EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de Ceuta ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación de 14 facturas de octubre —4.939,58 euros— por pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo ceutí del PP, con el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, frente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso competencial sobre quién paga la acogida: la Ciudad sostiene que la tutela es estatal, con 3.767 menores atendidos y 23 recursos de acogida abiertos.
El Gobierno de Ceuta ha llevado al contencioso-administrativo las facturas de las pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados (menas). El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas sostiene que los 4.939,58 euros de esas 14 facturas de octubre no deben salir de las arcas de la ciudad autónoma, sino de la entidad estatal que tiene la tutela.
Qué recurre Ceuta, con qué base jurídica y ante quién
El acuerdo lo elevó al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y se limita, por ahora, a las liquidaciones de octubre. Son los únicos casos en los que la minoría de edad no podía determinarse a simple vista. El listado del Hospital Universitario de Ceuta, incorporado al expediente, califica esas actuaciones clínicas como ‘pendientes de cobro’: la Ciudad no intenta recuperar un desembolso, impugna unas cantidades que el Estado le reclama.
La base jurídica es la que Ceuta repite desde hace meses. Las instituciones sanitarias tienen obligación de colaborar, pero colaborar no es pagar. El criterio del Ejecutivo local es que el coste corresponde a la entidad pública que ostente la tutela o guarda del menor y que la competencia para instar la prueba y fijar la edad es del Ministerio Fiscal, no de las entidades locales. Sólo después del decreto del Fiscal se pone al menor a disposición de los servicios de protección.
El itinerario está tasado. Los recursos se presentan ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta —la vía para revisar actos de la Administración— y, si hiciera falta, el asunto subiría a a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes del Gobierno ceutí aseguran que llegarán hasta la última instancia.
El conflicto tampoco nació en julio. Las impugnaciones venían de antes del asalto masivo que el Ejecutivo local cifra en casi 100.000 personas los pasados 30 y 31 de julio. ‘Este asunto llevamos recurriéndolo con anterioridad’, subrayan las mismas fuentes.
La discusión no es contable sino competencial: de ella depende quién asume el coste de la acogida en una ciudad que ejerce, de hecho, de frontera de España.
La cifra de octubre es modesta. El principio que se dirime, no tanto: si el Estado puede trasladar a la hacienda local los gastos de una competencia que ejerce en la frontera. Cosas que pasan cuando la competencia se difumina.
La otra factura: 3.767 menores y un 112 desbordado

El recurso económico es la punta del iceberg. Fuentes del Gobierno de Ceuta sitúan en 3.767 menores los filiados y puestos a disposición del servicio de protección. Hay 23 recursos de acogida abiertos, 13 de ellos improvisados desde el día siguiente a la llegada masiva, y 640 chicas repartidas en cinco instalaciones. El coste medio ronda los 100 euros diarios por persona.
El informe interno del 112 conocido esta semana dibuja el resto del cuadro. Las emergencias pasaron de 2.233 a 11.286 al comparar el periodo del 30 de julio al 29 de octubre de 2025 con las mismas fechas de 2026. Los expedientes por agresión sexual subieron de cuatro a 30; los de armas de fuego, de ocho a 56; los de armas blancas, de 23 a 268. La Ciudad los presenta como prueba del deterioro de la seguridad y reclama una respuesta estatal de mayor alcance.
A eso se suman los adultos. Al menos 6.110 permanecen en recursos del Gobierno central, según el último dato del mando único, y alrededor de 4.000 siguen en los montes y en los barrios, fuera de cualquier registro. El Ejecutivo local estima que en Ceuta quedan entre 14.000 y 15.000 personas sobre un censo de unos 83.000 habitantes. La demanda de agua ha crecido un 20%. ‘Seguimos abriendo, pero ya no sabemos dónde’, admite Gaitán.
El Eje del Poder Popular
El paso de Vivas no es una trifulca contable. Es la traducción jurídica de una doctrina que la dirección nacional del Partido Popular sostiene desde hace años: la frontera, la tutela y la acogida son competencia del Estado, y ninguna ciudad de poco más de 80.000 habitantes puede absorber en solitario los costes de una crisis migratoria. El PP gobierna once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, y el argumento es idéntico en todas ellas.
Hay precedente. En mayo de 2021, la entrada de miles de personas por la frontera ceutí ya dejó una factura que la Ciudad reclamó al Estado sin respuesta definitiva. Cinco años después, el patrón se repite con más volumen. Los barones autonómicos vienen reclamando una respuesta estatal coordinada, y el Grupo Parlamentario Popular ha llevado la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla a distintas iniciativas en las Cortes.
El riesgo es procesal y político a la vez. Un contencioso de esta naturaleza se mide en meses, y la Ciudad ya avisa de que agotará la vía. Mientras, la temporada navideña aprieta sobre los servicios, con los centros llenos y una urbe que el propio Ejecutivo local describe como ‘un enorme CETI’. La lectura que hacemos es sencilla: cada factura que Ceuta impugna refuerza su posición política, incluso cuando el importe apenas alcanza los 5.000 euros.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: la factura de la inmigración no puede recaer sobre las ciudades que hacen de frontera; la competencia y el coste son estatales.
- Protagonista: Juan Jesús Vivas (presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta).
- Próximo hito: admisión a trámite del contencioso en los juzgados de Ceuta y, en su caso, recurso ante la Sala de lo Contencioso del TSJA.
