La Plaza Social nº 4 del Tribunal de Instancia de Santander reconoce la incapacidad permanente absoluta a una expendedora de gasolina con síndrome post-COVID y condena al INSS al pago del cien por cien de su base reguladora.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? El titular de la Plaza Social nº 4 del Tribunal de Instancia de Santander estima la demanda y declara la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo derivada de un síndrome post-COVID.
- ¿Qué base jurídica aplica? Los artículos 193 y 196 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre grados y cuantía de la prestación, con condena al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- ¿Qué impacto tiene? Reconoce una pensión mensual del cien por cien de una base reguladora de 1.955 euros; la resolución no es firme y admite recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria.
Antecedentes: una expendedora de gasolina con secuelas desde 2021
La trabajadora prestaba servicios como expendedora en una estación de servicio cuando contrajo el COVID en el año 2021. Desde entonces arrastra un cuadro clínico encuadrable en el síndrome post-COVID, con secuelas funcionales que el órgano judicial considera incompatibles con el desempeño de cualquier actividad laboral retribuida. La trabajadora acudió a la jurisdicción social frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La resolución estima la pretensión y agota la vía judicial de instancia. El titular de la Plaza Social nº 4 ha valorado el informe médico incorporado al procedimiento; el contenido literal del informe pericial no consta en la nota de prensa difundida a través del portal del Poder Judicial, por lo que no es posible reproducir sus conclusiones ni su fecha de emisión. El texto íntegro de la sentencia no está disponible en el CENDOJ al cierre de esta información.
El fallo: el cien por cien de una base reguladora de 1.955 euros

El fallo es estimatorio. El magistrado declara que la trabajadora se encuentra en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonarle una pensión mensual equivalente al cien por cien de una base reguladora de 1.955 euros.
La calificación jurídica se ancla en el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), que define la incapacidad permanente absoluta como aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. El precepto desplaza el objeto del litigio desde la profesión habitual —expendedora de carburante— hacia la capacidad residual global de la solicitante. No se debate, por tanto, la readaptación al puesto de trabajo, sino la posibilidad de prestar cualquier actividad retribuida.
La cuantía se fija conforme al artículo 196 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que sitúa la prestación por incapacidad permanente absoluta en el cien por cien de la base reguladora. La condena alcanza a las dos entidades con responsabilidad en el pago: el INSS como gestor de la prestación y la Tesorería General como responsable de su abono material. La nota de prensa no detalla la fecha de efectos económicos del reconocimiento ni el número de la resolución.
La incapacidad permanente absoluta exige una inhabilitación completa y definitiva para toda profesión u oficio, con independencia del puesto de trabajo que la solicitante desempeñaba.
La resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, conforme a los artículos 193 y 194 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso sólo permite revisar los hechos declarados probados por error basado en documentos o pericias, de modo que el debate en la alzada se desplazará previsiblemente hacia la calificación del grado y no hacia la reconstrucción del cuadro clínico.
La Doctrina del Tribunal
La sentencia consolida una línea de valoración del síndrome post-COVID como patología determinante de grado absoluto cuando concurre afectación funcional múltiple y persistente. La doctrina del Tribunal Supremo en materia de incapacidad permanente exige que las limitaciones sean definitivas y que se acrediten mediante pruebas objetivas concordantes, sin que la ausencia de un cuadro tipificado en el catálogo de enfermedades profesionales impida el reconocimiento. El tribunal aplica un método interpretativo literal para el grado —el artículo 193 no distingue por diagnósticos— y valorativo para el sustrato fáctico.
La línea precedente sobre patologías de sintomatología difusa, como la fibromialgia o la fatiga crónica, sostiene que la subjetividad del cuadro no excluye el grado absoluto cuando los informes médicos son convergentes. La resolución de Santander se alinea con ese criterio y se separa de la práctica administrativa que reclama una base orgánica documentada de forma unívoca. La diferencia es operativa: el órgano judicial resuelve sobre prueba y no sobre la calificación administrativa previa, lo que reabre en cada caso la discusión sobre el carácter irreversible de las secuelas.
El impacto afecta a los juzgados de lo social que tramitan procedimientos por secuelas persistentes de COVID, una litigiosidad que se resuelve caso por caso y sin criterios unificadores publicados por la Sala Cuarta. La proyección procesal inmediata es el recurso de suplicación que cabe interponer ante la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria: una eventual revocación degradaría el grado a incapacidad permanente total, con base reguladora y porcentaje distintos. Hasta la firmeza, la declaración no consolida sus efectos económicos definitivos.
FICHA DEL CASO
- El caso: procedimiento de reconocimiento de prestación por incapacidad permanente absoluta seguido ante la Plaza Social nº 4 del Tribunal de Instancia de Santander a instancia de una expendedora de gasolina, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Datos importantes: artículos 193 y 196 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; pensión del cien por cien de una base reguladora de 1.955 euros mensuales; sentencia no firme, con recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria; número de resolución no disponible en el CENDOJ.
- Fecha de los juicios: sentencia notificada en noviembre de 2026; la nota oficial del Consejo General del Poder Judicial está fechada el 18 de noviembre de 2026. No consta la fecha de la vista oral.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No es un proceso penal; las partes son una trabajadora y las entidades gestoras y de recaudación de la Seguridad Social.

