La regulación de la IA que impulsa Trump tiene ya un aval inesperado: el 70% de los votantes pide vigilancia. El pacto voluntario que el presidente selló esta semana con los consejeros delegados de las grandes tecnológicas intenta responder a esa demanda sin aprobar una sola ley.
La encuesta que estrecha el margen de Silicon Valley
El sondeo lo adelantó The Daily Caller y lo realizó Plymouth Union Public Research entre el 25 y el 28 de septiembre, sobre 1.000 votantes probables y con un margen de error de 3,1 puntos. Los datos retratan un país que ya convive con la inteligencia artificial y que desconfía de quien la desarrolla.
Un 62% cree que la IA entraña el riesgo de destruir la humanidad. Un 70% sostiene que su crecimiento debería estar monitorizado de alguna forma. Un 72% respalda, con distinta intensidad, frenar su desarrollo. Y un 79% quiere que las tecnológicas y el Gobierno gestionen juntos ese avance.
La encuesta recoge también su propia contradicción: un 43% se declara ilusionado con la tecnología y un 39% no. Más del 60% usa IA a diario, sobre todo entre los menores de 45 años. El debate ya no es abstracto: atraviesa la vida cotidiana de dos tercios del electorado.
El memorando del sondeo es explícito: los votantes están pidiendo exactamente lo que Donald Trump hizo esta semana en la Casa Blanca, usar el altavoz presidencial para arrancar a las tecnológicas un compromiso de salvaguardas. Pero añade una advertencia: la desconfianza hacia el sector es tan alta que la opinión pública acabará exigiendo que ese acuerdo se convierta en ley.
Washington ha entendido algo que Bruselas aún discute: en inteligencia artificial, el estándar no lo fija quien más legisla, sino quien primero firma con las empresas.
El pacto ‘moralmente vinculante’ y la Super Intelligence Force
Tampoco es un texto legal. Trump lo ha presentado como un compromiso moralmente vinculante: las compañías se obligan a implantar controles internos para prevenir riesgos, y a trabajar con un auditor externo e independiente que evalúe si esos controles funcionan. Sin multas. Sin sanciones. Sin obligación de publicar resultados.
En paralelo, la Casa Blanca ha anunciado la Super Intelligence Force (la Fuerza de Superinteligencia, un grupo de trabajo interinstitucional), dirigida por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional.
Del equipo forman parte Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (la FTC, el regulador antimonopolio y de consumo de EE. UU.), y Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería.
También participa Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. El grupo tiene 120 días para entregar su informe sobre riesgos y beneficios y para definir el papel del Gobierno. El plazo vence a comienzos de febrero de 2027.
Mientras, en Europa el enfoque sigue siendo otro. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial impone obligaciones por fases y una supervisión pública que en Washington se lee, por ahora, como un coste antes que como una garantía. España cuenta con su propia agencia de supervisión, la AESIA, con sede en A Coruña, y con un tejido empresarial —Telefónica, BBVA, Inditex— que ya ha integrado la IA en su operativa diaria. Dos marcos regulatorios, un mismo mercado global.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace el equipo de Trump no es si la IA debe regularse, sino quién asume el coste de regularla primero. La coalición que sostiene este enfoque tiene dos patas. Una es tecnológica: buena parte de Silicon Valley respaldó la vuelta de Trump a la Casa Blanca y espera un marco que no ahogue la inversión. La otra es electoral: el votante que retrata la encuesta —partidario de vigilar, ilusionado con la tecnología— no pide un freno, pide control. Un pacto voluntario permite exhibir control sin frenar nada.
El precedente está en 1997, cuando Bill Clinton fijó el marco para el comercio electrónico global: el Estado no debía entorpecer una industria naciente. Aquel principio —no tocar internet— sobrevivió a republicanos y demócratas durante tres décadas y explica por qué la primera regulación federal seria de la IA sigue llegando como compromiso firmado en el Despacho Oval y no como ley del Capitolio. Washington no tiene prisa.
Para España, la cuestión no es menor. Si el marco estadounidense se consolida como voluntario, las empresas europeas competirán con reglas más caras contra rivales que operan con con estándares autoimpuestos. El riesgo no es un arancel: es un coste de cumplimiento que funciona como un arancel silencioso. La lectura optimista es la contraria: si Bruselas mantiene su exigencia, las multinacionales acabarán aplicando el estándar europeo en todo el mundo para no duplicar sistemas. Es el llamado efecto Bruselas, y en esta partida todavía no está decidido.
El calendario manda.
La ventana clave es el informe de 120 días, previsto para comienzos de febrero de 2027, y lo que el Capitolio decida hacer con él. El memorando del sondeo apunta a que la presión por legislar crecerá. El Partido Demócrata defiende un marco obligatorio y una parte del Partido Republicano comparte esa desconfianza. La incógnita real es la independencia de los auditores: quién los paga y quién comprueba su trabajo.
Nadie ha explicado todavía qué ocurre si una compañía firma el compromiso y después lo incumple. Eso lo dirá, si acaso, el Capitolio.
Ficha del Caso
- El caso: La Casa Blanca ha cerrado un pacto voluntario de seguridad con los grandes desarrolladores de inteligencia artificial y ha creado un grupo de trabajo para definir el papel del Gobierno federal.
- Datos clave: Un 72% de los votantes respalda frenar el desarrollo de la IA y un 79% pide que empresas y Gobierno lo gestionen juntos, según el sondeo de Plymouth Union Public Research sobre 1.000 votantes (25-28 de septiembre, margen del 3,1%). El informe del Super Intelligence Force llega en 120 días.
- Para España: El modelo estadounidense de autorregulación compite con el Reglamento Europeo de IA. Si se consolida, las empresas españolas asumirán costes de cumplimiento que sus rivales estadounidenses no tendrán, salvo que el efecto Bruselas extienda el estándar europeo a escala global.
