sábado, 21 junio 2025

Puig cifra el coste del desgobierno para la Comunidad Valenciana en «unos 1.000 millones»

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Ni gobierno de coalición, ni gobierno de cooperación, ni pacto de investidura…Ninguna de las propuestas que se llevaron a la mesa de negociación entre PSOE y Unidas Podemos ha cuajado de momento. La situación política no avanza y España sigue bloqueada, al menos desde el punto de vista institucional. Tras más de 100 días, el desgobierno empieza a pasar factura, entre otras, a las comunidades autónomas. Y algunos líderes regionales se atreven a poner precio a las consecuencias de ese desgobierno. En concreto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha cifrado el coste para la Comunidad Valenciana de la ausencia de ejecutivo en «cerca de 1.000 millones» de euros.

En este sentido Puig ha anticipado que aunque «en las próximas semanas deberemos adoptar algún tipo de decisión», confía en que la situación no se traduzca en «ningún recorte» en el estado de bienestar.

«Si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final lo pagan los ciudadanos»

Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, al ser preguntado por cuántos millones no le están llegando a la Comunidad por las entregas a cuenta y la liquidación del IVA al estar el Gobierno en funciones.

El jefe del Consell ha insistido en que no quiere que se produzcan recortes en el estado de bienestar, «lo que pasa es que necesitamos un Gobierno, obviamente, y necesitamos que se salga de este impasse, que es muy negativo para los ciudadanos y ciudadanas», ha puntualizado.

«Esto no es un juego de tronos -ha advertido-, esto es una realidad cotidiana y el estado de las autonomías tiene una virtualidad y es que el estado social está asociado a las CCAA. Por tanto, si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final quienes lo paga son los ciudadanos«.

«LO FUNDAMENTAL ES QUE HAYA UN GOBIERNO»

Preguntado por si comparte la posición de no iniciar contactos con Unidas Podemos hasta finales de agosto o principios de septiembre, Puig cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho una propuesta política «absolutamente asumible por cualquier persona progresista de este país» y que los ejes que planteó durante la sesión de investidura «son seis ejes de futuro para este país», por lo que «intentar bloquearlo por una cuestión que solo tenga que ver con cuál es mi participación en un Gobierno, realmente no es sensato en estos momentos».

Para Puig, «los tiempos los tiene que manejar el presidente» y cree que «más vale que cuando se vaya a esa negociación, esté más madura la propia posición de los partidos». El ‘president’ ha señalado que «todos lo debemos abordar desde la máxima responsabilidad, porque España quiere un Gobierno progresista, lo dijo en las elecciones y eso es lo que debemos conseguir«, ha apuntado.

Sobre si cree que ya no cabe negociar un Gobierno de coalición, Puig ha remarcado que «lo fundamental es que haya un Gobierno y que haya un Gobierno de acuerdo con lo que decidieron los ciudadanos». «En todo momento he dicho que creo que lo fundamental es que haya un Gobierno porque desde luego un Gobierno de coalición debe ser un Gobierno. Si de lo que se trata es de que haya dos gobiernos en uno, yo en eso nunca estaré de acuerdo», ha agregado.

«VÍA VALENCIANA» NO EXTRAPOLABLE

La investidura de Puig como ‘president’ de la Generalitat Valenciana abría la conocida como “vía valenciana”, que consiste en integrar miembros de Podemos en el Gobierno autonómico. Aunque días después de la constitución de las Cortes Valencianas, el socialista ya manifestó que no veía extrapolable al Gobierno de España esa “vía” porque Unidas Podemos y el PSOE no suman mayoría absoluta.

«No es trasladable el modelo valenciano, pero sí el aroma”, expresaba Puig. Un aroma que consiste en “coincidir en lo fundamental” y en la “coparticipación”.

Garrido, de presidente en funciones a consejero a las órdenes de Ayuso

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El otrora presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, regresa meses después al Gobierno madrileño, pero cambiando de cargo y siglas. Las vueltas que da la política. El actual diputado de Cs se convertirá en el próximo consejero de Transportes del Ejecutivo de la recién investida Isabel Díaz Ayuso, tal y como avanzó MONCLOA.COM. A pesar del giro experimentado en su trayectoria política en tan reducido espacio de tiempo, Garrido no percibe contradicción alguna en formar parte del Gobierno en coalición con el PP tras pasar a militar en Cs. De hecho, el diputado ‘naranja’ considera que ahora hay que olvidarse de las siglas y concienciarse de que los integrantes del nuevo Ejecutivo van a trabajar para todos los madrileños.

El futuro consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha avanzado que una de las primeras medidas que adoptará será realizar un análisis «a fondo» de la situación económica y financiera del suburbano. En este sentido, ha agradecido al líder regional de Cs y futuro vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que le haya escogido como nuevo consejero para poder aplicar en esta parcela las iniciativas recogidas en el acuerdo de 155 medidas pactadas entre Cs y PP, un acuerdo que en su opinión es positivo para la Comunidad de Madrid.

Preguntado sobre su designación y si podría implicar problemas con el PP, Garrido ha dicho que cada grupo político tiene que designar, a través de su jefe de filas, a las personas que quieren que trabajen en el Gobierno regional y cree que los nuevos consejeros deben olvidarse de que pertenecen a PP o Cs, porque serán un grupo de personas que trabajarán para el conjunto de la sociedad madrileña.

«Si nos metemos eso en la cabeza esto funcionará como debe. Hay que dejar de pensar en siglas y pensar en los madrileños», ha remarcado el futuro consejero de Transportes para señalar que no se ha planteado la posibilidad de que Cs tuviera algún impedimento por parte de los populares para designar a los integrantes que le corresponden en el Ejecutivo autonómico de coalición.

Finalmente, Garrido ha subrayado que dejó de militar en el PP para irse a Cs, un partido de centro liberal en el que se «siente representado» y ahora va a trabajar en un Gobierno conjunto entre su formación y el PP. Preguntado sobre si veía contradictorio formar parte de un Ejecutivo en el que esté presente el PP, el expresidente regional ha respondido que no.

LA CONVULSA ÚLTIMA ETAPA DE GARRIDO

El discreto número dos de Cristina Cifuentes se hizo cargo de la presidencia de la Comunidad en uno de los momentos más convulsos para el PP madrileño. Y es que la salida de Cifuentes no dejó en buen lugar a los populares. El nuevo presidente tuvo que tomar las riendas de la Comunidad y calmar las aguas de cara a las futuras elecciones.

La tarea ni fue sencilla, ni tuvo recompensa por parte la dirección popular. Tras varios meses al frente de la Comunidad, Pablo Casado propuso como candidata a la presidencia a Isabel Díaz Ayuso. Quedaba fuera de juego Ángel Garrido, quien dejaría su cargo de presidente en funciones a favor de Pedro Rollán.

El PP anunció en abril que su nuevo destino sería Europa: aparecía cuarto en las listas populares al europarlamento. A pocas semanas del 26 de mayo, Garrido abandonaba inesperadamente el PP, para sumarse a las filas de Ciudadanos en Madrid.

SUS PLANES COMO CONSEJERO

En ese primer análisis económico de la situación en Metro de Madrid que tiene previsto, Garrido tratará de trabajar en las posibilidades para que el suburbano continúe como referente de movilidad a nivel nacional e internacional.

También ha apuntado que reivindicará ante el Gobierno central un «compromiso de puntualidad» para Renfe porque, a su juicio, «no puede ser» que los madrileños no sepan «cuándo va a llegar el Cercanías».

A ello se sumará la elaboración de un plan integral de movilidad para los próximos 10 años, concretamente en el periodo 2020-2030, que estará consensuado con todos los agentes implicados porque se debe aplicar una estrategia global de movilidad, acorde con el siglo XXI.

Entre sus proyectos está ampliar la línea 3 de Metro de Madrid que permitirá la nueva conexión de Madrid con la línea 12 (Metro Sur); así como la construcción del intercambiador de Conde de Casal para que conecte con la prolongación de la Línea 11 en Plaza Elíptica.

Hablan becarios de la UAM: «Si faltabas por un examen, tenías que recuperar las horas»

Para Eva (nombre ficticio), su experiencia como alumna en prácticas en la Universidad Autónoma de Madrid no fue del todo satisfactoria. Desempeñaba en la biblioteca labores propias de un trabajo estructural, pero la universidad le remuneraba su trabajo a precio de becaria. Como ella hay otros 285 alumnos más, tanto estudiantes en prácticas como doctorandos. Razón por la que la Seguridad Social denunció a la UAM. Y a pesar de que la justicia ha fallado a favor del centro, los afectados se aferran al recurso que aún está por resolverse.

Eva trabajaba mucho más que los compañeros que sí disponían de un contrato laboral estable. Se encargaba del trabajo duro. Del que nadie quería hacer. Colocaba todos los libros en las interminables estanterías de la biblioteca. Subía y bajaba las escaleras del sótano para atender las peticiones de los alumnos. Hacía los préstamos y las devoluciones, forraba los libros e incluso llegaba a restaurar aquellos ejemplares que estaban en peores condiciones. En definitiva, Eva desempeñaba todas las labores necesarias para el funcionamiento de una biblioteca. Pero cobraba como una becaria.

Por si fuera poco, la universidad, para asegurarse de que el servicio de su biblioteca fuera el adecuado, impartía a los becarios una formación previa y les entregaban un dossier que destacaba cómo funcionaba el programa de catalogación/préstamos y devoluciones. Una vez bien formados, el centro le explicaba a sus nuevos alumnos en prácticas cuáles serían sus horarios.

Los alumnos en prácticas podían, en principio, elegir un horario de mañana o de tarde. Pero en el día a día, la biblioteca no lo aplicaba de ese modo. Aquellos encargados de gestionar la librería pedían a sus becarios que cubrieran los horarios que más les convenía. Independientemente de las preferencias del estudiante. «Si faltabas por algún examen tenías que avisarlo con antelación, apuntarlo en el cuadrante, y posteriormente recuperar horas», destaca Eva a MONCLOA.COM. Otro ejemplo más de que las labores que desempeñaba en la biblioteca eran propias de un trabajo estructural.

Pero no solo eso. En caso de que algún compañero no pudiera acudir a su puesto, la universidad tenía claro que eran los propios becarios los que tenían que organizarse para que el trabajo saliera. «Si faltaba más de un compañero además teníamos que movernos los demás para que ese día no quedase descompensado, si no, el trabajo era imposible de completar entre dos o tres», comenta Eva.

La Universidad Autónoma de Madrid relegaba en sus alumnos en prácticas todo el trabajo. La biblioteca funcionaba casi en su totalidad por el esfuerzo de los becarios. «Teníamos que estar un poco antes de abrir la biblioteca y entrábamos a los ordenadores con nuestro mail personal y contraseña», relata Eva. Incluso la apertura del centro se llevaba a cabo por los becarios. Cuando se trata de un trabajo que deberían desempeñar, o bibliotecarios o estudiantes de biblioteconomía en prácticas. Pues la carrera de Eva no tenía nada que ver con este grado.

Respecto al salario, existían dos modalidades, supuestamente según el estudio que estuvieras desarrollando: en grado, una jornada de 18 horas semanales se pagaba a 300 euros al mes (que con impuestos se quedaba en menos, unos 289). Y los que estuvieran estudiando un máster o estuvieran realizando el doctorado, cobraban por jornadas de 25 horas por semana unos 600 euros al mes (que también se quedaban en menos).

Estas prácticas son las que llevaron a la Seguridad Social, junto con los casi 300 alumnos que estuvieron bajo la tutela de la universidad, a denunciar a la UAM. La inspección de trabajo entendió que la Autónoma utilizaba a becarios para cubrir puestos de trabajo estructurales. De hecho, ya hay sentencias particulares que han dado la razón a algunos de los alumnos afectados (aunque se hayan recurrido). Pero la sentencia del macrojuicio no lo considera así.

La UAM se ha gastado ya 90.000 euros públicos en su defensa. Ese dinero ha ido a parar a las arcas de un bufete conocido: Sagardoy Abogados. El mismo que ha defendido el ERE de Coca-Cola, a Deliveroo o a Glovo. Y aún puede crecer la cantidad siempre que el recurso presentado por la Seguridad Social prospere.

Los alumnos también han presentado denuncias particulares. Pero las han dejado de lado para centrarse en el juicio principal. Ya hay dos sentencias que han condenado a la UAM por emplear becarios para cubrir puestos de trabajo. Pero en juicios particulares. Si la sentencia del Supremo es condenatoria para la universidad, el centro deberá abonar el dinero que les corresponda a los alumnos, cuya cuantía será similar al que se ha gastado la UAM en su defensa.

Fuentes cercanas al profesorado de la UAM se han mostrado indignadas con el proceso. Algunos se sienten decepcionados con un proceso que está centrado en defender la dignidad del rector, Rafael Garesse. Además, este juicio daña la imagen de la universidad y de su profesorado, cuando la gran mayoría no tienen nada que ver con esta presunta mala praxis por parte de la Autónoma.

Ayuso, Errejón, Monasterio, Serra… la comunidad de Madrid arranca con nuevos protagonistas

La Asamblea de Madrid ya está lista para una inusual legislatura. La popular Isabel Díaz Ayuso se estrena como presidenta en un parlamento cargado de novedades. La más importante es la irrupción de nuevos partidos como Vox o Más Madrid, piezas clave de la inminente etapa política que comienza. 

Sin embargo, estos no serán los únicos cambios que se experimentarán en la Cámara. La llegada de otras formaciones traen aparejadas la inclusión de nuevas caras. Rocío Monasterio, Íñigo Errejón o la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, junto a los más veteranos, serán los absolutos protagonistas en las próximas sesiones parlamentarias. Y su rivalidad y discrepancias políticas ya se han hecho notar desde el pleno de investidura. 

ISABEL DÍAZ AYUSO, LA PRESIDENTA INEXPERTA

Asamblea de Madrid
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto: Gtres.

La madrileña no es nueva en política, pero nunca había estado en primera línea. Ni mucho menos aspirando a la presidencia de la comunidad más importante de España. Por delante le espera una complicada legislatura, en la que no tendrá la mayoría absoluta y en la que el diálogo será la principal arma para conseguir progresos en la región. 

Por el momento ya ha tendido la mano a sus nuevos socios de gobierno. Durante la sesión de investidura, ha presentado un programa ultraliberal con claros guiños a Vox. Díaz Ayuso se ha comprometido a cumplir las exigencias programáticas alcanzadas con el partido ultraderechista. Como por ejemplo, que los padres conozcan con antelación cuál es el contenido de los talleres impartidos en colegios de la comunidad. 

La popular tendrá un papel duro en la nueva legislatura. Además de actuar como intermediaria entre Ciudadanos y Vox, la madrileña tendrá que responder sobre su pasado. Un préstamo que su padre debe a Avalmadrid, su implicación en la deuda, el impago del IBI por uno de sus inmuebles o su posible vinculación con la trama Púnica han sido algunas de las cuestiones que han salpicado su investidura y por las que tendrá que rendir cuentas ante la oposición. 

ISA SERRA, LÍDER DE LA IZQUIERDA MINORITARIA

serra Moncloa
Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Foto: Twitter.

Isa Serra, de Unidas Podemos, se enfrenta a esta nueva legislatura como si de un reto se tratase. Su partido ha quedado gravemente dañado después de que Íñigo Errejón decidiera comenzar su aventura en solitario en Más Madrid. Son así la fuerza con menos representación con tan solo siete diputados.

La madrileña, que se lanzó al mundo de la política a manos de Podemos, asume por primera vez el cargo de portavoz de su formación. Durante su discurso en la sesión de investidura, Serra ha criticado algunas de las decisiones de Díaz Ayuso, como su propuesta de rebaja fiscal, ya que considera que esa reducción de impuestos “la van a compensar con recortes a lo público”.

Serra también ha aprovechado su intervención para preguntar a la presidenta por su pasado. La portavoz de UP ha calificado a Díaz Ayuso como “la hija política de Esperanza Aguirre, que se crió entre corruptos” y ha insistido en que la corrupción es algo que “ya lo llevamos viviendo en la Comunidad de Madrid la pasada legislatura, la anterior y la anterior”.

ROCÍO MONASTERIO, EL AZOTE DE CIUDADANOS Y PP

Rocio Monasterio
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

Otra cara nueva de la Asamblea de Madrid es la de Rocío Monasterio. La portavoz de Vox en la comunidad no ha puesto fácil la negociación a Díaz Ayuso. Las exigencias de la madrileña han retrasado el acuerdo con PP y Ciudadanos e imposibilitaron que saliera adelante el primer pleno de investidura. 

Tras un mes de intensas reuniones, finalmente la líder de extrema derecha ha aceptado las propuestas planteadas por PP y Ciudadanos. Monasterio, durante la sesión de investidura, ha insistido en que su apoyo no será gratuito y que tampoco quieren convertirse en “socios”. La portavoz, además, ha asegurado que no van a “renunciar a nuestros contenidos programáticos. A partir de hoy, se abre una nueva etapa”. 

ÍÑIGO ERREJÓN Y SU ESTRENO EN MÁS MADRID

Iñigo Errejon
Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid, durante una charla en Argentina. Foto: Flickr.

Íñigo Errejón es una cara conocida en el mundo de la política, pero nueva en la Asamblea de Madrid. Comenzó su trayectoria en Podemos, donde ocupó cargos como secretario de Análisis Estratégico y Política o portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados. Pero sus diferencias con la dirección nacional le llevaron a abandonar el partido que le había visto nacer para lanzarse junto a Manuela Carmena a la aventura con Más Madrid.

Y en la comunidad los resultados le han ido bastante bien. Le arrebató 20 diputados a su antigua formación y se presenta, detrás del PSOE, como el grupo más fuerte de la izquierda en Madrid y un azote más para Díaz Ayuso, algo que ya ha demostrado durante su primer discurso en la Cámara. Errejón ha atacado directamente a la nueva presidenta por su pasado. “Los madrileños tienen derecho a decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid está libre de dudas”, ha añadido. 

El líder de Más Madrid también le ha reprochado que estuviera sometida “al chantaje de Vox”. Además, ha insistido en que el Partido Popular no ha ganado las elecciones, sino que están ahí porque Ciudadanos “una fuerza que se dice regeneradora, y Vox, que se considera políticamente incorrecta, van a regalar cuatro años más al PP después de un cuarto de siglo”. 

País Vasco Suma, la salvación de PP y Ciudadanos

Fuentes populares se han mostrado favorables a poner en marcha el experimento de País Vasco Suma (posible nombre que podría recibir la coalición) junto con Ciudadanos. Creen que sería una buena solución, que podría evitar una posible debacle electoral. 

Una vez cerradas las autonomías en las que el Partido Popular y Ciudadanos podían aspirar al Gobierno, ambos partidos, socios de coalición, ya tienen su meta puesta en las elecciones del País Vasco y Galicia. De los comicios de sendas comunidades, previstas para el año que viene, el territorio vasco es el que más preocupa tanto al Partido popular, como a Ciudadanos.

La autonomía no ha sido históricamente un blanco fácil para los populares. Sus resultados han ido empeorando en las últimas legislaturas. En el caso de Ciudadanos, ni siquiera cuenta con representación dentro del parlamento. Estos antecedentes les harían plantearse la fórmula empleada en Navarra y que les ha dado buenas cifras: un País Vasco Suma

PAÍS VASCO SUMA, LA SOLUCIÓN DEL CENTRO-DERECHA

El precedente de Navarra Suma se ha visto como un proyecto solvente que podría recuperar los escaños que los populares han perdido en el País Vasco. Desde al año 2005, el PP ha disminuido su representación progresivamente. En total, la formación cuenta con seis parlamentarios menos. De los 15 que tenía hace cuatro legislaturas, a los 9 que presenta en la actualidad. 

Los resultados obtenidos en las elecciones generales, en las que el Partido Popular no ha obtenido ningún escaño por el País Vasco, frente a los dos que obtuvo en 2016, ha encendido todas las alarmas. La formación augura unos malos datos en los comicios autonómicos y quiere evitar los daños colaterales a toda costa. 

Es por ello, que la fórmula de País Vasco Suma, donde se unirían a Ciudadanos, podría darle el respiro que necesitarían ambas agrupaciones. El caso de Navarra (PP, Cs y UPN) ha sido un éxito, a pesar de que no hayan conseguido el gobierno. Con 19 parlamentarios, se quedaron a solo siete de la mayoría absoluta. Replicar esta medida en los comicios vascos es tan beneficioso tanto para el PP como para Ciudadanos.

El partido liderado por Albert Rivera encuentra en la comunidad su talón de Aquiles. En las generales no llegó ni a los 40.000 votos, mientras que en las últimas autonómicas a penas consiguió 21.000. Muy por debajo de los populares, que cosecharon más de 107.000 apoyos. Unos datos difíciles de remontar viendo la evolución que ha tenido el centro-derecha en la región.

NI CATALUÑA SUMA NI ESPAÑA SUMA

Ciudadanos sigue mostrándose reacio a unirse en más bloques de coalición con el Partido Popular. Varios dirigentes de Ciudadanos, entre ellos la nueva líder en Cataluña, Lorena Roldán, han asegurado que no tienen intención de repetir lo ocurrido en Navarra. Una línea de pensamiento que contrasta con lo que piensan los populares.

Pablo Casado si está a favor de aprovechar el éxito de NA+. El líder del PP ya ha expresado su deseo de reeditar la medida en Cataluña o Asturias y en los territorios “donde podamos”. Una idea que también ha expresado públicamente en más de una ocasión su flamante portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo

De hecho, el último movimiento de los populares ha sido registrar la marca Cataluña Suma. Según publica el diario ‘Economía Digital’, el PP catalán registró el nombre a finales de julio, “por si acaso” pudiera hacerse efectiva la unión para los próximos comicios en la comunidad. Y lo han hecho a espaldas de Ciudadanos, que se muestra contrario a la iniciativa.

Al Partido Popular sí le interesa unir fuerzas en Cataluña porque últimos resultados electorales le dejaron en una posición meramente simbólica. En cambio, la situación de Ciudadanos en la comunidad es totalmente distinta. La formación ganó los últimos comicios y posee una fuerza como marca propia que no están dispuestos a compartir con los populares. 

Y lo mismo ocurre a nivel nacional. Ante la posibilidad de unos nuevos comicios generales este otoño, varios dirigentes estaban planteando la creación de una España Suma para recuperar el poder perdido en el Senado, según aseguran fuentes populares. El Partido Socialista tiene actualmente la mayoría de la Cámara Alta y haría más difícil aprobar medidas como el 155. Algo en lo que PP y Ciudadanos coinciden a pies juntillas.

Con los resultados de las elecciones del 28-A, la hipotética unión de PP y Ciudadanos ganaría en 40 de las 50 provincias españolas, donde los socialistas han sido los más votados. En algunas como Madrid, la diferencia sería considerable: 1.000.000 y medio más de votos para la coalición. Las ciudadanos autónomas de Ceuta y Melilla también obtendrían mayoría de derecha.

Sin embargo, la predisposición popular necesitará del beneplácito de Ciudadanos. La balanza hacia la confluencia parece que no está equilibrada. Unirse a los populares pondría en peligro el proyecto regenerador que tanto ha defendido Albert Rivera. Y la marca Ciudadanos se quedaría fuera de la carrera para ser el nuevo líder de la oposición.

El PP registra la marca Catalunya Suma «por si acaso» y Cs la rechaza

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La dirección nacional del PP ha registrado «por si acaso» la marca Catalunya Suma con la que plantean concurrir en coalición con Cs en unas eventuales elecciones catalanas, pese a que los naranjas lo rechazan, han explicado fuentes populares a Europa Press.

Según publica el diario ‘Economía Digital’, el registro de la marca con la que buscan emular la coalición electoral Navarra Suma, se llevó a cabo a finales de julio.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, lleva tiempo planteando replicar la fórmula de Navarra Suma, -una coalición entre PP y Ciudadanos (Cs) bajo la misma marca electoral- de cara a unos comicios catalanes. Fernández ha defendido esta estrategia como medio para que el constitucionalismo pueda acceder a una victoria electoral en Cataluña.

«La negativa de Cs impide que sea una realidad, pero hay que tenerla preparada por si se da una convocatoria electoral»

Las mismas fuentes populares aseguran que no ha habido conversaciones ni avances con Cs, pero quieren tener preparada la posibilidad de ir en coalición por si se diera un adelanto electoral.

«La negativa de Cs impide que sea una realidad, pero hay que tenerla preparada por si se da una convocatoria electoral», explican y subrayan que el registro de la marca se ha realizado coordinadamente entre las dirección del partido nacional y la cúpula del PP catalán.

NAVARRA SUMA NO ES «EXTRAPOLABLE»

Del otro lado, la portavoz de la Ejecutiva de Cs, Lorena Roldán, ha descartado la posibilidad de replicar Navarra Suma en Catalunya porque en la comunidad navarra se produjo en base a «unas características especiales que no son extrapolables a otros lugares».

Roldán reconoce que Navarra Suma fue un éxito en los comicios: «Ganamos las elecciones y habríamos formado un gobierno constitucionalista en Navarra de no haber sido por el pacto vergonzoso de Sánchez con Otegi.

«No contemplamos esa fórmula en otros territorios. Entendemos que haya partidos que sí la quieren después de haber cosechado unos pésimos resultados, partidos que hicieron concesiones a los nacionalistas durante 40 años», ha zanjado.

«REFERENTE INCONTESTABLE»

Para Roldán, Cs es la única voz del constitucionalismo en Catalunya: «Un referente incontestable en la defensa de los derechos y libertades de todos los catalanes».

Por eso, advierte de que en unas eventuales elecciones catalanas saldrán a ganar como hicieron en los últimos comicios del 27 de diciembre de 2017, cuando se alzaron con la victoria, aunque tampoco consiguieron gobernar.

«El separatismo ha tocado fondo, ellos mismos lo han reconocido, y lo que le pedimos al señor Torra es que convoque elecciones de una vez», ha añadido.

El PSOE mantiene el pulso con Cs y le culpa del bloqueo político

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Tras el fracaso en la negociación con Unidas Podemos y la consecuente investidura fallida, el líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comentó que era el momento de volver al principio y explorar de nuevo todos los caminos. Y así lo están haciendo desde entonces, tanto el candidato a la presidencia, como algunos de sus ministros, retomando las llamadas a la responsabilidad y apelando a una abstención de las fuerzas constitucionalistas mayoritarias. Aunque sus críticas también se dirigen al PP, lo cierto es que el emplazamiento en el centro ideológico y la posición privilegiada como ‘llave’ de gobierno de la formación de Albert Rivera incitan al PSOE a mantener el pulso con Cs y culparle del bloqueo institucional.

El PSOE ha vuelto así a su primera idea, y quizás la única que ha mantenido tras ganar con holgura los comicios del 28 de abril y del 26 de mayo: apoyarse en PP y Cs. Los de Sánchez vuelven a la carga con esa estrategia de presionar a ‘populares’ y ‘naranjas’ para facilitar una salida a la situación política.

«¿Cómo puede ser que Cs que podía equilibrar entre derecha e izquierda, se haya salido del juego?»

En este contexto, hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha centrado sus críticas en Cs para afirmar que la formación ‘naranja’ se ha convertido en «un apéndice del PP» y ha lamentado que, al negarse a pactar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, renuncie a «favorecer la gobernabilidad» en España.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Calviño ha indicado que el actual veto del partido naranja al PSOE y a Sánchez -con el que Albert Rivera firmó un acuerdo de investidura tras las elecciones de 2016- representa «una de las grandes anomalías» de la situación política actual.

«Es una de las cuestiones que más me sorprende: ¿Cómo puede ser que Cs, que teóricamente iba a ser un partido bisagra, que iba a favorecer la gobernabilidad en nuestro país y que podía articular ese equilibrio entre derecha e izquierda, se haya salido del juego?«, ha manifestado, añadiendo que Cs «se ha convertido en un apéndice del PP».

Estar sin Gobierno también tiene costes en términos de oportunidad económica

Además, la ministra ha lamentado la situación en la Comunidad de Madrid, donde la formación naranja apoyará a la candidata ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica y gobernará junto al PP gracias también a los votos de Vox.

Cs hace «guiños» al partido liderado por Santiago Abascal y, al mismo tiempo, defiende que van a «hacer Madrid libre», ha manifestado Calviño, que considera esto «tremendamente inquietante. «Me suscita muchas dudas sobre la utilidad de un partido como Cs para favorecer esa gobernabilidad y esa estabilidad en el conjunto del Estado», ha concluido.

LOS COSTES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE NO TENER GOBIERNO

En cualquier caso, la titular de la cartera de Economía ha dicho que espera que «cuanto antes el Congreso de los Diputados apoye el Gobierno de Pedro Sánchez que salió de las urnas».

«Espero que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible y podamos evitar ir a elecciones», porque «estar sin Gobierno tiene costes en términos de estabilidad política y de oportunidad económica», ha dicho sin mencionar expresamente a Unidas Podemos.

En relación a si generaría más estabilidad un Ejecutivo del PSOE en solitario o uno de coalición con Unidas Podemos, ha respondido que «no es tan importante la forma de gobierno como que haya una estabilidad parlamentaria con una perspectiva de largo plazo y tener un programa claro que los mercados entiendan».

Críticos de IU reclaman voz en la comisión negociadora de Podemos y el PSOE no lo descarta

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La corriente Más Izquierda (+Izquierda) ha reclamado al líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, una participación directa en las negociaciones de investidura para la formación de gobierno que mantienen, o están a punto de reanudar, Unidas Podemos y el PSOE. La presencia en la comisión negociadora del sector crítico de IU, en su día liderado por el excoordinador Cayo Lara y la exeurodiputada Paloma López, acabaría con el protagonismo absoluto en el proceso de Podemos, y abriría paso a nuevas voces más allá de la formación de Pablo Iglesias.

El discurso unitario de Unidas Podemos, fruto de la unión entre Equo, Izquierda Unida y Podemos (y sus confluencias), se resquebrajaba a consecuencia del proceso negociador con el PSOE. Cada facción interna ha adoptado una postura distinta. Los anticapitalistas observan con recelo que Pablo Iglesias se acerque a Pedro Sánchez para entrar en su Gobierno. Y la Izquierda Unida de Alberto Garzón se desmarcaba del discurso del secretario general de Podemos a pocas horas de la segunda votación de la sesión de investidura. Al igual que los siete diputados de En Común Podem.

Más Izquierda defiende un acuerdo programático y vigilar su cumplimiento desde fuera del Gobierno

La dirección de +Izquierda ha publicado su reivindicación en su cuenta oficial de Twitter, con el siguiente mensaje: «Reclamamos que la dirección de IU exija a Podemos su participación directa en la Comisión Negociadora de Unidas Podemos para la investidura».

El sector crítico de IU se opone a la tésis de Podemos de centrar la negociación en lograr un Gobierno de coalición con el PSOE. Tras la investidura fallida de julio, Cayo Lara ya pidió públicamente poner fin a la batalla del ‘relato’ y volcarse en un acuerdo programático de investidura para después quedarse fuera del Gobierno vigilando su cumplimiento.

«No más relatos. Hechos. Investidura con programa y cada uno en su escaño», sentenció el que fuera coordinador federal de IU antes que Garzón.

El discurso y la posición de Garzón, también crítico con la dureza de Pablo Iglesias en el proceso negociador con el PSOE, está motivado por dos razones: la incapacidad de IU para ir a las elecciones generales en solitario y que, a pesar de todo, el diputado aún cree en el proyecto de Unidas Podemos.

IU se ha mostrado muy crítica con Iglesias. Incluso quiso romper la disciplina de voto del partido en la sesión de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lo que Garzón quiere para su partido es presencia. Por eso, en un principio estuvo de acuerdo con aceptar cargos intermedios, una de las primeras ofertas de los socialistas a los de Podemos. Algo que Iglesias rechazó, como si de un insulto se tratara. Ni que decir tiene que la última oferta de Sánchez (una vicepresidencia y tres ministerios) estaba vista con muy buenos ojos por Garzón. Pero Iglesias se plantó.

Y EL PSOE NO DESCARTA LLAMAR A GARZÓN

Desde la dirección de Izquierda Unida también se distanciaron de la estrategia negociadora de Podemos. Para el equipo de Garzón, lo prioritario es negociar un acuerdo programático con el PSOE, más que hablar de Ministerios.

En ese contexto, desde el PSOE no descartan que el presidente Pedro Sánchez amplíe la ronda de contactos con partidos prevista para finales de agosto y principios de septiembre con idea de llamar por separado a socios de Podemos, tanto Izquierda Unida como En Comú, como forma de presión sobre el partido morado.

Isabel Díaz Ayuso, una presidenta perseguida por su pasado

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la séptima presidenta de la Comunidad de Madrid. La madrileña toma el mando de una de las regiones más codiciadas de España, feudo popular desde el año 1995. Y lo hará envuelta en una serie de polémicas que la enfrentan directamente con su pasado. 

El préstamo fallido que Avalmadrid concedió a su padre, sus posteriores contactos con la empresa semipública, las donaciones que recibió de sus progenitores y su supuesta posición “como interlocutora” del PP madrileño en la trama Púnica han empañado la alegría por su difícil investidura. 

EL PRÉSTAMO DEL PADRE DE ISABEL DÍAZ AYUSO

La nueva presidenta ha tenido que rendir cuentas por los negocios de su familia y que podrían involucrarla a ella directamente. En el año 2011, la empresa de titularidad semipública, Avalmadrid, concedió un crédito a la entidad de su padre, Leonardo Díaz, por valor de 400.000 euros y que se comprometieron a devolver en un plazo de tres años.

El ente aprobó esta operación, aún teniendo en contra la opinión de los técnicos, quienes alertaron de que las garantías que aportaron para la operación, una nave, no eran fiables. El inmueble, situado en un polígono industrial de un pueblo de Ávila, tendría un valor de mercado de 213.000 euros, según afirma la propia Díaz Ayuso. Una cantidad inferior a la concedida en el crédito.

Al poco tiempo de firmarse la operación, la empresa, MC Infortécnica SL, dejó de pagar a sus empleados y tampoco se hizo cargo del primer pago del préstamo, según adelanta InfoLibre. Avalmadrid intentó recuperar el dinero subastando la nave, pero no tuvo éxito. Actualmente el monto adeudado supera el medio millón de euros.

Isabel Díaz Ayuso renunció a la herencia de su padre, fallecido en 2014, para eludir la deuda y se desvincula del conflicto. Sin embargo, la madrileña estaba al tanto del transcurso de la operación. En unos correos publicados por InfoLibre y El País se revela que Díaz Ayuso mantuvo contacto con los directivos de Avalmadrid para interesarse por el préstamo, aprovechando su posición dentro del Partido Popular.

DONACIONES CON POLÉMICA

A consecuencia de la deuda contraída por su padre, la dirigente popular podría verse afectada por un posible alzamiento de bienes. Como adelantó InfoLibre, la madrileña aceptó en el año 2011 la donación de un piso en el barrio de Chamberí, propiedad de sus padres. Esta operación evitó que la vivienda fuera embargada a causa de las deudas que ya acumulaban sus progenitores. 

Según se establece en el Código Penal se considera alzamiento de bienes “aquella conducta que el deudor practica con el objetivo de impedir que el acreedor cobre su deuda”. Y las penas por incurrir en este delito podrían oscilar entre uno y cuatro años de prisión. Por su parte, Díaz Ayuso mantiene que “estaba al margen de las gestiones empresariales de su familia.”

Y el polémico piso no fue la única donación que ha puesto en el punto de mira la integridad de la futura presidenta. Díaz Ayuso también recibió la mitad de acciones de otra empresa familiar, Sismédica SL. El resto figura a nombre de su hermano. La compañía en cuestión no pagó a lo largo de cinco años el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un piso, utilizado para albergar oficinas. El inmueble fue embargado por otra deuda. 

SU RELACIÓN CON LA TRAMA PÚNICA

Otro de los conflictos en los que se ha visto envuelta ha sido su presunto vínculo con la trama Púnica. El hermano del supuesto conseguidor de contratos de la trama, Adrián de Pedro, puso el foco directamente en la madrileña. Así se desprende de la declaración judicial que realizó en el año 2014 y a la que ha tenido acceso Vozpópuli

De Pedro, informático de profesión, explicó ante el juez que Isabel Díaz Ayuso estuvo trabajando con los integrantes de la trama, con el objetivo de mejorar la imagen de Esperanza Aguirre. Una mejora de la reputación que el partido financiaba presuntamente con desvío de fondos públicos. La dirigente popular, en una entrevista con El Mundo, ha defendido que su nexo con ellos solo fue “por cuestiones técnicas.”

La madrileña, antes de ser propuesta como candidata a la presidencia, se dedicó a la comunicación dentro del partido. Díaz Ayuso trabajó en la campaña de Aguirre, incluso se encargaba de la cuenta del perro de la expresidenta, y también llevó la estrategia digital de Cristina Cifuentes. Este trabajo la relacionó íntimamente con ambas presidentas, aunque ella ha intentado desvincularse tras conocerse que Anticorrupción solicita la imputación de Aguirre y Cifuentes. 

A pesar de todas estas polémicas, el pacto que el PP regional ha alcanzado con Ciudadanos y Vox no ha peligrado. Ambos partidos han respaldado su investidura y hacen oídos sordos al pasado de la madrileña. La proclamación de Díaz Ayuso como presidenta viene a consolidar la posición de Pablo Casado, quien apostó por ella de manera unilateral, incluso sabiendo que era un perfil político con menos experiencia. 

BBVA pagaba 3.600 euros a empleados despedidos para evitar ir a juicio

La precariedad reina en los estratos más bajos del BBVA. La mayoría de los nuevos empleados de Op Plus, la subcontrata del banco que lleva toda su gestión administrativa, entraba a la empresa con un contrato de obra y servicio para realizar un trabajo estructural. Una práctica que muchos trabajadores no tardaron en denunciar. En muchos de los casos, el BBVA interrumpía las demandas pagando, por sistema, 3.600 euros a los trabajadores despedidos, según relatan fuentes cercanas a la empresa. Pero dos de ellas llegaron hasta el final. Y en ambos casos la Justicia dio la razón a los empleados.

Un contrato de obra y servicio responde a unas necesidades extraordinarias de la empresa. Pero el BBVA se los aplicaba a todos los nuevos trabajadores de Op Plus. Independientemente del volumen de trabajo. El banco contrataba a los trabajadores de su subcontrata durante un periodo de dos años. Y, después de respetar los plazos legales, volvía a contratar nuevos trabajadores para cubrir el mismo puesto. Una práctica ilegal, tal y como reflejan dos sentencias impuestas en 2016 al banco.

Algunos de los empleados que vieron cómo, después de finalizar su contrato de obra y servicio, se volvía a ofertar su puesto de trabajo, dieron un paso al frente y denunciaron al BBVA. Pero ante esta situación, el banco tenía un modus operandi mecanizado. Pagaba entre 3.000 y 3.600 euros a los demandantes una semana antes del juicio para evitar que las denuncias prosperaran. Una práctica que logró retener prácticamente todas las demandas excepto dos. Este pago que el banco había automatizado muchos de los trabajadores de Op Plus lo conocen como «tarifa plana», según relatan fuentes cercanas a la empresa.

Al tratarse de puestos de trabajo estructurales, el banco debía haber renovado a los trabajadores. Pero en su lugar, prefería prescindir de esos trabajadores y volver a actuar del mismo modo una y otra vez. En algunos casos, relatan las fuentes, la empresa ha vuelto a contratar al mismo trabajador para desempeñar la misma función después de haber respetado el plazo necesario.

Pero el BBVA sí que aplicó bien la contratación por obra y servicio en algunos casos. Uno de ellos fue cuando el banco tuvo que devolver el importe de las cláusulas suelo. Ese pico de trabajo exigía un aumento temporal de la mano de obra, por lo que esos contratos sí que estaban justificados. Sin embargo, el BBVA decidió aplicar este principio también a algunos puestos de trabajo estructurales, tal y como refleja la sentencia. Y esta práctica le costó más caro de lo esperado.

En las sentencias, tras desestimar los recursos presentados por la empresa, la Justicia da dos opciones al BBVA: o bien, readmitir a los trabajadores que habían finalizado su contrato de obra y servicio (además de abonarles la cantidad de dinero que deberían haber recibido los empleados por el periodo que habían permanecido inactivos), o bien, a pagarles la indemnización correspondiente.

Durante otra inspección realizada en 2017 por el Ministerio de Trabajo, se deja claro que el BBVA no había actuado según la legalidad. Para el inspector, la subcontrata, controlada plenamente por el banco, había cometido «una infracción en materia laboral por la transgresión de la normativa vigente sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización respecto a finalidades y supuestos distintos de los previstos legalmente». Por lo que, afirma el inspector, «se ha extendido la correspondiente acta de infracción».

A pesar de las dos condenas, el BBVA sigue utilizando a través de su empresa Op Plus este tipo de contratos de obra y servicio. Según relatan a MONCLOA.COM fuentes conocedoras de la mecánica, cada nuevo trabajador entra a la empresa por defecto con un contrato temporal para ocupar un puesto estructural. Y los empleados ven cómo esos contratos, cuya remuneración mensual no supera los 800 euros al mes, caducan para volver a realizarse una y otra vez.

La ley determina que este tipo de contratos debe aplicarse para picos de trabajo puntuales. Que esas obras o servicios a los que hacen referencia deben traer a los trabajadores una autonomía y una sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Es decir, que no deben ser puestos de trabajo que desempeñen labores propias de la estructura de la compañía. En base a este criterio, la Justicia desestimó los recursos y dio la razón a los dos únicos trabajadores que lograron llegar hasta el final, esquivando el cortafuegos de los 3.600 euros del BBVA.

Españoles en el campo nazi de Mauthausen: De la dramática búsqueda de la Cruz Roja al BOE

La lista de los españoles que murieron en el campo nazi de Mauthausen publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no es sino la última desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intentara sin éxito durante la Segunda Guerra Mundial saber cuántos se encontraban en este lugar. Esta organización intentó sin éxito durante el conflicto conocer el número y la situación de estos españoles.

Los archivos del CICR referidos tanto a este asunto como a la Guerra Civil española fueron entregados al Gobierno español por este organismo en 2008 y se encuentran depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde apenas han sido consultados por investigadores. Entre estos documentos se encuentra un listado completo con los españoles que perdieron la vida en el campo de Mauthausen y que también tuvo que estar en la delegación española del CICR.

Los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado provienen básicamente de los listados ofrecidos por Francia en los años cincuenta del pasado siglo. Estos habían quedado apartados durante decenios y han sido ahora publicados tras el trabajo de un grupo de historiadores. Con ellos, los familiares de las víctimas españolas podrán comprobar o aclarar el destino de los suyos.

Mauthausen CICR
Listado del Comité Internacional de la Cruz Roja de españoles fallecidos en el campo nazi de Mauthausen

Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra (Suiza) es el organismo internacional que se ha ocupado de gestionar las búsquedas que los familiares hacen de sus desaparecidos durante los conflictos bélicos o de los que saben que son prisioneros de guerra. Esto llevó al Comité a intentar averiguar durante la Segunda Guerra Mundial el destino de los españoles prisioneros en manos de los nazis.

El trabajo no dio fruto durante el desarrollo del conflicto, según la documentación de los archivos de este organismo. El CICR sólo tenía constancia de un número muy inferior de españoles de los que realmente se encontraban internados en Mauthausen.

Buena parte de los datos habían sido aportados por las familias de los prisioneros, que querían mantener contacto con ellos. El resto provenía del comandante del campo, que había facilitado alguna información al comienzo de la guerra, aunque dejó de informar desde octubre de 1941.

Otras averiguaciones realizadas posteriormente por el CICR le llevaron a la conclusión de que la mayor parte de los españoles de los que no tenían noticias, y que habían estado en otros campos, habían sido trasladados a Mauthausen. Este Comité Internacional mantuvo contactos infructuosos con la Cruz Roja alemana y se mostró impotente para conseguir la información sobre el estado de los prisioneros. En julio de 1944, un año antes de la liberación, este organismo especulaba con que muchos de ellos ya habrían fallecido.

EL PRIMER INFORME DE MAUTHAUSEN

Tras la liberación del campo de concentración y el final de la Segunda Guerra Mundial, este organismo descubrió finalmente la verdad de lo ocurrido. Según sus propios documentos, el CICR prestó especial atención al relato de uno de los prisioneros españoles, que consiguió reconstruir lo ocurrido. Se trataba de Fidel Ramos, teniente del ejército republicano. Dos meses después de la liberación de Mauthausen, los documentos de la dirección del CICR en Suiza hacen referencia al que consideran como “el primer informe detallado que habíamos recibido sobre el campo de Mauthausen”.

Según los cálculos de este prisionero, llegaron a entrar en Mauthausen unos 10.000 españoles durante el tiempo que duró la contienda mundial. Como señala el informe, el 5 de mayo de 1945, cuando fueron liberados los campos de Mauthausen y Gusen (auxiliar del primero), quedaban 300 españoles en el primero y 850 en el segundo.

El relato que hizo Fidel Ramos de lo que pasó cambia de manera radical la percepción que tenía el CICR de la cantidad de españoles que se encontraban en este campo de concentración. El testimonio es un relato que comienza contando cómo trece compañías de trabajadores españoles fueron hechas prisioneras en Dunkerque en junio de 1940. De aquellos 3.200 hombres, unos 1.200 fueron enviados a Mauthausen.

El testimonio de Ramos ofrece unas cifras aproximadas del número de españoles que pasaron por el campo de concentración, que no concuerdan exactamente con las investigaciones históricas posteriores. Lo que sí señaló este prisionero fue lo ocurrido con la diferencia entre los miles que entraron respecto a los que salieron: “el resto, a causa del régimen de vida en el campo, pasaron a la categoría de inválidos y eliminados por múltiples procedimientos”.

En la documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja también se puede comprobar cómo este organismo envió a su delegación en España en junio de 1946 una “lista de deportados, fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen”.

Este listado se realizó “sobre la base del registro oficial de los fallecimientos del campo de concentración de Mauthausen”. El informe añade que el registro “ha sido puesto a nuestra disposición por un exdeportado que ha podido salvar estos documentos en el momento de la liberación del campo”.

Además, el CICR concluyó en aquel momento que “se pueden considerar estos cálculos como exactos”. Un ejemplar de la lista, por lo tanto, debía encontrarse en manos de la delegación española de este organismo. La relación de fallecidos ocupa 82 folios con el nombre, fecha de nacimiento y de muerte de aproximadamente 4.000 españoles que perdieron la vida en este campo de concentración.

C. Tangana, censuras, críticas y antipatías entre políticos y artistas

La libertad de expresión es la libertad de expresión, para lo bueno y malo. Frecuentemente, eso puede llevar implícito que lo que se escuche o diga no guste a todo el mundo. Cuando no es al ofendido de a pie, es al Gobierno de turno que utiliza la censura como arma para silenciar a artistas o a ciudadanos. Sólo estos tienen la capacidad de dar el último paso y materializar la prohibición de tal o cual pieza de artística.

En menos de dos semanas España ha vivido una explosión de censura sin precedentes. Al menos en lo musical. Nunca en el milenio se había censurado a tantos artistas y en tan reducido lapso de tiempo. Primero fue Pedro Pastor, luego César Strawberry y el último C. Tangana. Además, en lugares como Oviedo el nuevo gobierno de derechas ha modificado al completo el calendario de conciertos que dejó organizado la oposición.

Casualidad o no, los damnificados siempre caen más del lado ideológico siniestro que del diestro. Así lo afirma la historia con el caso de Joan Manuel Serrat, que siembra el primer caso de censura musical conocido en España.

ALMEIDA RECHAZA A PEDRO PASTOR

censuras pastor
Pedro Pastor, de concierto. Foto: web del cantautor

Pedro Pastor se levantó el 31 de julio con una extraña noticia: su concierto en las fiestas patronales de Aravaca había sido censurado por el nuevo gobierno municipal de Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. El motivo, su contrastada ideología de izquierdas, la misma que su padre, Luis Pastor, abanderó y plasmó en canciones durante los años de máxima represión política.

El cantautor se pronunció nada más conocer que el Partido Popular del Ayuntamiento de la capital lo había vetado. Denunció que el el nuevo gobierno de la comunidad había prohibido exclusivamente su concierto, por lo que lamentaron que a la derecha española le «asuste la conciencia, la alegría, la colectividad y la libertad». 

BILBAO MANDA A C. TANGANA A LLORAR EN LA ‘LIMO’

Tangana censuras
C.Tangana en una imagen del videoclip «Booty». Foto: Twitter del artista

Una semana después de Pastor, el rapero C. Tangana amaneció con un anuncio similar: el Ayuntamiento de Bilbao le había cancelado el concierto programado para la semana grande de la ciudad, la Auste Nagusia. La razón, sus canciones degradantes contra la mujer.

La iniciativa fue impulsada por una recogida de firmas en la plataforma de activismo virtual Change.org y apoyada por Elkarrekin Podemos Bilbao, que publicó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter posicionándose en contra del ex de Agorazein  al mismo tiempo que resaltaba algunas de sus letras machistas. 

El apoyo de toda clase de artistas a Antón Álvarez se produjo en oleada y de todas las direcciones. Uno de los primeros en hacerlo fue el propio Pedro Pastor, que declaró que «cancelar a C.Tangana por el contenido machista de sus letras es censura«.

CÉSAR STRAWBERRY, DE DEF CON DOS, AMIGO ÍNTIMO DE LA CENSURA

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Strawberry, de Def con Dos, en una foto de su perfil de IG

El cantante español César Montaña Lehman, cuyo nombre artístico es César Strawberry, conoce muy de cerca lo que significa la censura.

En mayo de 2015 la Guardia Civil lo detuvo en una operación conocida por Araña III, relacionada con el enaltecimiento terrorista por las redes sociales. La fiscalía lo denunció por injurias a la corona, vejación contra las víctimas del terrorismo y enaltecimiento del terrorismo en seis tuits de carácter cómico.

Las causas fueron archivadas en varias ocasiones, pero también recurridas. La tercera vez que se impugnó la denuncia llegó al Tribunal Supremo, que en 2017 lo condenó a un año de prisión y seis de inhabilitación. Strawberry no fue privado de libertad por no tener antecedentes penales.

Def con Dos es el grupo al que César Strawberry pertenece, el mismo que contrató el gobierno de Carmena (antes de dejar el puesto) para las fiestas del distrito madrileño de Tetuán. Pero nada más desembarcar en el Ayuntamiento de la capital, el Partido Popular de Martínez Almeida prohibió la actuación.

La explicación para impedir que la banda gallega efectuase su actuación la tuiteó Andrea Levy, concejala de Cultura: «Hemos cancelado el concierto de Def con Dos de mañana en el Parque Rodríguez Sahagún. Consideramos que no es digno de una institución que representa a los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo«.

LOS CHIKOS DEL MAÍZ: CINCO AÑOS SIN PODER TOCAR EN SEVILLA

censuras LCDM
Nega y Toni, raperos de LCDM. Foto: Twitter personal

A José Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla, no le caían bien Los Chikos del Maíz. Como producto, los vetó de tocar en Sevilla durante los cuatro años de legislatura del PP en la capital de Andalucía.

La actuación no se canceló y el PP se la juró desde entonces a los raperos madrileños. Para ello, utilizaron como pretexto la canción ‘Spain is different’, en la que comparan el vuelo espacial de Pedro Duque con el asesinato de Carrero Blanco («¿Te emocionó el vuelo de Pedro Duque?/ A mí el de Carrero Blanco»). Pero la denuncia cayó, de nuevo, en saco roto.

Cuando por fin Zoido se hizo con las llaves de la ciudad de Sevilla, prohibió que Nega y Toni difundiesen su arte por esos lares. Cinco años después de su última actuación (2010), con la legislatura del PP ya consumada, Los Chikos del Maíz regresaron a Híspalis.

CIUDADANOS Y EL PP DE OVIEDO ROMPEN EL SUEÑO DE ROZALÉN

censuras Rozalen
Foto: Flickr SGAE

Antes de abandonar la legislatura, el tripartito formado por Somos, PSOE e IU en Oviedo habían dejado trazada la programación de las fiestas de San Mateo, patrón de la ciudad.

Sin embargo, con el paso del Ayuntamiento a manos del PP y Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, ese número ha decrecido exponencialmente. Muchos han sido los perjudicados. La cantautora Rozalén entre ellos, quien lo lamentaba en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: «Nos quedamos sin concierto en Asturias. Nosotros éramos uno de los veintitantos grupos que íbamos a tocar en las fiestas de San Mateo. A pesar de estar confirmados en su programación desde hace meses, su nuevo gobierno ha decidido que no vamos.

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