El Ministerio del Interior ha retirado la protección policial a cuatro ex altos cargos del Gobierno de coalición, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos. Es el hilo común de esta lista: Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón ocuparon carteras entre 2020 y 2023 y contaban con escolta asignada por su responsabilidad institucional. La decisión les deja sin esa cobertura y ha trasladado una cuestión administrativa de seguridad al terreno del conflicto político.
El segundo criterio que ordena los perfiles es el de su respuesta pública, muy desigual. Iglesias habla de persecución política; Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe; Belarra califica la medida de violencia política; Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.
4Alberto Garzón: el exministro de Consumo que mantiene un perfil bajo pero critica en privado
Alberto Garzón (Logroño, 1985) es, entre los nombres de esta lista, el que menos ruido hace. Tras dejar el Ministerio de Consumo en noviembre de 2023 y la coordinación federal de Izquierda Unida, se apartó de la primera línea y se instaló en la investigación: hoy trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), donde prepara una tesis en economía biofísica. En enero de 2026 publicó La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica (Península), un volumen de 512 páginas en el que sostiene que es imposible superar la crisis ecológica dentro del capitalismo. Desde entonces, su agenda pública se limita a presentaciones del libro y entrevistas sobre decrecimiento y transición energética, un perfil académico sin apenas fricción con el Gobierno al que perteneció.
Su vínculo con la escolta tiene un antecedente documentado. En diciembre de 2021, siendo ministro, Interior desaconsejó y denegó el acompañamiento de su equipo de protección en un viaje privado a Escocia entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, al tratarse de un desplazamiento de carácter privado, amparándose en la Instrucción 6/2012 sobre protección de personas. El caso trascendió cuando el diputado Pablo Cambronero lo llevó al Congreso y lo calificó de uso fraudulento de medios policiales. Garzón no respondió entonces y su entorno se limitó a recordar que la decisión corresponde a la Policía. Ese silencio es justamente lo que lo distingue: mientras otros afectados filtran su malestar, en su caso no consta comunicado, tuit ni declaración pública sobre la pérdida de protección.
