Canadá establece aranceles del 100% para vehículos eléctricos importados de China

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Canadá se ha unido a los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Europea para proteger su industria automotriz y de productos de acero y aluminio de la competencia desleal de China. El Gobierno encabezado por el primer ministro Justin Trudeau ha anunciado la implementación de aranceles del 100% a los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en China e importados a su país, así como impuestos del 25% a los productos de aluminio y al acero procedentes del gigante asiático.

Estas medidas buscan resguardar a los 125.000 empleos que dependen de la industria automotriz canadiense, que se enfrenta a una «competencia desleal» por parte de los productores chinos, quienes se benefician de «políticas y prácticas injustas y ajenas al mercado», según acusa el Gobierno. Además, Canadá se suma a los esfuerzos de sus aliados estadounidenses y europeos por nivelar el campo de juego en el mercado global de vehículos eléctricos y productos de acero y aluminio.

Aranceles a Vehículos Eléctricos Chinos

El Gobierno canadiense ha informado que los aranceles del 100% a los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en China e importados a su país entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2024. Estos impuestos afectarán a automóviles de pasajeros, camiones, autobuses y furgonetas de reparto eléctricos y algunos híbridos. Según el comunicado, estos aranceles se aplicarán además del arancel de importación de nación más favorecida del 6,1% que ya se aplica actualmente a los vehículos eléctricos chinos importados a Canadá.

Estas medidas buscan proteger a la industria de automoción canadiense, que se encuentra entre las primeras en el mundo en cuanto a cadena de suministro de vehículos eléctricos. Sin embargo, el Gobierno señala que los trabajadores y el sector del automóvil canadienses se enfrentan a una «competencia desleal por parte de los productores chinos», quienes se benefician de «políticas y prácticas injustas y ajenas al mercado».

Aranceles a Productos de Acero y Aluminio Chinos

Además de los aranceles a los vehículos eléctricos, el Gobierno canadiense también ha anunciado la implementación de un impuesto del 25% a los productos de aluminio y al acero procedentes de China e importados a su país. Estas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de octubre de 2024.

El Ejecutivo canadiense señala que la «política intencional y dirigida por el Estado de China de sobrecapacidad y la falta de normas laborales y ambientales rigurosas» amenazan a los trabajadores y las empresas de la industria de vehículos eléctricos en todo el mundo, y «socavan la prosperidad económica a largo plazo de Canadá«.

Cabe destacar que el sector automovilístico de Canadá está altamente integrado con el de Estados Unidos, ya que la gran mayoría de su producción de vehículos ligeros se exporta hacia su vecino del sur. Por lo tanto, estas medidas arancelarias también tienen como objetivo alinearse con los esfuerzos de su aliado estadounidense, quien este año ha impuesto un arancel del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China.

Próximas Consultas y Medidas

Finalmente, el Gobierno de Canadá anuncia que pondrá en marcha una segunda consulta de 30 días sobre la imposición de aranceles adicionales a otros sectores fundamentales «para la prosperidad futura de Canadá», como las baterías y sus componentes, los semiconductores, los productos solares y los minerales esenciales.

Asimismo, el Gobierno canadiense revela su intención de limitar la elegibilidad para los Incentivos para Vehículos de Cero Emisiones (iZEV), los incentivos para Vehículos Medianos y Pesados de Cero Emisiones (Imhzev) y el Programa de Infraestructura para Vehículos de Cero Emisiones (ZEVIP) a los productos fabricados en países que han negociado acuerdos de libre comercio con Canadá.

En conclusión, las medidas adoptadas por el Gobierno de Canadá buscan proteger a su industria automotriz y de productos de acero y aluminio de la competencia desleal de China, alineándose con los esfuerzos de sus aliados estadounidenses y europeos. Estas acciones tienen como objetivo nivelar el campo de juego y garantizar la prosperidad económica a largo plazo de Canadá.

El PP llevará al Parlamento gallego la demanda de reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

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El Partido Popular (PP) de Galicia ha anunciado que llevará al Parlamento autonómico una iniciativa para exigir al Gobierno central español que reconozca a Edmundo González como el «presidente legítimo» de Venezuela y defienda ante la Unión Europea «el mantenimiento de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro«.

La vicepoportavoz parlamentaria y secretaria xeral del PP de Galicia, Paula Prado, ha dado a conocer esta propuesta durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la Cámara gallega. Prado ha expresado su confianza en que los demás grupos políticos apoyen esta iniciativa, que pretenden llevar al primer pleno del curso político.

Críticas del PP al Bloque Nacionalista Gallego

En este contexto, Prado ha cargado duramente contra el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) por su «plena confianza» en el sistema electoral venezolano y por haber «felicitado al dictador», en referencia a Maduro. La dirigente popular ha afirmado que «en su estilo de blanquear el comunismo y el terrorismo, ahora se le une la defensa del autoritarismo y la dictadura».

Por el contrario, Prado ha defendido que el PP «tomó la iniciativa política desde el minuto uno» para «defender la libertad y la democracia» en Venezuela. En esta línea, la propuesta no de ley que llevarán al Parlamento gallego pretende reclamar al Gobierno central que se posicione a favor de los opositores venezolanos.

Propuestas Concretas del PP Gallego

El texto que los populares llevarán a debate en la Cámara gallega propone que España «lidere» el reconocimiento de Edmundo González como «presidente electo legítimo» de Venezuela y que se lleve a cabo «una transición pacífica del país hacia una democracia plena».

Además, también reclama la condena de la «política de criminalización» del «régimen» de Maduro hacia los opositores, que las administraciones públicas faciliten la tramitación de solicitudes de protección internacional presentadas por ciudadanos venezolanos «que huyen de la opresión política y de la exclusión económica y social», así como que se mantengan las «sanciones» desde la UE a Venezuela.

Por último, la iniciativa plantea que España reconozca la situación de «emergencia humanitaria» en el país latinoamericano y la condición de «víctimas de persecución política de los exiliados venezolanos» que se encuentran actualmente en el país.

Regulan centros de recogida de caza y limita a dos piezas por cazador al día

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La caza es una actividad tradicional y relevante en la región de Andalucía, pero es fundamental garantizar que la carne de caza que llega a los consumidores cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado recientemente un nuevo decreto que regula las condiciones sanitarias que debe reunir la carne de caza para el consumo humano en la comunidad autónoma.

Este nuevo marco normativo es el resultado de una adaptación a las recientes actualizaciones en la legislación nacional y europea en materia de higiene y control de productos alimenticios. El objetivo es garantizar la trazabilidad y la seguridad de la carne de caza que llega a los establecimientos y a los consumidores finales.

Requisitos Sanitarios y Novedades Clave

El decreto establece los requisitos de salud pública sobre higiene y controles sanitarios aplicables a la carne de caza mayor y menor destinada tanto a la comercialización como al autoconsumo. Entre las novedades más relevantes se encuentran:

Centros de Recogida de Caza

Se adopta la figura de los centros de recogida de caza, que son establecimientos registrados o autorizados en los que se reciben las piezas de caza tras un primer examen. Esto permite organizar el traslado de las piezas a otros centros de recogida o a establecimientos de manipulación con las condiciones de frío adecuadas.

Límite de Piezas por Cazador

Se limita a dos piezas por cazador, coto y día las que pueden ser informadas antes de ser entregadas a un establecimiento. Esta medida responde a una solicitud previa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

Veterinarios y Guardas de Coto Formados

El decreto simplifica los requisitos de formación exigidos a los veterinarios autorizados para estas actividades, al tiempo que incorpora a los guardas de coto como personas cazadoras formadas.

Análisis de Triquina Obligatorio

Ante el riesgo de triquinosis, en el caso de especies sensibles a la triquina, la norma establece que todos los animales se deben someter a un análisis de detección de triquina antes de su consumo, realizado por personal adecuado y con métodos específicos.

Mejoras en la Trazabilidad y la Higiene

Además de los requisitos sanitarios, el decreto también introduce mejoras en la trazabilidad y la organización de la actividad de caza:

  • Se abre la posibilidad de que personas físicas o jurídicas puedan realizar la actividad de centros de recogida de caza, lo que puede mejorar las condiciones de higiene al poder aplicar frío con mayor prontitud.
  • Se permite el envío de piezas de caza a cotos no colindantes para la realización del primer examen, atendiendo a la reclamación de la Federación de Caza y de algunos titulares de cotos locales.
  • El decreto se adapta a las nuevas normas de tramitación electrónica, siguiendo el decreto de 2019 de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

En resumen, este nuevo decreto regulatorio representa un **avance significativo en la *seguridad alimentaria* relacionada con la carne de caza en Andalucía**. Al establecer requisitos sanitarios más estrictos, *mejorar la trazabilidad* y organizar mejor la actividad cinegética, se protege la salud pública y se garantiza la calidad de los productos de caza que llegan a los consumidores.

En las últimas horas, una media de 500 marroquíes y argelinos han intentado entrar en Ceuta

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La ciudad autónoma de Ceuta, situada en el norte de África, se enfrenta en estos momentos a una presión migratoria sin precedentes. Según los informes de las autoridades locales, la media de intentos de entrada de inmigrantes desde Marruecos y Argelia se ha elevado a 500 personas por día en las últimas horas, desbordando por completo los recursos de la ciudad.

Tan solo el pasado domingo, 1.500 personas intentaron cruzar ilegalmente a Ceuta, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha reconocido abiertamente que la situación actual es de extrema presión migratoria, poniendo a prueba todo el sistema de la ciudad y, en última instancia, al Estado español.

CENTROS DE ACOGIDA DESBORDADOS Y NUEVAS INSTALACIONES EN PREPARACIÓN

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se encuentra muy por encima de su capacidad, albergando a cerca de 800 residentes, cuando su aforo máximo es de 512 plazas. Ante esta situación, la Delegación del Gobierno está trabajando en coordinación con el Gobierno local y el Ministerio de Juventud e Infancia para habilitar nuevos espacios de acogida, especialmente para menores que llegan a la ciudad.

Pérez ha explicado que existen instalaciones que se pueden acondicionar para acoger a los menores, y que en ello están trabajando de forma prioritaria. Esta medida se considera crucial para hacer frente a la ola migratoria que ha desbordado por completo los recursos de la ciudad.

Además, la delegada ha informado que la media de devoluciones diarias oscila entre las 150 y 200 personas, gracias al convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país de origen a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.

ESFUERZOS COORDINADOS Y AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES MARROQUÍES

Cristina Pérez ha reconocido que la presión migratoria que sufre Ceuta actualmente «es extrema y muy elevada«, y que pone a prueba el sistema de la ciudad «y, a fin de cuentas, el Estado». En este sentido, ha agradecido la respuesta ofrecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al fenómeno migratorio que se está viviendo.

Asimismo, la delegada ha informado que se han reforzado los medios de la Guardia Civil, mientras que también ha subrayado el trabajo de la Policía Nacional y del área de Menores.

Pero quizás uno de los aspectos más destacados de su intervención ha sido el agradecimiento expresado a las autoridades marroquíes. Pérez ha afirmado que «quiere dar las gracias desde esta Delegación del Gobierno» y, de forma personal, «como delegada del Gobierno, quiere agradecer a las autoridades marroquíes el trabajo que están desarrollando».

La delegada ha reconocido que la labor de las autoridades marroquíes no es fácil, pues deben hacer frente a una situación compleja en sus propias costas. Sin embargo, su colaboración es importantísima para la ciudad de Ceuta, ya que «no solo están desplegando los medios para contener esa migración que viene a Ceuta, sino que también están admitiendo a esas personas que, una vez en la ciudad, deben ser devueltas a su país de origen».

COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA PRESERVAR LOS INTERESES DE CEUTA

Cristina Pérez ha manifestado que «sin la ayuda de Marruecos, la situación sería mucho más complicada» para Ceuta. Además, ha destacado que «el compromiso del Gobierno de España existe y está por y para preservar los intereses de la ciudad de Ceuta con todas las garantías que los cuerpos legales le ofrecen».

Esta declaración de la delegada del Gobierno en Ceuta pone de manifiesto el reconocimiento de la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada entre las diferentes instancias gubernamentales, tanto españolas como marroquíes, para hacer frente a esta crisis migratoria sin precedentes que vive la ciudad autónoma de Ceuta.

Uruguay permite a Paranair abrir una nueva ruta que unirá Montevideo y Salto con Asunción

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La noticia sobre la firma de una autorización que permite a la aerolínea paraguaya Paranair operar un nuevo vuelo entre Asunción y las ciudades uruguayas de Montevideo y Salto, destaca la reactivación de la conectividad aérea entre ambos países. Este acuerdo, enmarcado en la política de cielos abiertos de Uruguay, abre nuevas posibilidades para el turismo y el transporte de pasajeros y cargas en la región.

Detalles de la Nueva Ruta Aérea

La aerolínea Paranair dispondrá de 14 frecuencias semanales entre Montevideo y Asunción, y se ha habilitado una nueva ruta de dos días a la semana que conectará Asunción, Montevideo y Salto, con su correspondiente regreso. El avión que realizará este trayecto entre Asunción y Salto tendrá una capacidad de 40 plazas.

El subsecretario del Ministerio de Transporte de Uruguay, Juan José Olaizola, destacó la importancia de este acuerdo, afirmando que es «el primer paso para reactivar la conectividad aérea uruguaya en vuelos de pasajeros o transporte». Resaltó que esta es la primera autorización a una nueva terminal del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para operar vuelos desde y hacia Uruguay, en este caso, el Aeropuerto de Salto.

Impacto en el Turismo y la Conectividad Regional

La nueva ruta aérea posibilita que turistas paraguayos y uruguayos visiten la zona termal de Salto y conozcan el sistema productivo del litoral y el norte del país. Además, el subsecretario Olaizola mencionó que esta iniciativa genera posibilidades para que otras aerolíneas encuentren nichos en el interior del país, y que hay conversaciones para que más de una aerolínea llegue al Aeropuerto Binacional de Rivera.

Este acuerdo se basa en la política de cielos abiertos que Uruguay ha firmado con Argentina, Chile y Paraguay, y se está trabajando para alcanzar un acuerdo similar con Brasil, lo que fortalecería aún más la conectividad regional.

En resumen, la firma de esta autorización para Paranair representa un hito importante en la reactivación de la conectividad aérea entre Paraguay y Uruguay, abriendo nuevas oportunidades para el turismo, el transporte de pasajeros y cargas, y la ampliación de la presencia de aerolíneas en el interior del país. Este es un paso adelante en la integración regional y el fomento de la movilidad entre ambos países.

Podemos exige transparencia en Venezuela y critica a la «oposición golpista»

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La política española se ha visto envuelta en debates candentes en torno a dos temas que han acaparado la atención nacional e internacional: la situación electoral en Venezuela y las relaciones de España con Israel. En este artículo, analizaremos la perspectiva de Podemos, uno de los principales partidos políticos españoles, sobre estos asuntos de vital importancia.

Exigiendo Transparencia en Venezuela

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en la necesidad de que se muestren las actas electorales en Venezuela para «que se respete la soberanía del pueblo venezolano». Fernández ha cargado duramente contra la oposición venezolana liderada por Edmundo González y María Corina Machado, calificándola de «verdaderamente vomitiva» y con una «actitud golpista». En sus declaraciones, el portavoz de Podemos ha expresado que «es absolutamente execrable y verdaderamente vomitiva la actitud golpista de la oposición venezolana, una oposición abiertamente antidemocrática».

Sin embargo, Fernández ha reiterado la importancia de que «se enseñen todas las actas y que, a partir de ahí, se respete la soberanía del pueblo venezolano», algo que ya había solicitado la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, durante la semana pasada. El portavoz de Podemos ha recalcado que «lo que debería hacerse es entregar y enseñar las actas con total transparencia».

Críticas a la Oposición Española

Además, Fernández ha cargado contra el Partido Popular (PP) y Vox por «secundar en España» a la «oposición golpista de Venezuela» con discursos que, según ha dicho, son «abiertamente golpistas y violentos». El portavoz de Podemos ha expresado su malestar al señalar que «me da vergüenza ajena ver cómo esa oposición golpista de Venezuela tiene su traslación en nuestro país a través del Partido Popular y de Vox».

Ruptura de Relaciones con Israel

En otro ámbito, el portavoz de Podemos ha reiterado la petición de su partido de que el Gobierno español rompa las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, al que ha tildado de «genocida. Fernández ha recordado al Ejecutivo que «debería hacer mucho más» para que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, «deponga su actitud».

El portavoz de Podemos ha sido contundente en sus declaraciones, afirmando que «es una absoluta vergüenza que España siga comprando y vendiendo armas al Estado genocida de Israel y creemos que el Gobierno debería hacer mucho más para que el genocida Netanyahu deponga esa actitud verdaderamente execrable». Además, ha denunciado «la pasividad de la comunidad internacional ante el conflicto en Gaza.

En resumen, Podemos ha adoptado una posición firme en torno a la situación en Venezuela, exigiendo transparencia electoral y criticando duramente a la oposición venezolana y a la oposición española que la respalda. Asimismo, el partido ha reiterado su llamado a que el Gobierno español rompa relaciones con Israel, a quien acusa de genocida, y tome medidas más contundentes contra el primer ministro Netanyahu.

El PSC declara que el Govern honrará el acuerdo de financiación de Cataluña pactado con ERC

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En un momento crucial para la política catalana, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y el Gobierno de la Generalitat se han comprometido a cumplir en su totalidad el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en materia de financiación. Este pacto, que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, representa una oportunidad para avanzar hacia una solución que beneficie a todos los catalanes.

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que tanto su partido como el Ejecutivo catalán asumen la responsabilidad de cumplir al pie de la letra lo acordado. Esta determinación demuestra un claro compromiso con la mejora de los servicios públicos, objetivo primordial del nuevo Gobierno.

Una Financiación Catalana Propia: Un Camino hacia la Solidaridad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su firme intención de buscar los medios para hacer efectiva la financiación catalana propia. Esta reforma legal, enmarcada en la Constitución española, tiene como finalidad mejorar la calidad de los servicios públicos en Cataluña.

Illa ha invitado a adoptar un enfoque constructivo en este proceso, alejándose de los discursos confrontacionales que tanto han marcado el debate en torno a la financiación autonómica. En su opinión, Cataluña debe ser solidaria y ayudar a mejorar España, lo que implica encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos.

La complejidad de esta reforma no es un secreto, pero el Gobierno catalán está decidido a trabajar arduamente para hacerla realidad. Será un desafío, pero con una actitud comprometida y una visión a largo plazo, se pueden alcanzar los objetivos planteados.

Cumplimiento del Acuerdo: Un Compromiso Inquebrantable

Tras la reunión de la Ejecutiva del PSC, Lluïsa Moret ha reafirmado el compromiso de su partido y del Gobierno de la Generalitat de cumplir al 100% lo acordado con ERC en materia de financiación. Este documento, de dominio público, refleja el resultado de un arduo trabajo conjunto y es la hoja de ruta a seguir.

Moret ha hecho hincapié en que esta determinación demuestra la responsabilidad que el Ejecutivo catalán asume en el cumplimiento de lo pactado. Cumplir la literalidad del acuerdo es una prioridad fundamental para el Gobierno, lo que garantiza la transparencia y la confianza en el proceso.

La financiación catalana propia no será una tarea sencilla, pero el Gobierno está decidido a perseverar y a encontrar los caminos y las maneras de hacerla efectiva. Con un enfoque constructivo y una visión de futuro, Cataluña puede convertirse en un ejemplo de solidaridad y contribuir a mejorar el conjunto de España.

El Gobierno es acusado por la Junta de mostrar falta de humanidad hacia los menores migrantes que llegan a Andalucía como adultos

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Andalucía, la región sureña de España, se prepara para recibir esta semana a seis nuevos menores migrantes no acompañados provenientes de Ceuta. Esta noticia llega en medio de una creciente tensión entre el Gobierno regional de Andalucía y el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, respecto a la atención y financiación de estos jóvenes migrantes.

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «falta de humanidad» hacia los menores migrantes no acompañados que llegan a Andalucía. Según España, estos menores están siendo «colados por la puerta de atrás» y tratados como adultos, sin recibir la financiación necesaria para atenderlos adecuadamente.

Andalucía se encuentra en una situación complicada, con sus centros de acogida al 115% de su capacidad. Sin embargo, la consejera de Economía ha dejado claro que el problema no radica en la falta de plazas, sino en la «falta de humanidad del Gobierno» que no proporciona la financiación necesaria para garantizar los derechos de estos jóvenes migrantes. España ha reclamado «coordinación, planificación y financiación» por parte del Gobierno central.

El PP Descarta Acuerdo para Reforma de Ley de Extranjería

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de repartir de forma obligatoria a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

Sémper ha criticado duramente la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que «el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado» ante este problema. El portavoz del PP ha acusado al Ejecutivo de «dar patada pa’lante» y tratar a los migrantes «como paquetería».

Gobierno Busca Acuerdo con PP para Modificar Ley de Extranjería

En respuesta a estas críticas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se intensificará el trabajo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para lograr la modificación de la Ley de Extranjería. El objetivo es hacer obligatoria la distribución de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, lo que se considera la «única solución» para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, principales puntos de llegada de estos jóvenes.

En medio de esta disputa política, Andalucía se prepara para recibir a seis nuevos menores migrantes no acompañados, sumándose a los seis que ya se encuentran en la región. La cuestión de la atención y financiación de estos jóvenes migrantes sigue siendo un desafío que enfrenta el Gobierno central y las comunidades autónomas, y que requiere de una solución consensuada y con un enfoque de derechos humanos.

Se exige explicaciones a Montero sobre el «cupo catalán» y un fondo transitorio de nivelación

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El Gobierno andaluz del Partido Popular-Andalucía (PP-A) ha solicitado explicaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el llamado «cupo catalán» y ha reiterado su demanda de un «fondo transitorio de nivelación» para compensar a comunidades «infrafinanciadas» como Andalucía mientras se reforma el sistema de financiación autonómica. Estas reclamaciones se enmarcan en un contexto de tensión política entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, donde se acusan mutuamente de «mentir» a los ciudadanos y de anteponer intereses partidistas a la resolución de los problemas de financiación que afectan a varias comunidades autónomas.

La portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez «está traicionando a los andaluces» y ha advertido de que desde el Ejecutivo autonómico «no van a consentir que se tome por tontos a los andaluces». Además, ha denunciado que la ministra Montero «está defendiendo lo indefendible» y ha criticado que no se haya reunido con las comunidades autónomas para abordar una reforma del sistema de financiación.

La reclamación del «fondo transitorio de nivelación»

La Junta de Andalucía ha solicitado reiteradamente la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé «explicaciones» sobre el «cupo catalán» y su impacto en la financiación de otras comunidades autónomas, como Andalucía. Según la consejera portavoz, este «cupo» afectará directamente a la sanidad, la educación, la dependencia, las inversiones, los colectivos vulnerables, las familias, el transporte público y las carreteras de Andalucía.

Además, la Junta de Andalucía ha exigido que se ponga en marcha un «fondo transitorio de nivelación» para compensar a las comunidades «infrafinanciadas», como la andaluza, mientras se lleva a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica. Según Carolina España, este fondo fue una propuesta que la propia María Jesús Montero planteó cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno socialista andaluz.

La demanda de una reforma «urgente» del sistema de financiación

La Junta de Andalucía considera «urgente» reformar el sistema de financiación autonómica, ya que Andalucía recibe una «financiación injusta» y sufre un «déficit de financiación» que supera los 15.000 millones de euros, cifra que ascendería a unos 20.000 millones si se suman otros «agravios económicos».

Carolina España ha criticado que, en los seis años que María Jesús Montero lleva como ministra de Hacienda, «el déficit de financiación de Andalucía se ha triplicado». Además, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no le interesa resolver el problema de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas» y que lo único que le interesa es «mantenerse unos meses más en la Moncloa».

La Junta de Andalucía ha advertido que defenderá los intereses de los andaluces y de los españoles en general «con todos los medios» a su alcance, «en el ámbito político, con iniciativas parlamentarias, en los ayuntamientos, en el Parlamento, pidiendo también la celebración del CPFF» y, «en el ámbito jurídico, recurriendo al Tribunal Constitucional si fuera necesario». Además, ha solicitado a la sociedad civil que «manifieste alto y claro lo que opina con respecto a estos agravios que se están produciendo permanentemente con Andalucía».

La AUGC informa sobre la llegada de menores migrantes ‘nadadores’ a Ceuta y demanda refuerzos por la situación crítica

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La ciudad autónoma de Ceuta enfrenta una creciente crisis migratoria en su frontera con Marruecos, donde un número cada vez mayor de migrantes, incluidos muchos menores de edad, intentan cruzar a nado de forma irregular. Esta situación ha generado una enorme presión sobre las autoridades españolas, que claman por un aumento urgente de los recursos y medios policiales para hacer frente a esta situación.

Desbordados por los «Nadadores»

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alertado sobre la gravedad de la situación en el paso fronterizo del Tarajal, donde los agentes se encuentran desbordados ante la llegada constante de migrantes que intentan acceder a Ceuta a través de la vía marítima. Según el portavoz nacional de AUGC, Pedro Carmona, el fenómeno de los migrantes «nadadores» se ha acentuado gravemente en las últimas semanas, aprovechando la niebla densa en la zona y los espigones fronterizos.

La AUGC ha reclamado al Ministerio del Interior que de forma urgente incremente los medios y recursos policiales en este crítico paso fronterizo, ya que los agentes están continuamente expuestos al riesgo en la frontera, sin ser considerados trabajadores de riesgo. Carmona ha exigido que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a esta situación «muy preocupante».

El Gobierno de Ceuta Pide Ayuda

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha vuelto a lanzar un mensaje de «socorro» y a reivindicar la dotación de más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vivas ha agradecido la «excelencia» de las autoridades españolas y la «colaboración» de Marruecos, que han trabajado para contener la «avalancha» que se cernía sobre Ceuta.

Sin embargo, el mandatario ceutí ha reconocido que la capacidad de acogida de menores migrantes en la ciudad se encuentra desbordada, pasando de 150 en enero a 475 actualmente, a pesar de tener capacidad para atender a solo 132. Ante esta situación, Vivas ha anunciado su intención de derivar a parte de estos menores a la península.

Un Llamado a la Acción Urgente

La crisis migratoria en Ceuta ha alcanzado niveles críticos, con un flujo constante de migrantes, muchos de ellos menores, que intentan cruzar la frontera de forma irregular. Las autoridades españolas y los cuerpos de seguridad se encuentran desbordados y expuestos al riesgo, lo que ha llevado a la AUGC y al presidente de Ceuta a exigir un aumento urgente de los recursos y medios policiales para hacer frente a esta situación. Es evidente que se requiere una respuesta rápida y coordinada para manejar esta crisis humanitaria y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Solicitan a Von der Leyen una visita y un plan migratorio específico para las islas

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Las Islas Canarias se han convertido en la ruta migratoria más mortífera del mundo, con un fallecido cada 45 minutos y más de 55.000 personas llegadas en el último año, de las cuales 5.200 son menores bajo tutela. Esta situación ha desbordado por completo a la región, con instituciones, fuerzas de seguridad y la propia sociedad sin capacidad para hacer frente a esta crisis humanitaria.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para invitarla a visitar el archipiélago y conocer de primera mano la gravedad de la situación migratoria. Clavijo espera que Von der Leyen haga lo mismo que con su visita a la isla de Lampedusa el año pasado, lo cual motivó el despliegue de un plan migratorio especial.

La Necesidad de una Respuesta Integral

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que la Unión Europea «no puede estar de espalda» a esta crisis, y que Canarias «no aguanta más. Cabello ha apelado a sacar la derivación de menores no acompañados del ruido político, para lograr una «respuesta humanitaria» tanto del Estado como de la UE.

Cabello ha anunciado que Clavijo comparecerá ante el Parlamento de Canarias el próximo 6 de septiembre, en un pleno extraordinario, para actualizar la situación de la inmigración en el archipiélago y «reafirmar» el «frente común» migratorio de la Cámara, a excepción de Vox.

La Búsqueda de Soluciones Consensuadas

El portavoz ha resaltado la «implicación» del vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), en la búsqueda de un acuerdo para la derivación obligatoria de menores migrantes, la cual considera la «única solución posible» para las islas. Espera que las instrucciones cursadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus ministros para lograr un acuerdo den sus frutos, ya que la situación es «límite» y no hay «plan b«.

Cabello ha reconocido que durante el mes de agosto se han mantenido contactos con grupos políticos, principalmente con el PP, que defiende principalmente que se fije un mecanismo para poder hacer contrataciones en base a la emergencia migratoria, afinar mejor la financiación y que se convoque una Conferencia de Presidentes, que Canarias espera incluya en agenda la migración y la financiación autonómica.

En resumen, la crisis migratoria que atraviesa Canarias ha alcanzado niveles críticos, desbordando por completo a la región. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias hace un llamado a la Unión Europea y al Gobierno central para que tomen medidas urgentes y consensuadas, que permitan hacer frente a esta emergencia humanitaria de manera efectiva y coordinada.

Podemos pone fin a la legislatura progresista por la inacción del PSOE y abre la puerta a la prórroga de los PGE

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El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha declarado el fin de la «legislatura progresista» debido a la «inacción» del PSOE, quien prefirió llegar a un «pacto de la vergüenza» con el PP para la renovación del Poder Judicial. Fernández ha apuntado también a la posibilidad de una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), advirtiendo que Podemos no permitirá ningún «recorte» en las negociaciones.

En una rueda de prensa, Fernández no aclaró su posición sobre las peticiones de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, señaló que el «problema» radica en que el PSOE «ha matado la legislación progresista» al consumar el pacto con el PP, lo cual, a su juicio, pone fin a esta etapa.

El dirigente de Podemos criticó que Sánchez haya acabado con las políticas progresistas y no tenga intención de tomar «ninguna medida en clave de transformación ni avance en derechos en este país». Lamentó que los socialistas prefieran una «gran coalición» con el PP en lugar de avanzar en cuestiones sociales.

Dudas sobre los Presupuestos y la Turistificación

Cuestionado por la negociación de los Presupuestos, Fernández reconoció que es «pronto» para dar una respuesta, pero volvió a denunciar la «inacción» del PSOE, lo cual genera dudas sobre si se presentarán nuevas cuentas públicas. En caso de que se inicien las negociaciones, Podemos no permitirá recortes ni políticas «que se encaminen y se encaucen por la senda de la austeridad».

Por otra parte, Podemos respaldó las movilizaciones ciudadanas contra la masificación turística y sus efectos negativos, especialmente en el ámbito de la vivienda. Fernández reclamó al Ejecutivo que «actúe de una vez por todas» y propuso medidas concretas, como prohibir la adquisición de viviendas por parte de no residentes, congelar los precios de alquiler y establecer una moratoria para las viviendas turísticas.

Permiso Parental, una Deuda Pendiente

Finalmente, Fernández reiteró la petición a Sánchez para que cumpla con la legislación europea y apruebe «con carácter de urgencia» la remuneración del permiso parental de cuidados de ocho semanas por hijo hasta los ocho años. Según Podemos, este permiso busca blindar el derecho al cuidado y la conciliación de los padres y madres trabajadoras, pero actualmente no está remunerado en España, lo que supone una «barrera económica insalvable» para muchas familias.