El Gobierno y las comunidades autĂłnomas han pactado un nuevo tĂtulo habilitante para acreditar a una mujer como vĂctima de violencia de gĂ©nero que incluye a aquellas cuyo agresor haya sido absuelto, entre otras. AsĂ lo recoge la letra del acuerdo, alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y los consejeros autonĂłmicos del ramo, el pasado de noviembre.
El acuerdo, publicado este lunes 13 de diciembre en el BOE, revela que la acreditaciĂłn de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de gĂ©nero podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en proceso de toma de decisiĂłn de denunciar; vĂctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseĂdo; o vĂctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal estĂ© instruyĂ©ndose.
Además, podrán acceder vĂctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripciĂłn, muerte del penado, cumplimiento de la condena u orden de protecciĂłn que haya quedado inactiva, asĂ como por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que, tal y como recoge el texto, no declare probada la existencia de la violencia.
Las vĂctimas a las que se haya denegado la orden de protecciĂłn, pero existan diligencias penales abiertas; y cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma, tambiĂ©n podrán solicitar esta acreditaciĂłn.
La decisiĂłn de quiĂ©n obtiene esta categorĂa de vĂctima de violencia machista es competencia de las comunidades autĂłnomas y son ellas las que deben realizar, tras la peticiĂłn, la valoraciĂłn previa de la acreditaciĂłn a travĂ©s de un equipo de intervenciĂłn asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro recurso de la red de recursos al que estĂ© acudiendo la persona usuaria, segĂşn recoge el texto.
DOS AĂ‘OS DE TRABAJO
SegĂşn el Ministerio de Igualdad, este acuerdo es fruto del trabajo de dos años que se ha venido realizado con las consejerĂas regionales en esta materia. De hecho, la aprobaciĂłn de este texto ha se produjo con la unanimidad de todos los ejecutivos regionales.
Este «acuerdo global», tal y como explicĂł el pasado noviembre la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenĂa como objetivo crear un modelo de acreditaciĂłn unificado, un nuevo tĂtulo habilitante, para que todas las vĂctimas de violencia de gĂ©nero, con independencia del lugar donde residan, accedan a todos sus derechos.
Entonces, Montero tambiĂ©n precisĂł que la acreditaciĂłn, la van a realizar las instituciones especializadas en el acompañamiento, recuperaciĂłn y asistencia integral a las mujeres en las diferentes autonomĂas.
Esta certificación acordada el pasado mes y que se publica este lunes en el BOE hace referencia a la la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que determina que Gobierno y CCAA, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, «diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género».
La norma recoge que «las situaciones de violencia de gĂ©nero que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados» en la norma se acreditarán «mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de gĂ©nero, una orden de protecciĂłn o cualquier otra resoluciĂłn judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la vĂctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es vĂctima de violencia de gĂ©nero».
«TambiĂ©n podrán acreditarse las situaciones de violencia de gĂ©nero mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a vĂctimas de violencia de gĂ©nero de la AdministraciĂłn PĂşblica competente; o por cualquier otro tĂtulo, siempre que ello estĂ© previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos», recoge el texto de la ley.