El Ministerio del Interior ha retirado la protección policial a cuatro ex altos cargos del Gobierno de coalición, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos. Es el hilo común de esta lista: Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón ocuparon carteras entre 2020 y 2023 y contaban con escolta asignada por su responsabilidad institucional. La decisión les deja sin esa cobertura y ha trasladado una cuestión administrativa de seguridad al terreno del conflicto político.
El segundo criterio que ordena los perfiles es el de su respuesta pública, muy desigual. Iglesias habla de persecución política; Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe; Belarra califica la medida de violencia política; Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.
2Irene Montero: la exministra de Igualdad que exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe
Irene Montero, ministra de Igualdad entre 2020 y 2023, hoy eurodiputada y secretaria política de Podemos, es una de las cuatro figuras de esta lista y la que ha reaccionado con más contundencia a la retirada de su escolta. La dirigente morada ha exigido explicaciones al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y ha recordado que sobre ella pesan amenazas graves y documentadas. El episodio más reciente se remonta al 8 de marzo de 2026, cuando su partido hizo público que Montero había denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte procedentes de una organización neonazi, la red 764 Network, considerada terrorista por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Podemos, los mensajes señalaban su domicilio, donde vive con sus hijos menores y con Pablo Iglesias.
Interior confirmó entonces que había recibido la petición y que estaba realizando una valoración de riesgo antes de decidir; fuentes policiales citadas por la prensa aseguraron que la Brigada de Información había elevado el nivel de alerta al considerar la amenaza creíble. El caso de Montero no es aislado: en 2020, cuando era ministra, su casa de Galapagar sufrió concentraciones casi diarias de grupos de extrema derecha que obligaron a Interior a desplegar un dispositivo inusual, con una garita y dos agentes de la Policía Nacional en la puerta, además de patrullas de la Guardia Civil. La retirada de su protección ha reabierto el debate sobre a quién corresponde la seguridad costeada con impuestos: el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, criticó que se destinen agentes a cargos políticos mientras un solo policía atiende a más de cien víctimas de violencia de género con orden de protección en vigor, y recordó que, como eurodiputada, Montero dispone de una partida propia para costear su seguridad.
Montero ha enmarcado su caso en lo que describe como una violencia política sostenida contra las mujeres feministas en la vida pública, y ha advertido de que no piensa replegarse del espacio público pese a las amenazas. Su exigencia de explicaciones a Interior llega, además, en un momento de tensión por el criterio con el que el departamento decide qué ex altos cargos conservan escolta y cuáles la pierden, un asunto que Marlaska ha blindado invocando la ley de secretos oficiales.
