Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo preparando su llegada a La Moncloa, pero el eventual desembarco del Partido Popular en el Gobierno no solo tendría consecuencias en materia económica, fiscal o territorial. También abriría una nueva etapa en el ecosistema mediático español, con Radiotelevisión Española (RTVE) como uno de los principales frentes de actuación. La aprobación de un decreto para destituir al presiente de la corporación José Pablo López, una revisión del presupuesto y de los contratos de producción y una posible reorganización de los programas de actualidad figurarían entre las cuestiones que tendría que abordar un Ejecutivo popular.
El alcance de esa transformación dependería, en buena medida, de los acuerdos parlamentarios que permitiesen la investidura. Vox lleva tiempo defendiendo una reducción del gasto público y un cambio de orientación en las instituciones que considera vinculadas al actual Gobierno. RTVE, por su dimensión presupuestaria, su capacidad de producción y su influencia sobre la agenda informativa, constituiría uno de los escenarios en los que esas exigencias podrían traducirse en decisiones concretas.
En el entorno del PP se contempla un cambio de etapa en la corporación pública si Feijóo alcanza la presidencia del Gobierno. El primer movimiento sería previsiblemente el relevo de José Pablo López, elegido por el Congreso en noviembre de 2024, y la posterior designación de una nueva dirección. La sustitución del presidente de RTVE exigiría, en cualquier caso, seguir los procedimientos legales de nombramiento y las mayorías parlamentarias correspondientes.
La cuestión no se limitaría a quién ocupa el despacho principal de Prado del Rey. El presupuesto, la contratación de programas y el modelo de televisión pública entrarían también en la discusión. El objetivo de una eventual revisión sería reducir costes y modificar las prioridades de programación, aunque todavía no existe un plan público detallado del PP que permita determinar qué partidas o formatos resultarían afectados.
La motosierra de RTVE: presupuesto, contratos y presentadores
La revisión de los contratos de producción sería una de las herramientas disponibles para una nueva dirección. El PP podría estudiar las condiciones económicas de los programas, sus resultados de audiencia y su encaje en la futura parrilla antes de decidir qué formatos mantiene, modifica o deja de renovar. La presión de Vox para aplicar recortes al gasto público añadiría un componente político a esas decisiones.
Uno de los contratos que concentraría la atención sería el de ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano. RTVE renovó el formato en febrero de 2026 por dos temporadas adicionales, hasta 2028, en un acuerdo que contempla alrededor de 320 entregas y unos 31,5 millones de euros más IVA. La existencia de ese compromiso condicionaría cualquier decisión sobre su continuidad y obligaría a examinar las cláusulas de resolución, sus posibles costes y las obligaciones contractuales de las partes.
La incógnita se extiende al resto de la programación. Una posibilidad sería conservar parte de la estructura de debates y tertulias de RTVE, pero modificar las caras visibles, la selección de colaboradores o el enfoque editorial de los espacios. Esa fórmula permitiría cambiar el perfil de la programación sin tener que desmontar por completo la oferta de actualidad.
En este contexto aparece el nombre de Antonio Naranjo, polémico periodista que presenta ‘El análisis: Diario de la noche’ en Telemadrid y podría hacerse en el futuro ‘Mañaneros 360’.
La hipótesis tiene además una conexión empresarial. La Cometa TV produce tanto ‘Mañaneros 360’, en RTVE, como ‘El análisis: Diario de la noche’, en Telemadrid. La coincidencia de productora permitiría que cualquier reorganización de los encargos públicos tuviera consecuencias para una compañía que trabaja con distintos operadores audiovisuales.
El PP ante un mapa mediático con nuevos equilibrios
El PP tiene a su favor un ecosistema mediático en el recibe gran trato de la mayoría de televisiones privadas, televisiones autonómicas, radios, periódicos de papel y medios digitales editados en Madrid, aunque algunos de ellos se muestran más próximos a Isabel Díaz Ayuso que al propio Feijóo. El líder popular todavía no dispone del presupuesto público que tendría a su alcance desde La Moncloa para influir, que es una circunstancia que recuerda a la que vivió Mariano Rajoy durante su etapa al frente del Gobierno, cuando tuvo que convivir con el poder político y mediático de Esperanza Aguirre en Madrid.
La relación entre el líder nacional y la presidenta madrileña constituye una variable relevante en cualquier análisis del futuro mapa mediático. La visibilidad de Ayuso en determinadas cabeceras y programas no garantiza que esos mismos medios respalden todas las decisiones de un eventual Ejecutivo de Feijóo.
A ese mapa se suma la participación pública en empresas del sector de las telecomunicaciones. El Estado mantiene una participación en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que le proporciona presencia en el accionariado de la compañía matriz de Movistar Plus.
La eventual llegada del PP al Gobierno abriría, por tanto, un escenario de nuevas relaciones entre el poder político y los grandes operadores.
Feijóo no quiere abrir otro frente con Prisa
El cambio de Gobierno también tendría que gestionar la relación con dos grupos de comunicación cuya posición resulta relevante para el debate público: Prisa y el Grupo Godó. El primero edita El País y es propietario de la Cadena SER; el segundo controla La Vanguardia y RAC1. Ambos mantienen líneas editoriales propias, con sensibilidades progresistas o catalanistas en distintos ámbitos, que no coinciden con las posiciones del PP.
La estrategia de Feijóo pasaría por evitar un enfrentamiento innecesario con sus respectivos editores, Joseph Oughourlian y Javier de Godó.
Oughourlian preside Prisa desde 2021 y ha impulsado cambios en la estrategia empresarial del grupo. Su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez ha atravesado momentos de tensión, como reconoció el propio presidente de la compañía en junio de 2026 al referirse a las discrepancias surgidas en torno a la posibilidad de lanzar una televisión en abierto.
Una lógica parecida se aplicaría al Grupo Godó. Javier de Godó preside el holding propietario de La Vanguardia. La dimensión territorial de sus medios añade un elemento específico a esa relación. Cualquier Gobierno del PP tendría que gestionar sus vínculos con los principales actores políticos, económicos y mediáticos de Cataluña, donde las posiciones editoriales y las alianzas institucionales no siempre responden a la misma lógica que en Madrid.
