Los acercamientos a las cárceles vascas de los miembros de ETA siguen desatando ampollas. El Ministerio del Interior trataba de que estas políticas penitenciarias fueran pasadas por alto, sin embargo, estos contactos con los presos se han hecho públicos dejando latente que el Gobierno de España ha autorizado trasladar a las cárceles del País Vasco a miembros de la banda terrorista que cumplían condena en prisiones extranjeras. De hecho, tal y como puso comprobar MONCLOA.com, el propio Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que el acercamiento de presos de ETA no es un privilegio sino un derecho.
Mientras las asociaciones de las víctimas del terrorismo salen a la calle para denunciar las políticas del Gobierno respecto a los presos de ETA, el ministro del Interior reconoce ante su círculo más cercano que acercar a los etarras a las cárceles del País Vasco es un derecho. En ningún caso, Fernando Grande-Marlaska considera que se trata de un privilegio en favor de los etarras condenados.
No es la primera vez que el ministro del Interior se excusa en cumplir la ley penitenciaria con los etarras para llevar a cabo tales acercamientos. Ya en 2020, Fernando Grande-Marlaska recalcó en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de España se ciñe al «cumplimiento de la legislación penitenciaria» con los presos de ETA subrayando que «el Estado de derecho no es vengativo».
el Gobierno de España se ciñe al «cumplimiento de la legislación penitenciaria» con los presos de ETA
De este modo, Interior acerca a los presos etarras a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del departamento de Grande-Marlaska. El máximo responsable de este organismo es Ángel Luis Ortiz González que ha sido acusado por ciertos miembros de la Guardia Civil de mantener contactos con ETA. Ortiz lleva desde los 18 años ligado a las instituciones penitenciarias ostentando sendos cargos en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid. Tras ello, Ángel pasó por las oficinas del Defensor del Pueblo, por el Ayuntamiento de Madrid y ahora ejerce su profesión en el Ministerio del Interior como uno de los altos cargos de Grande-Marlaska. Con un sueldo que supera con creces los 100.000 euros anuales, Ángel Luis Ortiz González es el encargo de acercar los presos de ETA a las cárceles vascas tras el visto bueno de la Justicia.
Cabe destacar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es el único Gobierno de España que ha acercado a los presos etarras al País Vasco. Ya durante el mandato de José María Aznar se llevaban a cabo estos traslados cuando la banda terrorista aún estaba activa. Asimismo, el Gobierno de Mariano Rajoy también procedió a estos acercamientos.
LA AVT SE PLANTA CONTRA GRANDE-MARLASKA
Aunque la banda terrorista ETA hubiera quedado desintegrada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aún existen asociaciones que luchan por la memoria de las víctimas. En su círculo más cercano, el actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presume de dialogar a diario con estas organizaciones. Sin embargo, hay una de ellas, la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), que ha plantado cara al ministro del Interior. Los miembros de la AVT se manifestaron el pasado 26 de marzo bajo el lema «No todo vale, Gobierno traidor» para denunciar los contactos del Gobierno con los presos de ETA.
La AVT rechaza de lleno poner fin a la dispersión penitenciaria de los presos de ETA. A través de un vídeo publicado en sus canales oficiales, esta asociación, que recuerda a las víctimas del terrorismo, ha denunciado que los familiares de las víctimas también tienen que hacer muchos kilómetros pero para visitar tumbas. Todo ello les ha llevado a manifestarse en la madrileña plaza de Colón en una congregación que ha contado con el respaldo de miembros del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Además, la AVT ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informarle que «con enorme pesar» le retiran la Cruz de la Dignidad que le fue otorgada en 2017. La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) aprobó entonces otorgarle esta distinción por su «radical cambio» desde que dejó de ejercer como juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pasar a formar parte del Ejecutivo Sanchista. En esta carta cuyo destino es el ministro, critican las políticas de acercamientos de presos etarras a las cárceles del País Vasco.
