La Fiscalía habría pedido a sus fiscales anticorrupción que las diligencias más visibles de varios macroprocesos esperen a que pasen las elecciones del 29-N. Esa instrucción no consta como documento público: no figura entre las instrucciones generales numeradas que la Fiscalía General del Estado publica en su portal, de modo que no hay firma, fecha ni número que la respalde. Lo que sí existe es una secuencia de fechas y un calendario judicial que se ha ido reordenando en plena campaña.
El criterio de la lista es, por tanto, lo comprobable: qué causas se ven afectadas, qué juzgado las instruye y qué diligencia concreta cambia de fecha. El caso más claro es el de Leire Díez, en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con Santiago Pedraz al frente. A partir de ahí se examina el filtro que aplica la orden —tener el cargo el día de la firma— y lo que la trastienda no ha aportado: ni correos, ni actas, ni instrucción firmada.
4El filtro de ‘político en activo’: qué cargos entran en la definición y qué imputados quedan fuera
El filtro no se apoya en ninguna categoría procesal, sino en una situación administrativa: tener el cargo el día en que el fiscal firmaría la diligencia. Entran, por tanto, los presidentes y consejeros autonómicos, los ministros y secretarios de Estado, los alcaldes y concejales en ejercicio y los diputados y senadores, que además suman una capa propia: al estar aforados ante el Supremo o ante el tribunal superior de su comunidad, cualquier paso contra ellos exige el suplicatorio previsto en el artículo 71 de la Constitución. Esa doble condición —visibilidad política y blindaje procesal— explica por qué el criterio se aplica con especial rigor sobre este grupo y no sobre el resto de investigados de una misma causa.
Quedan fuera, y ahí está el problema: los que ya no ocupan nada: expresidentes, exministros, exconsejeros y antiguos alcaldes que conservan la condición de investigados, pero no la de cargos. También los responsables orgánicos sin acta ni escaño, como tesoreros, gerentes y apoderados de partido, y los empresarios, intermediarios y funcionarios que suelen sostener la trama. La frontera se vuelve aún más elástica con quienes están en fase de precampaña o suenan como candidatos sin nombramiento formal. El resultado es una investigación que avanza a dos velocidades: los golpes llamativos recaen sobre los nombres sin protección y las piezas que afectan a los cargos en activo se quedan esperando, con el riesgo de que el relato público se construya antes de que el juez haya escuchado a unos y a otros.
