El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha citado a declarar a finales de octubre en calidad de querellada a la actual embajadora española en Bélgica, Beatriz Larrotcha, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La diplomática tiene que comparecer el próximo 31 de octubre a las 12:30 horas en los Juzgados de Plaza Castilla acompañada de un abogado de su elección. «Le apercibo que tiene OBLIGACIÓN de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención», advierte el magistrado a Larrotcha en la cédula de citación a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM.
El juez Escribano también investiga en la actualidad la querella que interpuso Dimas Gimeno contra la dirección de El Corte Inglés. En el caso que Larrotcha, la querella penal fue interpuesta en el mes de mayo por el también diplomático Miguel Ángel Vecino contra la entonces subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores nombrada por Alfonso Dastis, tras excluirle en abril del reparto de puestos en el exterior que se hace cada año -el llamado ‘bombo’ en la jerga diplomática-.
Vecino ya interpuso en 2017 una querella contra los antecesores de Larrotcha en Exteriores (Cristóbal González-Aller y Rafael Mendívil) por hechos similares ya que desde 2014 se le denegaron todos los puestos diplomáticos que solicitó para ser destinado al extranjero.
Tras el reciente cambio de gobierno, el departamento que dirige ahora Josep Borrell destinó a Larrotcha como embajadora en Bélgica a mediados de septiembre mientras que Vecino fue elegido nuevo cónsul general en Edimburgo (Reino Unido) el pasado 8 de octubre.
En la denuncia contra Larrotcha se tipifican cinco hechos delictivos presuntamente cometidos cuando era ‘número tres’ de Exteriores. El más importante es el de prevaricación administrativa, ya que conlleva una posible pena de inhabilitación para empleo público de 9 a 15 años.
INICIO DE LA INSTRUCCIÓN CONTRA LA EMBAJADORA
También se incluyen los delitos de prevaricación por nombramiento ilegal, de coacciones, contra la integridad moral y contra los derechos de los trabajadores por «grave discriminación en el empleo público».
El hecho de que el juez Escribano cite a la embajadora por prevaricación administrativa no implica que haya descartado el resto de delitos en esta fase inicial de la instrucción, subrayaron las citadas fuentes.
Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) indicó el viernes a MONCLOA.COM que en Exteriores no constaba aún la recepción de la citación judicial y que, por tanto, no se harían comentarios por el momento.
Esta citación judicial supone un contratiempo para el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en plena crisis con Bélgica a raíz de la decisión de España de retirar el estatus diplomático al representante de la región de Flandes en nuestro país. Este paso se dio la semana pasada como respuesta a las sucesivas descalificaciones del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, contra la democracia española.
El presidente de esta región belga, Geert Bourgeois, pidió tras ello al ministro de Exteriores de su país, Didier Reynders, que convocase a Larrotcha tras la decisión española de retirar el estatus diplomático a su delegado en Madrid, un acto que el primero calificó de «muy hostil» e «inédito en la historia de la UE».
La respuesta del Gobierno belga llegó a través del propio Reynders, quien estimó que la polémica abierta por las críticas de las autoridades flamencas a la democracia española era un «problema» entre España y la región de Flandes.
«Si las autoridades flamencas quieren hacer llegar algún tipo de mensaje a las autoridades españolas, se hará a través de la embajada de Bélgica en Madrid«, declaró a Europa Press un portavoz oficial belga.
