El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado este martes su apuesta por la mediación y los acuerdos extrajudiciales para reducir los niveles de litigiosidad en este sector y evitar que sea esta administración la única a la que acudan los ciudadanos para dirimir conflictos.
Así ha contestado Campo, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, al senador socialista Antonio Rodríguez, quien ha preguntado sobre los planes del Ejecutivo para apostar por las soluciones extrajudiciales para la solución de conflictos, lo que a su juicio conllevaría «mayor agilidad, menor coste económico y personal», además de que contribuiría a «descongestionar la carga de trabajo de los tribunales» y evitaría la «saturación en los juzgados».
El ministro se ha mostrado de acuerdo, ya que en España existe una «alta litigiosidad», parámetro que, en su opinión, «determina el grado de conflictividad de una sociedad», de ahí que «los poderes públicos tienen que buscar alternativas para la resolución de conflictos».
«La Administración de Justicia no es el único método de resolución de esos conflictos. Una sociedad madura necesita mecanismos alternativos para evitar ese plus de conflictividad que genera la entrada en la Administración de Justicia», ha explicado.
Campo ha reconocido que aunque este mecanismo de buscar el acuerdo extrajudicialmente tiene «arraigo» en el sistema español, «no termina de afianzarse en él», por lo que ha advertido de la necesidad de «dar el salto cualitativo que permita resolver los conflictos desde la madurez», a través de una conciliación o un arbitraje. Por ello, ha pedido el apoyo de toda la oposición para sacar adelante el proyecto.
A continuación, el ministro ha remarcado su apuesta «vehemente» por la implantación de la justicia restaurativa en todos los niveles y jurisdicciones de este sector y ha puesto como ejemplo los modelos que se desarrollan desde hace años tanto en el País Vasco como en Navarra.
En respuesta a una pregunta del senador del PNV Imanol Landa, ha dicho que «la justicia penal es la que más tensión genera», por lo que es en este ámbito donde cree que la justicia restaurativa tiene «un enorme camino por desarrollar», por lo que así se incluirá en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La justicia restaurativa, o justicia reparadora, se aplica en cualquier proceso en que las partes afectadas participan activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito. Puede incluir la intervención de un mediador para facilitar la solución del conflicto en cuestión.
LAS VÍCTIMAS, LAS GRANDES OLVIDADAS
«Somos conscientes de que las víctimas son las grandes olvidadas del proceso penal, donde se han cargado las tintas sobre la retribución y el castigo al culpable, pero muy pocas veces se ha logrado la satisfacción de las víctimas. Y en eso tenemos que apostar de manera vehemente. Esta cultura de la paz es sin duda un mecanismo de llevar la paz a los ámbitos sociales. La reparación puede alcanzar muchos espacios», ha comentado.
Después de que el senador indicase que el País Vasco acumula «más del 50 por ciento de las mediaciones penales que se realizan en todo el Estado», el ministro ha puesto en valor este dato y ha elogiado los «importantísimos esfuerzos» que se han hecho tanto en esta comunidad como en Navarra «desde hace años», una «experiencia» que desde el Gobierno quieren aplicar para «implantarla en todo el sistema».
En su opinión, la justicia restaurativa «hace Estado» porque todas las administraciones pueden participar de ella, tanto ayuntamientos como las comunidades autónomas y el propio Estado. «Es un proyecto de justicia de todos y para todos», ha apuntado.
