El decreto de convocatoria de elecciones generales ya está firmado, publicado y en vigor. Felipe VI lo rubricó de forma telemática desde Helsinki y el Boletín Oficial del Estado lo difundió este martes, 6 de octubre: las Cortes quedan disueltas y la cita con las urnas, fijada para el domingo 29 de noviembre.
La norma se identifica como Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y la firma el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Entró en vigor el mismo día de su publicación, sin periodo de vacatio, y convierte un anuncio político en un calendario jurídicamente obligatorio para toda la Administración.
El calendario que ordena el Real Decreto 806/2026
La campaña electoral durará quince días, desde las cero horas del viernes 13 de noviembre hasta las veinticuatro horas del viernes 27. La jornada de votación se celebrará el domingo 29 de noviembre y las Cámaras resultantes se reunirán en sesión constitutiva el 23 de diciembre a las diez de la mañana, según el artículo 4 del texto.
El anexo reparte escaños por circunscripción en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Madrid elige 38 diputados y Barcelona, 32; Valencia suma 16, mientras Sevilla y Alicante se quedan en 12 cada una. En el Senado, cada provincia designa cuatro senadores; Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres, y en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, y La Palma nombran uno cada una. Ceuta y Melilla cuentan con dos.
El decreto llega después de una semana de máxima tensión parlamentaria. El lunes, Pedro Sánchez comunicó su decisión al Rey y la anunció desde el Palacio de la Moncloa. Tres días antes, el Congreso había tumbado los dos reales decretos que conformaban el plan de vivienda conocido como el ‘Maricarmen’, con el rechazo de PP, Vox y Junts. Con las Cortes disueltas, la convalidación de esos textos pasa ahora a la Diputación Permanente, un órgano de 69 miembros en el que el PP ocupa 27 asientos y el PSOE, 25.
El Rey firma, no decide: la lectura institucional de la rúbrica
La firma del Rey es el último eslabón formal de una decisión que no le corresponde. La disolución anticipada la propone el presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, y el Monarca la sanciona con su rúbrica. Es la lógica que la propia Constitución diseñó para mantener a la Corona fuera de la contienda: el Rey no convoca elecciones, las decreta cuando otro asume la iniciativa política.
El valor institucional de este decreto no está en lo que el Rey decide, sino en lo que no le corresponde decidir: sancionar, rubricar y apartarse.
Que esa rúbrica llegue desde Helsinki, por vía telemática, añade un matiz de normalidad institucional. El acto no cambia de naturaleza por celebrarse a distancia: el refrendo del Ejecutivo sostiene el decreto igual que si se hubiera firmado en el despacho de La Zarzuela. El gesto no fue casual. Y tampoco lo es su silencio: ni una valoración, ni un matiz, ni un titular más allá del boletín oficial.
Los números de la Diputación Permanente explican por qué el Ejecutivo se juega tanto en ese órgano. Según los votos registrados el 2 de octubre, el primero de los decretos habría salido adelante por 35 síes frente a 34 noes, con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV e Ione Belarra. El segundo habría repetido el resultado negativo, 34 frente a 35, porque el PNV ha advertido de que no decidirá su voto hasta haber leído el texto definitivo.
Lo que este decreto revela del papel arbitral de la Corona
Cada convocatoria electoral somete a la institución a la misma prueba: aparecer lo justo, firmar lo imprescindible y desaparecer del relato. En esta ocasión, la prueba tiene un ingrediente añadido. El calendario no nace del agotamiento natural de la legislatura, sino de un choque parlamentario que el Gobierno resolvió llevando la disputa a las urnas. La Corona queda, por diseño constitucional, fuera de esa disputa: sanciona, refrenda y se aparta.
El riesgo institucional no es la firma, sino la tentación ajena de arrastrar al Jefe del Estado a la refriega. Cuando un adelanto electoral se produce en un clima de bloqueo, todos los actores buscan lecturas políticas en gestos que no las tienen. La Casa del Rey ha respondido con el manual de siempre: agenda propia, discreción absoluta y cero declaraciones sobre el fondo del asunto.
Hay, además, un elemento que conviene seguir de cerca. La sesión constitutiva del 23 de diciembre obligará al Rey a presidir la apertura de unas Cortes nuevas en plena Navidad institucional, apenas unos días antes de su tradicional Mensaje. Si el escenario postelectoral arroja una mayoría ajustada, la formación del Gobierno podría alargarse más allá de enero, y con ella el periodo en el que la Corona ejerce de notaria del proceso sin entrar en su contenido.
Nada de eso altera la hoja de ruta de Zarzuela para el otoño. La agenda institucional sigue su curso y el decreto es, para la Casa del Rey, un acto de trámite más: una rúbrica, un número de expediente y un boletín. La política queda entera del otro lado de la puerta.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: el Real Decreto 806/2026, firmado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, disuelve las Cortes y fija las elecciones generales del 29 de noviembre.
- El detalle de protocolo: la firma telemática desde Helsinki mantiene intacta la naturaleza del acto; el Monarca sanciona una decisión que no le corresponde y permanece al margen de la contienda.
- Próximos pasos: campaña electoral del 13 al 27 de noviembre, votación el 29-N y sesión constitutiva de las nuevas Cámaras el 23 de diciembre a las diez de la mañana.
