Heineken España logra récord de ingresos de 1.085 millones en 2023, pese a caída del 47% en beneficios

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En un entorno empresarial cada vez más competitivo, Heineken España ha demostrado su capacidad de adaptación y resiliencia. La compañía cervecera, conocida por marcas icónicas como Cruzcampo y El Águila, ha logrado mantener su liderazgo en el mercado español a pesar de los desafíos económicos y de transformación que ha enfrentado durante el último año.

Según el reciente Estado de Información No Financiera (EINF) de la empresa, Heineken España alcanzó unos beneficios de 67 millones de euros en 2023, lo que representa un 47% menos que los 127,02 millones de euros registrados en 2022. Sin embargo, la compañía ha resaltado que este resultado se ha visto impactado por un proceso de transformación interno orientado a asegurar su competitividad y crecimiento a futuro, lo que ha implicado impactos coyunturales, como el del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y las indemnizaciones, o la provisión por la venta de activos a Refrival.

UNA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO Y COMPROMISO CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A pesar de estos desafíos, Heineken España ha logrado mantener una trayectoria de crecimiento, registrando una facturación récord de 1.085,5 millones de euros en 2023, lo que representa un aumento del 12,7% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se ha reflejado tanto en el canal de alimentación como en el de hostelería, donde la compañía ha superado el desempeño del mercado.

Además, la apuesta por el portafolio premium, liderado por la marca El Águila, ha dado sus frutos, con un alza del 30% en volumen y un claro liderazgo en el segmento premium en Europa. Asimismo, la compañía ha seguido innovando, presentando novedades como El Águila Sin Filtrar 0,0 y Ladrón de Verano.

En el ámbito económico, Heineken España ha destacado por su contribución a la economía española, aportando 296,6 millones de euros en impuestos, lo que supone un 2% más que el año anterior. Además, la empresa ha generado alrededor de 83.626 puestos de trabajo indirectos, tractores e inducidos, además de emplear a casi 1.400 personas en su plantilla.

INVERSIONES Y COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

La importancia de España para el Grupo Heineken se refleja en las inversiones realizadas en el mercado nacional. En los últimos tres años, la compañía ha destinado casi 190 millones de euros a activos fijos y más de 30 millones de euros a iniciativas de sostenibilidad y acción social. Solo en 2023, la empresa invirtió 73,7 millones de euros en la modernización de sus centros de producción y más de 9 millones de euros en proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Además, Heineken España apuesta por los proveedores nacionales, priorizando en la medida de lo posible las materias primas de proximidad, lo que le permite reducir el impacto ambiental al minimizar el transporte y mantener la frescura de las materias primas. En 2023, el 93% de las materias primas empleadas provenían de proveedores locales, demostrando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el desarrollo local.

REINVENTÁNDOSE PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL MERCADO

En resumen, Heineken España ha demostrado su capacidad de adaptación y su compromiso con la economía y la sostenibilidad en España. A pesar de los desafíos enfrentados en 2023, la compañía ha logrado mantener su liderazgo en el mercado, invertir en su futuro y contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social del país.

La transformación y el proceso de reinvención que Heineken España está llevando a cabo, unido a su sólida trayectoria de crecimiento y su responsabilidad social, le permiten afrontar los retos del mercado con fortaleza y determinación, consolidando su posición como una empresa clave en el sector cervecero español.

El PSOE gallego presiona a Feijóo y Rueda para que rindan cuentas sobre el Hospital Cunqueiro

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El informe de Fiscalización del Consello de Contas sobre el Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha generado un gran revuelo en la comunidad gallega. Este documento pone de manifiesto irregularidades y sobrecostes en la construcción y gestión del hospital, lo que ha desencadenado fuertes críticas de la oposición política hacia los responsables de esta decisión.

El informe del Consello de Contas sobre el Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro ha desencadenado un intenso debate en torno a la gestión de los fondos públicos y la transparencia en la toma de decisiones.

Cuestionamiento del Modelo de Gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro

El informe del Consello de Contas ha puesto de manifiesto que el modelo de concesión conjunta de la construcción y gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro no fue la opción más eficiente. Según el documento, haber licitado de manera separada la obra y los servicios del centro hospitalario habría supuesto un ahorro de más de 470 millones de euros, incluyendo el IVA.

Esta conclusión ha generado una ola de críticas hacia los responsables de esta decisión, principalmente el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el actual líder autonómico, Alfonso Rueda. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido explicaciones inmediatas sobre el modelo escogido, lamentando la «falta de transparencia» y la «opacidad en la contratación» que se denuncia en el informe.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido aún más contundente en sus declaraciones. Según el regidor olívico, este sobrecoste de 470 millones de euros se ha destinado a un «fondo de inversión buitre francés«, lo que considera inaceptable. Caballero ha reclamado explicaciones no solo al actual presidente autonómico, sino también a Feijóo, recordando que en 2015 más de 200.000 personas salieron a la calle para protestar contra este modelo de gestión.

Posibles Responsabilidades y Acciones Legales

Ante esta situación, el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha presentado una batería de medidas en el Parlamento de Galicia para solicitar al Gobierno autonómico explicaciones en sede parlamentaria. Besteiro ha señalado que los socialistas estarán «atentos» por si hay «responsabilidad de alcance a las cuentas públicas«, ya que son «cifras muy importantes» y decisiones «de dudosa trascendencia legal«.

Asimismo, el informe del Consello de Contas será enviado al Tribunal de Cuentas, lo que podría desembocar en futuras acciones legales. Según Besteiro, «todo parece indicar que sí» hay responsabilidades, dada la magnitud del sobrecoste y la presunta opacidad en la contratación.

Implicaciones y Lecciones Aprendidas

Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La decisión de optar por un modelo de concesión conjunta, a pesar de las advertencias y protestas ciudadanas, ha resultado en un enorme sobrecoste que podría haber sido evitado.

Además, este episodio genera dudas sobre la toma de decisiones y la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. La exigencia de explicaciones y posibles responsabilidades legales subraya la necesidad de un mayor escrutinio y control democrático en la administración pública.

El PP denuncia que el Gobierno niega 20 millones en ayudas a enfermas de cáncer de mama avanzado para costear dos fármacos

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En un momento en el que el Gobierno ha acordado con Esquerra Republicana 200 millones de euros para fomentar el catalán, el Partido Popular acusa al Ejecutivo de negar 20 millones de euros anuales para financiar dos medicamentos que mejorarían la calidad de vida y darían más años de vida a las pacientes de cáncer de mama metastásico.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha señalado que «si un medicamento funciona, como es este caso, porque se ha demostrado y en más de 17 países de la Unión Europea se está financiando, es que lo que hay que hacer es ponerlo en marcha cuanto antes». Sin embargo, lamenta que «España está a la cola en materia de innovación terapéutica con más de 650 días de espera para que se aprueben estos medicamentos».

La Reunión entre las Pacientes y el Ministerio de Sanidad

Este jueves, las pacientes se reunían con la Ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, tras entregar cerca de 90.000 firmas a través de la plataforma ‘Change.org’ para solicitar la financiación de estos dos fármacos, ‘Enhertu’ y ‘Trodelvy’, que necesitan para alargar sus años de vida.

Durante el encuentro, les trasladaron que, aunque su intención es llegar a un acuerdo de precio para incluir estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), hay también otros agentes implicados en el resultado de la negociación, como son el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Turismo, y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; además de los tres representantes de las Comunidades Autónomas en el CIPM y los laboratorios fabricantes de estos tratamientos, la Alianza AstraZeneca – Daiichi Sankyo y Gilead.

El Impacto en las Pacientes y la Necesidad de una Solución Urgente

Según la impulsora de la iniciativa, Victoria Rodrigo, les recordaron que «no está todo en su mano», ya que «son procesos muy arduos y difíciles y tardan tiempo». Además, apuntaron que la razón del rechazo a la financiación de estos fármacos se debe a un «tema económico» y no les avanzaron plazos ni fechas estimadas para su aprobación.

Asimismo, les hicieron saber que hay un procedimiento para que estos tratamientos se puedan dar durante la negociación de precio, aunque, «parece que esto no se cumple» en el caso de estos fármacos. Por todo ello, las pacientes lamentaban haber salido del encuentro sin «una respuesta ni una solución». «La realidad es que seguimos sin tener acceso a estos tratamientos y que la negociación requiere de un tiempo que no tenemos», advierte Rodrigo.

La recogida de firmas, que acumula ya más de 126.000 apoyos, se inició el pasado 25 de junio, después de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) no aprobase la autorización de financiación para los tratamientos. ‘Enhertu’ (trastuzumab deruxtecan) está indicado para cáncer de mama metastásico HER2 Low y ‘Trodelvy’ (sacituzumab govitecan) para cáncer de mama metastásico con receptores hormonales (HR) positivos y HER2 negativo.

ASEICA considera «insuficientes» las mejoras en la orden ministerial sobre las becas de investigación anteriores al 2011

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La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha valorado positivamente que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones haya incorporado algunas de las reclamaciones en relación con la orden ministerial ISM/386/2024, por la cual se regula la recuperación de los derechos sociales para becarios en investigación con anterioridad al año 2011. Sin embargo, consideran que estas medidas son «insuficientes» y que aún quedan «cuestiones relevantes» por resolver, especialmente en lo referido a períodos de cobertura y cuantía de los pagos.

Las reivindicaciones de ASEICA se remontan a becas anteriores a la Ley 27/2011, cuando estos becarios no cotizaban a la Seguridad Social ni tenían derechos laborales básicos, como bajas médicas, que hoy son de obligado cumplimiento. A partir del Real Decreto-Ley 2/2023, se estableció la posibilidad de suscribir un convenio especial para regularizar inicialmente dos años, y posteriormente cinco, de aquel período de formación. Sin embargo, la situación se complicó en mayo del 2024, cuando se publicó una Orden Ministerial que, si bien permitía la regularización de 5 años, lo hacía con la base de cotización actual (año 2024) e incluyendo los costes del empleado y del empleador.

AVANCES EN LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS SOCIALES

ASEICA valora positivamente que en el reciente BOE del 1 de agosto se reconozcan desde el Ministerio «peticiones de revisión» por parte de agentes sociales y de diferentes entidades, entre las que se encuentra ASEICA, en relación a «determinados aspectos del régimen jurídico que consideran excesivamente gravosos«.

Entre las medidas recogidas en esta modificación se encuentran: rebajar el coste del convenio especial utilizando como base de cotización la del año correspondiente; flexibilizar el pago de la cuota, posibilitando el fraccionamiento hasta un máximo de 84 mensualidades; ampliar el plazo de suscripción hasta diciembre del 2028; agilizar los trámites de acreditación por parte de las universidades, centros educativos o empresas; facilitar el cómputo de los períodos trabajados, y efectos retroactivos para solicitudes que estén en vigor o no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden.

RECLAMOS PENDIENTES DE ASEICA

Si bien ASEICA se muestra satisfecha con estos avances, la presidenta de la asociación, Marisol Soengas, lamenta que «no se hayan atendido las peticiones de poder regularizar todo el tiempo trabajado, y que el solicitante tenga que cubrir costes adicionales que le deberían de corresponder al empleador«.

Soengas indica también que el equipo legal de ASEICA está revisando con detalle el texto de esta orden sobre el máximo de años recuperables, que parecen ser cinco (1825 días), pero la redacción es confusa para casos que hubiesen solicitado una regularización anterior.

Conclusión

En resumen, ASEICA considera un avance que el Ministerio haya atendido algunas de sus reclamaciones, pero señala que aún quedan cuestiones relevantes por resolver, especialmente en lo referido a los períodos de cobertura y la cuantía de los pagos. La asociación seguirá trabajando para que se atienda la petición de poder regularizar todo el tiempo trabajado y que el solicitante no tenga que asumir costes que corresponden al empleador.

El CEO de Audi contempla posponer sus objetivos de electrificación de la marca

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Gernot Döllner, director general de Audi, ha abierto la puerta a retrasar los planes de convertir a la marca en una empresa 100% eléctrica para el año 2033. Döllner argumenta la necesidad de ser «flexibles» para mantener la salud financiera del grupo.

El directivo considera que un «mix» saludable para las cuentas del grupo parte de contar con una cartera de vehículos eléctricos y de combustión interna «competitivos». De esta manera, Audi se adaptará a los cambios en la regulación local, como el posible retraso en la prohibición de venta de vehículos con motor de combustión interna en 2035.

Döllner destaca que para 2028 esperan contar con el «máximo de modelos disponibles», el doble de los actuales, y será a partir de entonces cuando los motores de gasolina «se vayan reduciendo gradualmente». Además, todos los coches de combustión tendrán versiones híbridas enchufables, una tecnología que ahora se ve como un «puente» más largo de lo previsto.

Impacto Financiero del Cambio de Paradigma

En el primer semestre de 2024, las entregas de modelos totalmente eléctricos de Audi aumentaron un 1,3%, mientras que los ingresos se desplomaron un 9,5%, hasta los 30.900 millones de euros. Esto se debió a unas menores ventas y a las dudas de los clientes sobre qué propulsión de vehículo escoger en el momento de la compra.

Sin embargo, el beneficio operativo ascendió hasta los 2.000 millones de euros, y la rentabilidad alcanzada fue del 6,4%. Audi advierte que la «difícil situación del mercado, la disponibilidad limitada de modelos y los costes de lanzamiento de nuevos productos» tuvieron un impacto negativo en la evolución financiera del grupo.

Nuevos Modelos Eléctricos

Esta semana, Audi ha lanzado su nuevo A6 e-tron en versiones con carrocería Sportback y Avant como segundo modelo de marca basado en la Plataforma Premium Eléctrica.

El sistema de motorización se compone de 12 módulos y 180 celdas prismáticas con una capacidad bruta de 100 kWh, lo que garantiza una autonomía de más de 750 kilómetros para el A6 Sportback e-tron, y de más de 720 kilómetros para el A6 Avant e-tron. En una estación de carga adecuada, el A6 Sportback e-tron performance puede recuperar una autonomía de hasta 310 km en diez minutos, con una carga del 10 al 80% en 21 minutos.

PPdeG critica al PSOE gallego por apoyar acuerdo con ERC e insta a Besteiro a no ser «el más sumiso»

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Los socialistas gallegos se enfrentan a una situación complicada en su intento de defender el preacuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Mientras que varios dirigentes socialistas de otras comunidades han criticado duramente este pacto, los socialistas gallegos parecen estar «quedándose solos» en su respaldo al mismo.

El portavoz parlamentario del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Alberto Pazos, ha sido contundente en sus declaraciones, afirmando que los socialistas gallegos «se están quedando solos» en su defensa del preacuerdo. Pazos ha instado al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a dejar de competir por ser «el más sumiso» y a «mirar un poco más por los intereses de Galicia».

EL RECHAZO AL PACTO PSOE-ERC

Las críticas al pacto PSOE-ERC han surgido desde diversas federaciones socialistas, como las de Aragón y Castilla-La Mancha, que apoyan la propuesta de Extremadura de convocar un Consejo Político Federal para debatir sobre la financiación autonómica. Pazos ha calificado esta situación como «bochornosa», parafraseando las palabras de algunos dirigentes socialistas críticos con el acuerdo.

Incluso dentro de Galicia, existen discrepancias sobre este preacuerdo. El exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ya había manifestado su rechazo a este pacto de financiación. En contraste, Gómez Besteiro ha justificado el acuerdo catalán argumentando que también quiere «una financiación singular» para Galicia.

LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Pazos ha recalcado que durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por «perjudicar a Galicia» y ha reivindicado la necesidad de que el Ejecutivo central se siente a debatir y acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda las necesidades particulares de todas las comunidades, y «no de una sola.

En este sentido, Pazos ha destacado que la documentación y las comparecencias realizadas en la Comisión de Financiación del Parlamento gallego en la pasada legislatura «demostraron que sería perjudicial para la economía gallega» el concierto económico para Cataluña.

EL TECHO DE GASTO APROBADO

A pesar de las críticas, Pazos se ha mostrado satisfecho con la aprobación del techo de gasto para 2025, que alcanza los 13.954 millones de euros, «el más alto de la historia». Sin embargo, ha señalado que para la oposición «no hay nada que haga el gobierno de Alfonso Rueda que sea de su agrado».

Además, Pazos ha destacado que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también «se está quedando solo» en su defensa del concierto económico para Galicia. Esto evidencia que la batalla por la financiación autonómica es un tema de gran complejidad y relevancia en la política gallega.

En resumen, los socialistas gallegos se enfrentan a una situación complicada al tratar de defender el preacuerdo PSOE-ERC, mientras que otras federaciones socialistas y el propio PPdeG han criticado duramente este pacto. La necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda las particularidades de cada comunidad, y no solo de una, se ha convertido en un tema central en el debate político gallego.

PP y PSOE de Extremadura unidos contra el concierto catalán para proteger la región

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La financiación autonómica es un tema de vital importancia para todas las comunidades de España, incluida la región de Extremadura. Ante los posibles cambios en esta materia, los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura han mostrado su preocupación y han solicitado que la voz de la región sea escuchada.

La región de Extremadura se enfrenta a retos específicos debido a su baja densidad de población, su extensión geográfica y su bajo Producto Interior Bruto (PIB). Cualquier modificación en la política de financiación autonómica tendrá un impacto directo en esta comunidad, por lo que es crucial que sus necesidades y particularidades sean tenidas en cuenta en las decisiones que se tomen.

La Posición del Partido Popular

El diputado del Partido Popular, Hipólito Pacheco, ha criticado que el futuro de los españoles y extremeños esté en manos de «8.000 personas independentistas catalanas». Pacheco ha avanzado que tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como el PP de Extremadura lucharán «hasta el último momento para que ese pacto no se lleve a cabo».

Según Pacheco, se trata de «romper la Constitución Española, de romper el principio básico de solidaridad entre todas las comunidades autónomas y significaría un retraso aún mayor de ciertas comunidades autónomas respecto a Cataluña, que es una comunidad autónoma privilegiada durante décadas». El diputado popular ha exigido que los diputados socialistas voten en contra de cualquier propuesta que vaya en contra de los intereses de Extremadura.

La Posición del Partido Socialista

Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha insistido en que el PSOE extremeño estará «enfrente» de cualquier propuesta que ahonde contra la solidaridad fiscal y contra la justicia fiscal en España. Ferreira ha criticado la reforma del PP, afirmando que «han roto» el principio de solidaridad fiscal.

Además, Ferreira ha señalado que le hace «mucha gracia» escuchar a los portavoces del Partido Popular hablando de solidaridad fiscal, y ha preguntado cuándo el PP le ha pedido a sus diputados que rompan la disciplina de votos en cuestiones que iban en contra de los intereses de Extremadura.

La Posición de Unidas por Extremadura

Por último, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha insistido en que todos los acuerdos en torno a la financiación de las comunidades autónomas tienen que darse en un ámbito en el que todas estén representadas, ya que «no es posible hacer una financiación a la carta».

Macías ha explicado que Extremadura, al ser una región de solo un millón de habitantes, con una extensión enorme y con uno de los productos interiores brutos más bajos de todo el Estado, cualquier cambio en la política de financiación les afecta directamente. Por ello, Unidas por Extremadura entiende que la voz de la región debe ser escuchada en todo momento donde se decida cómo se reparte el dinero.

En resumen, los grupos parlamentarios de Extremadura han manifestado su preocupación ante los posibles cambios en la financiación autonómica y han solicitado que la voz de la región sea escuchada. Cada partido político ha expresado su posición, coincidiendo en la importancia de que las necesidades y particularidades de Extremadura sean tenidas en cuenta en las decisiones que se tomen.

La familia de Pablo González aguarda su llamada tras las pruebas médicas en Rusia

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El caso de Pablo González, un periodista español detenido y encarcelado en Polonia durante casi dos años y medio, ha sido un tema de gran interés y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Su liberación representa un momento de alivio y esperanza para su familia, quienes han luchado incansablemente por su regreso a casa.

La pareja de Pablo González, Oihana Goiriena, ha compartido su testimonio sobre este complicado proceso, destacando la alegría y emoción que embargó a sus tres hijos al recibir la noticia de la liberación de su padre. Ahora, la familia se encuentra a la espera de que Pablo pueda regresar a Vizcaya, donde su hogar y seres queridos lo esperan con los brazos abiertos.

La Lucha por la Libertad

Oihana Goiriena ha revelado que la noticia de la liberación de Pablo González llegó de manera inesperada, ya que no tenían conocimiento previo de que pudiera ser excarcelado. Según sus relatos, el abogado les comunicó la novedad apenas el mismo jueves, lo que les tomó por sorpresa y generó una gran emoción en los hijos, quienes rápidamente comenzaron a saltar y gritar de alegría al saber que su «aita» (padre en euskera) había sido liberado.

Durante todo este tiempo de encarcelamiento, Goiriena ha destacado que no se celebró ningún juicio en contra de Pablo González, pues la justicia polaca «no tenía cargos que presentar». Además, ha señalado que en Polonia «ni hay límite de tiempo» para la prisión preventiva, lo que significaba que el periodista podría haber permanecido detenido por un período indefinido.

El Retorno a Casa

Con la liberación de Pablo González, la familia Goiriena-González se encuentra a la espera de su regreso a Vizcaya, donde residen. Oihana Goiriena ha expresado que cree que el periodista «volverá, cuando pueda, a Vizcaya porque su familia está aquí y pienso que su familia será su prioridad». Sin embargo, aún no tienen certeza sobre cuándo se producirá este reencuentro, pues antes deberá someterse a las pruebas médicas correspondientes en Rusia, donde se encuentra en la actualidad.

Este caso ha sido un ejemplo de la importancia de la lucha por la libertad y los derechos de los periodistas, quienes en ocasiones se enfrentan a situaciones adversas en el ejercicio de su profesión. La liberación de Pablo González representa un triunfo para su familia y para todos aquellos que buscaron incansablemente su regreso a casa.

El PP andaluz afea a Espadas su silencio ante el pacto PSC-ERC, que es «jaque mate a la solidaridad»

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La vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, ha emitido un fuerte rechazo al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, por su aparente renuencia a que los órganos de su partido, como el Comité Federal, se reúnan de inmediato para discutir las consecuencias del pacto PSC-ERC, el cual ha descrito como «el plan de independencia fiscal de Cataluña» y cuya repercusión ha situado como «un jaque mate a la solidaridad y la igualdad » de las comunidades.

En rueda de prensa en la sede regional del PP-A, Mestre se ha cuestionado si la referencia de Espadas a la competencia que tiene el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de convocar órganos y de no hacerlo hasta septiembre, obedece a que «no quiere trabajar en agosto » o confía en «diluir la posible reacción de la población con la amnesia del veraneo«, antes de afirmar que «los andaluces no olvidamos y que los andaluces tenemos muy calados a los socialistas».

La infrafinanciación de Andalucía y el «plan de independencia fiscal» de Cataluña

Mestre ha blandido algunas consecuencias de ese acuerdo fiscal y financiero, advirtiendo que «según están advirtiendo expertos economistas y juristas de toda índole, este preacuerdo es absolutamente insolidario y sobre todo aumentaría aún más la desigualdad entre españoles porque «el Estado tendrá menos recursos para repartir entre las comunidades que menos tienen y eso significa menos recursos para la sanidad, la educación y la dependencia«, según una nota de este partido.

Ha incidido en que «si ese acuerdo sale adelante, Andalucía será la gran perdedora y la gran pagadora de esta nueva claudicación de Sánchez ante el chantaje independentista » y «todo por un solo motivo, que es su supervivencia en el poder«.

Mestre ha reivindicado que «los andaluces merecen igualdad y respeto, y desde el Partido Popular garantizamos que vamos a defenderlos por todos los medios a nuestro alcance«.

El PSOE-A, ¿con Andalucía o con Sánchez y el independentismo?

Mestre ha instado a los dirigentes socialistas andaluces a elegir entre estar «con Andalucía o con Sánchez y el independentismo«, antes de rechazar la «defensa ciega» que Espadas ha hecho del preacuerdo como la «traición definitiva » del PSOE-A a los andaluces, para preguntarse si «están dispuestos los socialistas, por tanto, a romper con los principios fundacionales del Partido Socialista«.

«Si están dispuestos los socialistas a que en Andalucía tengamos menos recursos en materia de sanidad, en materia de educación y menos recursos en políticas sociales; están dispuestos los socialistas de Andalucía a olvidar su memoria, su historia, por tal de que Pedro Sánchez continúe en el poder?«, se ha cuestionado Ana Mestre.

Mestre ha sentenciado que «tenemos a un Partido Socialista en Andalucía que más que nunca, más que nunca, es una sucursal de Pedro Sánchez«, advirtiendo que «el socialismo andaluz está la última oportunidad de demostrar de manera definitiva si están con Andalucía o están con Sánchez y el independentismo«.

La vía andaluza de las reformas y la estabilidad

Mestre ha subrayado la evolución positiva del mercado de trabajo andaluz, que, en su opinión, refleja que «la vía andaluza de las reformas, la estabilidad, la seguridad jurídica y el diálogo está dando sus frutos«.

Ha destacado el liderazgo continuado de Andalucía en la reducción paulatina de la tasa de paro, especialmente acentuado en el caso de julio, para reivindicar que «la tasa de paro en nuestra comunidad en la más baja de los últimos 16 años«, así como ha resaltado el descenso del paro femenino y de los más jóvenes.

Según la vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, «estos avances en materia de empleo son fruto del esfuerzo colectivo de la sociedad andaluza, de sus empresarios, sus autónomos y sus trabajadores, que han convertido a Andalucía en un tierra dinámica y emprendedora impulsados por la confianza de un gobierno reformista y dialogante como es el gobierno de Juanma Moreno.

Sin embargo, Mestre ha reivindicado que estos datos del desempleo «lo estamos consiguiendo en Andalucía a pesar de la infrafinanciación a la que nos tiene sometidos la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero«, para recordar entonces que Andalucía recibe 638 euros por cada parado, a los 1.274 euros que recibe un desempleado que vive en Cataluña, una asignación que se sitúa 418 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas.

El mercado laboral de EEUU se enfría en julio tras crear 114.000 empleos, mientras el paro sube al 4,3%

La economía estadounidense ha mostrado una desaceleración en la creación de empleo durante el pasado mes de julio. Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, se generaron 114.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, una cifra muy inferior a los 179.000 creados en junio. Esta ralentización en el mercado laboral se refleja también en el aumento de la tasa de desempleo, que subió dos décimas hasta alcanzar el 4,3%.

A pesar de esta tendencia a la baja, el mercado laboral estadounidense continúa una racha positiva, llevando 43 meses consecutivos de creación de empleo. No obstante, el registro de julio se encuentra por debajo de la media de los últimos doce meses, que se sitúa en 215.000 nuevos puestos de trabajo.

Principales Sectores Afectados

El sector de la sanidad, la construcción y el transporte y almacenaje fueron los principales impulsores de la contratación durante el mes de julio. Por el contrario, el sector de la información fue el único en destruir empleo en ese periodo.

Por otro lado, sectores clave como la minería, la extracción de petróleo y gas, la industria, el comercio mayorista y minorista, las actividades financieras, los servicios empresariales y profesionales, el ocio y turismo, y los otros servicios, apenas mostraron variación en sus niveles de empleo.

Revisión de Datos Anteriores

Adicionalmente, el Departamento de Trabajo revisó a la baja la lectura de mayo en 2.000 empleos, desde 218.000 a 216.000, y la de junio en otros 27.000, desde 206.000 hasta 179.000. Estas modificaciones se tradujeron en un descuento de 29.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En lo que respecta a la tasa de desempleo, esta se situó en julio en el 4,3%, dos décimas más que el mes previo y ocho décimas más que en el mismo mes de 2023. Esta cifra es la más alta desde noviembre de 2021.

El número de desempleados alcanzó en el séptimo mes del año los 7,163 millones, frente a los 6,811 millones de junio, incluyendo 1,535 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más), que representaron el 21,4% del total de desocupados.

Finalmente, el número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos creció en 346.000 personas, hasta los 4,566 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,7%, una décima más.

CCOO exige la remuneración «inmediata y completa» de las 8 semanas de permiso parental, tras el incumplimiento de España

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La conciliación de la vida laboral y familiar es un reto constante para muchas familias en España. Desafortunadamente, durante demasiado tiempo, la responsabilidad de los cuidados ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, comprometiendo a menudo sus carreras profesionales y derechos laborales. La aprobación de la directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores representó un importante avance, al establecer la obligatoriedad de un permiso parental remunerado de al menos ocho semanas.

Sin embargo, la transposición de esta norma a la legislación española se ha visto plagada de retrasos y ambigüedades. CCOO, el sindicato, ha exigido enérgicamente la remuneración inmediata y completa de este permiso, denunciando los intentos de aplicar soluciones a medias que no lograrían una verdadera conciliación corresponsable entre hombres y mujeres.

La importancia del permiso parental remunerado

El permiso parental remunerado es fundamental para permitir que tanto padres como madres puedan dedicar tiempo a cuidar de sus hijos sin tener que sacrificar su situación económica o sus carreras profesionales. Esto es especialmente relevante en periodos estivales, cuando las familias tienen que hacer malabares para cubrir las vacaciones de sus hijos e hijas.

Según ha precisado la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, «solo los permisos remunerados son eficaces y permiten la conciliación corresponsable. El resto es lo de siempre: cargar a las mujeres con los equilibrios para hacer efectivos los cuidados a costa de su sueldo, sus carreras y sus derechos».

Además, CCOO exige compromiso, claridad y transparencia por parte del Gobierno, así como la convocatoria de la mesa del Diálogo Social para la negociación del reglamento que regule el disfrute de este permiso a tiempo parcial, otro de los desarrollos pendientes.

El cumplimiento integral de la norma europea

La directiva europea es clara: exige la retribución de las ocho semanas en su totalidad. No caben subterfugios ni soluciones a medias, como la intención declarada por parte del Gobierno de coalición de remunerar solo cuatro de las ocho semanas.

CCOO subraya que la norma «exige la retribución de las ocho semanas en su totalidad» y precisa que este permiso no tiene nada que ver con la acumulación del permiso de lactancia en el Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado en repetidas ocasiones su defensa de la necesidad de aprobar la remuneración de al menos cuatro de las ocho semanas. Sin embargo, esto no es suficiente para cumplir con la directiva europea en su totalidad.

En conclusión, el permiso parental remunerado es una herramienta fundamental para avanzar hacia una conciliación laboral y familiar más justa y equitativa en España. Su implementación integral, tal y como exige la directiva europea, es crucial para que tanto padres como madres puedan dedicar tiempo a sus hijos sin tener que sacrificar su situación económica o sus carreras profesionales. CCOO ha dejado claro que no aceptará soluciones a medias y que seguirá exigiendo el cumplimiento total de esta normativa.

Guardia Civil investiga a cuatro personas por presuntos incendios forestales en Cáceres

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Los incendios forestales representan una amenaza constante para el medio ambiente y las comunidades que dependen de los recursos naturales. En la provincia de Cáceres, las autoridades han llevado a cabo una serie de investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables de cuatro incendios forestales recientes, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para prevenir y mitigar este tipo de incidentes en el futuro.

Imprudencia y Negligencia: Causas de los Incendios Forestales

En el mes de julio, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres investigaron a cuatro personas como presuntas responsables de cuatro incendios forestales en diferentes zonas de la provincia. Estos incendios se produjeron por diversas razones, todas ellas relacionadas con la imprudencia y la negligencia de los investigados.

El primer caso se remonta al 12 de julio, cuando un vecino de Cuacos de Yuste supuestamente causó un incendio forestal mientras realizaba trabajos de desbroce en su parcela. Debido a una imprudencia grave, el fuego se propagó de manera descontrolada, afectando a una zona boscosa.

Posteriormente, el 15 de julio, las autoridades investigaron a un vecino de la provincia de Badajoz como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. En este caso, el incendio se inició mientras el investigado manipulaba las colmenas de su propiedad, utilizando un ahumador manual que funcionó de manera inadecuada, provocando el siniestro que afectó a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Hábitats de interés comunitario.

El 17 de julio, los agentes investigaron a una persona residente en una localidad próxima a la capital cacereña como presunta autora de un delito de incendio forestal provocado por imprudencia. En esta ocasión, el incendio se originó mientras la persona ejercía labores de labranza con una cosechadora arrastrada con un tractor, y el roce de las cuchillas con las piedras del terreno provocó la proyección de chispas que prendieron el pasto.

Finalmente, el 29 de julio, las autoridades investigaron a un hombre por provocar, supuestamente, un incendio de forma intencionada junto al Río Tiétar, en el paraje conocido como El Robledo en la localidad de Losar de la Vera. En este caso, el informe técnico de causas determinó que el incendio se originó cuando el presunto autor prendió fuego al material combustible de forma directa.

Medidas y Consecuencias: Protegiendo los Recursos Naturales

Estas investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA de la Guardia Civil de Cáceres ponen de manifiesto la importancia de la prevención y el control de los incendios forestales, así como la necesidad de responsabilizar a quienes, por imprudencia o intención, ponen en riesgo la integridad de estos ecosistemas valiosos.

Las acciones emprendidas por las autoridades demuestran su compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales de la provincia de Cáceres. Mediante estas investigaciones, se busca identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, con el fin de disuadir la repetición de este tipo de conductas peligrosas y promover una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar nuestros bosques.

Estas iniciativas son fundamentales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los espacios naturales, no solo en la provincia de Cáceres, sino en todo el territorio español. La colaboración entre las autoridades, la sociedad civil y los propietarios de tierras es clave para prevenir y combatir los incendios forestales, salvaguardando así nuestro valioso patrimonio natural.