Miles de coches han vuelto a llenar las calles de medio centenar de ciudades de toda España para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como ‘Ley Celaá’, que previsiblemente se aprobará este miércoles 23 de diciembre en el Pleno del Senado.
La manifestación de vehículos, a la que se han sumado PP, Cs y Vox, ha sido convocada por la Plataforma Más Plurales –de la que forman parte asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada–, plataforma que desde el mes de noviembre ha salido a la calle para expresar su malestar contra la que será la octava ley de Educación de la democracia española.
La concentración más numerosa ha sido la de Madrid, donde entre 1.000 y 1.200 vehículos, según datos de Delegación de Gobierno, han recorrido desde las 11.00 horas hasta las 13.00 horas el Paseo de la Castellana, partiendo de Cuzco y con destino Cibeles.
No solo en la capital se han sucedido las ‘pitadas’ y las caravanas de coches, sino también en otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Toledo, Castellón, Badajoz, Logroño, Tarragona, Pontevedra o Zamora, ya que la Plataforma ha llamado a la acción «en todo el territorio nacional».
Según Más Plurales, cerca de un millón de personas en 50 ciudades de todo el país ha participado en las protestas, lo que supone un «hito» en la «defensa democrática de la libertad de enseñanza», tal y como ha admitido en declaraciones a Europa Press el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego.
«La tramitación parlamentaria y la propia ley son una muestra evidente de lo que es y cómo actúa este Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, desoyendo a la comunidad educativa, a los ciudadanos y faltando al respeto a las instituciones democráticas con una tramitación parlamentaria de bloqueo y pantomima», lamenta el portavoz, que considera que la norma «nace con fecha de caducidad» y que es «partidista» e «ideológica».
PP, CS Y VOX, EN LAS PROTESTAS
El presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida han participado en la protesta de Madrid, así como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Para el presidente de los ‘populares’, el Gobierno ha dejado «abandonados» a los españoles con la LOMLOE, quienes se están manifestando este domingo para «pedir libertad». «¿Qué más le tienen que decir a Sánchez para que escuche a la calle?», se ha preguntado Casado.
Por su parte, Villacís (Cs) ha defendido la «libertad de elección» frente a la LOMLOE, que asegura que ha salido adelante «de la forma menos democrática posible», ya que ha nacido «de espaldas a la comunidad educativa» y supone «un gran retroceso en nuestras libertades».
En la misma línea se ha expresado Ortega Smith, quien ha pedido una «educación despolitizada de intereses ideológicos» y ha defendido el ‘pin parental’ para que «nadie pueda adoctrinar» a los niños y para que las familias tengan la posibilidad de no autorizar un taller «de adoctrinamiento ideológico».
A la de Barcelona ha asistido el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha asegurado que la tramitación de la ‘Ley Celaá’ es «un auténtico disparate y un despropósito por muchas razones». «Es un atentado contra la libertad de elección de centro de los padres: es un atentado contra la educación concertada y contra la educación especial», ha criticado.
SIN EL MENOR CONSENSO
La movilización de este domingo se suma a las otras cinco celebradas este mes de noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado, así como la del 22 de noviembre en vehículos, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña ‘Más Plurales, Más Libres, Más Iguales’ que ha puesto en marcha la Plataforma para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil». Pero además, según denuncia, la LOMLOE supone un «ataque» a la educación concertada y la educación especial.
«Aunque el rodillo de la Ley Celaá sigue su curso con la intención de lograr su aprobación en tiempo récord el próximo 23 de diciembre, la concertada no va a permanecer callada ante esta demostración de falta de espíritu democrático de quien ha impulsado la LOMLOE», señala la Plataforma.
Precisamente, este mismo domingo el PSOE ha organizado un acto en el que han participado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y los exministros Ángel Gabilondo y José María Maravall, sobre el sistema educativo español. En dicho acto, Celaá ha asegurado que la LOMLOE está teniendo un «amplio respaldo» de la comunidad educativa y que es una «ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos aquellos abusos, desequilibrios, que se habían amontonado» en el sistema educativo.
QUÉ DICE LA LEY
El redactado de la ‘Ley Celaá’ contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.
Para Más Plurales, la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio «relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar».
Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.
La derecha española (PP, Cs y Vox), que critica firmemente la reforma educativa, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la ‘Ley Celaá’, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De momento, las tres formaciones ya han anunciado que recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse.
