El Senado ha cerrado un acuerdo bipartidista de reforma de permisos para desbloquear la construcción de infraestructura y energía en Estados Unidos. La votación no llegará hasta después de las elecciones de noviembre.
Bautizada como Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos de 2026, la norma ocupa 417 páginas y toca cuatro leyes federales clave: la Federal Power Act (el transporte de electricidad entre estados), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, la que obliga a estudios de impacto antes de construir), la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies Amenazadas. El anuncio llegó horas antes de que la Cámara alta levantara la sesión.
El presidente del Comité de Energía del Senado, el republicano Mike Lee, lo resumió así en el comunicado de anuncio: ‘Antes construíamos proyectos como la presa Hoover, el puente Golden Gate y el Empire State en años, no en décadas. Estados Unidos sigue teniendo los recursos y el talento, pero lo que se interpone casi siempre es un sistema de permisos que tarda demasiado y cuesta demasiado’.
La mecánica del acuerdo es la clásica de Washington: los demócratas se llevan los cambios que querían en la Federal Power Act para tender líneas eléctricas y conectar parques eólicos y solares a la red. Los republicanos obtienen límites a las revisiones ambientales y a los pleitos que bloquean gasoductos, minas, y otras infraestructuras. Los dos bandos ganan lo mismo: más oferta energética y precios más bajos.
En la práctica, la reforma de la NEPA exime de largos estudios ambientales a buena parte de las reparaciones y mejoras rutinarias y evita que los préstamos o ayudas federales disparen por sí solos una revisión. Los activistas tendrían 150 días para demandar y deberían demostrar un daño directo. El punto decisivo es otro: los tribunales podrán obligar a una agencia a corregir su estudio, pero ya no podrán paralizar la obra solo por un defecto en ese estudio.
Lo que el Senado propone es sencillo de enunciar y difícil de digerir: que un papel mal redactado deje de ser motivo suficiente para detener una obra.
La Ley de Agua Limpia obliga a los estados a centrar su revisión en en la contaminación del agua y limita su capacidad de bloquear gasoductos o líneas eléctricas por motivos ajenos. Si un estado deniega el permiso, tendrá que demostrar que ningún cambio podría hacer viable el proyecto.
Los permisos generales pasan de cinco a diez años y la Agencia de Protección Ambiental pierde el veto sobre dragados y rellenos ya autorizados. En la Ley de Especies Amenazadas los cambios son más modestos: los estados podrán asumir las evaluaciones, la consulta formal baja de 90 a 60 días y los opositores tendrán 150 días para impugnar el informe.
El texto se apoya en el trabajo previo del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside Bruce Westerman, y del demócrata Jared Golden. Con ese respaldo, la ley cuenta con el visto bueno del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y del speaker (el presidente de la Cámara de Representantes) Mike Johnson.
Lo que cambia para las empresas españolas que construyen en EE. UU.
Para las compañías españolas con presencia en Estados Unidos, el calendario importa tanto como el contenido. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, opera redes y parques renovables en el noreste del país y lleva años atrapada en las colas de conexión a la red.
Acciona acumula cartera eólica y solar en el medio oeste, y Ferrovial construye y gestiona autopistas de peaje. Cada trimestre de retraso en una autorización es capital inmovilizado.
La comparación con Bruselas es inevitable. La Unión Europea aprobó en 2024 la Ley de Industria Cero Emisiones Netas, con plazos de autorización acortados para proyectos estratégicos. Hay una diferencia de fondo: en Estados Unidos el cuello de botella no es solo el permiso, es el pleito.
La Lógica de Washington
Aquí conviene preguntarse por qué existe esta ley. La respuesta está en la aritmética del Senado: con el filibusterismo vigente (el mecanismo que exige 60 votos para cerrar el debate y bloquea cualquier mayoría simple de 51), ninguna ley ambiental sale adelante sin demócratas. La única manera de construir gasoductos, líneas de alta tensión, minas y plantas es escribir un texto que ambos partidos puedan vender a su electorado.
Hay un precedente relevante. La NEPA la firmó Richard Nixon en 1970, en plena fiebre ambiental, y durante medio siglo se convirtió en la herramienta favorita de los litigios. Su primera modificación de calado en décadas llegó en 2023, dentro del acuerdo de techo de deuda entre la Casa Blanca y el Capitolio. Washington no desmantela la protección ambiental: decide cuánto pesa frente a la promesa de energía barata.
La coalición que sostiene el texto merece atención. Los republicanos de estados productores, como Utah y Virginia Occidental, defienden gasoductos y minas; los demócratas de estados que electrifican su red necesitan líneas nuevas para que los parques renovables lleguen al cliente. El electorado de Donald Trump escucha dos promesas: luz más barata y obra hecha en casa. Y los demócratas necesitan algo que enseñar en noviembre.
Para España la lectura es doble. Competitiva: si Estados Unidos acorta los plazos, atrae capital energético global que compite con el que busca Europa. Comercial: una ola de construcción en redes, gas y transmisión abre mercado a la ingeniería y a los componentes españoles.
Queda un riesgo evidente. El texto se votará cuando el Congreso vuelva tras las elecciones de noviembre y tendrá que convivir con la financiación del Gobierno federal, cuya prórroga expira el 11 de diciembre. Y los litigios no desaparecen: se trasladan a los tribunales estatales. La ley no está aprobada. Lo único confirmado es el acuerdo.
Ficha del Caso
- El caso: El Comité de Energía del Senado anuncia un pacto bipartidista de reforma de permisos para acelerar proyectos de energía e infraestructura. Se votará tras las elecciones de noviembre.
- Datos clave: Ley de 417 páginas; revisión de las leyes de política ambiental, agua limpia, especies amenazadas y energía federal; 150 días para litigar; consultas de 90 a 60 días; permisos generales de 5 a 10 años.
- Para España: afecta a Iberdrola–Avangrid, Acciona y Ferrovial, y a los exportadores de bienes de equipo; si los plazos se acortan allí, el capital energético global compite más duro con el europeo.
