La oferta del Ministerio de Hacienda a Podemos para ampliar la baja de paternidad de los funcionarios de forma gradual hasta los 4 meses en 2021 ha sido respondida por la formación ‘morada’ con una negativa.
Este acuerdo está recogido en el documento ‘Contribución al cambio social desde la política presupuestaria’ que Hacienda envió esta semana a los negociadores de Unidos Podemos, con quienes busca pactar la senda de estabilidad.
En el escrito, se apuesta por fijar un “plazo efectivo e inaplazable” para igualar los permisos de maternidad y paternidad de los empleados públicos de la siguiente forma: en 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas.
Desde Podemos se recuerda que este objetivo “no es la propuesta de Unidos Podemos” y que no se ha tratado en la reunión que mantuvieron con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, desde la formación apuntan a que su “idea es permisos para todos” y que, además, el PSOE “se comprometió a ello” en la votación de la proposición de ley que el grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados.
LEY IMPULSADA POR PODEMOS
Dicha ley defendía permisos de maternidad y paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100 por cien. Aunque fue vetada dos veces por el Gobierno de Mariano Rajoy, salió finalmente aprobada tras virar el voto de los ‘populares’.
La iniciativa del Gobierno es muy similar a la que ideó la Junta de Andalucía, donde Montero era consejera de Hacienda hasta su nombramiento como ministra hace dos meses. El Ejecutivo andaluz firmó antes de verano un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que se equiparaban los permisos de paternidad y maternidad de forma progresiva hasta llegar a las 20 semanas en 2020, diez más que en 2019.
Todos los partidos políticos con representación en el Congreso apoyaron el inicio de la tramitación de la ley de permisos parentales iguales e intransferibles para nacimientos, adopciones y acogidas de Unidos Podemos con 16 semanas para cada progenitor. En la actualidad las madres disponen de seis semanas de permiso obligatorias y los hombres de cinco. Aunque aparte hay otras 10 semanas para cualquiera de los dos, en la práctica son las mujeres quienes les dan uso. Los padres que lo hacen no llegan al 2%, según los últimos datos de la Seguridad Social.
La sorprendente devolución a las autoridades marroquíes de los 116 inmigrantes subsaharianos que asaltaron el miércoles la valle fronteriza de Ceuta está justificada, según fuentes gubernamentales, ante el primer encuentro que van a celebrar el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre.
En este sentido, Rabat ha querido tener este gesto en política migratoria con Madrid para no entorpecer los preparativos de la reunión que están cerrando ambos Gobiernos y que se podría producir en la primera quincena de septiembre, según indicó ElConfidencial hace una semana.
El viaje a Marruecos era tradicionalmente el primer desplazamiento al extranjero de un presidente del Gobierno, pero Sánchez se decantó finalmente por Francia ante la imposibilidad por parte de las autoridades marroquíes de fijar una fecha en la que el monarca le pudiera recibir en audiencia. Desde la intervención quirúrgica que sufrió a comienzos de año, Mohamed VI ha pasado largas temporadas fuera de Marruecos.
APUNTALAR EL ACUERDO CON ALEMANIA
Ante el aumento de la crisis migratoria, el Gobierno de Sánchez da mucha importancia a las relaciones con Marruecos y quiere que el primer encuentro con el monarca alauí sirva para apuntalar el acuerdo entre España y Alemania, cuando ambos países coincidieron en la necesidad de que la UE aumente su cooperación con los países africanos y, en concreto, su apoyo a Marruecos y Túnez para hacer frente a este fenómeno.
Así lo pusieron de relieve el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Ángela Merkel, tras almorzar en el Palacio de los Duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a mediados de agosto.
“Marruecos es uno de los principales socios de la UE y también está sufriendo la presión migratoria”
La canciller abogó por “intensificar la cooperación con Marruecos y Túnez porque son países que necesitan ayuda y son fronterizos”. Por su parte, Sánchez, tras recordar que “Marruecos es uno de los principales socios de la UE y también está sufriendo la presión migratoria”, dijo que ese país debe desempeñar un papel clave para ordenar los flujos migratorios”. Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios concretó qué dinero se dedicará ni cómo se hará.
Posteriormente, una nota de la Secretaría de Estado de Comunicación precisó que Sánchez y Merkel acordaron trasladar a la Comisión Europea la necesidad de una mayor implicación financiera en el Fondo Fiduciario para África, del que proceden los fondos destinados específicamente a Marruecos para la gestión de fronteras.
Sánchez y Merkel indicaron también que es necesario encontrar un«sistema de reparto justo» de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea y que tienen derecho a quedarse. Señalaron que se trata de un «desafío común para todos» los países por la libre circulación de persona y la canciller alemana agregó que «no puede depender de la ubicación geográfica de un determinado país».
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, afirmó ayer que, ante las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para evitar la capacidad de veto del Senado del PP, y evitar así las subidas impositivas que afecten a los ciudadanos. Así, explicó que el PP, utilizará todos los “mecanismos legales a su alcance para evitar que a los españoles les suban los impuestos”.
El número dos del PP indicó en una entrevista en Onda Cero que la posición de su partido no está motivada porque se hable de los presupuestos o la modificación del techo de gasto de Sánchez, sino que utilizará “su fuerza parlamentaria para evitar esta maniobra, que se parece mucho a la de 2015 en Venezuela cuando Maduro le quitó la competencia a la Asamblea”.
García Egea subrayó que el Gobierno “se va a encontrar al PP enfrente” para evitar estas tropelías que cuentan, a su juicio, lamentablemente con el sustento de aquellos que asesoran ciertas actitudes venezolanas. Asimismo, criticó que la acción del gobierno de Sánchez se limite a reformar leyes con carácter de urgencia cuando no lo son para “mantenerse como presidente a toda costa”, algo “inédito” en democracia.
Por ello, recordó que “la ley se tiene que reformar para mejorar la vida de los españoles y no la de Pedro Sánchez”, al tiempo que consideró que estas actuaciones se acercan mucho a una “concepción de la democracia un tanto bolivariana”. García Egea recordó la maniobra del mandatario venezolano en 2015, “cuando la oposición venezolana pasó de 112 a 177 diputados y Maduro restringió la competencia a la Asamblea”.
«Aquellos que estuvieron asesorando por las latitudes venezolanas vienen a España a aplicar lo que aprendieron”
“Ahora vemos cómo en 2018, cuando la oposición del Partido Popular tiene 149 de 266 senadores, PSOE y Podemos quieren quitarle las competencias al Senado. Parece que aquellos que estuvieron asesorando por las latitudes venezolanas ahora vienen aquí a España a aplicar todo lo que allí aprendieron”, ironizó.
Si bien reconoció que “es legítimo” que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria con otra ley para que la última palabra en el techo de gasto la tenga el Congreso, García Egea incidió en que “es importante que los españoles sepan cómo gobierna el PSOE con sus socios de Podemos o, mejor dicho, cómo gobierna Podemos con sus socios socialistas” y “los peajes ocultos” que les harán pagarán.
El secretario general del PP lamentó, por último, que la actitud del presidente del Gobierno ante los lazos amarillos, entre otras medidas, puedan hacer que España se convierta “en el hazmerreír de Europa o en un país de segunda en calidad democrática”.
La exvicepresidenta del Gobierno y principal rival de Pablo Casado en las primarias del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, estudia encabezar la candidatura del PP en las próximas elecciones a la alcaldía de Madrid, que se celebrarán en mayo de 2019.
Desde que el congreso nacional del PP aupase a Casado a la presidencia del partido, la exnúmero dos del Ejecutivo de Rajoy ha guardado silencio y ha preferido no integrarse en el comité directivo del PP, al considerar que no se le otorgaba la suficiente cuota de poder. Pero Casado no ha tirado la toalla a la hora de convencer a Soraya Sáenz de Santamaría y cree que la alcaldía de Madrid es un puesto de gran visibilidad para ella.
El nuevo presidente del PP se encuentra con la tesitura de cerrar en las próximas semanas la elección de los candidatos autonómicos y municipales tras confirmar en verano a Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Bonig como carteles a las presidencias de Andalucía, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, respectivamente. Los tres barones territoriales habían dado su apoyo a Sáenz de Santamaría y descabalgarles de sus baronías era demasiado arriesgado para el nuevo presidente del PP.
«Pablo Casado ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron”
El secretario General del PP, Teodoro García Egea, afirmó en agosto que aún se mantiene el “ofrecimiento” a Soraya Sáenz de Santamaría para que se incorpore como vocal de libre designación de Casado dentro de la nueva Ejecutiva del PP. En este sentido, destacó que Casado “ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron” a las primarias del partido y, en este contexto, Santamaría, que encabezó la candidatura más votada en la elección directa de los afiliados, “constituye un activo para el PP por su experiencia de gestión y el cariño que tienen por parte de toda la militancia”.
“A la vuelta de verano, que ha sido muy intenso, vamos a empezar a trabajar en las candidaturas tanto a los municipios como las comunidades autónomas, también en las europeas y en los grupos parlamentarios, que ese impulso se tiene que notar, y tenemos que contar con todos. Ambas tienen un hueco, no sólo en el Comité Ejecutivo”, afirmó refiriéndose también al caso de Dolores de Cospedal.
Sobre la posibilidad de que las dos contrincantes de Casado en las primarias encabecen candidaturas, García Egea señaló que en el PP primero hablarán “con los interesados para ver sus perspectivas y dónde se sienten más útiles porque cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer”.
Intervención de Soraya Sáenz de Santamaría en el 19 Congreso PP. Foto: Flickr PP
Si Soraya Sáenz de Santamaría rechaza la oferta, entre los nombres que se barajan figuran el actual portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida; y el alcalde de Boadilla, Antonio García Terol. El problema del primero es que prácticamente es un desconocido. El segundo, al igual que otros dirigentes locales llamados a ocupar grandes responsabilidades –el alcalde de Las Rozas, José de la Uz; o el de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez– componen la nueva generación de casadistas en Madrid, pero algunos en el PP madrileño ven pronto su ascenso.
Por ello, hay quienes creen que Casado todavía intentará buscar una figura, sobre todo para el Ayuntamiento de Madrid, donde encajaría mejor la candidatura de una mujer ya que es muy posible que Manuela Carmena y Begoña Villacís vuelvan a repetir. En el caso de la actual regidora madrileña, lo lógico sería como cabeza de cartel de Podemos, aunque el PSOE también estaría encantado de que encabezase su candidatura como independiente.
EL ERROR DE GARRIDO AL APOYAR A SORAYA
En la Comunidad, tras la desaparición política de Cristina Cifuentes, hay más consenso dentro del PP en que el nombre no es tan relevante y que daría igual que repitiera el sustituto de esta última, Ángel Garrido, antes que poner a un desconocido para el gran público.
Garrido cometió el ‘error’ de apoyar a Sáenz de Santamaría en las primarias del PP cuando el resto de los dirigentes madrileños lo hizo por Casado, quien llegó a diputado nacional desde la atalaya de presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Así que no hay que descartar que con la exvicepresidenta en el cártel del PP para la alcaldía, la candidatura de para la región recayese en González Terol, el alcalde mejor situado.
Una vez asentado en el amor con la exprimera dama de Pronovias, Manuel Valls está cerrando en estos últimos días de agosto los últimos flecos para encabezar la lista electoral de una plataforma transversal y constitucionalista para la alcaldía de Barcelona, donde estaría Ciudadanos y asociaciones como Sociedad Civil Catalana (SCC) así como profesionales independientes.
El político francés nacido en Cataluña, que hace un año abandonó el Partido Socialista francés para apoyar el movimiento La République En Marche de Emmanuel Macron, lleva varios meses de reflexión que están a punto de concluir.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya indicó en verano que las negociaciones están muy avanzadas con Valls y que dicha plataforma liderada por Ciudadanos tendrá “muy presente” a la sociedad civil. «Estamos ultimando esa candidatura para ganar al separatismo y a (la alcaldesa de Barcelona, Ada) Colau en Barcelona» y «en pocas semanas, a la vuelta de agosto, podremos concretar eso», declaró antes de la pausa veraniega.
Fue el propio Valls el que, el pasado 20 de abril, dijo que Ciudadanos le había propuesto aspirar a la Alcaldía de la Ciudad Condal y que se lo iba a pensar, tras lo cual Rivera confirmó que habían iniciado los contactos con ese fin.
“Si somos generosos e inteligentes, se puede sumar a mucha gente que ni siquiera esté en la vida política
El líder de la formación naranja aseguró en agosto que la suma de la fuerza de un candidato como Valls y la del partido que ganó los últimos comicios autonómicos en Cataluña pueda dar lugar a una opción «muy atractiva y muy transversal para la sociedad». El objetivo, subrayó, es que Barcelona, «en vez de estar en manos del separatismo, pueda estar en la vía constitucionalista».
Rivera admitió que aún hay «muchos flecos» pendientes respecto a la fórmula concreta de la candidatura, pero hizo hincapié en que «una de las patas y la fuerza» de la misma es Ciudadanos. “Si somos generosos e inteligentes, se puede sumar a mucha gente que ni siquiera esté en la vida política», de manera que sea «un proyecto de la sociedad civil, no solo de partidos, con una visión muy amplia para transformar Barcelona», manifestó.
EL PSC, «DESMARCADO» CON LA OFERTA DE VALLS
En cuanto a la posible participación de otros partidos en esa lista municipal, el líder de C’s lamentó que el PSC ya se haya “desmarcado” diciendo que de ninguna manera va a integrarse en la nueva plataforma constitucionalista, mientras que «el PP tampoco está en eso y en Barcelona las encuestas lo dejan fuera del Ayuntamiento».
El presidente de Ciudadanos señaló que el objetivo es que «la gente quiera venir a vivir» a la capital catalana y no se vea disuadida por “problemas” relacionados con el turismo, el ‘top manta’, la conflictividad entre taxis y VTC y el “parón” producido por el separatismo catalán.
La posible candidatura de Manuel Valls también es del agrado de Inés Arrimadas, quien destacó recientemente que su entrada en la política catalana sería “una experiencia única, una lección de europeísmo en toda regla», protagonizada por una persona que nació en Barcelona, que se fue a Francia, llegó a ser primer ministro y volvió donde se fue criado para intentar ser alcalde.
En las municipales de 2015, la formación naranja cosechó más de 230.000 votos, un 7,4 % del total, y acumuló 176 concejales en toda Cataluña, sin ninguna alcaldía en sus manos, pero el crecimiento electoral que desde entonces está protagonizado el partido de Rivera y Arrimadas tendrá, con toda probabilidad, una traducción práctica en los comicios locales del año que viene.
Manuel Valls en una intervención en la Asamblea francesa. Foto: Flickr.
La jefa de la oposición en Cataluña auguró en verano que Ciudadanos experimentará en las elecciones de 2019 una «consolidación municipal muy importante» y jugará «un papel fundamental» tras los comicios, porque estará en disposición de liderar alternativas constitucionalistas en muchos lugares de Cataluña. En este sentido, Arrimadas interpeló al PSC, al que le ha pedido que reflexione sobre su política de alianzas y opte por sumar a Ciudadanos y al PP en estas.
“El PSC va a tener que decidir si sigue cometiendo el error de pactar con ERC y con partidos nacionalistas o empieza a ver que esa táctica ya no va bien, porque ceder o pactar con los nacionalistas siempre es a cambio de poner los ayuntamientos al servicio del nacionalismo”, concluyó.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se mostró ayer en contra de que “todos los españoles” costeen la defensa del juez del Supremo Pablo Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros huidos de la Justicia española.
El número tres de la formación morada reconoció que el Gobierno ha cambiado su actitud con este asunto del juez Pablo Llarena y consideró que la primera decisión, la de no asumir esa defensa, era “más sensata” ya que la demanda está motivada por unas declaraciones del juez en el ámbito privado.
“Es una consecuencia más de una estrategia irresponsable del PP respecto a Cataluña que renuncia a hacer política y se esconde detrás de jueces y tribunales y veremos más cosas absurdas en este proceso”, indicó Echenique, quien solo fue secundado por los independentistas catalanes en sus críticas a la última decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Respecto a la polémica de los lazos amarillos en Cataluña, Echenique subrayó que todas las partes deben contribuir a sosegar los ánimos y que el PP y Ciudadanos “hacen todo lo contrario y echan gasolina a los conflictos”. En su opinión, “cuando uno está en política su primer objetivo debe ser que, con sus actos y declaraciones, intentar mejorar a tu país, hacer que la convivencia sea mejor y solucionar los problemas”. Por ello, dijo no entender que haya partidos que “contribuyan a echar gasolina” cuando “todo el mundo” tenía que intentar calmar los ánimos.
Echenique dijo no ver “gran diferencia” entre poner y quitar los lazos y recordó que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, lo ve de forma similar. Por ello, insistió en que no le parece que sea el principal problema en Cataluña. “No me parece grave ni ponerlos ni quitarlos siempre que no se viole ninguna ordenanza municipal y tiene poco que ver con los problemas cotidianos de los catalanes”.
PODEMOS SIN IGLESIAS NI MONTERO
Sobre la ausencia de Pablo Iglesias y de Irene Montero de la vida pública y de la falta de visibilidad de Podemos, Pablo Echenique hizo hincapié en que en su formación “hay banquillo”, al tiempo que constató que le hace gracia que se diga que Pablo Iglesias “es él es el culpable de todo” cuando está a pleno rendimiento y ahora lo mismo que está de baja paternal. “Están cuidando a sus hijos –dijo en alusión a Iglesias y Montero- pero, obviamente, están informados de todo y habrá un momento en que vuelvan a participar de todo”.
«EL JUEZ LLARENA SE HA MOSTRADO LACAYO DE SEGÚN QUÉ DESPACHOS DE GÉNOVA 13»
Al margen de Podemos, la decisión del Gobierno socialista de defender finalmente al juez Llarena en la demanda civil presentada contra él en Bruselas provocó ayer que surgiesen las críticas tanto de ERC como PDeCAT. Así, el diputado Gabriel Rufián (ERC) afirmó que la actitud del Gobierno demuestra la «poca valentía» del presidente Sánchez y sostuvo que amparar a Pablo LLarena, que «se ha mostrado lacayo de según qué despachos de Génova 13», lo que hace es constatar que el PSOE «lo único que quiere es no molestar mucho».
Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, CarlesCampuzano, acusó directamente a Sánchez de «amedrentarse» en este asunto por «la presión de la derecha judicial, mediática y política». «No comprendemos el cambio de criterio del Gobierno», enfatizó el diputado catalán sobre la defensa de Pablo Llarena.
El hecho de que María Dolores de Cospedal esté analizando la opción de ser la cabeza de cartel del PP para las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2019, coloca al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, en la tesitura de buscar acomodo al líder de los populares en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
Si hay algún dirigente valenciano con posibilidades de cosechar votos en las autonómicas y municipales del año que viene, ese es González Pons. Pero las reticencias de este último a regresar a la política valenciana dificultan la operación. Así las cosas, la exsecretaria general del PP tendrá la última palabra ya que para Casado fue una fiel aliada entre las primarias de afiliados y la celebración del congreso nacional del PP para vencer a Soraya Sáenz de Santamaría.
Cospedal tiene aún pendiente desvelar el desenlace de la reflexión personal sobre su futuro político en la que lleva inmersa varias semanas, pero personas próximas a ella ya deslizan que está mirando con interés el desafío de Bruselas. El escaparate del Parlamento Europeo puede servir de revulsivo a Cospedal a pesar de que mucha gente ve a la institución europea como un cementerio de elefantes. Si se trabaja a fondo puede ser un excelente altavoz para seguir presente en la política española.
«tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones y sus planes de futuro para poder ver dónde puede ser más útil»
Buen ejemplo de ello es el caso de González Pons, quien tomó las riendas de la delegación española del PP tras la elección de Miguel Arias Cañete como comisario europeo y ha sido un ariete del independentismo catalán desde su escaño en la Eurocámara. Otros ejemplos de pasos exitosos por el Parlamento Europeo han sido los de José Manuel García Margallo e Íñigo Méndez de Vigo, quienes tuvieron una larga trayectoria política en Bruselas antes de desempeñar el cargo de ministros.
Los ofrecimientos del entonces presidente del Gobierno cayeron en saco roto ante las reticencias del primero a regresar a su región natal cuando los vientos de la corrupción aún no habían amainado. Ahora el contexto es distinto y esta posibilidad puede estar muy relacionada con las planes que Casado tenga para la candidatura a las europeas o los favores que le queden por pagar con la exsecretaria general del PP, por ejemplo.
COSPEDAL, «UNA EXCELENTE MINISTRA»
En el caso particular de Cospedal, su sucesor en el PP de Casado, Teodoro García Egea, comentó recientemente que “ha sido una excelente ministra y una muy buena secretaria general”, por lo que tendrá el puesto que desee y se adapte a su nueva etapa. “Ahora tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones y sus planes de futuro para poder ver dónde puede ser más útil al Partido Popular y dónde se siente ella más útil. Tendremos que verlo a la vuelta de vacaciones”, apuntó en agosto.
El nuevo secretario general destacó que hay “un resurgir de todo el Partido Popular” tras el relevo interno y en el que nadie sobra. “La gente por la calle nos pide que no dejemos que esta gente del PSOE y de Podemos campen a sus anchas por el Parlamento para desgracia de los españoles y ahora tenemos que contar con todos”, subrayó García Egea.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, apuntó ayer que ve posibilidades de arrancar al Gobierno un compromiso para eliminar el copago farmacéutico y emplazó al Ejecutivo socialista a “dar pasos valientes en consonancia con lo que piden millones de personas en la calle”. El coste de tal medida para la Administración está cifrado en 600 millones de euros a repartir entre 2019 y 2020, según la formación morada.
“Hay que eliminar el copago farmacéutico a las y los pensionistas de nuestro país. No entenderíamos que el Gobierno no aceptara una propuesta que es de absoluto consenso y de sentido común”, señaló Belarra en una entrevista en Antena3.
La cara visible de Podemos en el Congreso, mientras dure la ausencia de Pablo Iglesias e Irene Montero, abordó la reunión del pasado lunes entre el Ejecutivo y Podemos para hablar de temas sanitarios y subrayó que el fin del copago genera un “consenso total” en la sociedad española.
Belarra negó que haya “escollos” en las reuniones con el Gobierno e hizo hincapié en que se trata de un proceso “normal de negociación” entre dos fuerzas políticas que se necesitan mutuamente para asegurar la gobernabilidad progresista. Es más, adelantó que el PSOE también ha puesto sobre la mesa la eliminación del copago a determinados tipos de renta, en especial los pensionistas.
LA MINISTRA SE ADELANTÓ CON EL COPAGO
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya adelantó en junio que el Gobierno de Pedro Sánchez va a eliminar el copago de medicamentos a pensionistas y devolverá «todos y cada uno» de los derechos sanitarios «arrebatados» con la aprobación del Real Decreto 16/2012 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Montón no quiso detallar entonces cuándo se va a eliminar el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano, si bien recordó que el Gobierno ya acordó la elaboración de una hoja de ruta para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
«El compromiso es volver a recuperar todos y cada uno de los derechos arrebatados y el copago es uno de ellos. Nuestra primera prioridad era devolver la asistencia sanitaria universal y después hay que ir paso a paso recuperando cada uno de los derechos arrebatados”, insistió la ministra, quien aseguró que espera contar con el mayor consenso posible, para lo cual se comprometió a hablar con todos los actores sociales.
«Que sean la banca y las empresas del Ibex 35 las que arrimen el hombro, se aprieten el cinturón y paguen más»
Respecto a la subida de impuestos que plantea Podemos, Belarra comentó que actualmente la tasa impositiva de España es ocho puntos por debajo de la media de la UE y abogó por igualarse con el resto de países europeos.
No obstante, comentó que son los trabajadores los que pagan impuestos, situación que, a su juicio, se tiene que revertir y que sean «la banca y las empresas del Ibex 35 las que arrimen el hombro, se aprieten el cinturón y paguen más» pues algunas “están tributando al 7%”.
Para ello, Belarra insistió en la necesidad de publicar la lista de defraudadores fiscales y destacó que hoy jueves habrá una cita “importante” entre PSOE y Podemos para identificar “reformas encaminadas a eliminar los privilegios fiscales de unos pocos privilegiados”.
El diputado de Ciudadanos Toni Cantó, una de las caras más conocidas de la formación naranja, tiene previsto lanzar en los próximos días su candidatura a la presidencia de la Generalitat valenciana ante la posibilidad de que Ximo Puig decida convocar elecciones autonómicas por anticipado.
Cantó deberá someterse a unas primarias internas dentro de Ciudadanos, tal y como fijan los estatutos internos del partido, pero con el partido pacificado dentro de la Comunidad Valenciana y sin conflictos internos tras la defenestración del anterior portavoz en las Cortes, Alexis Marí, lo lógico es pensar que Cantó no tendrá problemas para resultar elegido.
La previsión es que Ciudadanos no celebre sus primarias autonómicas hasta el mes de enero, aunque los plazos se tendrían que acelerarían si Puig sorprende en las próximas semanas con el adelanto electoral. En todo caso, Cantó quiere comenzar a construir su candidatura tanto en el ámbito interno como de cara al electorado y quiere ponerse manos a la obra desde septiembre, con el fin de tener casi nueve meses para montar su equipo de campaña y preparar su estrategia electoral.
LOS SONDEOS NO AYUDAN A CANTÓ
El riesgo para Cantó es quedar en la oposición valenciana si se cumplen los sondeos actuales, que vaticinan una reedición del gobierno de formaciones de izquierda formado por el PSOE, Compromís y Podemos tras los comicios de mayo de 2019 –o antes si Puig los adelanta-.
La posibilidad de perder visibilidad política en los escaños de la oposición valenciana no asusta al que, a día de hoy, es una de las caras más conocidas de Ciudadanos a nivel nacional. Entre los objetivos del previsible candidato naranja al sillón que ocupa Puig está, en primer lugar, crecer lo suficiente para que el tripartito de izquierdas no pueda gobernar otros cuatro años.
«Si Ximo Puig se está planteando adelantarlas es porque sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso”
De ser así, C’s trataría de convertirse en el partido bisagra del PP o el PSOE para gobernar en coalición. Asimismo, en las filas naranjas se frotarían las manos con un eventual sorpasso a los populares, un hecho de enorme relevancia a nivel nacional ya que en la actualidad sólo han conseguido superar al PP en Cataluña. No hay que olvidar que hasta hace unos pocos años, la Comunidad valenciana era un granero de votos para el PP.
El también actor fue cabeza de lista por Valencia al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales y ahora no da muestras de querer seguir en Madrid. En Valencia, donde nació, tiene a su familia y ello pesa en la decisión de Cantó de volcarse en la política valenciana.
Toni Cantó en el último campus joven de C’s. Foto: Flickr
El propio Cantó aseguró en agosto que si se adelantaran las elecciones autonómicas en la Comunitat, su partido estaría preparado y que si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “se está planteando adelantarlas, es porque sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso”. No obstante, opinó que la decisión depende en realidad de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la figura más mediática de Compromís.
Preguntado por la posibilidad de que el líder del Consell decidiera anticipar los comicios, el diputado de C’s insistió en que no les da miedo dicha posibilidad ya que “han hecho un buen trabajo de implantación” y en la oposición. “Si eso sucede, llegamos con rapidez”, remarcó.
Cantó criticó que desde el PSOE, “en Madrid, se nieguen en absoluto a unas elecciones y, en cambio aquí, Puig lo tenga en cuenta debido a la división interna que existe en el tripartito y al oportunismo partidista del PSPV, que está mirando de reojo a las encuestas para ver si le conviene o no adelantar las elecciones”.
La decisión de Puig estaría motivada, a su juicio, «por un Gobierno (central) no débil, (sino) lo siguiente”. “Estamos viendo las consecuencias de esa debilidad en cómo está cediendo es asuntos fundamentales para el país, como estamos viendo en estos momentos, por quienes son sus socios y quienes son sus apoyos”, hizo hincapié.
El septiembre caliente que se espera en Cataluña, ante el primer aniversario de la consulta ilegal del 1-O, tendrá su proyección europea. Concretamente, en el Parlamento Europeo, donde los teléfonos están empezando a sonar con peticiones de comparecencia por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de la oficina del expresidente Carles Puigdemont.
Borrell ha sido el primero en cerrar un acuerdo con la institución que él mismo presidió entre 2004 y 2007. En este sentido, Borrell viajará a Estrasburgo (Francia) durante el pleno que se celebrará del 10 al 13 de septiembre. Queda por decidir el día y la hora exacta de su comparecencia ante los eurodiputados, pero no sería de extrañar que coincidiera con la Diada catalana del día 11, en la que las fuerzas independentistas quieren recuperar el pulso de la calle con una gran manifestación por las calles de Barcelona.
Puigdemont, por su parte, está intentando que le cursen una invitación para dar una rueda de prensa dentro del Parlamento Europeo después de Borrell o, en su caso, comparecer ante una comisión de la Eurocámara en la que se debatiera la situación política en Cataluña un año después del referéndum del 1-O, según adelantó ‘Okdiario’.
La idea inicial del expresidente catalán es hablar dentro de la institución europea bajo el amparo del ALDE, el grupo liberal al que todavía pertenece el PDeCAT y sus socios flamencos del Nieuw Vlaamse Alliantie, aunque la dirección del citado grupo está debatiendo internamente la exclusión de los eurodiputados neoconvergentes y tal posibilidad se ha difuminado en los últimos días.
Si Puigdemont recibe el portazo del ALDE, su ‘plan B’ sería reconducir su petición a través del partido flamenco más ultraderechista y euroescéptico, el Vlaams Belang, que forma parte del grupo Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades, una alianza que defiende el conservadurismo nacionalista y el populismo de derecha en el que está el Frente Nacional francés o la Liga Norte italiana.
«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo, pero Cataluña no es un país»
En todo caso, Puigdemont no lo tendrá tan fácil como Borrell para entrar en las instalaciones de la Eurocámara. Precisamente, hace un año el presidente del PE, el italiano Antonio Tajani, rechazó invitarle con el argumento de que no quería reconocer a Cataluña como “un país y socio que está al mismo nivel que España”.
“No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso”, dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.
«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo (…), pero Cataluña no es un país, quiero que eso quede claro, Cataluña es una comunidad autónoma que es parte de España», añadió el político italiano que forma parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE). Además, el presidente de la Eurocámara recordó que el Gobierno de España «incluye una representación de Cataluña» y reiteró su llamada a establecer «conversaciones pacíficas» dentro del marco constitucional español.
Con la posterior emisión de una orden europea de detención y entrega contra Puigdemont, se cerraron aún más las puertas de la Eurocámara para el expresidente catalán, pero ahora la situación ha cambiado al retirarse dicha orden por parte del juez Pablo Llarena tras el fiasco de la Justicia alemana.
INFORME JURÍDICO SOBRE PUIGDEMONT
Hasta que el juez del Supremo decidió suspender tanto la orden europea como la orden internacional, Puigdemont no podía entrar en el Parlamento Europeo al no ser territorio belga. La justicia de Bélgica le había prohibido abandonar el país y quedar fuera del alcance de su policía mientras decidía sobre su entrega a España. Eso le impedía acceder a la sede de la Eurocámara.
Tajani encargó en diciembre a los servicios jurídicos de la Cámara que estudiase si se le podría volver a mantener lejos de las puertas de la sede comunitaria sin euroorden, según detalló ‘El Independiente‘, y desde la presidencia del PE se mantiene que existe fundamento para renovar esa línea roja por tratarse de una persona declarada en busca y captura por un Estado miembro, en este caso España, independientemente de que pueda desplazarse con libertad por el resto del mundo.
Toda esta pugna otoñal entre el Gobierno central y la oficina de Puigdemont tendrá un epílogo en diciembre cuando el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo para exponer su visión sobre el proyecto europeo y rendir homenaje al 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española.
Ciudadanos tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados antes de final de año su proposición de ley para la regulación de la maternidad subrogada, según avanzó el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
“Antes de que acabe 2018, debatiremos y veremos si se aprueba o no esa regulación”, explicó Rivera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha trasladado su apoyo a las familias españolas que están inmersas en procesos de gestación subrogada en otros países. El dirigente de Ciudadanos pidió al Gobierno español que “ayude a estas familias en el extranjero que sufren una situación muy complicada”, aunque precisó que el problema de fondo es que se van a Ucrania porque “en su país existe una hipocresía política”.
En este sentido, consideró que España tiene que “ser un país moderno” y liderar, “igual que hizo con la ley de plazos del aborto o con la legalización del matrimonio en parejas del mismo sexo” la regulación de la gestación subrogada.
Por ello, Rivera pidió al resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso que se busquen fórmulas para “intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial”, como “han hecho 14 países modernos y avanzados” y sin que “nadie pueda abusar de una situación de esa naturaleza”.
Los mal llamados vientres de alquiler están prohibidos en España desde 2006, con la ley socialista de reproducción asistida, pero desde el año 2010 el Ministerio de Justicia permitió de facto que los españoles pudieran buscar descendencia con esta técnica en el extranjero, al fijar la Dirección General de Registros y Notariados una serie de requisitos para que los consulados pudieran inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada.
“Hay que intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial como han hecho 14 países modernos”
Los requisitos más importantes eran –y son a día de hoy– que la técnica se lleve a cabo en un país donde esté regulada, que uno de los padres sea español y que exista una resolución judicial dictada por un tribunal competente en el que se determine la filiación del recién nacido. Este último trámite solo lo cumple Estados Unidos en la actualidad, de manera que aquellos países que permiten a los extranjeros ser padres por maternidad de sustitución –Canadá, Reino Unido, Grecia, México (solo en el Estado de Jalisco), Ucrania y Rusia– o donde existe un vacío legal –no se acepta pero tampoco se prohíbe, caso de Tailandia o Kazajistán–, al final resulta que los padres se encuentran con que el consulado inscribe en el registro como madre legal a la persona que ha dado a luz, y no a la que en realidad es la madre biológica.
Este hecho obliga a esta última a iniciar los trámites de adopción del niño cuando llega a España, un proceso que se suele dilatar varios meses y que, en ocasiones, complica la vida de los padres, como ha ocurrido ahora en Ucrania. Por ejemplo, se han dado casos de guarderías que han pedido la autorización de la gestante para aceptar al bebé. También de jueces que han exigido la presencia física de la misma antes de dar luz verde a la adopción que reclama la madre española. De ahí que la opción de Estados Unidos sea la más demandada, pese a que la factura puede llegar hasta los 120.000 euros.
California lleva más de 40 años con una ley pionera que es la más garantista. Allí se necesita un abogado, una agencia de donantes, una de gestantes y una clínica de fertilidad. En este sentido, la gestación subrogada está muy pautada en dicho Estado. Así, los futuros padres se pueden entrevistar con potenciales donantes y gestantes, y estas últimas eligen a su vez a qué familia quieren ayudar a tener un hijo.
Asimismo, las gestantes tienen que haber sido madres antes de participar en este proceso y si han sufrido embarazos o partos complicados es posible que el médico de la clínica de fertilidad no las considere aptas para estos procesos. Las gestantes deben aportar un historial médico y firmar los documentos formales de paternidad fruto de la fertilización a la que se va a someter de forma voluntaria. Si la gestante está casada, su marido también tiene que dar su consentimiento. Una vez que ha nacido el bebé, y con la sentencia de conformidad en la mano, los futuros padres acuden al hospital para que preparen el certificado de nacimiento, paso previo a la inscripción del niño en el consulado como ciudadano español.
RIVERA, PARTIDARIO DE LA LEGISLACIÓN DE CANADÁ
Entre 800 y 1.000 niños españoles nacen al año en el extranjero gracias al boom de la gestación subrogada, según los datos de la Asociación Son Nuestros Hijos, que dirige el ginecólogo Pedro Fuentes, quien ha participado en actos con Ciudadanos en el que el partido naranja.
Rivera es más partidario de una legislación como la de Canadá, que se basa en el altruismo pleno de la gestante, pero no será un camino de rosas en el Congreso de los Diputados, porque la gestación subrogada provoca división en todas las formaciones –a excepción de Ciudadanos–, llegándose al insólito punto de que una parte del PP, la más conservadora y afín a los postulados de la Iglesia católica, coincide en su rechazo a los vientres de alquiler con el ala más feminista del PSOE y Podemos, que están secundadas por asociaciones como No Somos Vasijas, que defiende que las mujeres “no se pueden alquilar o vender de manera total”.
Ciudadanosapretó este miércoles a Susana Díaz con una seria de “líneas rojas” que, en caso de no prosperar, provocaría que la formación naranja no dé su apoyo a la negociación de presupuestos andaluces de 2019, lo que abocaría a la presidenta regional a un adelanto electoral.
El líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, exigió el cumplimiento de los acuerdos sobre regeneración democrática que selló con el PSOE andaluz para la investidura de Díaz y que incluye, entre otros puntos, la supresión de aforamientos y las reformas del reglamento del Parlamento y la ley electoral andaluza.
El cumplimiento de estas medidas es un «tema muy serio» que se debe cerrar con el Gobierno andaluz “antes de hablar de nada más” como los presupuestos del próximo año, subrayó Marín. El posible bloqueo a las cuentas andaluzas que ahora plantea Ciudadanos sería la excusa perfecta para que Díaz justificase el adelanto de los comicios, un tema sobre el que los partidos llevan meses especulando. Las elecciones andaluzas se tienen que celebrar en marzo de 2019 a más tardar, pero en las diferentes formaciones se da por hecho que serán en otoño.
El también candidato de C’s a las próximas elecciones andaluzas también indicó que para sentarse a negociar sobre dinero –“la parte más fácil del acuerdo”, a su juicio-, C’s tiene que comprobar que el Ejecutivo de Díaz va a llevar a cabo esas reformas.
“A nosotros nos interesa saber si va a seguir habiendo andaluces de primera o de segunda ante la Justicia. Nos interesa si el voto e los andaluces va a valer lo mismo en Andalucía vivas en Almería o en Huelva. Si de una ver por todas se van a acabar los privilegios de la clase política en Andalucía. Nos interesa esa parte del acuerdo que a día de hoy no se ha cumplido. Vamos a exigir que se cumpla”, resaltó Marín, quien propondrá a su grupo parlamentario “una comisión extraordinaria de seguimiento de los acuerdos antes de plantear ningún paso más”.
Marín hizo hincapié en que Díaz está jugando “al despiste” con el adelanto electoral y opinó que la presidenta socialista “le dará al botón” de la convocatoria “cuando menos lo esperemos”. En todo caso, a escasos seis meses de la cita con las urnas, “a nadie ya nos sorprendería si convoca o agota la legislatura”.
“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”
Por su parte, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó la “enorme irresponsabilidad” de Díaz por “alimentar una ambigüedad calculada” sobre un posible adelanto electoral y le urgió a “aclarar” ya la fecha de los comicios para acabar con un debate que perjudica, a su juicio, a la economía de la región.
“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”, señaló Moreno, quien explicó que no reclama el día exacto, sino que aclare si serán en marzo, en enero o en noviembre, y así “se acabó el debate”.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, le respondió en Twitter diciéndole que es “ridículo” que Moreno le exija a Díaz que diga públicamente la fecha de las elecciones. Por ello, Blanco lamentó que Moreno “sigaenredado en sus obsesiones” respecto a un posible adelanto electoral en Andalucía.
ACABAR CON LA «ESTABILIDAD» EN ANDALUCÍA
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que Ciudadanos está marcando «un nuevo escenario político» en Andalucía compartiendo con el PP estrategias para acabar con la «estabilidad» política y resaltó que «parece que está intentando forzar elecciones en la comunidad».
Desde hace varias semanas es el PSOE el que desliza que, en realidad, son Ciudadanos y PP los que, con su alianza a nivel nacional, están jugando a desestabilizar a Andalucía. Mientras IU, como ya hiciera antes Podemos, tendió de nuevo su mano al PSOE para negociar los presupuestos del próximo año, tal y como ocurre en Madrid.
