EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Confederación Española de Policía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la ampliación discrecional de la Medalla de Plata del Ministerio del Interior, la condecoración mejor remunerada del cuerpo.
- ¿Quién está detrás? El sindicato impugna la doctrina de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que le negaron legitimación para recurrir concesiones concretas. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha defendido su procedimiento a través de la Abogacía del Estado.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Constitucional estima el recurso, la Audiencia Nacional deberá entrar en el fondo y revisar las diez medallas concedidas en 2022 a mandos jubilados, cada una con un 15% de retribución vitalicia aparejada.
La Confederación Española de Policía recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional la medalla de plata de Interior. El sindicato denuncia que la Audiencia Nacional y el Supremo han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al negarle legitimación para impugnar concesiones individuales.
El origen del litigio se remonta a 2022. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional anuló entonces las medallas de plata que el Ministerio del Interior había concedido a diez mandos de la Policía Nacional jubilados ese mismo año. La resolución, según el juzgado, se dictó ‘prescindiendo totalmente del procedimiento establecido’. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recurrió a través de la Abogacía del Estado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo revirtió el fallo y el Tribunal Supremo confirmó después esa resolución.
Por qué el Supremo cerró la puerta a los sindicatos policiales
La doctrina que ahora se combate tiene una formulación simple. Los magistrados de la Audiencia Nacional establecieron que los sindicatos tienen derecho a participar en el procedimiento de concesión de medallas, pero eso no significa que puedan impugnar concesiones concretas. El Supremo respaldó esa lectura y cerró la vía ordinaria.
La CEP aprecia ahí una incongruencia de fondo. Si se reconoce a una organización sindical un papel específico en un procedimiento administrativo, sostiene, carece de lógica negarle después la capacidad de recurrir la decisión adoptada en ese mismo proceso. En su escrito subraya una particularidad que considera decisiva: la CEP actúa en el ámbito profesional, con un interés cualificado sobre las condiciones de la carrera policial.
El sindicato esgrime la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y precisa el alcance de lo que pide: no pretende que se anulen las medallas, sino que el procedimiento judicial se retrotraiga al momento en que la Audiencia Nacional debe reconocerle el derecho a recurrirlas, de modo que los tribunales valoren sus argumentos y decidan sobre el fondo.
Un sindicato puede ser llamado al procedimiento y quedar, al mismo tiempo, fuera de la sala donde ese procedimiento se juzga.
‘En este caso, la interpretación restrictiva aplicada impidió a CEP obtener un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones dirigidas contra las concretas condecoraciones, pese a la existencia de aquella conexión cualificada’, alega la Confederación en su recurso de amparo.
Quince por ciento vitalicio y hasta 4.000 euros más de pensión al año
El interés del litigio no es protocolario. La Medalla de Plata lleva aparejado un 15% más de retribución de por vida, lo que la convierte en la condecoración mejor remunerada del Ministerio del Interior. Ese reconocimiento venía concediéndose al uniformado de mayor rango en el momento de su jubilación, el director adjunto operativo de cada etapa.
En 2022, el departamento de Marlaska amplió el criterio de forma discrecional hasta diez mandos. Entre los condecorados figuran ex jefes superiores en comunidades autónomas, un ex comisario general, un antiguo responsable de la Unidad de Asuntos Internos y un ex responsable de Extranjería en Madrid. El crecimiento anual de su pensión por esta sola condecoración puede alcanzar los 4.000 euros, una cantidad que se suma a la que ya percibían por por las medallas pensionadas recibidas a lo largo de su carrera.
La arbitrariedad en la concesión afloró durante el caso Kitchen, la pieza que investiga el uso de fondos reservados de Interior para espiar a miembros del entorno de Podemos. La sentencia del Juzgado Central número 1 recordaba que la norma que regula las condecoraciones policiales, heredada de la etapa franquista, delimita los reconocimientos a ‘supuestos tasados e individualizados’. Por su trayectoria, añadía el fallo, aquellos comisarios no podían aspirar a más que a una distinción sin retribuir: la Medalla al Mérito con Distintivo Blanco.
Desde 2022 la batalla se ha repetido en varios frentes. El Juzgado Central de lo Contencioso fue corregido por la Sala en dos ocasiones; en otro expediente Interior no recurrió; un tercero sigue pendiente de impugnación. La última resolución, de 2026, ha sido recurrida por la Confederación y espera respuesta de la Audiencia Nacional.
El Eje del Poder Socialista
El frente abierto en el Constitucional no es un asunto menor para Interior. Las medallas pensionadas son una de esas competencias discretas que rara vez llegan al debate público y que, sin embargo, condicionan la posición económica de decenas de altos mandos al borde de la jubilación. El ministerio sostiene que su actuación se ajustó al procedimiento y que la legitimación sindical no alcanza a las concesiones individuales. Es una tesis técnicamente defendible: la Abogacía del Estado la sostuvo en dos instancias y el Supremo la avaló.
La lectura estratégica es otra. Cada vez que un tribunal reprocha a Interior haber prescindido del procedimiento, el desgaste se acumula. El PP y Vox llevan meses construyendo un relato sobre la gestión del ministerio, y esta causa les sirve de munición. Ferraz respeta la vía judicial y no comenta resoluciones en curso, pero en el Grupo Parlamentario Socialista late la convicción de que el mejor blindaje del ministro es administrativo: criterios objetivos, publicidad y trámite de audiencia sindical. El aterrizaje territorial también cuenta, porque los beneficiados por la ampliación de 2022 fueron jefes superiores destinados en distintas comunidades autónomas.
El riesgo inmediato es de calendario. Si el Constitucional admite a trámite el amparo y ordena retrotraer las actuaciones, el litigio regresaría a la Audiencia Nacional y el foco volvería sobre el ministerio en plena ofensiva parlamentaria de la oposición. La vía de salida no es judicial. Es normativa. Ordenar por reglamento qué se condecora, con qué cuantía y bajo qué control evitaría que la discrecionalidad de 2022 se repita. España arrastra una ley de condecoraciones policiales heredada de la etapa franquista, y ahí está el origen real del problema: un régimen de méritos claro protegería a los buenos mandos y cerraría la puerta al mercadeo que el caso Kitchen dejó al descubierto.
El próximo hito está en el propio tribunal. La admisión a trámite del recurso de amparo de la CEP será la primera señal sobre si la Audiencia Nacional tendrá que volver a pronunciarse sobre el fondo de las medallas de plata concedidas en 2022.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Interior actúa conforme a la ley; la salida pasa por ordenar las condecoraciones con criterios objetivos y trámite sindical.
- Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), cuyo departamento ha defendido la legalidad del procedimiento ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
- Próximo hito: Admisión o no a trámite del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional y posible regreso del litigio a la Audiencia Nacional.
