EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza del caso Les Naus ha citado como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa promotora de la urbanización de lujo de Alicante. La causa suma ya 18 imputados.
- ¿Quién está detrás? El Tribunal de Instancia de Alicante, a petición de la Fiscalía. Entre los investigados hay funcionarios del Ayuntamiento (PP) y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat.
- ¿Qué impacto tiene? La instrucción examina la adjudicación de viviendas protegidas a cargos públicos, funcionarios y familiares, y el papel del consistorio en la venta de la parcela.
La jueza que instruye el caso Les Naus ha imputado a la cúpula de la cooperativa y eleva a 18 los investigados en Alicante. Las declaraciones de los tres nuevos imputados —presidente, vicepresidenta y secretaria del consejo rector— se celebrarán el 21 de octubre, a petición de la Fiscalía.
De los 15 a los 18 investigados: quién es quién en Les Naus
El escrito judicial añade tres nombres al consejo rector de la cooperativa promotora de Les Naus, el órgano que aprobaba las adjudicaciones de estas viviendas. La instructora ocupa la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La causa pasa así de 15 a 18 investigados.
En la lista ya figuraban la ex directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de pisos. También está imputada la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió al conocerse que ella misma había recibido una de esas viviendas.
La causa apunta igualmente a funcionarios municipales y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, incluido el responsable de los visados de estas viviendas protegidas. El promotor de la operación, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi, figura asimismo entre los investigados.
Los visados no son un trámite menor. Sin el visto bueno administrativo autonómico, ninguna promoción de vivienda protegida (VPO) sortea los requisitos legales de adjudicación. La instrucción quiere averiguar si ese filtro funcionó o fue un simple sello de goma.
Les Naus es una urbanización de lujo levantada sobre suelo de origen público en Alicante. Sus pisos acabaron en manos de cargos políticos, funcionarios del consistorio y familiares vinculados al Ayuntamiento, según la documentación que maneja la causa. Ese es el núcleo del asunto: un reparto de vivienda protegida entre quienes debían controlarlo.
La causa conecta cooperativa, Ayuntamiento y Generalitat: ninguna de las tres piezas queda fuera del foco judicial.
El requerimiento al Ayuntamiento: las dudas sobre el precio de la parcela
Junto a las imputaciones, la jueza ha lanzado un requerimiento al consistorio alicantino. Le reclama toda la documentación sobre la enajenación de la parcela municipal, desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, el 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre de ese mismo año.
La resolución judicial se detiene en un punto concreto: las dudas que surgieron sobre el precio de la parcela. La jueza quiere saber por qué se suspendió ‘cualquier actuación de impulso’ del expediente y, más tarde, por qué se levantó esa suspensión. También pide las comunicaciones entre las concejalías de Gestión Patrimonial, y de Contratación, y las que hubiera ‘en el interior de cada concejalía’.
El tercer fleco es la publicidad del acuerdo. La magistrada pregunta si el Ayuntamiento dio alguna difusión a la decisión de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018 más allá de la publicación obligatoria en la plataforma de contratación. Esa publicidad —o su ausencia— puede medir el grado de transparencia con que se vendió el suelo.
En una segunda providencia, la jueza ha requerido a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros. Es el paso previo que exige la ley para admitir su personación como acusación popular, la fórmula que permite a un partido o una asociación ejercer la acción penal al margen de la Fiscalía.
El Escenario Valenciano
El caso Les Naus no es un episodio aislado. Salpica a dos administraciones gobernadas por el PP —el Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala al frente, y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, en manos del Consell de Pérez Llorca con el apoyo de Vox— y estalla con el pacto autonómico ya consolidado. Compromís quiere personarse en la causa y la jueza le marca ahora el precio de entrada.
En clave nacional, el caso engorda una lista larga de causas por corrupción urbanística que han marcado la política española. El precedente más citado sigue siendo el caso Malaya de Marbella, donde un consistorio se convirtió en la pieza central de una trama de recalificaciones. Aquí el objeto es otro: vivienda protegida, un bien escaso en plena crisis de acceso a la vivienda.
Queda por ver cómo responde el consistorio al requerimiento judicial. La próxima cita está marcada en rojo: el 21 de octubre, cuando desfilen ante la jueza los tres responsables de la cooperativa. De su testimonio y de la documentación que aporten depende que la instrucción dé, o no, un salto de escala.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza investiga la adjudicación irregular de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus de Alicante, repartidas entre cargos públicos, funcionarios y familiares.
- Datos importantes: 18 investigados; comparecencia de la cúpula de la cooperativa el 21 de octubre; seguimiento a la venta de la parcela municipal acordada en 2018; fianza de 3.000 euros a Compromís.
- Resumen: La causa toca el Ayuntamiento de Alicante (PP) y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat y sitúa la corrupción urbanística en el centro de la política de vivienda protegida.
