La Fiscalía contra la Criminalidad Informática alerta de que menores de 10 y 11 años acceden ya a pornografía, violencia extrema y contenidos de autolesión en las redes sociales. Su responsable en la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, advierte de que estos materiales ya llegan a los juzgados y de que los menores son un colectivo especialmente vulnerable frente a ellos.
Tejada expuso esta situación en las XX Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos, celebradas en Sevilla y organizadas por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. En su ponencia sobre la protección de los menores en el entorno digital, la fiscal —categoría equivalente a magistrado dentro de la carrera fiscal— advirtió: «Los niños son más vulnerables y los efectos perversos de ese desarrollo tecnológico pueden ser mayores».
Los datos de la Fiscalía General del Estado miden la escala del fenómeno. El 99,9 % de los jóvenes de 16 a 25 años usa Internet a diario, porcentaje que ronda el 97,5 % entre los niños de 10 a 15 años. Cerca del 90 % de los adolescentes emplea redes sociales habitualmente, y muchos empiezan a los 10 u 11 años, sin plena conciencia del riesgo que asumen.
Los contenidos que ya llegan a los juzgados
Para la fiscal, las redes han convertido a los usuarios en generadores permanentes de contenidos, lo que agrava el riesgo para los menores. «El problema es cuando este tipo de prácticas las realizan personas que, por su madurez y su nivel de desarrollo, no saben el riesgo que están asumiendo al contar información sobre ellos mismos en la red o al contactar con personas que no saben ni quiénes son», ha advertido.
La fiscal concretó después la tipología de esos materiales: contenidos violentos, pornográficos, que incitan a la discriminación o de carácter sexista. A ello se suma el contacto con personas que persiguen fines sexuales, con redes de trata o con individuos que intentan captar a menores para actividades delictivas o entornos violentos y extremistas.
Las cifras de violencia digital confirman la gravedad. «Seis de cada diez niños reconocen haber sido testigos de actos de violencia digital y la mitad haber sido víctimas ellos mismos», señala Tejada. La Memoria de la Fiscalía General del Estado refleja un aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales en los que el agresor es menor y del 15 % en los delitos de violencia doméstica protagonizados por menores.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado registra un aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales cometidos por menores, una violencia digital que ya se dirime en los tribunales.
Delitos de riesgo y reformas en tramitación
Para Tejada, el menor es siempre víctima cualificada: «A un niño no se le estafa en la red. En el caso de un niño, es víctima de un delito contra su intimidad, su privacidad, su libertad sexual y su dignidad». Esa caracterización vertebra las reformas penales que reclama la Fiscalía.
El ordenamiento jurídico ha empezado a reaccionar. La Ley Orgánica 8/2021 incorporó delitos destinados a perseguir la difusión de contenidos dirigidos a menores que les inciten al suicidio, a las autolesiones o a desarrollar trastornos alimentarios.
Son delitos de riesgo: no es necesario que se produzca el resultado perseguido y el juez puede ordenar la retirada del contenido aunque no se haya identificado al responsable. La fiscal citó desafíos concretos, como «quién se corta más veces y aguanta sin llorar los cortes que se está haciendo».
Especial preocupación generan los delitos contra la libertad sexual. «Estamos viendo cosas absolutamente tremendas, porque son muchos los que buscan a los niños en la red con fines de carácter sexual», afirmó Tejada. Entre esas conductas figura el child grooming, con el que un adulto se gana la confianza de un menor para aproximarse a él.
La ponencia repasó las reformas legales en curso: elevar de 14 a 16 años la edad para consentir el tratamiento de datos personales, prohibir ciertos mecanismos aleatorios de recompensa en video juegos e imponer controles parentales por diseño a los fabricantes de dispositivos conectados a Internet.
Uno de los debates más complejos es el de los sistemas de verificación de edad. La fiscal lo resumió así: «El gran problema es cómo combinamos proteger a los niños y salvaguardar la intimidad, los datos y la privacidad» de los usuarios.
Las reformas prevén además que un juez pueda prohibir a una persona acceder a determinados espacios de Internet o comunicarse con otros usuarios, incluso de forma cautelar. Según Tejada, hay depredadores sexuales que, aun bajo procedimiento judicial, «siguen yendo a los mismos foros a buscar a los niños para continuar sus prácticas».
El paquete plantea también agravar la responsabilidad de quien emplee identidades falsas para aproximarse a menores y tipificar específicamente contenidos sexuales, humillantes o denigrantes creados mediante inteligencia artificial. La conclusión de Tejada es que la respuesta no puede limitarse al Derecho penal: exige prevención, formación, cooperación entre administraciones y responsabilidad de las plataformas.
El Contexto Operativo
La criminalidad informática contra menores es una de las amenazas de mayor crecimiento en España, según los datos de la Fiscalía General del Estado. El aumento del 53 % de los expedientes por delitos sexuales con agresor menor y del 15 % en violencia doméstica confirma que el entorno digital se ha convertido en un espacio donde los delitos contra la libertad sexual y la violencia entre iguales se multiplican.
Frente a este escenario, las unidades especializadas en delitos tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan de forma coordinada el grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil, mientras el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) mantiene su línea de ayuda 017 para menores, familias y centros educativos. La respuesta institucional combina persecución penal, prevención y protección de la víctima.
La proyección inmediata pasa por las reformas en tramitación: la elevación de 14 a 16 años del consentimiento para el tratamiento de datos, los controles parentales por diseño y los sistemas de verificación de edad. Son medidas que buscan anticipar el riesgo antes de que llegue a los tribunales, en un contexto en el que la tecnología avanza más rápido que la norma.
