La Fiscalía habría pedido a sus fiscales anticorrupción que las diligencias más visibles de varios macroprocesos esperen a que pasen las elecciones del 29-N. Esa instrucción no consta como documento público: no figura entre las instrucciones generales numeradas que la Fiscalía General del Estado publica en su portal, de modo que no hay firma, fecha ni número que la respalde. Lo que sí existe es una secuencia de fechas y un calendario judicial que se ha ido reordenando en plena campaña.
El criterio de la lista es, por tanto, lo comprobable: qué causas se ven afectadas, qué juzgado las instruye y qué diligencia concreta cambia de fecha. El caso más claro es el de Leire Díez, en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con Santiago Pedraz al frente. A partir de ahí se examina el filtro que aplica la orden —tener el cargo el día de la firma— y lo que la trastienda no ha aportado: ni correos, ni actas, ni instrucción firmada.
5Las pruebas de la trastienda: correos, actas o testimonios de fiscales que recibieron la orden
De la trastienda no ha aparecido por ahora ningún correo interno, ninguna instrucción firmada ni ningún acta de reunión que ordene frenar macroprocesos. Lo que existe es una secuencia de fechas puesta por escrito. El fiscal anticorrupción Luis Pastor firmó el 28 de junio de 2023 una querella contra Koldo García y los cabecillas de la trama de mascarillas, un mes antes del 23-J; el escrito no llegó a la Audiencia Nacional hasta el 6 de septiembre, con un informe posterior. Fuentes de la propia Fiscalía citadas por The Objective sostuvieron que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, conoció el borrador y que se decidió esperar a que pasaran los comicios, aunque esas mismas fuentes negaron que interviniera en su redacción. El PP reclamó entonces su dimisión.
El cauce por el que un frenazo así puede ejecutarse sin dejar rastro llamativo está en la organización del Ministerio Público: la Circular 2/2022 exige que el fiscal de Anticorrupción eleve a la jefatura el proyecto de decreto de conclusión y el de querella para su visado antes de presentarlos, de manera que un retraso puede producirse sin una orden escrita explícita, demorando ese trámite. A ello se suman los testimonios de fiscales que se han sentido apartados: el Supremo dio la razón al exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa en su litigio contra la Fiscalía General. Y el contraste: el decreto que atribuyó a Anticorrupción la trama de compra de votos de Melilla se firmó el 25 de mayo de 2023, tres días antes del 28-M.
