JD Vance quiere reescribir las reglas del talento extranjero en Estados Unidos: los visados H-1B están ‘completamente rotos’ y no descarta eliminarlos. El vicepresidente busca apoyos en el Congreso para cambiarlos.
No fue una frase suelta. Vance la pronunció el 1 de octubre en una entrevista con Jack Posobiec y el clip superó los cuatro millones de reproducciones. Desde entonces repite el mismo mensaje a los votantes: ‘Díselo a tu congresista’.
Su argumento es económico antes que ideológico. ‘Si quieres traer a un genio a Estados Unidos, esa conversación se puede tener’, dijo. ‘Pero si traes a un contable que cobra 45.000 dólares para sustituir a un contable americano que cobra 60.000, eso no es traer a un genio: es destruir empleos americanos’.
Las cifras explican la intensidad del debate. El H-1B (visado temporal de trabajo que exige el patrocinio de una empresa y se reserva a puestos con titulación universitaria) admite unas 120.000 personas al año y mantiene alrededor de 900.000 trabajadores extranjeros en empleos estadounidenses: unos 750.000 titulares y al menos 100.000 cónyuges con permiso de trabajo. Si se suman otros programas de contratación temporal, la bolsa se acerca al millón y medio de personas.
De la retórica a los expedientes: la maquinaria ya funciona
La parte visible de la ofensiva son los expedientes. Esta semana, la EEOC (la agencia federal que persigue la discriminación en el empleo) señaló a Sibitalent Corp. por excluir presuntamente a un profesional estadounidense de puestos tecnológicos. El inspector general del Departamento de Trabajo investiga por su parte la contratación en centros médicos.
Vance no está solo. Ha alineado a funcionarios, aliados políticos y a una parte del capital riesgo tecnológico. El inversor David Sacks le admitió en un acto del podcast All-In a mediados de septiembre que ‘hemos aprendido que el programa estaba plagado de fraude’. Chris Chmielenski, del grupo Immigration Accountability Project, sostiene que ‘el vicepresidente es un mensajero fuerte para los conservadores’. Kevin Lynn, de U.S. Tech Workers, lo dice sin rodeos: ‘Mi esperanza es que en 2027 veamos reformas serias o la abolición del H-1B’.
Vance no necesita aprobar una ley para estrechar el grifo: le basta con la maquinaria administrativa, los expedientes y el calendario electoral de 2028.
Él mismo admite el límite. ‘El Congreso no va a aprobar una ley que cambie esto; simplemente no hay voluntad política para hacerlo’, reconoció. El camino elegido es el reglamentario y el de la inspección, con un riesgo evidente: ‘Nos han demandado por algunas de estas cosas, pero creemos que tenemos razón’. Cada ajuste acaba antes o después en en los tribunales.
La tensión divide al propio campo republicano. Los libertarios acusan a Vance de rozar el socialismo por limitar la capacidad de las empresas de importar mano de obra. Él responde con una imagen: el acuerdo posible entre el inversor Jason Calacanis y el asesor Stephen Miller es ‘la intersección de un diagrama de Venn’, un espacio minúsculo.
Qué gana y qué pierde España con un grifo más cerrado
España no figura entre los grandes emisores del programa: los flujos masivos llegan de India y China. Aun así, la decisión le toca de cerca. Las tecnológicas estadounidenses con sede en Madrid, Barcelona y Málaga compiten por el mismo perfil de ingeniero y dependen de la movilidad entre sus oficinas americanas y europeas. Si el acceso a Estados Unidos se encarece o se alarga, esos grupos tienen un incentivo claro para trasladar más desarrollo de producto a España.
La otra cara de la moneda es el coste. La reforma que se cocina en Washington apunta a elevar los umbrales salariales y a verificar que ningún profesional local quedó fuera del proceso. Aplicado a las filiales americanas de Santander, BBVA, Iberdrola o Ferrovial, ese endurecimiento significa más burocracia y plantillas internacionales más caras de mover. Y afecta de lleno al talento español que hace las maletas cada año.
En clave europea, Bruselas sigue discutiendo la tarjeta azul para profesionales extracomunitarios, mientras España lleva ventaja con dos instrumentos que ya funcionan: la ley de startups y el visado para nómadas digitales, con plazos mucho más cortos que los del H-1B. La agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial, con sede en A Coruña, es la pieza institucional con la que el Gobierno quiere subirse al tren. Con el grifo americano a medio cerrar, esa ventana se agranda.
La Lógica de Washington
La pregunta correcta no es si Vance tiene razón, sino qué problema intenta resolver. El primero es electoral: buena parte del votante republicano con título universitario ha dejado de creer que el H-1B sea una historia de genios. El segundo es tecnológico. Con la inteligencia artificial absorbiendo capas enteras de empleo cualificado, la coalición que sostiene a Vance —el nacionalismo económico de Stephen Miller, el músculo de los trabajadores tecnológicos y el capital riesgo que quiere un visado de mérito en lugar de uno masivo— ha entendido que controlar el mercado laboral es poder político puro.
El precedente histórico ayuda a entender el encuadre. La categoría H-1B nació con la ley de inmigración de 1990, firmada por el presidente George H. W. Bush como respuesta a la demanda de las empresas. En 1998 el Congreso la amplió a 115.000 visados y en 2000 la elevó a 195.000, en plena burbuja de internet; en 2004 volvió al entorno de los 65.000. Donald Trump ya lo intentó en su primer mandato con la orden ‘Compra americano, contrata americano’ y con una regla salarial en 2020 que los tribunales tumbaron. Vance retoma ese manual y le añade el fraude y la IA.
La proyección depende de tres ventanas. La primera, los expedientes abiertos en la EEOC y en el Departamento de Trabajo, que marcarán la aplicación real de la norma. La segunda, la próxima ronda regulatoria sobre salarios y verificación de ofertas, que previsiblemente volverá a los tribunales. La tercera es política y de mayor recorrido: si Vance consolida su posición como candidato republicano para 2028, la reforma dejará de ser una promesa de entrevista y pasará a ser programa de gobierno. España sabrá entonces si su apuesta por captar el talento que el Congreso repele ha funcionado.
Ficha del Caso
- El caso: El vicepresidente JD Vance califica de ‘completamente roto’ el programa de visados H-1B, no descarta eliminarlo y busca una coalición en el Congreso para reformarlo.
- Datos clave: Unos 120.000 visados al año, 750.000 titulares activos y cerca de 900.000 trabajadores contando cónyuges; hasta 1,5 millones con otros programas. La EEOC ha señalado a Sibitalent Corp. y el Departamento de Trabajo investiga centros médicos. El propio Vance admite que no hay votos para legislar.
- Para España: No es emisor relevante del programa, pero sus filiales americanas y el talento que emigra notarán el endurecimiento. La ley de startups y el visado de nómada digital compiten por el mismo perfil.
