La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil efectuó 37.176 denuncias hasta el 20 de abril por circular por las vías de uso público para realizar actividades distintas a las recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis del COVID-19.
Así lo ha detallado este jueves la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, al ser preguntada por el diputado del PP Jaime Mateu Istúriz, en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. «Han sido ustedes los campeones de la sanción», ha espetado el parlamentario del PP.
Asimismo, la subsecretaria de Interior ha detallado que la Guardia Civil efectuó un total de 19.078 denuncias hasta el 20 de abril por circular más de una persona en el mismo vehículo, en contra de lo dispuesto en el decreto del estado de alarma.
Por otro lado, el diputado ‘popular’ Óscar Gamazo ha preguntado a la subsecretaria sobre los fundamentos en los que se basaba el recurso contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta de 28 de noviembre de 2018 que anula el acuerdo de licitación llevado a cabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción.
En este sentido, Isabel Goicoechea ha detallado que el 13 de noviembre de 2019 en Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación. «Estamos trabajando en todos los escenarios posibles a la espera del pronunciamiento del tribunal«, ha declarado, para después añadir que se adoptarán las medidas necesarias «para el estricto cumplimiento» de la sentencia.
Respecto a la medidas previstas por la Dirección General de Tráfico para proteger al sector de las autoescuelas convencionales, «teniendo en cuenta las consecuencias» que para la economía doméstica tendrá la crisis sanitaria del COVID-19, le ha preguntado el ‘popular’ Gamazo, que ha destacado que los costes de la pandemia en el sector «ascendió a 6 millones de euros diarios».
A este respecto, la subsecretaria del Ministerio del Interior ha afirmado que el departamento al que pertenece y la DGT «no es competente», desde el punto de vista de ayudas o exenciones que puedan favorecer a un sector determinado. «No tenemos esa capacidad, esa competencia», ha remachado.
Por su parte, el diputado del PP le ha replicado que las autoescuelas están pidiendo «trabajar» y ha destacado que se encuentran en una situación «agónica». Además, le ha pedido que impulsen una bolsa de examinadores para «evitar la ruina del sector».
Goicoechea ha zanjado que «en 2017 los examinadores llegaron a estar seis meses de huelga, durante los cuales bajaron muy notablemente el número de exámenes realizados».
«Sin embargo, desde que llegamos al Gobierno hemos impulsado la oferta de empleo público. Entre 2018 y 2019, y en 2020, se han ido ofertando 68 plazas de examinadores. Tenemos en este momento 40 de libre acceso y más 50 de promoción interna», ha manifestado, para después añadir que es cierto que ha habido acumulación de pruebas, pero ha destacado el «enorme esfuerzo que se ha hecho».
Finalmente, sobre el nombramiento del exdiputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado como asesor en el Ministerio del Interior le ha preguntado Mateu, que lo considera un caso de «puerta giratoria».
La subsecretaria del Ministerio del Interior ha puesto de relieve que Delgado estaba «disponible» para el cargo, ya que «había finalizado una situación anterior, en su condición de diputado». «Debió de valorarse, en aquel momento, como una buena oportunidad para incorporarlo a los puestos de personal eventual», ha recalcado.
En este punto, ha destacado que se trata de un nombramiento como personal eventual, que son «un número de puestos absolutamente tasados» en la Administración.
«No se trata de un nuevo puesto», ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que sus funciones son de asesoramiento y que su retribución es las autorizada por Hacienda y el Ministerio de Política Territorial, con un total de 51.955,64 euros (15.928,12 sueldo base, 14.718,34 complemento de destino de nivel 30, y un complemento específico de 21.299,18 euros).
