El Ministerio del Interior ha retirado la protección policial a cuatro ex altos cargos del Gobierno de coalición, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos. Es el hilo común de esta lista: Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón ocuparon carteras entre 2020 y 2023 y contaban con escolta asignada por su responsabilidad institucional. La decisión les deja sin esa cobertura y ha trasladado una cuestión administrativa de seguridad al terreno del conflicto político.
El segundo criterio que ordena los perfiles es el de su respuesta pública, muy desigual. Iglesias habla de persecución política; Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe; Belarra califica la medida de violencia política; Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.
1Pablo Iglesias: el exvicepresidente que denuncia ‘persecución política’ tras perder la escolta
Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia segunda del Gobierno el 31 de marzo de 2021, pero su nombre sigue en el centro del debate sobre las escoltas que el Estado mantiene a ex altos cargos. Incluso años después de su salida, Interior seguía financiando su protección: en 2024, una respuesta del Ejecutivo a preguntas del diputado José Luis Ábalos confirmó que él y la exministra Irene Montero contaban con agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El dispositivo se fue recortando de forma progresiva, con la retirada de la garita de vigilancia estática que custodiaba su chalet de Galapagar, mientras el Ministerio se negaba a detallar el número de escoltas o el gasto derivado alegando que se trata de información reservada.
Su caso condensa el filo político de cualquier recorte de privilegios. Iglesias ha leído cada control o ajuste sobre su seguridad como una persecución: calificó de «espionaje» que un agente consultara sus datos hasta 34 veces en diez minutos en 2015, y su partido habló entonces de un «rastreo masivo» contra los primeros diputados de Podemos, una causa que llegó hasta la Audiencia Nacional. Frente al argumento técnico de Interior —servicios sometidos a informes de riesgo y a la optimización de recursos públicos sin mermar la seguridad—, el exvicepresidente ha construido su defensa sobre la sospecha de un uso partidista de los aparatos del Estado. Es el perfil que lo coloca en esta lista: el exalto cargo que no se resigna en silencio y convierte la pérdida de sus privilegios en una denuncia de persecución política.
