpieza del censo y del voto presencial como garantía democrática frente al uso electoral de la regularización.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP), arropado por los barones autonómicos.
- Próximo hito: resolución del fondo por el Tribunal Supremo y eventual debate en el Pleno del Senado sobre el control del censo.
