La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha presentado un escrito formal ante el magistrado Santiago Pedraz, juez instructor en la Audiencia Nacional, para solicitar la citación como persona jurídica investigada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La iniciativa de la acusación popular atribuye a la formación gubernamental la presunta comisión de cinco delitos graves: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación de caudales públicos.
La petición se encuadra en la denominada causa de las «cloacas socialistas», una trama que, según el documento elevado por los populares, se habría puesto en marcha desde la propia cúpula directiva tras los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo primario de esta red habría sido articular una cobertura operativa y mediática orientada a «proteger los intereses del Gobierno y del PSOE» ante las severas investigaciones judiciales que cercaban a miembros del entorno del Ejecutivo.
Estructura en Ferraz y presunta responsabilidad penal corporativa
El escrito remitido a la Audiencia Nacional sitúa el origen de la presunta trama en la sede central de la calle Ferraz. Según sostiene la acusación ejercida por el PP, la red estuvo liderada por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en estrecha colaboración con la actual gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco. El documento subraya que el PSOE habría puesto a disposición de esta estructura todos sus medios operativos y financieros.
Para justificar la imputación de la persona jurídica del partido, el Partido Popular argumenta que las presuntas actividades ilícitas fueron ejecutadas por cargos que ostentaban —u ostentan— responsabilidades de máxima jerarquía, con facultades de representación legal, organización y control dentro de la entidad política.
«El propio Partido Socialista financió los gastos operativos y logísticos de la organización criminal por instrucción expresa de Santos Cerdán, quien ejercía un poder cuasi absoluto y sin contrapesos», recoge la nota de prensa emitida por la formación conservadora, haciendo referencia a testimonios ofrecidos en sede judicial por miembros de la dirección como la presidenta de la formación, Cristina Narbona«.
Financiación pública, medios instrumentales y la red de consultoras
Entre las revelaciones que sustentan la petición ante el juez Pedraz, la acusación popular pone el foco en los mecanismos de financiación que habrían sostenido la operativa. El escrito denuncia transferencias directas a personas vinculadas a la red, entre las que cita a Leire Díez, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Un elemento central del escrito aborda el papel reservado a los medios de comunicación y la consultoría estratégica. El PP sostiene que el partido financió con fondos públicos a la publicación Crónica Libre, caracterizada en la causa como un «medio instrumental» para retribuir a integrantes de la red. Dichas partidas se habrían camuflado y tramitado formalmente como gastos de campaña, contando para ello con la autorización del entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.
A la operativa mediática se sumaría la utilización de firmas de consultoría como Zaño, capitaneada por el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, actualmente imputado en la causa. A través de estos entramados, la organización habría canalizado los pagos destinados a sostener la infraestructura de intoxicación e investigación paralela.
Presiones a la Fiscalía y maniobras sobre la Guardia Civil
El texto registrado en la Audiencia Nacional detalla también presuntos intentos de interferencia en el desarrollo del poder judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De acuerdo con el dictamen de los letrados del PP, la estructura coordinada por Cerdán buscó «torcer la voluntad» de fiscales anticorrupción como José Grinda e Ignacio Stampa, así como influir sobre mandos del instituto armado, señalando concretamente al comandante Rubén Villalba.
Estas maniobras se habrían canalizado, según la acusación, aprovechando la vinculación «personal y reiterada» existente entre Leire Díez y la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La finalidad perseguida mediante estos contactos habría sido entorpecer e interferir en las pesquisas conducidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entitiad encargada de los informes clave en la causa.
Triple frente por financiación ilegal y embate contra el entorno del Gobierno
El requerimiento al juez Pedraz consolida la estrategia jurídica del Partido Popular, que contrapone su iniciativa en los tribunales a lo que califica como una postura pasiva por parte de la dirección socialista ante la corrupción. La formación conservadora recuerda que esta iniciativa se suma a la petición previa para imputar al PSOE en el marco del Caso Hidrocarburos, derivado del supuesto transporte de bolsas de dinero en efectivo a la sede institucional de la calle Ferraz.
Con esta solicitud, las finanzas de la formación que lidera Pedro Sánchez quedan situadas bajo la lupa de los tribunales en tres causas paralelas:
- Caso Hidrocarburos: Centrado en la presunta entrada de dinero no declarado en la sede de la formación.
- Caso Koldo: Relacionado con comisiones irregulares en la compra de material sanitario y adjudicaciones de obras.
- Caso Cloacas Socialistas: Enfocado en la financiación de infraestructuras de presión y presunta obstrucción a la justicia.
El embate judicial del Partido Popular enmarca estos hechos dentro de una serie de frentes judiciales abiertos en el entorno directo del Palacio de la Moncloa. Entre ellos, la acusación recuerda la situación procesal de exaltos cargos como el exministro de Fomento y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, así como causas que afectan a la esfera familiar del presidente del Gobierno, incluyendo a su hermano David Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez
