El Ministerio del Interior ha retirado la protección policial a cuatro ex altos cargos del Gobierno de coalición, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos. Es el hilo común de esta lista: Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón ocuparon carteras entre 2020 y 2023 y contaban con escolta asignada por su responsabilidad institucional. La decisión les deja sin esa cobertura y ha trasladado una cuestión administrativa de seguridad al terreno del conflicto político.
El segundo criterio que ordena los perfiles es el de su respuesta pública, muy desigual. Iglesias habla de persecución política; Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe; Belarra califica la medida de violencia política; Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.
3Ione Belarra: la líder de Podemos que califica la medida de ‘violencia política’
Ione Belarra, secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales entre 2020 y 2023, es una de las voces que ha convertido la retirada de la protección oficial en un asunto de confrontación política. La dirigente morada ha calificado la decisión de ‘violencia política’, un encuadre que desplaza el debate desde el criterio técnico de Interior —que alega evaluar el riesgo real de cada persona antes de mantener o suprimir el servicio— hacia el terreno de la represalia ideológica. Su perfil encaja en la lista porque reúne las dos condiciones que la definen: haber ocupado un cargo alto y responder a la pérdida del privilegio no con silencio, sino con acusación pública. Frente a los exministros que se limitan a quejarse en privado, Belarra traslada el asunto al discurso político.
El detalle que hace singular su caso es la contradicción que arrastra sobre la seguridad. En septiembre de 2025, durante las protestas que boicotearon la llegada de La Vuelta a España a Madrid, Belarra e Irene Montero aparecieron en Atocha acompañadas por miembros de los Bukaneros, el grupo radical del Rayo Vallecano, entre ellos el abogado Erlantz Ibarrondo. El episodio terminó con 22 policías heridos. Los sindicatos policiales (Jupol, SUP, CEP) le reprocharon entonces que acusara a los cuerpos de albergar «ideología neofascista» mientras seguía beneficiándose de su escolta. El propio Ejecutivo había reconocido en una pregunta parlamentaria que Iglesias y Montero disponen de personal de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional.
