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Meritxell Budó, consellera de Presidencia y portavoz del Govern, ha asegurado este miércoles que el derecho a la autodeterminación y el fin a la represión serán los puntos de partida que defenderá el Govern liderado por Quim Torra en la mesa de negociación entre gobiernos.

Así lo ha expresado Budó en una rueda de prensa tras la reunión que el Govern ha mantenido con partidos y entidades independentistas en la Generalitat para definir el posicionamiento que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, defenderá en esa mesa de negociación.

«Torra ha recibido todo el apoyo para trasladar estas propuestas –el derecho a la autodeterminación y el fin de la represión– en su próximo encuentro con el presidente Sánchez, donde también se deberán abordar las condiciones y garantías para que la mesa de negociación se pueda llevar a cabo», ha expresado.

Budó ha dicho que el Govern ha agradecido el resto de propuestas que han aportado el resto de actores y que las «analizarán», y, en respuesta a los periodistas, ha adelantado que es posible que se vayan incorporando a la negociación con el Ejecutivo central, ya que quieren dar continuidad a los encuentros de los actores independentistas.

Preguntada por si están dispuestos a levantarse de la mesa de negociación con el Ejecutivo central, si no se aceptan sus premisas sobre la autodeterminación y la amnistía, ha acusado a Sánchez de ser el que se levantó de la mesa con Torra en la negociación de 2018 y ha subrayado que ellos entienden que en la mesa de diálogo esos dos conceptos tienen cabida.

«En una mesa de negociación donde se quiere abordar la resolución al conflicto, se debe poder hablar de todo aquello que forma parte de este conflicto político. No entenderíamos que por parte del Gobierno del Estado no se aceptara poder abordar todos los factores que forman parte de este conflicto político«, ha razonado.

Budó ha puesto como objetivos de la próxima reunión entre Sánchez y Torra cerrar el contenido de la negociación pero también las «garantías» que insiste en que irán consensuando en los próximos encuentros con los actores independentistas porque Torra ha querido abrir ese diálogo a fuerzas que están más allá del Govern.

La Presidenta de Ciudadanos en Barcelona, Luz Guilarte, ha presentado este miércoles la campaña #STOPimpuestazos , con la que ha, a través de una rueda de prensa, ha informado de la subida “indiscriminada” de impuestos que han puesto en marcha Ada Colau, Callboni y Maragall en este 2020. El tema se ha convertido en tendencia en las redes sociales, donde muchos habitantes de esta ciudad han protestado contra la actual alcaldesa.

Luz Guilarte ha acusado a Ada Colau de consolidar a Barcelona como “prácticamente la ciudad con los impuestos más altos de España”. Además, Ciudadanos ha arremetido contra la desinformación y la falta de transparencia del actual Gobierno de Barcelona, que consideran han engañado a sus habitantes. “Han hecho una exposición muy tramposa de los impuestos”, ha señalado la presidenta de la formación naranja en esta ciudad.

A partir de ese momento, Luz Guilarte ha utilizado la rueda de prensa para enumerar las múltiples consecuencias que traerán todos los impuestos que ha planteado Ada Colau con sus socios de Gobierno. Desde Ciudadanos han recalcado que algunas de estas subidas repercutirán directamente “en importantes sectores” que sostienen la economía de Cataluña.

ADA COLAU, CRITICADA EN TWITTER

A través de Twitter, y bajo el hastag @STOPimpuestazos, la Diputación de Ciudadanos en Barcelona ha indicado que la tasa de alcantarillado se ha elevado un 83%, algo que afectará al aumento del recibo del agua. También han especificado la fuerte subida del IBI, de un 5,50%, la tasa de Mercados (10%), del transporte, de las licencias de obras y, sobre todo, de la tasa de instalación de terrazas.

Este último impuesto eleva en un 300% la cuantía que deberán abonar los establecimientos que quieran ofrecer servicio en la calle. Esta medida ha sido la más criticada por parte de los usuarios de Twitter, conscientes de que serán ellos quien en el día a día sufra la subida de precios por parte de los bares.

Ciudadanos se ha volcado en esta red social, con mensajes de sus principales miembros para expandir el mensaje. En pocos minutos, #STOPimpuestazos se ha convertido en Tendencia en España, con múltiples protestas contra Ada Colau y aquellos con los que comparte poder en Barcelona.

El Gobierno Vasco hará llegar al nuevo Ejecutivo una petición para acercar a los 210 presos de ETA a siete cárceles próximas a Euskadi: Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa), Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos, según ha confirmado el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Fernández ha explicado que, en este documento, planteará «un cambio de concepto», ya que, si hasta ahora se exigía a los reclusos que iniciara un itinerario de reinserción para proceder a su traslado a centros penitenciarios vascos o cercanos a Euskadi, ahora plantea que se haga al revés. De esta forma, una vez que se acerque a los presos, estos comenzarían ese camino hacia su resocialización.

Desde la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogada Carmen Ladrón de Guevara ha reaccionado a este anuncio mostrando de nuevo su oposición al plan del Gobierno vasco. En este sentido, recuerda que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya planteó en 2017 que los presos de ETA tuvieran un alejamiento máximo de 250 kilómetros.

Nos oponemos y creemos que hay que mantener la dispersión como un elemento de reinserción de los presos, ya que este tipo de acercamientos no pueden ser generalizados sino individualizados, y en base a un pronóstico favorable de reinserción», ha señalado la letrada de la AVT en declaraciones a Europa Press.

«Para valorar la sinceridad del proceso de reinserción se les debe exigir la colaboración con la justicia», ha añadido la abogada de la AVT en alusión a los 313 asesinatos sin resolver (en 2018 se esclareció uno de los crímenes pendientes, el del funcionario de prisiones Máximo Casado).

En un comunicado, Covite también ha mostrado su «rechazo frontal» al plan del Gobierno vasco en materia de política penitenciaria. Recuerda que la izquierda abertzale, «con sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación, es la verdadera responsable de que los presos de ETA cumplan condena lejos del País Vasco». En este sentido, el colectivo ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que el nacionalismo vasco «no puede marcar la hoja de ruta en materia de presos de ETA».

28 ACERCAMIENTOS HASTA AHORA

En los 19 meses de la anterior legislatura, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió ante las asociaciones de víctimas a que les informaría de los acercamientos de presos de ETA en un cambio de la política penitenciaria que pasaba por autorizar traslados «puntuales» para presos que no tuvieran delitos de sangre y con la mayor parte de la condena ya cumplida, «salvo excepciones».

Se han autorizado 28 acercamientos a cárceles próximas del País Vasco y otros tantos presos de la banda terrorista han dejado de estar clasificados en el régimen más duro, al progresarlos del primer al segundo grado, según datos de la AVT.

Las víctimas vieron un incumplimiento de la promesa de Grande-Marlaska por el traslado a Asturias de José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’, debido a su historial criminal. Además, vincularon la decisión adoptada a finales de diciembre con la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

PROCESO DE REINSERCIÓN

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación cree que los 210 reclusos de ETA pueden ser trasladados a los centros penitenciarios de Zaballa, Basauri, Martutene, Pamplona, El Dueso, Logroño y Burgos. «El concepto debe ser que, para comenzar el proceso de reinserción, deben estar cerca«, ha insistido Jonan Fernández.

Asimismo, ha subrayado que esto no supone que se haga «un regalo» a las personas presas, sino «justicia» para sus familias. A su juicio, es necesario replantearse el modelo de reinserción con el fin de ir hacia un modelo más abierto que contribuya a la reintegración social de los reclusos tras su excarcelación.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sostenido que si una sentencia firme del Tribunal Supremo le inhabilita como presidente y el Parlament acata esa sentencia «habría elecciones», aunque él ha defendido que esperará a que la Cámara se pronuncie al respecto.

«Si el Parlament de Cataluña llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones», ha explicado en una entrevista a Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Pese a que la ley de Presidencia de la Generalitat establece que el presidente del Parlament debe proponer a un nuevo presidente del Ejecutivo en el plazo de 10 días en caso de condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, Torra ha subrayado que exigiría el pronunciamiento de la Cámara sobre su cese: «Yo seguiría pidiendo que el Parlament se pronunciase y acataría lo que dijese el Parlament».

«Hablamos de que en defensa de la libertad de expresión mantuve una pancarta en el Palau de la Generalitat. En base a esto se pretende inhabilitar al presidente de la Generalitat. Yo lo que reclamo es: ¿Escuche, al Parlament de Cataluña nos lo creemos o no?», he exigido a los grupos parlamentarios catalanes.

Después de que el martes JxCat, Cs y PP avalaran conjuntamente el proyecto de Presupuestos del Parlament, preguntado por con quién quiere pactar JxCat tras unas eventuales elecciones catalanas, ha insistido en la unidad del independentismo.

Así, ha tachado de desafortunado el tuit en el que el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, expresa: «Desde el respeto al espacio convergente y a su debate interno, habiendo pactado ya la Diputación de Barcelona con el PSC y los Presupuestos del Parlament con el PP y con C’s… llegado el momento con quien pactarán la Presidencia de la Generalitat?».

Torra ha replicado que «JxCat voto ‘no’ a la investidura de Pedro Sánchez» y que su voluntad tras las elecciones catalanas sería volver a pactar con fuerzas independentistas.