La familia de Gregorio Ordóñez pide al juez de la AN que siga investigando a la cúpula de ETA por su asesinato

La viuda y el hijo del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, han pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta participación de la cúpula de ETA en su muerte que prorrogue la investigación otros seis meses más.

En un escrito del pasado lunes, Ana Iríbar y Javier Ordóñez piden al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, que alargue la instrucción, al menos, hasta el próximo 29 de julio de 2023 para que se «practiquen las diligencias pendientes y aquellas cuya necesidad resulte de las anteriores».

La familia de Ordóñez, que ejerce la acusación particular en esta causa, formula esta petición con «antelación suficiente», toda vez el plazo de investigación en el caso finalizará el próximo 29 de enero de 2023.

La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado ‘Jon’ y ‘Zapata’, Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

EN BUSCA DE LOS AUTORES INTELECTUALES

La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los ‘cerebros’ de este crimen.

El igualmente exjefe de ETA Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, declaró ante Abascal el 21 de diciembre de 2021 por videoconferencia desde Donosti para negar su participación en los hechos y atribuir las pruebas en su contra a supuestas torturas a presos vascos.

Por su parte, Ignacio Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’, se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado 21 de febrero. El otrora jefe de ETA solo hizo uso de la palabra para negar su implicación como autor intelectual en el asesinato del concejal.

Los otros tres supuestos autores intelectuales escapan de momento al alcance de la Audiencia Nacional, pendiente de que Francia responda a las órdenes europeas de detención y entrega solicitadas para que sean investigados por estos hechos.