El PSOE exige al Gobierno de Aragón transparencia fiscal sobre los centros de datos y una comisión en las Cortes

Los socialistas quieren que las Cortes analicen el empleo, el consumo de agua y las necesidades energéticas de unas instalaciones que mueven miles de millones. El fichaje de una exalto cargo por QTS Data Centers añade presión al Ejecutivo de Jorge Azcón.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PSOE ha reclamado al Gobierno de Aragón que detalle qué impuestos pagan los centros de datos, en qué municipio tributan y qué bonificaciones fiscales reciben, y ha registrado una comisión de estudio en las Cortes de Aragón.
  • ¿Quién está detrás? El diputado socialista Jesús Morales, que exige además explicaciones por el fichaje de la exdirectora de Inversiones Estratégicas Marta Ríos por QTS Data Centers.
  • ¿Qué impacto tiene? Las inversiones anunciadas mueven miles de millones de euros, pero la oposición sostiene que todavía no se conoce el retorno fiscal ni el coste en agua y energía para los municipios que las acogen.

El PSOE aragonés exige al Gobierno de Aragón que detalle qué impuestos pagan los centros de datos, dónde tributan y qué bonificaciones fiscales reciben.

La petición no es nueva en el fondo, pero sí en la forma. El diputado socialista Jesús Morales la defendió este domingo en Pinseque, un municipio de algo más de 3.500 habitantes junto al Ebro donde la llegada de grandes infraestructuras tecnológicas se sigue ya con lupa. Lo hizo con una frase que resume su posición: «No es que estemos en contra de los centros de datos. Lo que estamos es a favor de la transparencia y la información».

El grupo socialista registró el pasado viernes una solicitud de comisión de estudio en en las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños. Hablamos de una comisión de estudio: un órgano parlamentario temporal, con comparecencias y conclusiones, que se crea para analizar un asunto concreto y dejar por escrito sus resultados. En él, los socialistas quieren abordar el empleo estable que generarán estas instalaciones, sus necesidades energéticas, el consumo de agua y las consecuencias para los municipios y para otros sectores productivos de la comunidad.

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Morales puso el acento en la escala local. «Necesitamos información, necesitamos transparencia», insistió, y reclamó que alcaldes y vecinos conozcan desde el principio las características y los efectos de unas instalaciones que, según sus propias palabras, son «necesarios» y «importantes, sobre todo en este mundo tecnológico en el que vivimos». El diputado no pide frenar la inversión, pide poder medirla.

De Amazon a QTS: el IAE que se paga en Madrid y la puerta giratoria

El PSOE lleva meses preguntando por la tributación del Impuesto sobre Actividades Económicas (el tributo local que grava el ejercicio de una actividad empresarial y que se abona en el municipio donde se ubica el establecimiento) de los centros de datos de Amazon en Aragón. La paradoja que denuncian los socialistas es sencilla de enunciar: la compañía invierte en la comunidad, pero liquida ese impuesto en Madrid. Un dato que, sostienen, desmonta el relato del retorno fiscal automático.

A eso se suma el fichaje de Marta Ríos, exdirectora de Inversiones Estratégicas del Ejecutivo autonómico, por QTS Data Centers, compañía propiedad de Blackstone. Los socialistas hablan abiertamente de puertas giratorias (el paso de cargos públicos a empresas privadas del mismo sector que contribuyeron a impulsar o regular) y reclaman controles suficientes en el Ejecutivo. No hay acusación formal de irregularidad, pero sí una exigencia de explicaciones en sede parlamentaria.

Aragón ha atraído miles de millones en inversión tecnológica sin que nadie haya detallado aún cuánto de ese dinero vuelve en forma de impuestos.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón, del PP, no dispone de mayoría absoluta en la Cámara: 28 escaños de 67 frente a los 23 del PSOE, con Vox en posición de bisagra. Esa geometría condiciona cualquier respuesta al pulso fiscal. Si el Ejecutivo entrega los datos, da munición a la oposición; si no lo hace, alimenta el marco de opacidad que los socialistas llevan meses construyendo. No hay término medio cómodo.

La dimensión regional también cuenta. Aragón se ha convertido en uno de los polos de atracción de centros de datos del noreste peninsular, un fenómeno que comparte con Castilla-La Mancha —la otra comunidad que ha apostado fuerte por este tipo de inversión— y que apenas ha asomado en autonomías vecinas como La Rioja o Navarra. Cabe recordar que la comunidad ya discutió en su día el retorno de grandes apuestas logísticas e industriales, del aeropuerto de Zaragoza a la plataforma logística de Plaza, siempre con la misma pregunta de fondo: cuánto queda aquí. En paralelo, CEOE Aragón ha alertado del impacto que la falta de potencia eléctrica tiene sobre nuevas inversiones, un aviso que refuerza la tesis de que el debate no es solo fiscal.

La solicitud tendrá que superar ahora los trámites de calificación de la Cámara y el reparto de tiempos entre los grupos, y la creación efectiva del órgano depende de la voluntad de la mayoría. Con las elecciones autonómicas ya en el calendario de 2027, ninguna formación quiere quedar colocada del lado de la opacidad. El riesgo, eso sí, es que la comisión nazca tan tarde que sus conclusiones lleguen cuando el grueso de las inversiones ya esté decidido. El agua, la energía y el empleo estable serán las tres preguntas que ningún compareciente podrá esquivar.

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Ficha Autonómica

  • El caso: El PSOE aragonés reclama por escrito qué impuestos pagan los centros de datos implantados en Aragón, dónde tributan y qué bonificaciones reciben, y pide una comisión de estudio en las Cortes.
  • Datos importantes: Las Cortes de Aragón tienen 67 escaños (PP, 28; PSOE, 23; Vox, 7). La solicitud se registró el viernes 2 de octubre y el diputado Jesús Morales la defendió el domingo 4 en Pinseque. Sobre la mesa, inversiones de miles de millones y el IAE de Amazon liquidado en Madrid.
  • Resumen: La petición está pendiente de calificación parlamentaria y su creación depende de la mayoría. Quedan por aclarar el retorno fiscal, el consumo de agua y energía, el empleo estable y el paso de exaltos cargos al sector privado.