El caso Suncor llega este lunes al Tribunal Supremo de EE. UU., que decidirá quién juzga las emisiones climáticas.
La pregunta que el Supremo responde este lunes
La cuestión que se sienta el lunes en en el estrado es quién tiene la potestad de juzgar el clima. El caso, Suncor Energy contra la Junta de Comisionados del Condado de Boulder, decide si un tribunal estatal puede aplicar su derecho de daños —el equivalente americano a la responsabilidad civil— a una petrolera por el efecto global de las emisiones acumuladas del planeta. La pregunta de fondo es si el derecho de un solo condado alcanza a compañías que producen en otros cuarenta y nueve estados.
Los números del otro lado del expediente explican por qué la industria se juega tanto. La actividad petrolera y gasística generó unos 27.000 millones de dólares en impuestos y regalías estatales y locales solo en 2025 y da empleo directo a más de 440.000 tejanos con un salario medio de 115.000 dólares, casi el doble que el resto del sector privado.
Sumando toda la cadena de suministro, el sector sostiene a más de 1,4 millones de trabajadores en Texas. Los impuestos de extracción llenaron su fondo de estabilización hasta el tope constitucional, y el excedente se destina a infraestructura hídrica, banda ancha, y rebajas del impuesto de la propiedad. La producción de crudo marcó un récord de 1.730 millones de barriles en 2024, con un 65% menos de equipos de perforación activos que una década antes.
La defensa de la industria no depende solo de sus abogados. Texas firmó junto a otros quince estados un escrito de amigo de la corte —un amicus brief, la figura con la que un tercero expone su interés en un pleito— que advierte de que Boulder ‘amenaza con permitir que el poder judicial de un solo estado fije la política climática de los demás’. Wyoming, Dakota del Norte, Oklahoma y Luisiana comparten el interés.
Una demanda de condado no se queda en el condado: redefine quién escribe la política energética de cincuenta estados.
El argumento de fondo es la soberanía de cada estado para regular dentro de sus fronteras, y no dentro de las ajenas. A partir de ahí, el cálculo de cualquier compañía cambia. Cualquiera de los más de 90.000 gobiernos locales puede demandar mañana por un producto que hoy se fabrica y se vende con licencia. Ese riesgo se paga: aparece como un coste de capital más alto y un despliegue más lento.
Qué se juega España en un pleito de Colorado
Mucho más de lo que parece. Repsol mantiene intereses de exploración y producción en el golfo de México y un negocio renovable repartido por varios estados americanos.
En el mismo terreno opera Iberdrola, propietaria de Avangrid, su filial de redes y renovables en Estados Unidos, presente en una veintena de estados. Ninguna de las dos está demandada en Boulder.
Pero el criterio que fije el Supremo se aplicará a todas. Si el tribunal acepta que el derecho estatal alcanza el efecto global de las emisiones, el universo de demandantes deja de ser un condado y pasa a ser cualquier municipio del país. El interés español no es retórico.
Hay además un canal energético directo. España compra a Estados Unidos una porción decisiva del gas natural licuado que entra por sus plantas de regasificación, y buena parte de ese volumen sale de terminales del golfo de México alimentadas por el gas del Pérmico texano. Cualquier incertidumbre que encarezca el capital de la producción tejana acaba, antes o después, en el recibo.
Y en el otro extremo, las aseguradoras —Mapfre entre ellas— llevan años preguntándose si deben cubrir riesgos de responsabilidad climática. La comparación con Bruselas es reveladora, además: la UE ha elegido la vía regulatoria, con normas de divulgación y diligencia debida, mientras que EE. UU., sin ley federal de clima que salga del Congreso, ha dejado que el conflicto se dirima en los tribunales.
La Lógica de Washington
¿Por qué el Supremo aceptó este caso? Porque el problema que tiene delante no es climático, sino de gobernabilidad. Un país donde cada judicatura estatal puede fijar por su cuenta las condiciones de responsabilidad de una industria nacional deja de funcionar como mercado único. La Corte no decide qué política energética quiere EE. UU.; decide quién tiene derecho a escribirla.
La coalición que sostiene esa lógica es más amplia de lo que sugiere el choque entre Partido Republicano y Partido Demócrata. El argumento de la soberanía coordinada tiene predicamento entre juristas progresistas, porque protege a unos estados de las decisiones de otros. El paralelo que más se cita en Washington es el del tabaco: en los años noventa, los fiscales generales estatales usaron el derecho de daños para arrancar a la industria un acuerdo nacional de más de 200.000 millones de dólares.
Para España, la lectura es doble. Una victoria de la industria limitaría el riesgo de que las filiales americanas de compañías españolas entren en el punto de mira. Pero si el Supremo avala la vía estatal, el precedente viaja. La incógnita real es que un fallo favorable a Suncor no cerraría el asunto, solo lo retrasaría hasta que el Congreso decida legislar o no hacerlo.
El calendario manda. Los argumentos orales son este lunes 5 de octubre y el Supremo suele resolver antes de cerrar su mandato, a finales de junio de 2027. Hasta entonces, cualquier operador energético con intereses en EE. UU. tendrá que decidir si firma inversiones a veinte años en un país donde la norma que las protege puede depender de la corte de un condado.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo escucha el lunes 5 de octubre el pleito entre Suncor Energy y el condado de Boulder, que debe decidir si las demandas por emisiones climáticas acumuladas se resuelven en tribunales estatales o federales.
- Datos clave: La industria petrolera aportó unos 27.000 millones de dólares en impuestos y regalías a Texas en 2025 y emplea a 1,4 millones de personas en el estado. El fallo se espera antes de finales de junio de 2027.
- Para España: Repsol, con intereses en el golfo de México, e Iberdrola, a través de Avangrid, operan en el mercado afectado por la doctrina que salga del fallo, que también condiciona el gas del Pérmico que llega a las plantas españolas.
