El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito con la Guardia Civil el Plan anual de control integral de actividades pesqueras para 2022 que contará con 4,7 millones de euros para reforzar el control y la vigilancia contra la pesca ilegal.
El plan incluye las líneas para actuar de forma coordinada en materia de vigilancia e inspección de la pesca marítima en aguas de la soberanía española y control de la comercialización de productos de la pesca a partir de su primera venta.
En la firma del acuerdo han participado la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
El plan forma parte del acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 2019.
En concreto, el plan busca evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos.
Además, el plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y comercialización.
La Guardia Civil operará con 7 patrulleras y 4 helicópteros cedidos por el MAPA, de acuerdo al Convenio marco suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir los objetivos de las misiones.
El Gobierno estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) representa alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que equivale a más del 15 por ciento de la producción total anual de los productos pesqueros. Se trata de una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina.
