Mossos realizan entradas y registros en Barcelona y Badalona por el tiroteo de La Mina de mayo

Pablo Navarro
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Mossos realizan entradas y registros en Barcelona y Badalona por el tiroteo de La Mina de mayo

Los Mossos d’Esquadra han desplegado este martes, 14 de julio de 2026, un dispositivo de entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y otras localidades del área metropolitana. La operación está vinculada a la investigación por el tiroteo ocurrido en el barrio de La Mina el pasado 12 de mayo, en el que no se registraron heridos pero sí se localizaron vainas de bala en el lugar, según ha confirmado la policía catalana a través de sus canales oficiales.

En el transcurso del dispositivo, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos ha detenido a dos hombres y una mujer, todos ellos investigados como presuntos implicados en los hechos. Además de los arrestos, los agentes se han incautado de seis armas de fuego: tres pistolas, un revólver, un subfusil y una escopeta, así como de más de 40.000 euros en efectivo, tal y como ha detallado el cuerpo policial en un mensaje difundido en la red social X.

Tres detenidos y seis armas intervenidas en el dispositivo

Las entradas y registros practicados esta mañana responden a varios meses de pesquisas de la DIC. Fuentes próximas a la investigación han precisado que el operativo sigue abierto, con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en el tiroteo del mes de mayo. La intervención de un subfusil y una escopeta, junto con el dinero en metálico, refuerza la hipótesis de que los implicados podrían estar vinculados a una estructura organizada, aunque los Mossos no han confirmado este extremo.

Los tres arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas, una vez se completen las diligencias policiales. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para esclarecer el origen del arsenal y la posible conexión de los detenidos con otros episodios violentos registrados en la zona.

La policía catalana mantiene abierta la investigación para determinar la participación concreta de los tres detenidos, que permanecen bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial.

El tiroteo del 12 de mayo: sin heridos pero con casquillos en el suelo

El suceso que originó las pesquisas tuvo lugar sobre las 18.15 horas del 12 de mayo de 2026 en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Varios testigos alertaron de detonaciones que atribuyeron a disparos de arma de fuego. Cuando las patrullas de los Mossos se personaron en el punto, no localizaron a ningún sospechoso ni tampoco personas heridas, pero sí hallaron vainas de bala esparcidas por el suelo, según consta en el atestado policial.

Aquella primera fase de la investigación se centró en el análisis de los casquillos y en la toma de declaraciones a vecinos, pero no fue hasta las últimas semanas cuando las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar las autorizaciones judiciales para los registros practicados este martes.

Investigación abierta sobre la trama detrás del arsenal

La Divisió d’Investigació Criminal no da por cerrado el caso. Las diligencias continúan para aclarar si el tiroteo de mayo fue un hecho aislado o se enmarca en un conflicto de mayor calado, así como para establecer la procedencia de las seis armas incautadas. De momento, los tres detenidos tienen la condición de investigados y se enfrentan a presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y, en función de lo que determine la autoridad judicial, a otros ilícitos relacionados con el suceso de La Mina.

El despliegue de esta mañana, que ha contado con un importante número de efectivos de la DIC y de las unidades territoriales, es el primer gran operativo derivado del tiroteo que conmocionó al barrio barcelonés hace dos meses.

El Gobierno Vasco presenta ‘Euskadi Urdina’, su hoja de ruta para impulsar la economía azul con pesca y energías marinas

Iker Etxebarria
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El Gobierno Vasco presenta ‘Euskadi Urdina’, su hoja de ruta para impulsar la economía azul con pesca y energías marinas

El Lehendakari Imanol Pradales presentó este martes en Vitoria-Gasteiz la estrategia ‘Euskadi Urdina’, una hoja de ruta con la que el Gobierno Vasco quiere impulsar la economía azul a través de la pesca, la acuicultura y las energías renovables marinas.

La iniciativa, que movilizará recursos durante los próximos años, busca consolidar un sector que ya emplea a miles de personas en la comunidad y reforzar el tejido industrial vinculado al mar en un momento de transición energética y digital.

Qué es ‘Euskadi Urdina’ y sobre qué ejes se asienta

Según detalló el Lehendakari, ‘Euskadi Urdina’ se articula en tres grandes líneas de trabajo: la renovación y sostenibilidad de la flota pesquera vasca, el fomento de la acuicultura en aguas abiertas y la apuesta por las energías marinas —principalmente eólica offshore y undimotriz— frente a la costa.

El plan incluye una revisión de los incentivos fiscales ligados al concierto económico para facilitar la inversión en buques más eficientes y en centros de investigación acuícola. Fuentes del Gobierno Vasco consultadas por esta redacción señalaron que el objetivo es que el sector azul gane peso en el PIB y genere empleo industrial de calidad, alineándose con la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente (RIS3).

Las reacciones políticas y la conexión con el autogobierno foral

La presentación de ‘Euskadi Urdina’ fue respaldada por los socios de gobierno —PNV y PSE-EE—, que destacaron el encaje del plan con las competencias propias del País Vasco en materia de pesca y costas. Por su parte, EH Bildu consideró que la propuesta resulta “insuficiente” en lo que respecta al control de la pesca de bajura y reclamó mayor participación del sector artesanal.

El PP vasco valoró positivamente la apuesta por las energías marinas pero pidió que el plan se coordine con la normativa estatal para evitar solapamientos competenciales. Todas las posturas se expresaron sin cuestionar el marco del concierto económico, que permite a Euskadi modular sus instrumentos fiscales y de fomento.

Desde Confebask, la patronal vasca ha trasladado un respaldo cauteloso y ha instado a concretar “cuánto y cuándo” se movilizará de inversión público-privada. El Gobierno Vasco no facilitó cifras exactas durante la rueda de prensa, pero sí avanzó que las primeras convocatorias de ayudas estarán listas antes de finalizar 2026.

La estrategia ‘Euskadi Urdina’ une la tradición pesquera vasca con las tecnologías marinas emergentes y busca activar inversiones que refuercen el sector azul sin perder competitividad.

El contexto industrial y energético: por qué la economía azul importa más que nunca

La apuesta vasca por la economía azul no parte de cero. Según los últimos datos de Eustat, la pesca y la acuicultura suponen alrededor del 0,3 % del PIB regional pero representan un valor estratégico por su arraigo territorial y su capacidad de arrastre sobre la industria auxiliar —desde astilleros hasta centros tecnológicos como Azti—.

En el plano energético, Euskadi cuenta con el proyecto BIMEP (Biscay Marine Energy Platform), una infraestructura de ensayos en mar abierto para dispositivos de energía undimotriz y eólica flotante, que sitúa a la comunidad como uno de los polos de referencia en Europa. ‘Euskadi Urdina’ quiere aprovechar ese activo para atraer nueva inversión industrial, en línea con las directrices del Green Deal europeo y con la futura Ley de Economía Azul que prepara el Gobierno central.

Desde el Ejecutivo autónomo se recordó que el concierto económico permite diseñar regímenes fiscales específicos para los clústeres marítimo-industriales, siempre que se ajusten a la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Este margen fiscal, unido al músculo fabril vasco y a la experiencia en la gestión portuaria, convierte el plan en una pieza con posible impacto nacional, sobre todo si logra replicarse en otras comunidades costeras.

Estrategia legislativa Sumar: «dar caña» para el sprint final con vivienda, registro horario y prestación por crianza

Iñigo Larrea
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Estrategia legislativa Sumar: «dar caña» para el sprint final con vivienda, registro horario y prestación por crianza

Sumar activa el sprint final legislativo con la vivienda y el registro horario como banderas. Este martes, la plana mayor del espacio político —con los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García al frente— se ha reunido en el Congreso para coordinar la estrategia parlamentaria bajo el lema «dar caña», en un acto que ha combinado autocrítica, cohesión y proyección electoral.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Sumar ha celebrado un acto en el Congreso para coordinar su sprint legislativo final.
  • ¿Quién interviene? Los ministros Urtasun, Bustinduy y García, la portavoz Verónica Barbero, y líderes de IU, Más Madrid, Compromís, Chunta y otros confluentes.
  • ¿Qué importa? La reunión selló un pacto interno para impulsar la vivienda, el registro horario, la financiación de la dependencia y otras reformas, con la vista puesta en las elecciones de 2027.

El plan de «dar caña»: las banderas legislativas de Sumar

El encuentro, celebrado apenas unas horas antes de que el Congreso apruebe varias medidas clave para el socio minoritario del Gobierno, ha servido para hacer balance de la legislatura y marcar las prioridades del tramo final. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, ha reivindicado la honorabilidad del espacio: “Con la cabeza bien alta nos podemos decir: somos limpios, somos honrados, somos honestos y somos eficaces también”, y ha vinculado la hoja de servicios del Ejecutivo con la necesidad de “dar caña” para sacar adelante las reformas pendientes. El ministro ha recordado la paradoja del PP, que exige asumir el 50% del gasto en dependencia pero el pasado martes votó en contra de los 6.200 millones de euros extra para esta partida.

Ernest Urtasun, quien ha ejercido de maestro de ceremonias ante la ausencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha fijado cuatro “retos fundamentales” para los próximos meses: la vivienda —con el decreto pactado con el PSOE aún pendiente y una dotación en los Presupuestos que está por negociar—, la ampliación de derechos sociales y laborales (subrayando el registro horario, “nunca más horas extra sin pagar”), la derogación de la ley mordaza y el impulso de las políticas climáticas. El mensaje es claro: acelerar las banderas de Sumar para que calen en el electorado antes de la cita con las urnas.

Unidad y autocrítica aparcada: los mensajes de las confluentes

En el acto, que ha contado con una primera parte pública y un debate posterior a puerta cerrada, las distintas fuerzas han aparcado las tensiones internas para mostrar un frente común. Mónica García, ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad, ha acuñado el término “izquierda umami” , la que da sabor a las políticas progresistas. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha cambiado el mítico “programa, programa, programa” de Julio Anguita por un “vivienda, vivienda, vivienda” y ha advertido de que la resistencia municipal será decisiva en 2027. La portavoz parlamentaria y nueva coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado al PSOE que no “remolonee” con la nacionalidad para los saharauis.

Desde Compromís, Alberto Ibáñez ha elevado el tono: “Les pido [a los ministros] que, si el PSOE borbonea, que no se olviden de que lo hicieron una vez y lo harán tantas como haga falta: se plantarán”. La advertencia alude al decreto de prórroga de alquileres, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros pese a estar comprometido para antes de agosto. También intervinieron representantes de Més per Mallorca, Chunta Aragonesista y el Partido Verde, muestrario de la pluralidad del espacio. En el debate posterior, varias voces de IU urgieron a acelerar el proceso “Un paso al frente” junto a Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar para consensuar la marca electoral de las generales. La ausencia de discrepancias, inusual en los últimos meses, marca un punto de inflexión en la cohesión del grupo.

La estrategia de Sumar no solo pasa por convencer al PSOE de que acelere las reformas: necesita que sus propias confluentes mantengan la unidad y el pulso político hasta las urnas.

La Dinámica de Coalición

El acto de este martes se produce apenas dos días después de la Asamblea de Movimiento Sumar, que escenificó el relevo en la coordinación con la salida de Lara Hernández y la elección de Barbero como nueva referencia orgánica. La ausencia de Yolanda Díaz —quien en los últimos meses ha delegado protagonismo— y el liderazgo repartido entre Urtasun, Bustinduy y García dibujan una bicefalia coral que, de momento, sortea la fractura. Las confluentes de IU, Más Madrid y Compromís compiten por imprimir carácter propio, pero aceptan la coordinación centralizada en el grupo parlamentario. La clave es que todos necesitan exhibir resultados legislativos concretos antes de las elecciones, y eso atenúa las divergencias.

En la dimensión gubernamental, los choques con el PSOE no desaparecen. La financiación de la dependencia —con los 6.200 millones adicionales que este martes se aprueban— ha sido un campo de batalla en el que Sumar forzó al socio mayoritario a aceptar una cuantía que el PP rechazó en comisión. La ley mordaza sigue atascada, y el retraso en el decreto antidesahucios, como denunció Ibáñez, amenaza con convertirse en un nuevo frente. La petición de Barbero sobre la nacionalidad saharaui revela que Sumar está dispuesto a tensar la cuerda cuando el PSOE frena sus promesas. La hoja de ruta pasa por aprobar cuanto antes las medidas ya tramitadas y asegurar su dotación en unos Presupuestos Generales del Estado que aún no tienen fecha.

La proyección es inmediata. El decreto de vivienda tiene que aprobarse este mismo mes, la tramitación del registro horario y la despenalización de las injurias a la Corona avanzan en el Congreso, y todas las miradas se posan en los próximos presupuestos. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, cada votación será una escenificación de la fortaleza parlamentaria de Sumar. El reto no es solo legislativo: es construir un relato de eficacia que contrarreste las críticas internas y dé esperanza a las bases.

Ficha del Caso

  • El caso: Sumar ha celebrado un acto de cohesión en el Congreso para fijar las prioridades legislativas del final de la legislatura, con la vivienda, el registro horario y los derechos sociales como ejes, y la voluntad de acelerar las reformas pendientes frente al PSOE.
  • Datos importantes: El Congreso aprueba este martes los 6.200 millones extra para dependencia; Sumar cuenta con 26 escaños en el Grupo Plurinacional; los confluentes de IU, Más Madrid, Compromís, Chunta y otros participaron en el encuentro.
  • Resumen: La reunión marca un intento de unidad frente al PSOE y una hoja de ruta que exige acelerar las banderas legislativas de Sumar para llegar con credibilidad a las elecciones de 2027.

Nunca vuelvas a cocinar salmón al microondas sin este truco: queda jugoso en 4 minutos

Ana Carina Rodríguez
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Nunca vuelvas a cocinar salmón al microondas sin este truco: queda jugoso en 4 minutos

Todos hemos intentado hacer salmón al microondas y hemos acabado con un pescado seco y sin gracia. Hasta que descubres que con un simple truco se queda jugoso en cuatro minutos escasos. La clave no está en bajar la potencia ni en tirar de aceite a chorros, sino en aprovechar la humedad natural del tomate y un sellado con papel film bien perforado. Así que, si quieres una cena exprés de verdad, saca la fuente de Pyrex.

El secreto está en crear un pequeño horno de vapor dentro del microondas. La tapa de plástico se infla ligeramente y luego se pincha, dejando que el vapor cocine el pescado sin resecarlo. Con solo unos pocos ingredientes y menos de 10 minutos totales, tendrás un plato que parece recién salido del horno tradicional, pero con una limpieza mínima. Para que siempre te quede en su punto, he condensado los tres trucos que lo hacen imbatible.

El secreto del éxito

  • Truco 1: La cama de tomate: Las rodajas de tomate maduro sueltan líquido durante la cocción y crean una barrera que evita que la superficie del salmón se seque. Además, aportan un dulzor suave y acidez que contrarresta la grasa del pescado.
  • Truco 2: El chorrito de agua: Un par de cucharadas de agua en el fondo del recipiente generan vapor extra. Sin ese empujón, el microondas tiende a sobrecalentar la superficie y dejar el centro crudo.
  • Truco 3: Papel film perforado y reposo: El film pinzado actúa como válvula: deja salir el exceso de presión pero retiene el 90% del vapor. Después de apagar, esperar medio minuto antes de retirarlo completa la cocción residual y asienta los jugos.

Ingredientes

  • 1 rodaja gruesa de salmón fresco (o lomo de unos 200 g)
  • 1 tomate maduro grande
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • 1/2 cucharadita de ajo y perejil seco (o cualquier mezcla de hierbas provenzales)
  • 2 cucharadas de agua

Coloca la rodaja de salmón en una fuente de vidrio apta para microondas. Riégala con el aceite, añade las dos cucharadas de agua y sazona con sal, pimienta y las hierbas —no escatimes, la cocción tan rápida necesita que los aromas se impregnen desde el primer segundo.

Corta el tomate en rodajas finas y cubre completamente el pescado con dos o tres de ellas. No hace falta que sean perfectas; las que sobran puedes disponerlas alrededor para que también se cocinen.

Tapa la fuente con papel film transparente y, con la punta de un cuchillo, haz tres o cuatro agujeros en la superficie. Este paso es el más crítico de todos: si no los haces, el vapor acumulará presión y el film podría reventar, ensuciando todo el microondas.

Introduce la fuente en el horno y programa 4 minutos a máxima potencia (en mi microondas, 800 W). Si el tuyo es menos potente, alarga 30 segundos; si es más, vigila a partir del minuto 3: el olor a pescado cocido te avisará de que está listo.

El microondas no es solo para recalentar: cocina pescados en minutos y los deja más jugosos que muchas planchas.

Al terminar, saca la fuente con cuidado —el vapor que sale está muy caliente y retira el papel film con un tenedor, tirando hacia atrás— para no quemarte. Aparta las rodajas de tomate a un platito y déjalas enfriar medio minuto.

Con unas tijeras de cocina, pica el tomate directamente sobre el plato y mézclalo con los jugos que han quedado en la fuente. Obtendrás una suerte de salsa rústica, con tropezones y un sabor intenso a salmón y tomate asado. Sirve inmediatamente la rodaja acompañada de esa salsita, que está para mojar pan sin remedio.

Variaciones y maridaje

Este salmón pide un vino blanco con acidez y paso ligero, como un albariño o un verdejo joven. Si prefieres algo sin alcohol, un agua con gas y una rodaja de lima cumplen. Para la guarnición, una ensalada verde con aguacate y pipas funciona de maravilla; si te sobra arroz blanco del día anterior, caliéntalo en el microondas mientras preparas el pescado y tendrás el combo ganador en menos de diez minutos. Si os sobra (cosa difícil), se conserva hasta 24 horas en la nevera; basta calentarlo 30 segundos en el microondas con un chorrito de agua para devolverle la vida. Y si un día no tienes salmón, la misma técnica funciona perfectamente con lomos de merluza o bacalao fresco, ajustando el tiempo a 3 minutos y medio porque son más magros.

Así se desmonta el mito del pescado al microondas: jugoso, sabroso y sin complicaciones. La próxima vez que tengas hambre y cero ganas de fregar, ya sabes.

Sumar concreta su agenda legislativa final: vivienda, registro horario y prestación por crianza

Iñigo Larrea
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Sumar concreta su agenda legislativa final: vivienda, registro horario y prestación por crianza

Sumar ha decidido pisar el acelerador legislativo en la recta final de la legislatura. Durante la reunión del Grupo Plurinacional celebrada en el Congreso, las confluentes acordaron concentrar sus energías en tres prioridades legislativas: vivienda, registro horario obligatorio y prestación universal por crianza. El mensaje unánime es claro: hay que apretar al PSOE para cerrar con medidas contundentes que marquen el ánimo del electorado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La reunión del Grupo Plurinacional de Sumar definió sus tres prioridades legislativas para las semanas que restan de periodo de sesiones.
  • ¿Quién interviene? Los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz lideran la ofensiva. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también marcaron posición.
  • ¿Qué importa? La debilidad del PSOE por los escándalos judiciales está facilitando acuerdos antes bloqueados. Sumar busca diferenciarse y presionar un último arreón social.

Las tres patas de la agenda legislativa

La vivienda encabeza la lista. El ministro Pablo Bustinduy lo resumió en una frase: “Vivienda, vivienda y vivienda”. El macro decreto que el Consejo de Ministros aprobará antes de que acabe julio incluirá, entre otras medidas, la prórroga de alquileres. Fuentes de Sumar confirman que el PSOE ha asumido esta reivindicación “sin problema”, algo que hasta ahora nunca había hecho suyo. La crisis de la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla y en el que la izquierda mide su credibilidad.

La segunda pata es el registro horario. “Nunca más horas extra sin pagar”, proclamó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en referencia al compromiso del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de aprobar la reforma antes del verano. El equipo de la vicepresidenta segunda mantiene que no cambiará los elementos centrales del texto, pese a las conversaciones en curso con el Ministerio de Economía y al informe del Consejo de Estado. La negociación se centra en perfeccionar detalles, pero el núcleo de la norma se mantiene intacto.

La prestación universal por crianza completa el trío. Bustinduy la definió como “el principal mecanismo para erradicar la pobreza infantil” y será, según fuentes de Derechos Sociales, una de las grandes batallas en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta buscaría complementar el Estado del bienestar del siglo XXI y ampliar los permisos de maternidad y paternidad ya logrados. Sumar quiere que la medida sea el sello social de la legislatura.

La reunión sirvió también para reafirmar otros logros como la mayor financiación de la dependencia, que este mismo martes se vota en el Congreso, el desbloqueo de la reforma del Código Penal para las injurias a la Corona, la ley de nacionalidad saharaui o la regularización de migrantes. Aunque la atención mediática se concentra en las tres grandes leyes, el Grupo Plurinacional exhibe un músculo legislativo que va más allá de los titulares.

El contexto interno: presión al PSOE y mensaje a Podemos

“La debilidad del grupo socialista con la sucesión de escándalos en la práctica está facilitando llegar a acuerdos en distintas materias”, explicó un dirigente consultado. Bustinduy reconoció el “momento anímico difícil” que atraviesan, pero insistió en que ahora toca convertir la debilidad del socio de Gobierno en oportunidades. Con las encuestas en contra y el desgaste del Ejecutivo, Sumar ve una ventana para tomar la iniciativa.

La debilidad del PSOE está desatascando medidas que antes parecían imposibles; el reto de Sumar es que esa dinámica no se agote en un solo decreto.

El discurso también lanzó guiños incómodos a Podemos. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, agradeció que los morados hicieran posible la ley de vivienda, pero recordó que dejaron una puerta abierta al alquiler de habitaciones que restó eficacia a la norma. El mensaje implícito: las condiciones que Podemos exige ahora para apoyar el decreto de vivienda deberían flexibilizarse. La tensión con los morados sigue siendo un ruido de fondo que Sumar maneja con una mezcla de agradecimiento calculado y advertencia.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar sale reforzado de esta puesta en común. IU, Más Madrid, Compromís y el resto de confluentes compartieron el diagnóstico de que su trabajo ha sido imprescindible para torcer el brazo del PSOE. La foto de unidad, con Yolanda Díaz ausente pero con sus ministros alineados, transmite que el Grupo Plurinacional de 31 escaños quiere ejercer el papel de hélice legislativa hasta el último día.

La dimensión de coalición es compleja. El PSOE está más proclive a ceder, pero la negociación de los Presupuestos, que arrancará a finales de agosto, medirá hasta dónde está dispuesto a llegar. Fuentes de Moncloa insisten en la buena relación y en una “hoja de ruta compartida”, pero en Sumar saben que cada concesión socialista será leída en clave electoral. La prestación por crianza, con un impacto presupuestario considerable, será el test definitivo de la capacidad de influencia del socio minoritario.

Lo que está en juego, más allá de las leyes concretas, es el relato del final de la legislatura. Si Sumar logra capitalizar los avances en vivienda, tiempo de trabajo y lucha contra la pobreza infantil, podrá presentarse ante el electorado como el factor corrector de un Gobierno que, de otro modo, habría tenido un perfil social menos ambicioso. Lo contrario —un bloqueo en el tramo final— reforzaría el discurso de quienes ya hablan de agotamiento de la coalición.

Ficha del Caso

  • El caso: La reunión del Grupo Plurinacional de Sumar, celebrada en el Congreso, sirvió para fijar las prioridades legislativas de las últimas semanas de la legislatura, con el foco en vivienda, registro horario y prestación por crianza.
  • Datos importantes: El Grupo Plurinacional cuenta con 31 escaños. El decreto de vivienda se aprobará en julio; el registro horario, antes del verano; la prestación por crianza se negocia en los PGE que se cerrarán a finales de agosto. Este martes se votan además las reformas de dependencia y discapacidad.
  • Resumen: Sumar aprovecha la debilidad del PSOE para impulsar una agenda social que le dé identidad propia y diferencie su legado dentro del Gobierno de coalición.

La suspensión del empalme en Colombia tras las declaraciones de Petro enciende las alarmas en las empresas españolas

Amparo Soler
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La suspensión del empalme en Colombia tras las declaraciones de Petro enciende las alarmas en las empresas españolas

Una crisis institucional en Colombia ha encendido las alarmas entre las grandes empresas españolas con inversiones en el país. Te cuento por qué.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. El bloqueo del traspaso de poderes y el cuestionamiento de la legitimidad del presidente electo por parte del mandatario saliente disparan la incertidumbre jurídica sobre activos valorados en miles de millones de euros de compañías como Telefónica, Banco Santander o Iberdrola.

¿Qué ha desatado la tormenta política?

La chispa saltó cuando el presidente saliente, Gustavo Petro, afirmó públicamente que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y declaró ganador de las elecciones a Iván Cepeda, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había expedido la credencial de presidente electo. En esa misma alocución, Petro habló de fraude en el exterior mediante el uso de algoritmos y calificó la situación como «el golpe más duro a la democracia desde la Patria Boba».

La respuesta no se hizo esperar. Ante lo que consideró un ataque directo a la institucionalidad, De La Espriella ordenó suspender de inmediato el proceso de empalme –las reuniones entre los equipos saliente y entrante–, un gesto que dejó congelada la transición y elevó la tensión a niveles no vistos en décadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rebajó parcialmente la crisis al aclarar que la Fuerza Pública sí reconoce al presidente electo, pero el daño a la confianza ya estaba hecho.

Por qué la crisis golpea directamente al tejido empresarial español

Colombia es uno de los mercados estratégicos para el capital español en América Latina. Según datos del ICEX, la inversión acumulada supera los 30.000 millones de euros y abarca sectores como las telecomunicaciones, la banca, la energía y la construcción. Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola o Indra mantienen operaciones que dependen de un marco jurídico estable y, sobre todo, predecible.

Cuando un presidente en funciones deslegitima el proceso electoral y el empalme se bloquea, lo que está en juego es mucho más que una pulseada política: es la seguridad jurídica que necesitan esas multinacionales para planificar inversiones, renovar contratos o defender sus activos en tribunales internacionales. Cualquier resquicio de inestabilidad puede traducirse en sobrecostes, paralización de proyectos o, en el peor de los casos, expropiaciones regulatorias disfrazadas.

Una incertidumbre que recuerda a otros episodios regionales

El precedente más inquietante lo encontramos en Venezuela. Durante la crisis de 2019, la falta de una transición pacífica y el cuestionamiento de los resultados electorales llevaron a que empresas españolas como Repsol o Telefónica vieran depreciados sus activos y tuvieran que dotar provisiones multimillonarias. Aquel precedente enseñó que la política no es un ruido de fondo, sino un termómetro directo del riesgo-país.

En Colombia, el equipo entrante ha optado por un empalme escrito, mediante derechos de petición masivos para conocer el estado real de las entidades. Esta estrategia, aunque garantiza una transición administrativa, evidencia la fractura: sin confianza mutua no hay diálogo. Para las empresas españolas, el mensaje es claro: la previsibilidad que ofrecía Colombia se ha resentido y los próximos meses serán clave para ver hasta qué punto la institucionalidad resiste.

La suspensión del empalme, más que un desencuentro, es una señal de inestabilidad jurídica que impacta directamente en la confianza de los inversores internacionales.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, rechaza la legitimidad del electo Abelardo De La Espriella y denuncia fraude sin sustento judicial, lo que bloquea el traspaso de poderes y eleva la tensión institucional.
  • Datos importantes: La inversión acumulada de empresas españolas en Colombia supera los 30.000 millones de euros (ICEX). El empalme se ha suspendido y el equipo entrante recurre a derechos de petición para recabar información.
  • Resumen: La crisis pone a prueba la seguridad jurídica que necesitan las multinacionales españolas y amenaza con repetir patrones de inestabilidad vistos en otros países de la región.

PP y Vox modifican la ley de Policías Locales para coordinar agentes en emergencias tras la DANA

Amparo Soler
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PP y Vox modifican la ley de Policías Locales para coordinar agentes en emergencias tras la DANA

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP y Vox han registrado enmiendas a la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales que permiten movilizar agentes de cualquier municipio ante emergencias de nivel 1 o 2 y reservar un 20% de plazas a militares.
  • ¿Quién está detrás? La iniciativa del Grupo Popular en las Corts Valencianes, con el apoyo de Vox y del Consell de Juanfran Pérez Llorca, se ha tramitado sin reunir a la Comisión de Coordinación de Policía Local.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma da más poder al director de la emergencia para coordinar efectivos, pero sindicatos y oposición denuncian el salto a los cauces de participación y la puerta abierta a exmilitares en mandos locales.

El PP y Vox han registrado esta semana en las Corts Valencianes un paquete de enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales que, entre otras medidas, permite al director de la emergencia movilizar agentes de cualquier municipio ante catástrofes de nivel 1 o 2 autonómico. La propuesta, que se incorpora a la ley de Acompañamiento de los presupuestos, llega tras la polémica gestión de la DANA y en medio de críticas por la ausencia de diálogo con los sindicatos.

La DANA dejó al descubierto la necesidad de una coordinación rápida entre policías locales, pero la reforma la impone sin consultar a quienes patrullan las calles.

Movilización de agentes y reservas a militares

Las enmiendas modifican una decena de artículos de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. El texto plantea que si un municipio sufre “sobrecarga de servicios policiales”, pueda recibir colaboración de otros cuerpos, previa autorización del alcalde y comunicación a la dirección general de Emergencias. En caso de emergencia de nivel 1 o 2 —como una riada o un gran accidente—, el director de la emergencia podrá “movilizar a los efectivos necesarios de los cuerpos de policía local de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana”, que actuarán bajo sus mandos naturales pero dependiendo de la autoridad requiriente.

La formulación autonómica amplía la cooperación ya prevista en la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, sindicatos policiales consultados por elDiario.es critican que se haya tramitado sin pasar por la Comisión de Coordinación de Policía Local, que lleva meses sin reunirse. “Es un golpe a la autonomía local y a la negociación colectiva”, apuntan desde el Sindicato Profesional de Policías Locales.

Otra de las enmiendas más polémicas es la reserva de hasta un 20% de plazas a militares en las policías locales. Esta medida, ya aprobada de tapadillo en un decreto de simplificación burocrática del Consell de Pérez Llorca, se blinda ahora en la reforma legislativa. Además, se reconocerá la antigüedad en las retribuciones de los exmilitares que accedan a los cuerpos locales. Las enmiendas también abren la puerta a que en ciudades de más de 500.000 habitantes —en la práctica, Valencia— se puedan cubrir plazas de comisario y comisario principal mediante turno libre, lo que permite saltar la promoción interna y facilita la llegada de mandos procedentes del Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Reacciones políticas y el ‘no’ de la oposición

Desde el PSPV, la portavoz de Interior, Rosa Peris, ha calificado la reforma de “parche reaccionario para contentar a Vox y desmantelar el modelo de policía de proximidad”. Compromís, por su parte, denuncia que el Consell “usa la coartada de la DANA para recentralizar competencias municipales sin consenso”. Ambas formaciones anuncian que votarán en contra cuando las enmiendas lleguen al pleno de las Corts.

El PP defiende que la reforma atiende a una necesidad real tras la DANA de octubre de 2024 y que se limita a desarrollar el artículo 106 de la Ley Marco de Policías Locales. Fuentes del grupo popular subrayan que la movilización de agentes ya se practicó durante la emergencia, pero “ahora se dota de una cobertura legal más sólida”.

El Escenario Valenciano

El episodio refleja la dinámica de la coalición PP–Vox en la Generalitat: se acelera la agenda legislativa de marcado perfil conservador sin agotar los canales de participación. La Comisión de Coordinación de Policía Local es un ejemplo: el Consell de Pérez Llorca la ha mantenido inoperativa mientras introduce cambios que afectan directamente al modelo de seguridad municipal.

A escala nacional, la reserva de plazas a militares entronca con un debate más amplio que ya se ha colado en otras comunidades y en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez, aunque respeta el margen autonómico, ha advertido sobre el riesgo de “militarización de las policías locales” y recuerda que los procesos de selección deben garantizar la función de proximidad. Las enmiendas del PP y Vox podrían marcar un precedente para Madrid o Murcia, donde también se debaten fórmulas similares. De momento, la tramitación en las Corts seguirá su curso: la ley de Acompañamiento se someterá a votación en las próximas semanas y, salvo sorpresa, saldrá adelante con la mayoría absoluta del bloque de derechas.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP y Vox han presentado enmiendas a la ley de Coordinación de Policías Locales para permitir la movilización de agentes entre municipios en emergencias de nivel 1 o 2 y consolidar la reserva de plazas a militares, una iniciativa que se tramita en las Corts Valencianes sin pasar por los órganos de participación sindical.
  • Datos importantes: Movilización de policías locales bajo el mando del director de la emergencia; reserva de hasta un 20% de plazas a exmilitares; acceso por turno libre a jefaturas en grandes ciudades; todo ello vinculado a la DANA de 2024 y a un decreto previo de reducción de burocracia.
  • Resumen: La reforma, que cuenta con los votos del PP y Vox, busca mejorar la coordinación ante catástrofes pero despierta fuertes críticas de sindicatos y de la oposición, que ven un intento de recentralizar y un giro hacia la “militarización” de la seguridad local.

Canarias aprueba el decreto de certificación digital docente con 29.000 profesores acreditados

Marta Iglesias
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Canarias aprueba el decreto de certificación digital docente con 29.000 profesores acreditados

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto que unifica la certificación de la competencia digital docente en las islas.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Educación, que dirige Poli Suárez, y la Dirección General de Personal, con Mónica Ramírez.
  • ¿Qué impacto tiene? Más de 29.000 docentes ya acreditados ven reconocido su nivel y las certificaciones tendrán validez nacional.

El Gobierno de Canarias dio ayer, lunes 13 de julio, un paso largamente esperado en la modernización de su sistema educativo. Aprobó el decreto que regula los procedimientos para la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, un marco que unifica criterios en todo el archipiélago y da validez en el resto de España a las acreditaciones que obtengan sus profesores.

La norma culmina la tramitación iniciada en marzo tras la toma en consideración del texto por el propio Consejo de Gobierno. Con ella, Canarias se alinea definitivamente con el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) actualizado en 2022, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación para todas las administraciones educativas.

El decreto y sus claves

El nuevo decreto fija un itinerario homogéneo de niveles A1 a C2 que reconoce tanto la formación recibida como la experiencia profesional y la validación de méritos. El objetivo no es solo la alfabetización técnica, sino también el bienestar digital del alumnado y la calidad de los procesos de enseñanza, una línea estratégica que ha impulsado personalmente el consejero Poli Suárez desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

El nuevo decreto no solo certifica competencias técnicas: sitúa a Canarias en la vanguardia de la transformación digital docente en España.

La coordinación del proyecto ha recaído en la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, con Mónica Ramírez al frente. Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, actualmente hay 29.058 docentes con la competencia digital acreditada: 27.027 de la red pública y otros 2.031 de centros concertados del archipiélago. Esas cifras avalan el camino recorrido y dan solidez a un reglamento que ahora les otorga mayor seguridad jurídica.

Qué cambia para los docentes canarios

A partir de este decreto, los docentes canarios podrán obtener su certificación por dos vías diseñadas para adaptarse a diferentes trayectorias profesionales. La primera es la formación específica, mediante cursos homologados que cubren las distintas áreas del marco de referencia. La segunda, la evaluación de la práctica profesional y la validación de méritos, pensada para quienes llevan años integrando la tecnología en el aula de manera efectiva y buscan un reconocimiento formal.

Esta doble puerta resuelve una de las principales demandas del profesorado del archipiélago, que hasta ahora se movía en un limbo normativo donde la experiencia digital acumulada no siempre tenía un reflejo oficial. La seguridad jurídica es la gran novedad del texto, según fuentes de la Consejería de Educación.

El Pulso Territorial

La aprobación del decreto se produce en un momento de estabilidad política para el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP y de otras formaciones en el Parlamento regional. La Consejería de Educación, en manos de Poli Suárez (PP), ha hecho de la digitalización una de sus banderas desde el inicio de la legislatura, y este decreto le permite exhibir un resultado tangible, aunque la competencia digital docente es una exigencia compartida por todas las comunidades autónomas.

Comparado con otros territorios, Canarias se convierte en una de las primeras autonomías en completar el desarrollo reglamentario autonómico tras la actualización estatal del MRCDD de 2022. En regiones como Castilla y León o Murcia, los procesos de acreditación avanzan a ritmos desiguales y carecen aún de una regulación tan detallada. Las 29.000 acreditaciones acumuladas en las islas sitúan al archipiélago entre los líderes en implantación práctica del marco europeo de competencia digital (DigCompEdu).

Con este paso, el Gobierno canario encara la recta final del año escolar con la voluntad de seguir sumando docentes certificados. La previsión de la Consejería es que, con el nuevo marco, el ritmo de acreditaciones se acelere durante los próximos meses, sobre todo entre el profesorado de la concertada, que ahora encuentra un cauce homogéneo. La atención, sin embargo, se traslada ahora a la implantación efectiva del decreto en los centros y a la capacidad de la administración para gestionar las solicitudes sin atascos burocráticos que empañen el hito celebrado ayer.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias aprueba el decreto que regula la certificación de la competencia digital de su profesorado, un marco que unifica criterios y da plena validez nacional a los títulos obtenidos en las islas.
  • Datos importantes: Más de 29.000 docentes ya acreditados (27.027 de la red pública y 2.031 de la concertada). El decreto, alineado con el MRCDD de 2022, reconoce niveles A1-C2 y permite dos vías de acreditación: formación o validación de méritos.
  • Resumen: La medida culmina un proceso iniciado en marzo y otorga seguridad jurídica al esfuerzo digital del profesorado canario. El foco se pone ahora en la gestión de las acreditaciones y en la extensión del modelo a toda la comunidad educativa.

La jueza del caso DANA rechaza que la alcaldesa Catalá declare de nuevo por falta de conexión objetiva

Amparo Soler
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La jueza del caso DANA rechaza que la alcaldesa Catalá declare de nuevo por falta de conexión objetiva

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza del caso DANA ha rechazado que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declare de nuevo en la instrucción penal.
  • ¿Quién está detrás? La instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los 229 fallecimientos de la DANA del 29 de octubre de 2024.
  • ¿Qué impacto tiene? El auto desestima las pruebas que la acusación consideraba clave, al no hallar relación con las muertes en La Torre, y refuerza la tesis de que la falta de avisos fue el factor determinante.

La jueza del caso DANA ha rechazado este lunes que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declare de nuevo en la instrucción penal que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024.

La petición de la acusación y la respuesta de la jueza

La instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha desestimado la solicitud de la acusación particular que representa a familiares de víctimas de La Torre. En un auto fechado este lunes, la jueza argumenta que las pruebas pedidas son en su mayoría «reiterativas» o «carecen de conexión objetiva» con los fallecimientos en esa pedanía.

La resolución judicial incide en que el agua que llegó a La Torre procedía del barranco del Poyo. Ni las compuertas de la Albufera, ni las depuradoras ni los colectores contribuyeron a las muertes, según el auto. El control de la fuente de riesgo —los cauces y barrancos— era lo determinante para evitar el resultado lesivo.

La jueza también rechaza la declaración del concejal delegado del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, porque el sistema de drenaje de la ciudad no puede ser la causa de los fallecimientos. En La Torre, la mayoría de las víctimas fueron atrapadas en un garaje, y una de ellas fue arrastrada a su interior cuando caminaba por la calle, según detalla el propio auto.

Los argumentos del auto: el origen del agua y la falta de avisos

La jueza recuerda que la situación del barranco del Poyo era ya conocida en el Cecopi, el centro de coordinación operativa integrado. La clave, insiste, fue la ausencia de avisos a la población. «Lo determinante era avisar a la población», reza el auto, que califica de «letal» la falta de alertas a los vecinos de La Torre y a quienes circulaban por la pedanía aquella tarde.

En paralelo, la instructora ha acordado nuevas diligencias. Ha pedido a la Subdirección General de la Conselleria de Emergencias un listado de las comunicaciones por radio mantenidas con los ayuntamientos el día de la DANA, con la hora, duración e identidad de los interlocutores. La Conselleria dispone de tres días para remitir el informe.

Además, ha solicitado de nuevo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el informe número 3 de la DANA, con la hora de emisión y de inclusión en la lista de difusión, en un plazo de dos días.

El origen del agua en La Torre fue el barranco del Poyo y lo que falló no fue la red de saneamiento, sino el aviso a la población.

En el mismo auto, la jueza ha aceptado la declaración como testigo de la hija de una anciana residente en un centro de mayores de Paiporta que falleció en un hospital tras la inundación, y ha solicitado al centro la identidad de las personas que auxiliaron a otra residente.

El Escenario Valenciano

La instrucción del caso DANA avanza lentamente, con el foco judicial en determinar las responsabilidades que cada administración tuvo en la gestión de la emergencia. La jueza no ha citado de nuevo a la alcaldesa Catalá, pero el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, también está investigado en la causa, así como otros altos cargos del anterior Consell. La decisión de este lunes refuerza la línea de la investigación que apunta a que el fallo principal fue la falta de alerta a la población, un debate que trasciende a la Comunitat Valenciana y afecta al conjunto del sistema nacional de protección civil. Las comparaciones con otras catástrofes, como la riada de Biescas de 1996, donde la ausencia de un sistema de alerta temprana se cobró 87 vidas, ponen de relieve la necesidad de protocolos claros y coordinados entre administraciones. El Gobierno central, que ya ha comprometido más de 16.000 millones de euros para la reconstrucción, mantiene la supervisión sobre la ejecución de esos fondos mientras las Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados examinan las lecciones aprendidas. El caso DANA se ha convertido en un test de estrés para el modelo autonómico de emergencias.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja investiga los 229 fallecimientos registrados durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La acusación particular solicitó la declaración de la alcaldesa de Valencia y la instrucción de pruebas sobre el sistema de saneamiento.
  • Datos importantes: El auto judicial determina que el agua que anegó La Torre procedía del barranco del Poyo y no de los sistemas de drenaje de la ciudad. La falta de avisos a la población es considerada «letal». Además, la jueza ha requerido las comunicaciones por radio con ayuntamientos y el informe número 3 de la Agencia Valenciana de Emergencias.
  • Resumen: La investigación criminal se centra en la gestión de la emergencia y, especialmente, en la responsabilidad por no haber alertado a la población, un elemento clave que mantiene bajo la lupa tanto a las administraciones locales como a la autonómica.

Cecotec invertirá 100 millones en viviendas industrializadas para construir 6.000 casas al año

Amparo Soler
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Cecotec invertirá 100 millones en viviendas industrializadas para construir 6.000 casas al año

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Cecotec y Casas inHAUS han sellado una alianza para construir una planta de vivienda industrializada en Valencia con capacidad para 6.000 unidades al año.
  • ¿Quién está detrás? La empresa valenciana Cecotec, a través de su división CecoHomes, invierte 100 millones de euros en el proyecto.
  • ¿Qué impacto tiene? La iniciativa creará 4.000 empleos y aspira a aliviar la crisis de vivienda en la Comunitat Valenciana, agravada por la DANA.

El fabricante valenciano de electrodomésticos Cecotec ha dado un salto de escala al sector inmobiliario. La compañía invertirá 100 millones de euros en una planta de vivienda industrializada en Valencia que será capaz de fabricar 6.000 viviendas al año. Lo hace de la mano de Casas inHAUS, firma especializada en construcción modular, en una operación que generará 4.000 empleos directos e indirectos.

La alianza, asesorada por No Limits Advisory, se canaliza a través de CecoHomes, la división arquitectónica que Cecotec puso en marcha a finales de 2022 para trasladar la eficiencia industrial de los electrodomésticos a las casas. La nueva planta, cuya apertura se prevé en un plazo de tres años, alcanzará los 500.000 metros cuadrados de producción anual. Trabajará con un sistema de industrialización de grado 6: el 95 % del edificio se fabrica en un entorno controlado antes de su implantación en la parcela.

Una alianza para industrializar la vivienda en Valencia

El suelo industrial donde se ubicará la factoría aún está en fase de análisis, pero la apuesta es clara. Valencia combina “un denso tejido industrial, la conexión directa con la industria cerámica, una excelente capacidad logística y grandes conexiones internacionales”, según el comunicado de las empresas. La planta abastecerá a promotores, administraciones públicas, inversores y otros profesionales, tanto españoles como extranjeros, que buscan certidumbre en costes y plazos.

El sistema elegido reduce los tiempos de entrega y elimina el riesgo de inflación que asfixia las obras tradicionales. César Orts, fundador de Cecotec, asegura que “la industrialización será una herramienta fundamental” y que Casas inHAUS cuenta con “un equipo con experiencia, una tecnología contrastada y una visión compartida sobre cómo escalar este modelo industrial para llevarlo mucho más lejos”.

Por su parte, Rubén Navarro, director y cofundador de Casas inHAUS, ve en el acuerdo la palanca para “acelerar una hoja de ruta que llevamos tiempo preparando y dar un salto de escala para responder a una demanda creciente tanto de particulares como de promotores e inversores”. La planta permitirá levantar desde viviendas unifamiliares hasta promociones residenciales, edificios plurifamiliares y hoteles.

La industrialización no es solo eficiencia: es la respuesta a un mercado inmobiliario quebrado por la emergencia y los precios disparados.

El impacto en la crisis de vivienda: de la DANA a la falta de oferta

La iniciativa llega en un momento en que Valencia arrastra una crisis de vivienda que la DANA de 2024 agravó. Miles de familias perdieron sus hogares y la reconstrucción avanza con lentitud. La oferta de vivienda asequible es insuficiente, y los precios de alquiler y compra se han disparado. Una fábrica capaz de volcar al mercado 6.000 casas anuales, con costes controlados y plazos certos, puede cambiar el tablero.

No obstante, el proyecto tardará tres años en arrancar. Mientras tanto, la Generalitat y el Gobierno central mantienen abiertos varios frentes: el Plan RERD (el instrumento autonómico de reconstrucción tras la DANA) sigue con una ejecución baja, y el Consorcio de Compensación de Seguros aún gestiona indemnizaciones millonarias. La vivienda industrializada se alinea con la urgencia de acelerar la reposición del parque destruido y, al mismo tiempo, ampliar la oferta general.

El Escenario Valenciano

En la política valenciana la noticia se ha recibido como un balón de oxígeno. El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox) necesita inversiones que refuercen su relato de recuperación económica. Aunque la planta es iniciativa privada, el anuncio llega días después de que las Corts Valencianes aprobaran una moción del PP para agilizar licencias de construcción industrializada. PSPV y Compromís han reclamado que la Generalitat reserve suelo público para proyectos de vivienda asequible, no solo para promotores privados.

En el plano nacional, el Ministerio de Vivienda ha intensificado los contactos con grandes fabricantes para explorar la construcción modular como vía para cumplir los objetivos del Plan Estatal de Vivienda. La apuesta de Cecotec encaja en esa estrategia y puede servir de modelo para otras regiones con crisis habitacional. La proyección es que, si la planta cumple los plazos, en 2029 Valencia podría marcar el camino de una nueva industria residencial que complemente los sistemas tradicionales. La clave estará en que la financiación pública y los suelos disponibles acompañen una hoja de ruta que, de momento, la empresa privada ha decidido liderar.

Ficha del Caso

  • El caso: Cecotec, gigante valenciano de los electrodomésticos, se alía con Casas inHAUS para levantar una megafactoría de vivienda industrializada en Valencia, con una inversión de 100 millones de euros.
  • Datos importantes: Capacidad de 6.000 viviendas al año, 4.000 empleos generados, sistema de grado 6 (95 % fabricado en planta). Apertura prevista en tres años, en 2029.
  • Resumen: La iniciativa privada aspira a mitigar la crisis de vivienda valenciana, agravada por la DANA, y a situar a Valencia como referente en construcción industrializada a nivel nacional.

Junio fue el segundo más cálido de la historia: el seguro del hogar ya cubre los daños por golpes de calor

Ana Carina Rodríguez
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Junio fue el segundo más cálido de la historia: el seguro del hogar ya cubre los daños por golpes de calor

Tu seguro de hogar no es la red de seguridad que crees cuando el termómetro se dispara. Junio de 2026 fue el segundo mes de junio más cálido desde que existen registros en España, solo por detrás de 2025, con una temperatura media 3,2 grados por encima de lo normal. Y ese calor extremo, sostenido durante días, ya se nota en las paredes de miles de viviendas.

El problema es que la mayoría de propietarios da por hecho que su póliza le protege ante cualquier imprevisto, y con las grietas por calor no es así. Los técnicos del sector llevan meses avisando: la dilatación térmica de materiales, el agrietamiento de fachadas y el desgaste de suelos por temperaturas sostenidas rara vez entran en las coberturas estándar de una póliza multirriesgo.

Por qué el calor agrieta tu casa (y por qué el seguro mira para otro lado)

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Cuando una fachada se calienta y se enfría de forma repetida, el material se dilata y se contrae. Con el paso de los días esto genera microfisuras que, con constancia, se convierten en grietas visibles. Es un proceso lento, sin un instante concreto que lo desencadene, y ahí está la trampa: las aseguradoras exigen que el daño se vincule a un siniestro súbito e identificable para indemnizarlo.

Los especialistas del sector asegurador ya hablan de un «segundo plano» de riesgos climáticos que las pólizas tradicionales no contemplan bien. La degradación de fachadas por acumulación de temperatura queda, en la práctica, fuera del papel que firmaste al contratar tu vivienda.

Lo que dice la letra pequeña de tu póliza

Muchas familias descubren las limitaciones de su póliza justo cuando más las necesitan. La cobertura de daños por ola de calor no es una excepción: la mayoría de aseguradoras exige un evento imprevisto y puntual, no un proceso gradual de meses.

Las grietas de asentamiento normal, las provocadas por dilatación térmica prolongada o las que aparecen por simple paso del tiempo se consideran, en general, responsabilidad del propietario. La única vía real de cobertura pasa por demostrar que el origen fue un agente externo concreto, como una obra cercana o una catástrofe declarada oficialmente.

Qué sí cubre (y qué no) tu multirriesgo hoy

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La mayoría de pólizas de hogar en España cubren de forma clara el fuego, el agua y los fenómenos atmosféricos súbitos como el granizo o el viento fuerte. También suele incluirse la responsabilidad civil si el daño afecta a un vecino, y la defensa jurídica para reclamar a terceros cuando corresponda.

Lo que casi ninguna aseguradora asume sin más son los daños estéticos derivados de procesos lentos: grietas de dilatación, desconchados por sol prolongado o el deterioro de suelos exteriores tras semanas de calor extremo. Ahí es donde el propietario se lleva la sorpresa.

Cómo comprobar si tu caso tiene opciones reales de cobertura

Antes de dar por perdida la reparación conviene entender exactamente qué margen tienes. Hay diferencias importantes según el tipo de daño y su origen, y algunas rutas de reclamación sí funcionan si se documentan bien desde el primer día.

  • Revisa si existe un evento puntual identificable: una obra cercana, una rotura de tubería o un fenómeno meteorológico extremo declarado pueden abrir la puerta a indemnización, aunque el calor haya sido el detonante final.
  • Fotografía y fecha las grietas desde que aparecen: un seguimiento con testigos de yeso o marcas ayuda al perito a determinar si la grieta está «activa» o ya estabilizada.
  • Consulta si tu comunidad de propietarios tiene seguro específico: si la fachada es zona común, la póliza comunitaria puede cubrir lo que la tuya no asume.
  • Pide presupuesto de un perito independiente antes de llamar a la aseguradora: tener un informe propio refuerza tu posición si hay disputa sobre el origen del daño.

Coberturas complementarias que sí existen (y que casi nadie contrata)

Algunas aseguradoras ya ofrecen extensiones específicas pensadas para el nuevo escenario climático, aunque siguen siendo minoritarias en el mercado español. Estas pólizas adicionales cubren de forma explícita la degradación gradual por temperatura y los ciclos de expansión-contracción sobre cimentaciones, algo que el multirriesgo estándar excluye por defecto.

El coste de añadir esta cobertura suele ser moderado frente al gasto de una reparación de fachada completa, que puede superar fácilmente varios miles de euros según la superficie afectada. Si vives en una zona con veranos cada vez más extremos, preguntar por esta opción al renovar la póliza es una de las decisiones más rentables que puedes tomar este año.

Lo que viene: pólizas más caras, pero también más específicas

El sector asegurador ya está moviendo ficha. Las primas de hogar suben y seguirán subiendo en los próximos ejercicios, en parte porque las aseguradoras están recalculando el riesgo climático real de cada vivienda. No es una mala noticia en sí misma: significa que el mercado empieza a tomarse en serio un problema que hasta ahora quedaba en un limbo contractual.

Lo razonable, y aquí el consejo de cualquier profesional del sector, es no esperar a que aparezca la primera grieta. Revisa tu póliza actual, pregunta explícitamente por la cobertura de daños graduales por calor y, si tu vivienda tiene más de veinte años o está muy expuesta al sol, valora una cobertura complementaria. El calor extremo ha llegado para quedarse, y tu seguro debería estar a la altura de esa nueva realidad.

La Xunta licita la ronda este de Ourense por 13 millones para conectar la N-525 con la A-52

Anxo Seoane
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La Xunta licita la ronda este de Ourense por 13 millones para conectar la N-525 con la A-52

La Xunta de Galicia ha desbloqueado este lunes la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra estratégica que conectará la carretera N-525 con la autovía A-52 y que cuenta con un presupuesto de 12,7 millones de euros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta ha autorizado la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense por un importe de 12,7 millones de euros.
  • ¿Quién está detrás? El presidente Alfonso Rueda anunció el desbloqueo de este proyecto histórico, que el gobierno autonómico del PPdeG espera adjudicar antes de fin de año.
  • ¿Qué impacto tiene? Las obras, que empezarán en 2027, reducirán el tiempo de trayecto entre la OU-105 y la A-52 de siete minutos a poco más de uno, descongestionando el centro urbano y mejorando la conexión con el área industrial de San Cibrao das Viñas.

Así es el nuevo tramo de la Ronda Este de Ourense

El proyecto, autorizado por el Consello da Xunta, supondrá la construcción de un nuevo vial de 1,5 kilómetros que discurre entre los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas. El trazado arranca en la rotonda de Benposta —confluencia de la OU-105 con la OU-510— y avanza en sentido suroeste hasta entroncar con la N-525, a la altura de la conocida como rotonda de Expourense.

La obra incluye estructuras singulares que salvan las complicaciones del terreno: tras un primer tramo en terraplén de 400 metros, se ejecutará un paso inferior para cruzar la línea ferroviaria actual, un viaducto de 80 metros sobre el río Barbaña y un paso superior para dar servicio a la depuradora de San Cibrao. La calzada dispondrá de un carril por sentido de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros, con un carril adicional en los segmentos de mayor pendiente.

Impacto en la movilidad y calendario de ejecución

La nueva infraestructura reduce un desplazamiento que hoy exige recorrer 4,6 kilómetros en aproximadamente siete minutos a apenas 1,7 kilómetros y algo más de un minuto. El objetivo es doble: descongestionar arterias urbanas como la avenida de Marcelo Macías o la avenida de Zamora y mejorar la conexión con el sur de la provincia y el polígono industrial de San Cibrao, por donde circulan a diario decenas de miles de vehículos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, detalló que el contrato se licitará a lo largo de este mes de julio y confía en adjudicarlo antes de que termine 2026. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que los primeros movimientos de tierra están previstos para el primer trimestre de 2027. “Va básicamente por el ayuntamiento de Ourense, también tocará San Cibrao das Viñas, beneficiando a muchas decenas de miles de vecinos”, señaló Rueda.

Culminar la Ronda Este, tras más de 30 años de espera, es una señal de que la planificación autonómica bien dotada puede cerrar brechas históricas en la movilidad de las ciudades gallegas.

El Laboratorio Gallego

Galicia ha convertido la gestión de infraestructuras viarias en una de las marcas del PPdeG desde que el partido recuperó la Xunta en 2009. La Ronda Este de Ourense es, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo las mayorías absolutas permiten mantener proyectos de largo aliento sin sobresaltos electorales. Los tramos anteriores se inauguraron en 2003, 2006 y 2012, y ahora el gobierno de Rueda cierra el círculo. El respaldo político ha sido transversal: tanto BNG como PSdeG han reclamado históricamente mejoras en la movilidad metropolitana de Ourense, aunque la ejecución final corresponde al ejecutivo autonómico.

La lectura nacional no es forzada: el expresidente Alberto Núñez Feijóo defendió en múltiples ocasiones que la planificación de carreteras gallegas demostraba que es posible conjugar equilibrio presupuestario con inversión en cohesión territorial. Aunque la situación fiscal de la Xunta es más holgada que la del Estado, el modelo gallego de priorización de proyectos que alivian colapsos crónicos —como el acceso a polígonos industriales— sigue siendo una referencia que desde el PP nacional se observa con interés. La clave, como ocurre en tantas políticas ensayadas en Santiago de Compostela, está en la paciencia: el último tramo se licita ahora, pero el diseño lleva maduro años sobre la mesa.

Más allá de las cifras, la obra pone de relieve la importancia de mantener un canal estable de financiación autonómica para infraestructuras que, aunque modestas en extensión, transforman la vida cotidiana. El Parlamento de Galicia ya ha empezado a debatir los presupuestos de 2027, en los que la Consellería de Infraestruturas pedirá una partida adicional para agilizar los trabajos. Mientras tanto, el Consello da Xunta seguirá autorizando licitaciones cada verano, con la vista puesta en que el próximo gran proyecto —quizás la conexión con la autovía A-75 en el sur de la provincia— no tarde otras tres décadas en ver la luz.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta licita el último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra que completa el anillo de circunvalación sureste de la ciudad tras más de 30 años de espera.
  • Datos importantes: Presupuesto: 12,7 millones de euros. Longitud: 1,5 km. Plazo: 30 meses. Inicio previsto: primer trimestre de 2027. Conexiones: OU-105/OU-510 con N-525 y A-52.
  • Resumen: La inversión reducirá los tiempos de viaje y descongestionará el centro de Ourense, beneficiando también al área industrial de San Cibrao das Viñas.
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