EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La XV legislatura, inaugurada el 29 de noviembre de 2023, cierra con 22 leyes y 43 reales decretos-ley y deja sin aprobar la modernización de la justicia, el estatuto del becario o la ley de lobbies.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista, que intentarán salvar cuatro decretos de vivienda en una Diputación Permanente con el PNV como pieza decisiva.
- ¿Qué impacto tiene? Decaen la reforma de la financiación autonómica, la condonación de deuda autonómica o el traspaso de Rodalies, y en 2027 España encadenará su cuarto año con los Presupuestos de 2023 prorrogados.
El balance de la legislatura del PSOE deja 22 leyes y 43 reales decretos-ley en tres años de precariedad parlamentaria. El Congreso cierra la XV legislatura con 158 iniciativas tramitadas y con un puñado de proyectos que no llegarán a ver la luz por el adelanto electoral del 29 de noviembre.
La legislatura arrancó el 29 de noviembre de 2023, con una investidura ajustada y un Gobierno en minoría que ha gobernado a golpe de real decreto-ley, la figura que la Constitución reserva para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y que el Consejo de Ministros aprueba sin pasar por el trámite parlamentario ordinario. Se han aprobado 43 en estos tres años. Junto a ellos, 22 leyes y 158 iniciativas de todo tipo.
El resultado, en términos de gestión, es un Ejecutivo que ha sostenido el escudo social y las políticas de igualdad sin mayoría garantizada en cada votación. Eso sí, cada texto aprobado ha exigido una negociación de relojero con ERC, EH Bildu, Junts, el PNV o el BNG, y varios de los grandes compromisos de la legislatura se han quedado en la cuneta.
Un último pleno útil: la Diputación Permanente como tabla de salvación
El Gobierno quiere que el último gran debate en el Congreso sirva para rescatar los decretos sobre vivienda que decayeron el pasado viernes en un pleno extraordinario. La operación se hará con textos retocados para esquivar problemas legales y a través de la Diputación Permanente, el órgano que vela por la Cámara cuando esta está disuelta o entre periodos de sesiones. El Ejecutivo y sus socios habituales cuentan ahí con mayoría por la mínima, siempre que el PNV no se descuelgue, según las fuentes parlamentarias consultadas.
La aritmética es frágil. La mayoría de los grupos que sostienen al Ejecutivo mantienen la puerta abierta a la convalidación, pero cualquier ausencia cambia el signo de la votación. Y el instrumento no está pensado para paquetes como este: la Diputación Permanente se diseñó para despachar asuntos urgentes en marzo, julio o agosto, no para rehacer una política de vivienda con la legislatura agotada.
Gobernar en minoría tiene este precio: cada norma aprobada se defiende dos veces, primero ante los socios y después ante el calendario.
De la suerte de esa sesión depende una parte del parque público de vivienda y de las ayudas al alquiler ya comprometidas, colectivos concretos que llevan meses esperando la letra pequeña. Si el paquete decae definitivamente, el próximo Gobierno heredará el problema con menos margen y con un marco jurídico peor.
Lo que queda en el cajón: becarios, pacientes, alumnos y lobbies
Es en la carpeta de lo no aprobado donde mejor se mide el coste del adelanto electoral. El estatuto del becario, la norma que llevaba más tiempo bloqueada en el Parlamento y que pretendía atajar la precariedad de los estudiantes en prácticas, cae definitivamente. También se quedan fuera la ley de crédito al consumo, que limitaba de forma transitoria al 22% la TAE de estos préstamos y de las tarjetas revolving, y la ley antiblanqueo, que obligaba a las plataformas de criptoactivos a revelar cada apertura y cierre ante las autoridades.
En educación, la bajada de ratios —de 30 a 25 alumnos por clase en la ESO y de 25 a 22 en Primaria— llegó al Congreso como proyecto de ley hace un año y no ha alcanzado la orilla. En igualdad, la ley de violencia vicaria machista se queda a las puertas. Y en Sanidad, la norma que daba reconocimiento jurídico específico a las asociaciones de pacientes no verá el BOE.
El capítulo territorial es el más sensible. Decae la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace doce años y dotada con 21.000 millones adicionales en la propuesta que Hacienda presentó en enero, y decae también la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica. Ni el traspaso del 100% del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña ni el despliegue de Rodalies, cuya empresa mixta opera desde el 1 de enero y esperaba dar el salto con la R1, sobrevivirán al calendario.
El Eje del Poder Socialista
La lectura interna en Ferraz es doble. Por un lado, el PSOE reivindica que ha sido capaz de legislar en minoría durante tres años sin renunciar a la agenda social, algo que ningún gobierno había logrado desde la moción de censura de 2018 y que contrasta con la parálisis legislativa del tramo final de la XII legislatura, cuando España encadenó dos elecciones generales y una investidura fallida. Por otro, la dirección federal sabe que el cierre abrupto deja argumentos a la oposición.
El aterrizaje territorial será el campo de batalla de los próximos meses. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha hecho de la financiación autonómica su bandera de reivindicación interna y no ha ocultado su distancia respecto a los acuerdos con ERC. En Cataluña, el PSC de Salvador Illa se juega la ejecución de Rodalies y la gestión del IRPF, dos compromisos que quedan en el aire. Asturias, Navarra y el resto de federaciones socialistas miran el mismo tablero.
El reto es, sobre todo, de calendario. El 29 de noviembre se vota y hasta entonces la actividad queda limitada a la gestión y a la Diputación Permanente. Los Presupuestos de 2023 volverán a prorrogarse, por cuarto año consecutivo, y el Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que decidir si retoma el paquete social que hoy decae o lo reescribe de cero. En Ferraz lo presentan como continuidad de una legislatura útil; en la oposición, como un fracaso de gestión.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Un Gobierno que ha legislado en minoría hasta el último día y que no suelta el escudo social pese al adelanto electoral.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Sesión de la Diputación Permanente del Congreso con cuatro decretos de vivienda sobre la mesa, pendiente de fecha oficial.
