Los centros de datos de IA se han colado en la campaña al Senado y ya condicionan el voto de trece estados.
No se discute el algoritmo. Se discute quién paga la red eléctrica que lo alimenta. A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, los aspirantes al Senado de Estados Unidos deben pronunciarse sobre una industria que ya se nota en el recibo de la luz de los vecinos. La pregunta es antigua: quién gana, quién paga y quién decide.
El Congreso lo intentó. La Cámara de Representantes aprobó la Ratepayer Protection Act, la ley de protección del abonado eléctrico, que obligaría a los estados a estudiar estándares para que los nuevos centros de datos cubran los costes de generación, transmisión y refuerzo de red que provocan. Bernie Sanders y otros demócratas del Congreso reclaman ir más allá, hasta la moratoria. El bloqueo demócrata en en el Senado llegó el mes pasado: no tumbaron la ley por el fondo, sino por la forma, porque el cumplimiento era voluntario.
El mapa real: moratoria en Maine, costes al desarrollador en Georgia y decisión local en Iowa
Georgia es el termómetro. El senador demócrata Jon Ossoff no ha pedido moratoria alguna. En abril escribió a la FERC, el regulador federal de la energía, para anunciar que su oficina investigaría si los centros de datos inflaban las facturas eléctricas del estado. El dato que maneja: desde 2019 Georgia ha recibido más de 4.500 millones de dólares en capital riesgo vinculado a la IA. Y fue uno de los cuatro demócratas que votaron a favor de la ley que su partido bloqueó después.
Su rival republicano, el congresista Mike Collins, rechaza una moratoria federal y devuelve la pelota al municipio. «Al final del día, esto debería ser una decisión local», dijo en agosto. «Estamos en una carrera contra China en IA. Pero si van a perjudicar la infraestructura local, esa gente no merece que le pase eso».
Carolina del Norte ha ido más lejos. Docenas de comunidades han aprobado moratorias locales y el exgobernador Roy Cooper sostiene que la última palabra es de esos municipios. Su plan, «Make Stuff Cost Less», exige que los centros de datos paguen íntegramente su energía. Su oponente, Michael Whatley, exlobbista energético, responde: que paguen su parte, sin subsidios, y que decidan los condados.
El nuevo campo de batalla político americano no es el algoritmo: es el recibo de la luz de la red eléctrica.
Maine ofrece el contraste más nítido. El demócrata Troy Jackson sí respalda una moratoria temporal y ha presentado «Agency over AI», que obliga a las tecnológicas a costear su propia generación. La gobernadora Janet Mills vetó una prohibición temporal porque no eximía un proyecto levantado sobre una antigua fábrica de papel. La republicana Susan Collins apoyó la ley en el Senado y habla de evaluar caso por caso.
Iowa, Alaska y New Hampshire completan el patrón. Josh Turek no quiere moratoria general, pero sí regulación federal del agua. Ashley Hinson votó la ley. Mary Peltola se guía por la gente de la región. Dan Sullivan quiere centros de datos en bases militares de Alaska. Ni los demócratas más duros piden una prohibición nacional: la pelea es quién asume la factura.
Qué significa para España: la factura eléctrica como nuevo campo de batalla
España mira el debate con interés propio. Es uno de los mercados europeos con más proyectos de centros de datos anunciados, con Aragón y Madrid como polos y una electricidad comparativamente barata gracias a la fotovoltaica. Iberdrola, Endesa y Naturgy compiten por contratos de suministro con los hiperescalares, Merlin Properties reconvierte oficinas en campus de datos y ACS puja por las obras.
La normativa española de acceso y conexión ya exige avales a los grandes consumidores para reservar capacidad en la red: quien añade carga, paga. El cuello de botella español no es el permiso, es la evacuación. Si Washington acaba con cincuenta regímenes distintos, el despliegue se encarece justo en la carrera que dice querer ganar. Eso abre una ventana para España, y también puede cerrarla si Bruselas copia el localismo.
El mercado ya lo ha descontado. Nadie dijo que fuera gratis.
La Lógica de Washington
Conviene entender qué problema intenta resolver Washington antes de medir el impacto. La administración de Donald Trump y buena parte del Partido Republicano tienen un objetivo declarado: ganar la carrera de la IA frente a China. El coste lo pagan contribuyentes que no votaron por ella, y de ahí nace la Ratepayer Protection Act: proteger al abonado sin frenar la inversión. La coalición que la respalda combina el localismo —que decida el municipio, no el burócrata federal— y el rechazo a los subsidios.
El precedente americano es inequívoco. La Ley de Regulación de Servicios Públicos de 1978, firmada por Jimmy Carter, fijó que la red es un bien compartido con reglas de reparto de costes. La Ley de Política Energética de 1992, con George H. W. Bush en la Casa Blanca, abrió la generación a la competencia. Cada vez que aparece una carga nueva —las criptominerías en Texas en 2021, ahora la IA— vuelve la misma pregunta. El federalismo energético americano no es un defecto del sistema: es el sistema.
Queda la contradicción de fondo. Un país que quiere desplegar cómputo a máxima velocidad se está dando a sí mismo un mapa fragmentado, con municipios de dos mil habitantes decidiendo sobre infraestructura crítica. Washington no regala nada. Las urnas del 3 de noviembre decidirán quién se sienta a resolverlo: o un estándar federal mínimo, aunque sea voluntario, o la consolidación del parche.
Ficha del Caso
- El caso: La expansión de los centros de datos de IA entra en la campaña al Senado: trece estados competitivos debaten moratorias, topes al consumo eléctrico o dejar la decisión a los municipios.
- Datos clave: La Cámara aprobó la Ratepayer Protection Act y el Senado la bloqueó el mes pasado por su carácter voluntario. Georgia ha atraído más de 4.500 millones de dólares en capital riesgo de IA desde 2019. Las urnas abren el 3 de noviembre de 2026.
- Para España: El pulso americano anticipa el debate europeo sobre quién costea la red. España compite por esos centros con electricidad barata y avales de conexión; una regulación fragmentada en EE. UU. alteraría el mapa de inversiones.
