EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han pactado en trílogo aplazar dos años las exigencias de la normativa de metano, en particular las obligaciones de certificación que pesaban sobre el gas importado.
- ¿Quién está detrás? Comisión, Consejo y Eurocámara cierran el acuerdo después de que Washington reclamara el retraso, según EFE. La industria gasista europea y los grandes importadores llevaban meses empujando en la misma dirección.
- ¿Qué impacto tiene? Los comercializadores españoles —Naturgy, Repsol, Cepsa— ganan tres ejercicios sin auditar la cadena de emisiones de sus proveedores. El Pacto Verde pierde otro peldaño de su calendario.
El Consejo de la UE y la Eurocámara pactan retrasar dos años la normativa de metano para no comprometer el suministro.
El acuerdo alcanzado en trílogo —la negociación a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento que fija la versión definitiva de cada ley europea— desactiva el calendario con el que Bruselas pretendía obligar a medir, notificar y verificar las emisiones de todo el gas que entra en la Unión. Lo confirma el Consejo de la UE y lo sitúa en el terreno de la geopolítica energética EFE, que atribuye la cesión a una petición expresa de Washington.
Qué se aplaza, hasta cuándo y con qué base jurídica
El texto en cuestión es el Reglamento (UE) 2024/1787, la norma que convirtió a la UE en la primera jurisdicción del mundo en exigir trazabilidad de emisiones al gas importado, y no solo al producido en su territorio. Su arquitectura tiene tres patas: detección y reparación de fugas en instalaciones europeas, prohibición de venteo y quema en antorcha, y un sistema de medición, notificación y verificación (MRV, por sus siglas en inglés) que se extiende a los suministradores extranjeros.
El aplazamiento golpea sobre todo ese tercer bloque. Las obligaciones que debían activarse para los importadores el 1 de enero de 2027 se desplazan dos ejercicios completos. Traducido a la práctica: un cargamento de gas natural licuado que llegue a Huelva o a Cartagena no tendrá que venir acompañado de la declaración de emisiones de su productor hasta 2029. El reglamento completo puede consultarse en el repositorio EUR-Lex.

El pacto no cierra el expediente. Falta la adopción formal por el Consejo y la votación en el pleno de la Eurocámara, previsiblemente antes de que termine el año, y después la publicación en en el Diario Oficial. Hasta entonces, el aplazamiento es un compromiso político: en Bruselas se repite que ningún acuerdo de trílogo existe jurídicamente hasta que aparece firmado en el DOUE. La lógica industrial que respalda el retraso es sencilla: sin un régimen equivalente en Estados Unidos o Catar, exigir certificados de metano al gas importado encarecía la factura y empujaba a los comercializadores a comprar a quien no firma papeles.
La coartada de la seguridad de suministro y el giro del Pacto Verde
Hay una ironía incómoda en el expediente. El Global Methane Pledge, el compromiso internacional para recortar un 30% las emisiones de metano antes de 2030, lo lanzaron en 2021 la Unión Europea y Estados Unidos de la mano. Cinco años después, es Washington quien pide a Bruselas que no aplique a su propio gas lo que ambos prometieron. El metano, segundo gas de efecto invernadero, explica cerca del 30% del calentamiento desde la era preindustrial, según los cálculos que maneja el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Pacto Verde ya no se negocia solo en Bruselas: se negocia con el calendario de un buque metanero y con la contabilidad de un exportador de Luisiana.
No leemos el movimiento como una ficha técnica aislada. Es la enésima retirada táctica de una legislatura que empezó prometiendo neutralidad climática en 2050 y ha ido acumulando gestos de simplificación: el pulso que rodeó al Reglamento de Restauración de la Naturaleza, las discusiones sobre el calendario del CBAM en su fase de importación, la revisión ya en marcha del veto a los motores de combustión y el debate abierto sobre el objetivo climático de 2040. Cada pieza se justifica por separado. El patrón, sin embargo, es el mismo: el calendario se mueve cuando el coste político supera al climático.
El Eje del Poder Europeo
El pulso interno es reconocible. Alemania, con su industria química y su sector gasista reclamando alivio tras dos años de atasco industrial, empuja cualquier flexibilización que abarate la molécula. Países Bajos y Dinamarca, que sí producen gas en el Mar del Norte y llevan años midiendo emisiones, aceptan el retraso siempre que no se toque su propio régimen. Los frugales exigen que el aplazamiento no se traduzca en dinero nuevo. Italia y el eje del sur respiran: sus importadores no tendrán que certificar nada hasta 2029. Y Visegrado, con Hungría y Eslovaquia a la cabeza, utiliza el episodio para recordar que el Pacto Verde sigue siendo un blanco político rentable.
España es, quizá, el Estado miembro donde el retraso tiene un efecto más tangible. El país consume un gas que importa prácticamente en su totalidad y cuenta con la mayor red de plantas regasificadoras de la UE. Estados Unidos es uno de los primeros suministradores de gas natural licuado que llegan a los puertos españoles, junto a Argelia, Nigeria y Catar. Para los grandes comercializadores el aplazamiento significa tres años más sin tener que auditar la cadena de emisiones de sus proveedores y sin riesgo de quedarse con cargamentos no certificados en pleno invierno.
La otra cara es menos cómoda. Las empresas españolas que ya han invertido en sistemas de medición ven cómo su ventaja competitiva se diluye; los verificadores acreditados pierden el calendario que les daba cartera; y las cuencas con minas de carbón abandonadas, obligadas a declarar metano de mina, ganan tiempo pero no certeza jurídica. Moncloa no ha fijado posición pública sobre el texto pactado y el Ministerio para la Transición Ecológica ha evitado, hasta la fecha de cierre de esta pieza, pronunciarse sobre el fondo. La oposición tiene ahí un flanco doble: criticar el frenazo verde o criticar la dependencia exterior que lo hace inevitable.
Conviene recordar el precedente. En 2022, con REPowerEU, la UE reescribió su política energética en meses para romper con Moscú y aceptó comprar más gas licuado estadounidense sin exigir condiciones ambientales. Aquel gesto de emergencia creó la dependencia que ahora se usa como argumento para no regular. La diferencia es que entonces había una guerra; hoy hay una negociación comercial que Bruselas ha decidido no librar. El riesgo es de credibilidad: la misma Comisión que exporta el discurso verde a terceros países acaba de demostrar que su calendario es negociable cuando el proveedor aprieta.
Quedan hitos concretos. La adopción formal por el Consejo, la votación en el pleno de Estrasburgo, la publicación en el DOUE y, después, los actos de ejecución que la Comisión debe redactar para detallar cómo se verificará el gas importado a partir de 2029. En ese intervalo se juega algo más que el metano: se decide si la UE legisla para su industria o para su diplomacia climática. La próxima cita del Consejo de Energía dirá si el retraso queda como excepción o se convierte en doctrina.

