Los partidos polĂticos no podrĂ¡n recabar opiniones polĂticas de Internet para captar votantes a travĂ©s de su propaganda electoral debido a que el Tribunal Constitucional (TC) establece que Ă©stas son «datos personales sensibles cuya necesidad de protecciĂ³n es superior a la de otros datos personales». Por este motivo, el pasado mayo anulĂ³ por inconstitucional el artĂculo de la Ley OrgĂ¡nica de RĂ©gimen Electoral General (LOREG) que permitĂa a las formaciones recopilar datos sobre las opiniones polĂticas de los ciudadanos en el marco de sus actividades electorales.
De cara a la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre, en una entrevista concedida a Europa Press, el letrado y experto en protecciĂ³n de datos Jorge GarcĂa Herrero advierte a los partidos polĂticos que concurren a los comicios de que, en caso de incumpliendo, se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 20 millones de euros.
El tribunal de garantĂas atendiĂ³ al recurso presentado por el Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo, cuando instado por las quejas de diferentes juristas, solicitĂ³ la anulaciĂ³n del artĂculo 58 Bis 1 de la LOREG por entender que vulneraba tanto el derecho a la libertad ideolĂ³gica como a la protecciĂ³n de datos personales, la libertad de expresiĂ³n y el derecho de participaciĂ³n polĂtica.
La decisiĂ³n no llegĂ³ a tiempo, sin embargo, para las pasadas campañas electorales de las generales del pasado 28 de abril y las europeas, autonĂ³micas y locales que se celebraron el 26 de mayo.
Sobre si existe un riesgo real de que los partidos polĂticos incumplan la sentencia del Constitucional y recopilen datos sobre opiniones polĂticas de los ciudadanos en Internet durante esta campaña, GarcĂa Herrero aclara que «en realidad no necesitan hacerlo» y argumenta que «basta con que contraten los servicios de una plataforma como Facebook para conseguir enviar mensajes personalizados a los votantes que mĂ¡s les interese, como los indecisos».
«Eso nos llevarĂa a preguntarnos sobre si Facebook informa adecuadamente a sus usuarios de todo lo que hace con sus datos, lo que infiere y lo que comparte pero todo esto excede la pregunta», plantea el abogado especialista en protecciĂ³n de datos.
De este modo, GarcĂa Herrero recuerda a las formaciones polĂticas que «los datos hechos pĂºblicos en Internet siguen estando protegidos por la normativa». «Si a algĂºn partido se le ocurriera (pongo por caso) enviar mensajes personalizados o segmentados, deberĂ¡ suministrar a los votantes informaciĂ³n adecuada que explique por quĂ© estĂ¡n recibiendo un mensaje en particular, quiĂ©n es responsable del mismo y cĂ³mo pueden ejercer sus derechos en este Ă¡mbito», subraya.
En relaciĂ³n con el derecho a oponerse al envĂo de ‘spam’ electoral, Jorge GarcĂa Herrero hace hincapiĂ© en que, «llegado el caso, es muy probable que resulte ilusorio». «Cuando se han dado, estas campañas se concentran en los Ăºltimos dĂas u horas de campaña. Por ello, el partido habitualmente podrĂ¡ alegar que no tenĂa margen de maniobra para gestionar el ejercicio del derecho», argumenta el letrado, uno de los impulsores de la ‘Lista Viernes’, una pĂ¡gina web gratuita similar a la ‘Lista Robinson’ en la que los ciudadanos pueden inscribirse de forma anĂ³nima y manifestar su oposiciĂ³n al ‘spam’ electoral de los partidos polĂticos por correo electrĂ³nico y telĂ©fono.
Esta iniciativa fue lanzada por Secuoya Group, un grupo de profesionales expertos en privacidad y protecciĂ³n de datos, a raĂz de la aprobaciĂ³n del artĂculo 58 bis.1 de la Ley OrgĂ¡nica 5/1985, de 19 de junio, del RĂ©gimen Electoral General (LOREG), incorporado a esta por la disposiciĂ³n final tercera, punto dos, de la Ley OrgĂ¡nica 3/2018, de 5 de diciembre, de ProtecciĂ³n de Datos Personales y garantĂa de los derechos digitales.
«NEGLIGENCIA Y CHAPUZA»
Para el experto, el artĂculo declarado inconstitucional fue tan polĂ©mico en su momento «por lo poco trabajado y afortunado del texto». «No se consultĂ³ a la Agencia de ProtecciĂ³n de Datos, y la brecha abierta en el sistema con tan pocas lĂneas era tremenda. Vistas las justificaciones en medios de sus artĂfices y defensores, no aprecio la ‘maldad’ que se vio en el referĂ©ndum por el Brexit, sino esa negligencia y chapuza teĂ³ricamente tan españolas», manifiesta.
Jorge GarcĂa Herrero reconoce que acogiĂ³ la sentencia del Constitucional «con sorpresa por su rapidez y alivio por su contundencia» y sostiene que tanto el equipo del Defensor del Pueblo, como el del tribunal de garantĂas «hicieron un gran trabajo».