El Ministerio del Interior cierra la legislatura con la seguridad en Ceuta y el control fronterizo sin detallar en su balance.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y desgranó su habitual relación de avances sociales y datos macroeconómicos. En ese repaso no hubo un capítulo específico para Ceuta. El análisis periodístico firmado por Esteban Villarejo en ABC ha señalado esa ausencia como una de las omisiones más elocuentes del discurso y sitúa el papel del CNI entre los asuntos que el balance de gestión evitó abordar.
El perímetro fronterizo de Ceuta, una prioridad operativa constante
La dimensión del asunto no es anecdótica. Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano, y su perímetro concentra buena parte del trabajo diario de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El paso del Tarajal constituye el principal punto de entrada habilitado entre Marruecos y la ciudad autónoma. La vigilancia del litoral se articula mediante el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil, y se coordina con el resto de unidades a través del CITCO, el órgano del Ministerio del Interior que centraliza la inteligencia policial contra el terrorismo y el crimen organizado.
El antecedente inmediato es la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron el perímetro de Ceuta en menos de dos días. La respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió restablecer el orden en la frontera en cuestión de horas y reactivar los mecanismos de cooperación con Marruecos. Aquel episodio dejó constancia de la capacidad de reacción policial, pero también de la fragilidad estructural de un perímetro expuesto a la presión migratoria y a las redes de tráfico de seres humanos.
El papel del CNI y la coordinación de la inteligencia
El análisis de ABC apunta además a los servicios de inteligencia. Según esa lectura, la gestión del episodio habría dejado al descubierto interrogantes sobre la coordinación entre el CNI, Moncloa y los mandos policiales. Conviene precisar que ninguna instancia oficial ha concluido irregularidad alguna en la actuación del centro. El CNI opera bajo el marco de la Ley 11/2002, con control parlamentario y sujeción al ordenamiento, y su labor de protección de infraestructuras críticas se canaliza, entre otros organismos, a través del CCN-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Centro Criptológico Nacional.
La vigilancia de Ceuta corresponde cada día a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, la frontera terrestre más expuesta de la Unión Europea en África.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha mantenido durante la legislatura el refuerzo de medios en la zona. La Guardia Civil sostiene operaciones permanentes contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el Estrecho, mientras la Policía Nacional gestiona el control documental en los pasos habilitados y las actuaciones contra las redes que explotan la migración irregular. El dispositivo combina unidades territoriales, vigilancia marítima y medios aéreos de reconocimiento. Los informes anuales del departamento sitúan estas prioridades entre las principales líneas de actuación del perímetro sur, y Ceuta figura de forma recurrente entre las zonas de riesgo alto en la planificación operativa.
La conclusión de la legislatura deja, además, una agenda pendiente. La cooperación con Marruecos, la modernización de los sistemas de vigilancia del litoral y la propia coordinación de la inteligencia son capítulos que el nuevo ciclo político tendrá que retomar tras las elecciones del 29 de noviembre. La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen sus dispositivos activos con independencia del calendario electoral, y el sostenimiento de la inversión en medios técnicos y humanos sigue siendo una demanda constante de las unidades desplegadas en la zona.
El Contexto Operativo
La presión sobre las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla responde a una tendencia sostenida y no a episodios aislados. Europol sitúa el tráfico de migrantes entre las principales amenazas del crimen organizado en la Unión Europea, y las rutas del Estrecho y del mar de Alborán permanecen activas pese al refuerzo de la vigilancia. En ese escenario, la Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen dispositivos permanentes que combinan patrullaje, tecnología de vigilancia y cooperación internacional. La eficacia del modelo se apoya en la coordinación con Marruecos y en el intercambio de información con Europol y con los organismos europeos de control de fronteras. Según los balances anuales del Ministerio del Interior, las rutas del Estrecho y del mar de Alborán figuran entre las principales vías de entrada irregular hacia España, y las operaciones contra el tráfico de seres humanos y el narcotráfico se mantienen como una constante en la planificación policial. La legislatura que se abre tras el 29 de noviembre tendrá que decidir si la seguridad en Ceuta y la coordinación de la inteligencia pasan a ocupar en el debate público el lugar que el balance de gestión les reservó hasta ahora: ninguno.
