VOX ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia suscrita por la Coordinadora Nacional Jurídica, Marta Castro, por las declaraciones de Carles Puigdemont en la entrevista publicada por El Mundo el 18 de noviembre de 2026. Solicita que el Ministerio Fiscal abra diligencias de investigación (art. 5 EOMF y art. 773.2 LECrim) para determinar el alcance de lo pactado en la investidura de 2023 y si constituye delito.
La competencia corresponde al Tribunal Supremo porque la responsabilidad penal del Presidente del Gobierno se exige ante su Sala de lo Penal (art. 102.1 de la Constitución).
La denuncia recoge, con su minutaje, las siguientes manifestaciones publicadas de la entrevista en un medio de comunicación en donde reconoce que llegaron a acuerdos en las negociaciones para la investidura inasumibles para cualquier Presidente del Gobierno, que deberán ser explicadas con detalle.
Reconoce también que Zapatero y Santos Cerdán fueron los encargados de los compromisos adquiridos por cuenta del PSOE.
El escrito presentado indica los posibles delitos que pudieran haberse cometido, Cohecho (arts. 419, 420 y 424 CP), Tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP),Malversación (arts. 432 a 435 CP), Prevaricación (art. 404 CP), Coacciones (art. 172 CP) y obstrucción a la justicia (art. 464 CP), Organización criminal (arts. 570 bis a 570 quater CP) y Traición (arts. 581 a 588 CP).
VOX denuncia que estas declaraciones deben interpretarse a la luz de los procedimientos que afectan al Presidente del Gobierno: personales, en el gobierno y en el propio partido PSOE, y pide la toma de declaración del propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, y José Luis Rodríguez Zapatero.
