La deuda Argentina en pesos se dispara un 40% y alerta a la banca española

La deuda argentina en pesos con acreedores privados creció casi un 40% en nueve meses, hasta 97.000 millones de dólares. Y ese salto, leído desde Madrid, enciende una alerta que toca de lleno a la banca española.

Vamos por partes, porque la cifra impresiona y conviene desmenuzarla. Según las estimaciones de la consultora EcoGo, el stock de deuda consolidada en moneda local con privados pasó de 69.000 millones de dólares en diciembre de 2025 a 97.000 millones en septiembre de 2026. Un aumento de 27.000 millones de dólares en apenas nueve meses.

Qué ha pasado con la deuda argentina en pesos

El Gobierno de Javier Milei recurrió este año a la colocación de bonos como su gran aspiradora para absorber pesos. El objetivo era doble: mantener el dólar calmo y despejar pagos antes del calendario electoral. Traducido: emitir deuda en pesos para que ese dinero no acabara corriendo hacia el billete verde, alentando el llamado carry trade —colocar fondos en pesos a tasas altas aprovechando la diferencia con el dólar—.

Según la versión oficial, el stock de deuda en pesos con el sector privado se mantiene estable en porcentaje del producto bruto, entre el 12% y el 14% del PBI. El dólar subió un 5% en el año frente a una inflación del 23%, y por ese efecto cambiario —el desfase entre lo que avanza el tipo de cambio y lo que avanzan los precios— el stock medido en dólares parece mayor de lo que realmente es.

Los analistas matizan ese relato. Sebastián Menescaldi, socio adjunto de EcoGo, lo resume con crudeza: ‘Emitiste pesos para comprar 14.000 millones de dólares de reservas, lo lógico hubiera sido que los bancos entregaran crédito a empresas y familias, pero no hubo ese incremento de inversión ni consumo, entonces lo absorbieron incrementando deuda.

Y aquí está el detalle que casi nadie subraya. El 72% del stock de deuda en pesos con privados está indexado, es decir, atado a la inflación o al dólar. Eso impide licuar el pasivo en caso de una devaluación: si el peso se hunde, la factura crece en lugar de diluirse.

Argentina ha convertido buena parte de su deuda en pesos en una factura atada a la inflación y al dólar, sin margen para licuarla.

El otro cambio llegó en agosto, cuando el Ejecutivo viró hacia títulos de vencimiento corto y variantes ajustadas al dólar, después de que el mercado se inquietara por la continuidad política del país. La duda sobre la reelección de Milei enfrió la colocación de bonos en dólares y obligó a ofrecer una suerte de seguro contra la disparada del tipo de cambio.

Por qué la banca española mira a Buenos Aires con inquietud

Y aquí entra España. El Santander y el BBVA, los dos grandes bancos españoles con presencia consolidada en el país, mantienen filiales entre las principales entidades del sistema financiero argentino. Su exposición directa no compromete por sí sola sus cuentas globales, pero una devaluación abrupta tensionaría la morosidad y el valor de sus carteras.

Conviene recordar que la banca española ya vivió esta película. En la crisis de 2001, con el corralito y el mayor impago soberano de la historia, las filiales argentinas de los grandes bancos españoles obligaron a provisiones multimillonarias y a un repliegue que marcó su estrategia en Latinoamérica durante años.

inversión española Argentina

Hoy el contexto es distinto: menos exposición relativa, balances más capitalizados y una gestión de riesgo más afinada. Pero el riesgo país argentino sigue siendo un termómetro sensible, y la combinación de deuda indexada y vencimientos concentrados después de octubre de 2027 puede tensar el mercado si la política se complica.

Lo que el precedente argentino enseña a España

Para entender el alcance real conviene mirar el precedente. Argentina es el laboratorio recurrente del endeudamiento en moneda propia: en 2018 necesitó un rescate récord del FMI y en 2001 llegó a acumular un impago de casi 100.000 millones de dólares. Cada ciclo deja la misma lección: cuando la deuda se indexa y se acorta el plazo, el margen de maniobra se estrecha justo cuando más se necesita.

Las empresas españolas también siguen de cerca el pulso argentino. Para el Santander y el BBVA, la filial argentina es hoy una pieza menor en el conjunto del grupo, pero sirve de termómetro para medir el atractivo de toda una región. La pregunta que se hacen en las mesas de Madrid es sencilla: si el riesgo país vuelve a dispararse, ¿aguantará el sistema financiero español su exposición sin repetir errores del pasado?

De momento, los vencimientos posteriores a octubre de 2027 —ya cerca de la mitad del stock— dan al Gobierno aire para respirar. Lo que conviene vigilar en las próximas semanas es la tasa de renovación de esos bonos y el pulso del dólar. Si Argentina no logra convencer a los bancos, la banca española será la primera en notarlo.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno argentino emitió bonos en pesos para frenar la presión sobre el dólar y despejar pagos antes del calendario electoral. La deuda en moneda local con privados se disparó casi un 40% en dólares en nueve meses.
  • Datos importantes: El stock pasó de 69.000 a 97.000 millones de dólares entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, con el 72% indexado. Cerca de la mitad vence después de octubre de 2027.
  • Resumen: La exposición del Santander y el BBVA a Argentina es limitada en proporción a sus balances, pero el riesgo país vuelve a ser un termómetro clave para la imagen y los intereses españoles en la región.

Los candidatos al Senado se dividen ante los centros de datos de IA: moratorias o topes al consumo eléctrico

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Los centros de datos de IA se han colado en la campaña al Senado y ya condicionan el voto de trece estados.

No se discute el algoritmo. Se discute quién paga la red eléctrica que lo alimenta. A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, los aspirantes al Senado de Estados Unidos deben pronunciarse sobre una industria que ya se nota en el recibo de la luz de los vecinos. La pregunta es antigua: quién gana, quién paga y quién decide.

El Congreso lo intentó. La Cámara de Representantes aprobó la Ratepayer Protection Act, la ley de protección del abonado eléctrico, que obligaría a los estados a estudiar estándares para que los nuevos centros de datos cubran los costes de generación, transmisión y refuerzo de red que provocan. Bernie Sanders y otros demócratas del Congreso reclaman ir más allá, hasta la moratoria. El bloqueo demócrata en en el Senado llegó el mes pasado: no tumbaron la ley por el fondo, sino por la forma, porque el cumplimiento era voluntario.

El mapa real: moratoria en Maine, costes al desarrollador en Georgia y decisión local en Iowa

Georgia es el termómetro. El senador demócrata Jon Ossoff no ha pedido moratoria alguna. En abril escribió a la FERC, el regulador federal de la energía, para anunciar que su oficina investigaría si los centros de datos inflaban las facturas eléctricas del estado. El dato que maneja: desde 2019 Georgia ha recibido más de 4.500 millones de dólares en capital riesgo vinculado a la IA. Y fue uno de los cuatro demócratas que votaron a favor de la ley que su partido bloqueó después.

Su rival republicano, el congresista Mike Collins, rechaza una moratoria federal y devuelve la pelota al municipio. «Al final del día, esto debería ser una decisión local», dijo en agosto. «Estamos en una carrera contra China en IA. Pero si van a perjudicar la infraestructura local, esa gente no merece que le pase eso».

Carolina del Norte ha ido más lejos. Docenas de comunidades han aprobado moratorias locales y el exgobernador Roy Cooper sostiene que la última palabra es de esos municipios. Su plan, «Make Stuff Cost Less», exige que los centros de datos paguen íntegramente su energía. Su oponente, Michael Whatley, exlobbista energético, responde: que paguen su parte, sin subsidios, y que decidan los condados.

El nuevo campo de batalla político americano no es el algoritmo: es el recibo de la luz de la red eléctrica.

Maine ofrece el contraste más nítido. El demócrata Troy Jackson sí respalda una moratoria temporal y ha presentado «Agency over AI», que obliga a las tecnológicas a costear su propia generación. La gobernadora Janet Mills vetó una prohibición temporal porque no eximía un proyecto levantado sobre una antigua fábrica de papel. La republicana Susan Collins apoyó la ley en el Senado y habla de evaluar caso por caso.

Iowa, Alaska y New Hampshire completan el patrón. Josh Turek no quiere moratoria general, pero sí regulación federal del agua. Ashley Hinson votó la ley. Mary Peltola se guía por la gente de la región. Dan Sullivan quiere centros de datos en bases militares de Alaska. Ni los demócratas más duros piden una prohibición nacional: la pelea es quién asume la factura.

Qué significa para España: la factura eléctrica como nuevo campo de batalla

consumo eléctrico IA

España mira el debate con interés propio. Es uno de los mercados europeos con más proyectos de centros de datos anunciados, con Aragón y Madrid como polos y una electricidad comparativamente barata gracias a la fotovoltaica. Iberdrola, Endesa y Naturgy compiten por contratos de suministro con los hiperescalares, Merlin Properties reconvierte oficinas en campus de datos y ACS puja por las obras.

La normativa española de acceso y conexión ya exige avales a los grandes consumidores para reservar capacidad en la red: quien añade carga, paga. El cuello de botella español no es el permiso, es la evacuación. Si Washington acaba con cincuenta regímenes distintos, el despliegue se encarece justo en la carrera que dice querer ganar. Eso abre una ventana para España, y también puede cerrarla si Bruselas copia el localismo.

El mercado ya lo ha descontado. Nadie dijo que fuera gratis.

La Lógica de Washington

Conviene entender qué problema intenta resolver Washington antes de medir el impacto. La administración de Donald Trump y buena parte del Partido Republicano tienen un objetivo declarado: ganar la carrera de la IA frente a China. El coste lo pagan contribuyentes que no votaron por ella, y de ahí nace la Ratepayer Protection Act: proteger al abonado sin frenar la inversión. La coalición que la respalda combina el localismo —que decida el municipio, no el burócrata federal— y el rechazo a los subsidios.

El precedente americano es inequívoco. La Ley de Regulación de Servicios Públicos de 1978, firmada por Jimmy Carter, fijó que la red es un bien compartido con reglas de reparto de costes. La Ley de Política Energética de 1992, con George H. W. Bush en la Casa Blanca, abrió la generación a la competencia. Cada vez que aparece una carga nueva —las criptominerías en Texas en 2021, ahora la IA— vuelve la misma pregunta. El federalismo energético americano no es un defecto del sistema: es el sistema.

Queda la contradicción de fondo. Un país que quiere desplegar cómputo a máxima velocidad se está dando a sí mismo un mapa fragmentado, con municipios de dos mil habitantes decidiendo sobre infraestructura crítica. Washington no regala nada. Las urnas del 3 de noviembre decidirán quién se sienta a resolverlo: o un estándar federal mínimo, aunque sea voluntario, o la consolidación del parche.

Ficha del Caso

  • El caso: La expansión de los centros de datos de IA entra en la campaña al Senado: trece estados competitivos debaten moratorias, topes al consumo eléctrico o dejar la decisión a los municipios.
  • Datos clave: La Cámara aprobó la Ratepayer Protection Act y el Senado la bloqueó el mes pasado por su carácter voluntario. Georgia ha atraído más de 4.500 millones de dólares en capital riesgo de IA desde 2019. Las urnas abren el 3 de noviembre de 2026.
  • Para España: El pulso americano anticipa el debate europeo sobre quién costea la red. España compite por esos centros con electricidad barata y avales de conexión; una regulación fragmentada en EE. UU. alteraría el mapa de inversiones.

Salario mínimo: Yolanda Díaz convoca al comité de expertos y Sumar sitúa su agenda social antes del 29-N

El salario mínimo entra en fase de expertos: Yolanda Díaz convocó a la comisión asesora y preside este jueves su primera reunión.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Trabajo ha convocado a la comisión asesora para preparar la subida del salario mínimo de 2027.
  • ¿Quién interviene? La vicepresidenta Yolanda Díaz preside el comité; después entran la patronal y los sindicatos, con CCOO pidiendo más de un 5 %.
  • ¿Qué importa? Sumar sitúa su agenda social antes del 29-N, y el PSOE compite por el mismo crédito dentro de la coalición.

La convocatoria salió del Ministerio de Trabajo este miércoles con un objetivo claro: preparar el incremento del salario mínimo interprofesional para 2027. La comisión asesora elaborará un informe con una horquilla de subida, la recomendación que después se traslada a la patronal y a los sindicatos.

Ese informe no es vinculante. La fijación del SMI es potestad exclusiva del Gobierno y no exige el acuerdo de los agentes sociales, aunque Trabajo suele cumplir el trámite cada otoño. La novedad de este año está en el calendario.

La subida del salario mínimo para 2027: los plazos y las cifras

El Ministerio quiere acelerar el proceso para cerrar la subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde el departamento de Díaz recuerdan que el Ejecutivo tiene plena potestad para elevar el salario mínimo incluso en funciones, un argumento que apunta a que la decisión puede adoptarse sin esperar a la nueva composición del Congreso.

El punto de partida es el SMI vigente. El Gobierno aprobó para este año una subida del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas, 17.094 euros brutos anuales.

Los sindicatos ya han puesto su cifra sobre la mesa. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, avanzó que el salario mínimo debería subir por encima del 5 % en 2027, una horquilla que marcará la negociación de las próximas semanas.

El salario mínimo es la bandera social más nítida de Sumar, y el calendario electoral la convierte en un arma de doble filo.

El porqué interno: la agenda social de Sumar en precampaña

Para Sumar, el salario mínimo no es una cifra más. Es la política que mejor define su perfil: la vicepresidenta segunda ha construido buena parte de su capital político desde el Ministerio de Trabajo, y la subida del SMI es la pieza más reconocible de esa agenda social.

El movimiento llega en plena precampaña del 29-N. La formación necesita convertir la gestión en relato electoral, y el calendario de la comisión asesora le permite reivindicar una medida con impacto directo en los salarios más bajos antes de que arranque formalmente la campaña.

En el espacio de Sumar, la bandera del salario mínimo funciona como un punto de encuentro entre la dirección y las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Compromís o Más Madrid, entre otras—. Ninguna fuerza del espacio tiene incentivos para marcar distancia con una subida que su electorado comparte, y eso convierte el asunto en terreno de consenso más que de disputa.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno juega a favor de Yolanda Díaz. La política laboral es el terreno donde la vicepresidenta mantiene una autoridad menos discutida dentro de la formación, y la subida del SMI no abre fisuras visibles entre la dirección y las confluentes. Es, hoy por hoy, una medida de consenso.

La dimensión de coalición es más delicada. El SMI es competencia del Gobierno en su conjunto, de modo que el PSOE también podrá reivindicar la subida ante el 29-N. No hay choque de fondo —ambos socios defienden la medida—, pero sí una disputa por el relato y por el momento del anuncio. En una precampaña tan ajustada, la autoría política de una subida de salarios vale votos.

La proyección inmediata la marca el calendario. La comisión asesora debe entregar su informe y su horquilla en las próximas semanas; después llegará el turno de la patronal y los sindicatos, y finalmente el Consejo de Ministros fijará la cifra. Todo apunta a que el proceso se resolverá antes del 29 de noviembre, con la subida del 3,1 % de este año como referencia y el umbral del 5 % que reclama CCOO como techo de la negociación.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ministerio de Trabajo convoca a la comisión asesora para preparar la subida del SMI de 2027 y busca cerrarla antes de las elecciones del 29-N.
  • Datos importantes: SMI vigente de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales) tras la subida del 3,1 % de este año; CCOO reclama más del 5 % para 2027; el Ejecutivo puede fijar el SMI incluso en funciones.
  • Resumen: La medida refuerza la agenda social de Sumar en precampaña, pero abre una competición por el crédito con el PSOE dentro de la coalición.

Nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: EE. UU. amplía la imputación por tortura a ciudadanos estadounidenses

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ultima nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses. Se anunciarán este jueves.
  • ¿Quién está detrás? La administración de Donald Trump, que capturó a Maduro en una operación militar en enero y lo trasladó a territorio estadounidense para juzgarlo.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la causa penal en Nueva York y añade una arista de derechos humanos a un proceso que ya pesa sobre las relaciones con España y la diáspora venezolana.

El Departamento de Justicia ultima nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles de Venezuela.

La imputación se hará pública este jueves, según funcionarios citados por el Washington Examiner. La fecha no es casual: coincide con la comparecencia de Flores ante el tribunal federal de Manhattan. Washington quiere que el anuncio llegue con las cámaras delante.

Una causa que crece: de la cocaína a la tortura

Maduro y su esposa ya están imputados por narcoterrorismo y por posesión de armas automáticas. Un gran jurado federal los acusó de urdir un plan para introducir ‘miles de toneladas’ de cocaína en Estados Unidos. Ambos se declararon no culpables.

Los nuevos cargos añaden una capa distinta: la autorización de torturas contra estadounidenses. Es un salto de calibre. Convierte una denuncia por narcotráfico en una imputación por vulnerar los derechos de ciudadanos americanos con nombre y apellido.

El fiscal federal Jamie McDonald, tiene previsto comparecer tras la audiencia, fijada para las 10:30 de la mañana. La defensa de Maduro asegura que no ha recibido aviso alguno de las nuevas acusaciones. Flores pedirá al juez Alvin Hellerstein que la deje salir de prisión antes del juicio, previsto para junio, alegando motivos de salud.

La imputación por tortura convierte una causa de narcotráfico en un juicio sobre los límites reales del poder chavista.

La pareja permanece recluida en una cárcel federal de Brooklyn desde su traslado a suelo estadounidense. Fue en enero, cuando un operativo militar estadounidense los sacó de Venezuela por sorpresa.

España mira de reojo: diáspora, energía y pulso diplomático

Ninguna capital europea sigue este proceso con más atención que Madrid. España acoge una de las comunidades venezolanas más numerosas del continente, con varios cientos de miles de residentes, y mantiene intereses energéticos relevantes en el país caribeño. Repsol lleva décadas operando allí, con una exposición que ha sobrevivido a cada crisis diplomática.

A eso se suma el factor político. El opositor Edmundo González Urrutia se exilió en Madrid en 2024, y el Congreso español lo reconoció como presidente electo de Venezuela. La presión judicial desde Washington refuerza esa posición, pero también estrecha el margen de maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez ante cualquier futura negociación con Caracas.

La Lógica de Washington

¿Por qué la administración de Donald Trump insiste en ampliar la causa? La respuesta tiene tres capas.

La primera es jurídica. Los cargos por narcotráfico son sólidos, pero se apoyan en una trama de hechos reconstruida. La tortura, en cambio, apunta a víctimas concretas: ciudadanos estadounidenses. Eso da al proceso una cobertura política difícil de discutir y lo blinda ante cualquier recurso sobre la condición de Maduro.

La segunda es electoral. La comunidad cubana y venezolana de Florida sostiene buena parte de la coalición republicana en el estado más disputado del país. Marco Rubio, secretario de Estado y antiguo senador por Florida, convirtió la presión sobre el chavismo en bandera personal desde hace más de una década.

La tercera es histórica. Estados Unidos ya juzgó en su suelo a un dictador extranjero capturado por la fuerza: fue Manuel Noriega, arrancado de Panamá en 1989 y condenado en Miami por narcotráfico. El manual no es nuevo. Washington lo repite cuando considera que un régimen se ha convertido en una amenaza directa para sus ciudadanos.

Queda, eso sí, una incógnita. La imputación por tortura depende de testimonios y pruebas que aún no se han hecho públicas. Si el juicio de junio se complica, el relato puede desinflarse. Y Venezuela sigue sin un interlocutor claro con el que negociar el día después.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Justicia amplía la imputación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores con cargos por la tortura de ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas.
  • Datos clave: Maduro fue capturado en enero en una operación militar. El juicio por narcoterrorismo está previsto para junio en Nueva York. Los nuevos cargos se anuncian este jueves, tras la vista de las 10:30.
  • Para España: Refuerza la presión internacional sobre el chavismo, pero complica el margen diplomático de Madrid, que acoge a la oposición y mantiene intereses energéticos en Venezuela.

PP y Vox tumban en las Cortes de Aragón la ley de mujeres rurales que apoyaron en 2024

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves la proposición de ley del PSOE para impulsar los derechos de las mujeres del medio rural.
  • ¿Quién está detrás? El PP y Vox, que han votado en contra; el PSOE ha defendido el texto con María Ariño como portavoz.
  • ¿Qué impacto tiene? La iniciativa incluía medidas de empleo, emprendimiento y conciliación que, según los socialistas, son determinantes para fijar población en los 731 municipios de Aragón.

Las Cortes de Aragón tumban el Estatuto de Mujeres Rurales que el PSOE dice que el PP respaldó en 2024.

El Estatuto de Mujeres Rurales cae con los votos del PP y de Vox

La proposición de ley socialista para impulsar los derechos de las mujeres del medio rural no ha salido adelante. Los votos del PP y de Vox la han dejado sin recorrido en el pleno de las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños) y, con el resultado, vuelve a la primera fila un debate que la comunidad arrastra desde hace décadas: el de las mujeres que sostienen la vida en los pueblos y no encuentran en la ley las herramientas para quedarse.

El texto, bautizado como Estatuto de Mujeres Rurales, contemplaba medidas para favorecer el empleo, el emprendimiento, y la conciliación, combatir la violencia de género y aumentar la presencia femenina en los órganos de decisión de las organizaciones agrarias. La norma no imponía nada: abría opciones. «Esta ley no viene a imponer a ninguna mujer cómo tiene que vivir; viene a hacer exactamente lo contrario: darle herramientas para que elija cómo quiere vivir», defendió la diputada María Ariño.

El PP cambia de posición dos años después y el PSOE señala a Vox

El calendario, no el texto, fue el argumento. Según la diputada, el PP respaldó la misma iniciativa en diciembre de 2024 y este jueves la ha rechazado junto a Vox. «Las mujeres rurales no han cambiado. Los que han cambiado son ustedes», reprochó Ariño a los populares, a quienes atribuye una posición condicionada por su socio parlamentario.

Ariño lamentó que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, haya perdido «la última oportunidad de estar junto a las mujeres que viven y trabajan en el medio rural» y lanzó una advertencia para las próximas visitas del PP a los pueblos: «Los discursos pasan. Los votos quedan». Desde la tribuna de invitados, representantes de colectivos y asociaciones siguieron la sesión en silencio.

En una comunidad de 731 municipios y 28 habitantes por kilómetro cuadrado, cada mujer que se marcha del pueblo cuenta el doble.

La despoblación y la igualdad son, para el PSOE, el mismo problema. «Quien no entienda que la lucha contra la despoblación pasa obligatoriamente por la igualdad, no entiende absolutamente nada de nuestro medio rural», aseguró la diputada, que reivindicó el papel histórico de las mujeres en en la agricultura, la ganadería, el comercio y el asociacionismo de los pueblos.

Los números no engañan. Aragón tiene 731 municipios, más de la mitad por debajo de los 200 habitantes, y una densidad de población cercana a los 28 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 94 de media nacional, según los datos del INE. La salida de mujeres jóvenes hacia Zaragoza es uno de los factores que más acelera el vaciamiento, según coinciden los estudios sobre despoblación.

Cortes de Aragón

El Pulso Territorial

El Ejecutivo de Jorge Azcón afronta el último tramo de la legislatura con una mayoría que depende de los votos de Vox. El resto es aritmética.

No es un caso aislado en el mapa autonómico. Los parlamentos de Navarra y La Rioja han tramitado en los últimos años textos parecidos sobre el medio rural, y solo Castilla y León, con 81 diputados, supera los 67 escaños de las Cortes de Aragón. La diferencia está en la urgencia: Aragón pierde población rural a un ritmo que ninguna comunidad de nuestro radar iguala, con 28 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 94 de media nacional.

Queda por delante un calendario con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2027 y en el debate presupuestario, que volverá a medir la solidez del bloque de la derecha. Nada garantiza que el texto vuelva al orden del día antes de esa cita, y la aritmética parlamentaria no parece que vaya a moverse por sí sola. Lo que sí queda es un compromiso verbal: Jorge Azcón y su grupo tendrán que explicar en cada visita a los pueblos, como advirtió Ariño, por qué votaron en contra de lo que apoyaron hace dos años.

Ficha Autonómica

  • El caso: Las Cortes de Aragón han rechazado la proposición de ley del PSOE sobre las mujeres del medio rural, un texto que los socialistas aseguran que el PP respaldó en diciembre de 2024.
  • Datos importantes: Aragón suma 731 municipios, más de la mitad con menos de 200 habitantes, y una densidad de 28 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 94 de España. El parlamento autonómico tiene 67 escaños.
  • Resumen: La iniciativa decae y el PSOE mantiene la presión política. El próximo examen en las urnas llegará con las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

La Casa Blanca activa las ‘Trump Accounts’: cuentas con ventajas fiscales para casi 70 millones de niños

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha confirmado que la inscripción automática en las Trump Accounts ya está completa: casi 70 millones de cuentas abiertas, más de 60 millones de ellas sin trámite previo de las familias.
  • ¿Quién está detrás? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento del Tesoro y el IRS, al amparo de la ley de recortes fiscales que los republicanos aprobaron en el Congreso sin un solo voto demócrata a favor.
  • ¿Qué impacto tiene? Los hijos de familias españolas residentes en EE. UU. con número de la Seguridad Social están dentro del sistema. En España no existe un instrumento fiscal equivalente.

La Casa Blanca asegura que la inscripción automática en las Trump Accounts ya está completa. Casi 70 millones de niños estadounidenses tienen una cuenta de inversión con ventajas fiscales a su nombre.

Más de 60 millones de esas cuentas se abrieron sin que las familias hicieran un solo trámite. El comunicado oficial lo presenta como la mayor operación de creación de cuentas infantiles de la historia del país. El Tesoro ha abierto de oficio una cartera de inversión a cada menor elegible.

Qué son las Trump Accounts y cuánto dinero hay ya dentro

Las cuentas nacen de la ley de recortes fiscales aprobada por los republicanos, que la oposición demócrata votó en bloque en contra. Cada menor de 18 años con número de la Seguridad Social válido tiene ya una cuenta a su nombre. Los padres solo tienen que reclamarla a través de la aplicación habilitada por la Casa Blanca para gestionarla y desbloquear las aportaciones de terceros. La cuenta ya existe.

Los números que maneja la administración son de otra escala. Desde su puesta en marcha el 4 de julio, se han depositado más de 4.500 millones de dólares. De esa cifra, 1.300 millones corresponden a la aportación semilla de 1.000 dólares por niño elegible, más de 600 millones llegan de familiares y amigos, y 2.600 millones proceden de donaciones filantrópicas.

La Casa Blanca subraya además que el 80% de las cuentas están vinculada a hogares con ingresos inferiores a 200.000 dólares anuales. Los límites quedan fijados así: familiares y amigos pueden aportar hasta 5.000 dólares al año, los empleadores hasta 2.500 dentro de ese mismo techo, y más de 70 empresas ya aportan por sus trabajadores. La proyección oficial sitúa el saldo en medio millón de dólares cuando el titular llegue a la edad de jubilación.

El cálculo de Washington es simple: menos subsidio y más cuenta de inversión, menos redistribución y más capital a nombre de cada niño.

Qué cambia para las familias españolas y para el ahorro en España

El programa alcanza a cualquier menor de 18 años con número de la Seguridad Social estadounidense. Eso incluye a los hijos de las familias españolas que residen en Estados Unidos y a los niños con doble nacionalidad cuyos padres trabajan allí. Ninguno tiene que solicitar nada: la cuenta ya está creada. Sin reclamación previa, el saldo se queda quieto.

En España no hay nada parecido. El ahorro infantil se canaliza por cuentas bancarias remuneradas, planes de pensiones a nombre del menor o productos de inversión con comisiones y sin ventaja fiscal específica. Santander, el banco español con red minorista propia en Estados Unidos, sigue con atención un programa que coloca capital en cuentas de clientes desde la infancia. La brecha con Europa es de modelo: aquí se debate cómo movilizar el ahorro, allí se ha abierto por defecto la primera cuenta de cada ciudadano.

El precedente británico sirve de aviso. El Reino Unido puso en marcha en 2005 el Child Trust Fund, una dotación pública para cada recién nacido, y lo desmanteló en 2011 en plena austeridad. Las Junior ISA que lo sustituyeron nunca recuperaron la ambición del original.

cuentas infantiles

La Lógica de Washington

Lo primero es entender el problema que la Casa Blanca cree estar resolviendo. La lectura interna del Partido Republicano es que el país tiene un problema de propiedad, no solo de renta: los salarios suben, pero una parte enorme de la riqueza nueva se genera en mercados a los que millones de familias nunca acceden. La respuesta clásica habría sido un programa de gasto social. La elegida es una cuenta de inversión a nombre de cada niño. Ese es el diagnóstico.

Hay un precedente histórico claro. George W. Bush intentó en 2005 abrir cuentas privadas dentro del sistema público de pensiones y perdió la batalla en el Capitolio. Marco Rubio recuperó la idea una década después con sus American Dream Accounts, sin recorrido legislativo. Trump ha hecho justo lo contrario que Bush: no ha tocado la Seguridad Social y ha construido un vehículo paralelo desde el código fiscal, sumando a la operación a filántropos de Silicon Valley y a una parte del empresariado.

La coalición que sostiene el programa es electoral y también financiera. Para España la lectura es doble. Ninguna empresa española participa en la gestión de las cuentas, pero el flujo —más de 4.500 millones de dólares en unos meses— engorda el mercado de fondos estadounidense al que ya están expuestas las carteras españolas. Y en el plano regulatorio, el ejemplo alimenta el debate europeo sobre la unión de mercados de capitales, el proyecto atascado desde hace una década que busca exactamente lo que Washington acaba de fabricar: millones de pequeños inversores domésticos.

Queda una incógnita que la propia Casa Blanca no resuelve. La aportación semilla de 1.000 dólares y las donaciones filantrópicas dependen de que la familia reclame la cuenta, y los hogares con menos capacidad administrativa suelen ser los últimos en hacerlo. El programa se medirá por esas reclamaciones, no por el número de cuentas creadas. La próxima cita está fechada: las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca confirma que la inscripción automática en las Trump Accounts está completa y que casi 70 millones de menores estadounidenses tienen ya una cuenta de inversión con ventajas fiscales a su nombre.
  • Datos clave: Casi 70 millones de cuentas, más de 60 millones por vía automática; 4.500 millones de dólares depositados, 1.300 en aportaciones semilla de 1.000 dólares; límite anual de 5.000 dólares por niño; más de 70 empresas comprometidas.
  • Para España: Los hijos de familias españolas residentes en EE. UU. con número de la Seguridad Social están dentro; en España no existe un instrumento fiscal equivalente y el ahorro infantil sigue dependiendo del banco y del plan de pensiones.

La consejera de Hacienda de Canarias (PP) ve positivo el acuerdo de financiación autonómica pese a ausentarse

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP), ha defendido en comisión parlamentaria que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación es “positivo” para las islas, pese a ausentarse de la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de coalición de Coalición Canaria y PP que preside Fernando Clavijo, y una oposición que pidió explicaciones: Nueva Canarias, PSOE y Vox.
  • ¿Qué impacto tiene? Canarias quiere blindar la insularidad, la pobreza severa y la población ajustada anual en la ley; Nueva Canarias cifra en 226 millones el precio del giro.

La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP), defiende el acuerdo de financiación autonómica pese a ausentarse de la votación clave.

Una comparecencia para explicar la conversión exprés

Todo arrancó con una petición de Nueva Canarias, que reclamaba una explicación para lo que en la Cámara ya se llama “conversión exprés”. La respuesta cabía en una palabra: “positiva”. Asián sostuvo que su valoración global del pacto cerrado por Fernando Clavijo con el Gobierno central es favorable, y lo es porque el texto excluye “toda tentativa” de contabilizar el REF (el Régimen Económico y Fiscal, el fuero histórico que ordena los tributos y las inversiones estatales en el archipiélago) y elimina de forma definitiva el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.

Canarias blinda su fuero fiscal y gana margen para planificar sus inversiones. Esa certeza, argumentó la consejera, permite trabajar “a un periodo de tiempo más largo” y proyectar el FDCAN, el fondo de desarrollo con el que las islas financian proyectos propios.

Quedan flecos, advirtió. El Gobierno de Canarias presentará alegaciones durante la tramitación en las Cortes Generales y pide mantener la ponderación de insularidad, incorporar la variable de pobreza severa, mejorar su participación en el fondo de compensación por el cambio climático y calcular la población ajustada con el dato de cada ejercicio y no con la media de los tres últimos años.

La diputada de Nueva Canarias Esther González no aceptó el relato. Recordó que la exclusión del REF ya figuraba en la propuesta inicial del Ejecutivo central, la que el Gobierno canario tachó de “ruina e insulto” y que ahora presenta como “la octava maravilla”. De ahí su cuenta: 226 millones adicionales son el precio de la conversión. “¿Cuánto cuesta comprar al Gobierno de Canarias y que salve su orgullo? Fácil, 226 millones”, ironizó, antes de reprochar a la consejera su “cuajo” por reivindicar firmeza y ausentarse después dos veces del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Entre la propuesta que el Gobierno canario llamó ruina y el acuerdo que ahora bendice median 226 millones: el precio, según Nueva Canarias, de una conversión exprés.

Asián negó que el cambio de criterio se deba solo a esa cifra. Añadió que Clavijo pactó con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que los 500 millones adicionales lleguen a través de un fondo de desarrollo económico y no de compensación, con fines “muy concretos”. Así, dijo, “consiguió que esos 500 millones se pudieran usar realmente, que no fuera solo un anuncio”.

Las cuentas de la oposición y los deberes pendientes

El pronóstico más repetido fue el de la papelera. Paula Jover (Vox) vaticinó que el nuevo modelo acabará “en un cajón” tras los comicios generales del 29 de noviembre y calificó de “bochornosa” la imagen de Canarias respaldándolo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera junto a Cataluña. Reclamó un reparto “justo y equitativo, con perspectiva de unidad nacional”.

Fernando Enseñat (PP) situó la reforma del sistema entre las tareas principales del Gobierno que salga del 29N y garantizó que su partido la abordará “sin privilegios” y con negociación multilateral. La reforma quedará en manos del Ejecutivo que salga de las urnas. Antes, enumeró lo que sigue pendiente: el fondo de dinamismo económico, la cogestión de los aeropuertos, los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, el coste real del transporte, o los fondos contra la pobreza.

Socorro Beato (Coalición Canaria) consideró el pacto “más positivo” que la propuesta inicial y admitió la incógnita del adelanto electoral: “Pedimos que los acuerdos se cumplan”, dijo, sin querer “un solo paso atrás”. El socialista Manuel Hernández defendió que la disolución de las Cortes “no borra” lo firmado ni los más de 1.300 millones comprometidos, e invitó a la consejera a convencer a los suyos: si no se fían del Ministerio de Hacienda, que se fíen de ella.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023. Coalición Canaria y PP sostienen un Ejecutivo presidido por Clavijo que ha hecho de la financiación su bandera y de la unidad interna su principal riesgo. La sesión dejó ese flanco al descubierto: mientras la consejera defendía el acuerdo, su socio de gobierno admitía la incógnita electoral y el PP avanzaba hacia los comicios con discurso propio sobre el reparto territorial. La ausencia de Asián en el Consejo de Política Fiscal y Financiera alimenta, según Nueva Canarias, la tesis de una orden llegada desde la dirección nacional del PP.

Solo Navarra comparte un régimen fiscal singular comparable. Del resto de autonomías que cubrimos, todas dependen del sistema común y del FLA (el Fondo de Liquidez Autonómica, el mecanismo con el que el Estado presta a las comunidades que no acceden al mercado en condiciones), y eso explica que cada reforma se negocie en una liga distinta. El calendario aprieta: restan 52 días hasta el 29N, la ley que desarrolle el modelo la tramitará el Gobierno que salga de las urnas y los 1.300 millones dependen de que el Ejecutivo en funciones los lleve al Consejo de Ministros. “Así sabremos de sus intenciones con Canarias”, dijo la consejera.

Ficha Autonómica

  • El caso: La consejera de Hacienda de Canarias defiende ante el Parlamento regional el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, después de no acudir a la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • Datos importantes: 226 millones adicionales según la cuenta de Nueva Canarias, 500 millones vinculados a un fondo de desarrollo económico y más de 1.300 millones comprometidos con las islas. Alegaciones pendientes sobre insularidad, pobreza severa, cambio climático y población ajustada.
  • Resumen: El acuerdo se tramitará como ley en las Cortes Generales, pero su desarrollo quedará en manos del Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Muere Xosé Manuel Beiras a los 90 años: adiós al líder histórico del nacionalismo gallego y fundador del BNG

Muere Xosé Manuel Beiras a los 90 años en Santiago, tras cinco décadas como referente del nacionalismo gallego.

De las Irmandades da Fala a la fundación del BNG

Nacido en Santiago de Compostela en 1936, Xosé Manuel Beiras Torrado creció en una casa donde el galleguismo se heredaba. Su padre, Manuel Beiras, militó en las Irmandades da Fala y en el Partido Galeguista; su tío Antón Beiras fue un oftalmólogo de prestigio. El joven Beiras se formó, además, en el círculo intelectual que se articuló alrededor de Ramón Piñeiro, la red que sostuvo el pensamiento galleguista durante los años más duros de la dictadura.

Su andadura política arrancó en los años sesenta, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Galego (PSG), formación de la que acabó siendo uno de sus principales dirigentes. En 1977 dejó temporalmente la primera línea por motivos de salud. Regresó cinco años después, en 1982, para participar en la fundación del BNG, el Bloque Nacionalista Galego, hoy es la primera fuerza de la oposición.

Desde ahí construyó un liderazgo que duró décadas. Beiras fue portavoz del Bloque en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) y se presentó en varias ocasiones como candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela. Su escaño funcionó durante años como altavoz de un discurso que mezclaba la reivindicación nacional con la crítica económica. Nunca fue un hombre de consignas. Tampoco de silencios.

En 2012, tras su salida del BNG, impulsó la creación de Anova, la organización que promovió una coalición electoral con Esquerda Unida. Beiras encabezó aquella candidatura autonómica y colocó como número dos a Yolanda Díaz, entonces una dirigente poco conocida fuera de Galicia y años más tarde miembro del Gobierno de España. Aquel movimiento reordenó la izquierda gallega y dejó una huella que todavía se discute.

El BNG se fundó en 1982 con Beiras entre sus impulsores. Cuatro décadas después, la formación es la primera fuerza de la oposición gallega.

El economista que puso cifras al atraso de Galicia

Xosé Manuel Beiras

Antes que dirigente, Beiras fue economista, profesor, y ensayista. Publicó en 1972 O atraso económico de Galicia, un trabajo que se convirtió en referencia obligada para estudiar la economía de la comunidad y que instaló en el debate público una pregunta incómoda: por qué un territorio con puertos, recursos y una emigración masiva seguía figurando entre los más pobres de España.

Su obra mantuvo siempre esa doble condición, la del analista y la del agitador. En el hemiciclo hablaba de pesca, de naval y de fiscalidad con los papeles delante; fuera de él, reivindicaba la identidad gallega sin pedir permiso. Esa combinación, poco frecuente en la política española, le dio una autoridad que ninguna formación podía ignorar.

El Laboratorio Gallego

Las informaciones publicadas este jueves sitúan a Beiras como el dirigente más importante del nacionalismo gallego después de Castelao. Su muerte llega, además, en un paisaje muy distinto del que él ayudó a construir. La Xunta de Galicia está en manos del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), con Alfonso Rueda como presidente.

El BNG que Beiras fundó es hoy la primera fuerza de la oposición. Al frente está Ana Pontón, su portavoz nacional desde 2016.

El PSdeG (la federación gallega del PSOE) ocupa el tercer puesto en el Parlamento de Galicia. El espacio que Beiras contribuyó a abrir está, por tanto, en manos de una generación que no trabajó a su lado.

La lectura nacional es inevitable. La coalición que Beiras lideró en 2012 abrió una puerta por la que años después entraron proyectos de alcance estatal, y su manera de entender el nacionalismo —más social que identitaria, más económica que simbólica— sigue citándose en el debate sobre cómo se construye una alternativa desde la periferia. En paralelo, el PP ha convertido Galicia en su escaparate de gestión durante más de una década, primero con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y ahora desde Madrid. Beiras representa la otra mitad de esa historia.

La proyección inmediata es institucional. El Parlamento de Galicia afronta un curso político sin la voz que durante años marcó el tono de los debates, y las formaciones tienen ya en el horizonte las elecciones autonómicas de 2028, las primeras de un ciclo en el que el nacionalismo gallego deberá explicarse sin uno de sus padres fundadores. La incógnita es si ese legado se traduce en votos o solo en homenajes.

Queda, además, una pregunta sin respuesta fácil: qué se hace con una herencia política que no admite copia. El nacionalismo gallego actual es más institucional y menos épico que el que Beiras encarnaba. Discutía con todos y no renunciaba a nada. Eso, en la Galicia de 2026, es casi una rareza.

Ficha del Caso

  • El caso: Xosé Manuel Beiras Torrado, nacido en Santiago de Compostela en 1936, fallece a los 90 años como figura central del nacionalismo gallego durante más de cinco décadas.
  • Datos importantes: Participó en la fundación del Partido Socialista Galego en los años sesenta y del BNG en 1982; en 2012 impulsó Anova y encabezó una candidatura autonómica con Yolanda Díaz como número dos. Publicó O atraso económico de Galicia en 1972.
  • Resumen: Galicia pierde al referente del nacionalismo posterior a Castelao con el PPdeG de Alfonso Rueda en la Xunta, el BNG como primera fuerza de la oposición y las elecciones autonómicas de 2028 en el horizonte.

La Justicia avala prohibir los pisos turísticos en un edificio de Tenerife por los estatutos de 1997

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirma en sentencia firme que los estatutos de una comunidad de propietarios de la isla impiden explotar pisos turísticos en el edificio.
  • ¿Quién está detrás? La junta de vecinos, que en octubre de 2022 aprobó el veto por 69 votos a favor y 5 en contra, y un propietario que recurrió sin éxito ante la justicia.
  • ¿Qué impacto tiene? Abre la vía a que otras comunidades canarias frenen el alquiler vacacional sin modificar sus estatutos, aplicando lo que ya estaba escrito.

Una sentencia firme en Tenerife confirma que unos estatutos de 1997 impiden explotar pisos turísticos en el edificio. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de un propietario que quería seguir alquilando su vivienda a viajeros.

Los estatutos que vetaban las pensiones antes de que existiera el alquiler vacacional

La comunidad redactó sus normas a finales de 1997, cuando nadie hablaba de plataformas digitales. No mencionaban el alquiler vacacional, pero sí dejaban una lista cerrada de actividades prohibidas. El artículo 14 obligaba a destinar las viviendas «exclusivamente a lo que su propia denominación alude» y vetaba «las consultas y/o despachos profesionales, pensiones, círculos, academias y asociaciones». Con esa redacción, los estatutos prohibían la hospedería, y el cambio de uso de las viviendas.

En octubre de 2022 una junta extraordinaria de vecinos llevó ese texto al límite de sus consecuencias. Declaró, con 69 votos a favor y 5 en contra, que desde la constitución de la comunidad no podían destinarse viviendas al alquiler vacacional «en cualquiera de sus modalidades». El acuerdo fijaba un plazo de un mes para volver al uso residencial. Un propietario lo llevó a los tribunales.

Sostuvo ante el juez que la decisión le causaba un perjuicio grave, que era abusiva y que en 2018 la propia comunidad había rechazado incorporar normas sobre alquiler vacacional a sus estatutos. Perdió en primera instancia, en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, y volvió a perder en apelación. La Audiencia Provincial se apoya en la doctrina que el Tribunal Supremo fijó desde 2023: las prohibiciones de uso deben interpretarse de forma restrictiva, pero el alquiler vacacional mantiene una «identidad de razón» con la hospedería vetada. La resolución es firme porque no se recurrió en casación.

Qué cambia para los propietarios, los vecinos y el resto de comunidades

La clave jurídica no está en la reforma de 2025 de la Ley de Propiedad Horizontal, la norma estatal que regula las comunidades de vecinos, sino en el artículo 17.6, que exige unanimidad para modificar los estatutos. La Audiencia considera que la junta de 2022 no creó ninguna prohibición nueva: aplicó una limitación que ya estaba escrita en 1997. Los propietarios pueden cambiar sus reglas cuando quieran, pero mientras no lo hagan se aplican tal y como están redactadas.

Para los vecinos de este edificio, el efecto es inmediato: la vivienda vuelve al uso residencial. Para el resto de de Canarias, la lectura es otra. La resolución llega en plena discusión sobre la presión del alquiler vacacional en las islas y demuestra que muchas comunidades pueden frenar la actividad sin tocar una sola coma de sus estatutos, reclamando ante el juez lo que ya firmaron al comprar.

En Tenerife, la primera barrera contra el alquiler vacacional no la puso una ley: estaba escrita en unos estatutos de 1997.

La abogada Rosa María Zárate sostiene que el fallo se alinea con una jurisprudencia ya consolidada y que el punto decisivo es el acuerdo inicial inscrito en el Registro de la Propiedad, que impide cambiar el destino de las viviendas sin el visto bueno unánime de los comuneros. El Supremo ya ordenó el cese de viviendas turísticas en una comunidad de Oviedo, donde los estatutos vetaban actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales. Cada edificio, eso sí, se juzga por su propia redacción.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023. Coalición Canaria, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia, y el PP sostienen un ejecutivo que ha convertido la vivienda en su frente más incómodo. La presión del alquiler vacacional, el precio del alquiler residencial y la saturación turística son los tres ejes que la oposición usa en cada pleno. El debate ya no es si hay que ordenar el uso turístico de las viviendas, sino con qué herramientas y a qué velocidad.

El PSOE, la fuerza más votada en las autonómicas de 2023, ejerce de oposición principal y tiene en la vivienda su principal bandera. La sentencia refuerza, además, una vía que no depende del Parlamento: la judicial. En el conjunto del país, el goteo de resoluciones sobre pisos turísticos en Tenerife y otras ciudades dibuja un mapa desigual, porque todo depende de lo que digan los estatutos de cada comunidad. La reforma estatal de 2025 permite ya limitar o prohibir el alquiler vacacional con tres quintos de la junta y elevar hasta un 20% la cuota de gastos comunes de esos pisos. El riesgo es la desigualdad: dos edificios de la misma calle pueden acabar con reglas opuestas. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, medirán el coste político de la lentitud, mientras los juzgados siguen marcando el paso.

Ficha Autonómica

  • El caso: Una comunidad de propietarios de Tenerife redactó en 1997 unos estatutos que vetaban las pensiones y el cambio de uso de las viviendas. Un propietario los desafió en los tribunales y ha perdido en las dos instancias.
  • Datos importantes: La junta de octubre de 2022 aprobó el veto por 69 votos a favor y 5 en contra. La Audiencia se apoya en el artículo 14 de los estatutos y en la doctrina del Supremo desde 2023. La reforma de 2025 de la Ley de Propiedad Horizontal permite limitar o prohibir el alquiler vacacional con tres quintos y subir hasta un 20% la cuota de gastos comunes.
  • Resumen: La sentencia es firme. La vivienda vuelve al uso residencial y la vía judicial queda abierta para otras comunidades canarias que quieran frenar los pisos turísticos sin tocar sus estatutos.

El caso Les Naus suma 18 investigados: la jueza imputa a la cúpula de la cooperativa de VPO de Alicante

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza del caso Les Naus ha citado como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa promotora de la urbanización de lujo de Alicante. La causa suma ya 18 imputados.
  • ¿Quién está detrás? El Tribunal de Instancia de Alicante, a petición de la Fiscalía. Entre los investigados hay funcionarios del Ayuntamiento (PP) y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat.
  • ¿Qué impacto tiene? La instrucción examina la adjudicación de viviendas protegidas a cargos públicos, funcionarios y familiares, y el papel del consistorio en la venta de la parcela.

La jueza que instruye el caso Les Naus ha imputado a la cúpula de la cooperativa y eleva a 18 los investigados en Alicante. Las declaraciones de los tres nuevos imputados —presidente, vicepresidenta y secretaria del consejo rector— se celebrarán el 21 de octubre, a petición de la Fiscalía.

De los 15 a los 18 investigados: quién es quién en Les Naus

El escrito judicial añade tres nombres al consejo rector de la cooperativa promotora de Les Naus, el órgano que aprobaba las adjudicaciones de estas viviendas. La instructora ocupa la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La causa pasa así de 15 a 18 investigados.

En la lista ya figuraban la ex directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de pisos. También está imputada la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió al conocerse que ella misma había recibido una de esas viviendas.

La causa apunta igualmente a funcionarios municipales y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, incluido el responsable de los visados de estas viviendas protegidas. El promotor de la operación, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi, figura asimismo entre los investigados.

Los visados no son un trámite menor. Sin el visto bueno administrativo autonómico, ninguna promoción de vivienda protegida (VPO) sortea los requisitos legales de adjudicación. La instrucción quiere averiguar si ese filtro funcionó o fue un simple sello de goma.

Les Naus es una urbanización de lujo levantada sobre suelo de origen público en Alicante. Sus pisos acabaron en manos de cargos políticos, funcionarios del consistorio y familiares vinculados al Ayuntamiento, según la documentación que maneja la causa. Ese es el núcleo del asunto: un reparto de vivienda protegida entre quienes debían controlarlo.

La causa conecta cooperativa, Ayuntamiento y Generalitat: ninguna de las tres piezas queda fuera del foco judicial.

El requerimiento al Ayuntamiento: las dudas sobre el precio de la parcela

Junto a las imputaciones, la jueza ha lanzado un requerimiento al consistorio alicantino. Le reclama toda la documentación sobre la enajenación de la parcela municipal, desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, el 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre de ese mismo año.

La resolución judicial se detiene en un punto concreto: las dudas que surgieron sobre el precio de la parcela. La jueza quiere saber por qué se suspendió ‘cualquier actuación de impulso’ del expediente y, más tarde, por qué se levantó esa suspensión. También pide las comunicaciones entre las concejalías de Gestión Patrimonial, y de Contratación, y las que hubiera ‘en el interior de cada concejalía’.

El tercer fleco es la publicidad del acuerdo. La magistrada pregunta si el Ayuntamiento dio alguna difusión a la decisión de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018 más allá de la publicación obligatoria en la plataforma de contratación. Esa publicidad —o su ausencia— puede medir el grado de transparencia con que se vendió el suelo.

En una segunda providencia, la jueza ha requerido a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros. Es el paso previo que exige la ley para admitir su personación como acusación popular, la fórmula que permite a un partido o una asociación ejercer la acción penal al margen de la Fiscalía.

VPO Alicante

El Escenario Valenciano

El caso Les Naus no es un episodio aislado. Salpica a dos administraciones gobernadas por el PP —el Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala al frente, y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, en manos del Consell de Pérez Llorca con el apoyo de Vox— y estalla con el pacto autonómico ya consolidado. Compromís quiere personarse en la causa y la jueza le marca ahora el precio de entrada.

En clave nacional, el caso engorda una lista larga de causas por corrupción urbanística que han marcado la política española. El precedente más citado sigue siendo el caso Malaya de Marbella, donde un consistorio se convirtió en la pieza central de una trama de recalificaciones. Aquí el objeto es otro: vivienda protegida, un bien escaso en plena crisis de acceso a la vivienda.

Queda por ver cómo responde el consistorio al requerimiento judicial. La próxima cita está marcada en rojo: el 21 de octubre, cuando desfilen ante la jueza los tres responsables de la cooperativa. De su testimonio y de la documentación que aporten depende que la instrucción dé, o no, un salto de escala.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza investiga la adjudicación irregular de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus de Alicante, repartidas entre cargos públicos, funcionarios y familiares.
  • Datos importantes: 18 investigados; comparecencia de la cúpula de la cooperativa el 21 de octubre; seguimiento a la venta de la parcela municipal acordada en 2018; fianza de 3.000 euros a Compromís.
  • Resumen: La causa toca el Ayuntamiento de Alicante (PP) y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat y sitúa la corrupción urbanística en el centro de la política de vivienda protegida.

Ourense lidera el PIB per cápita en España: 30.965 euros por residente tras subir un 177%

Ourense alcanza ya los 30.965 euros de PIB per cápita, el mayor crecimiento de España en lo que va de siglo.

Un PIB de 9.440 millones que reescribe la historia de la provincia

La economía de la provincia cerró 2024 en su máximo histórico. El Producto Interior Bruto, el indicador que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un territorio, llegó a los 9.440 millones de euros, según la Contabilidad Regional que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 452 millones más que un año antes, un 5,0% de crecimiento a precios corrientes, es decir, sin descontar la inflación.

El dato de la renta por habitante es el que cambia el relato. Ourense disparó su PIB per cápita hasta los 30.965 euros, casi 1.100 más que el ejercicio anterior. Desde el año 2000, cuando apenas alcanzaba los 11.159 euros, acumula un ascenso del 177,5%: el más alto de las 50 provincias españolas.

Por detrás quedan Cáceres (+166%), Lugo (+154,6%), Zamora (+151,3%), y Cuenca (+147,8%). El quinteto de cabeza dibuja un mapa reconocible: provincias de interior, con economías pequeñas y demografías castigadas, que mejoran su ratio dividiendo entre menos comensales.

En clave gallega, el sorpaso es notable. La provincia supera a Pontevedra (28.988 euros) y a Lugo (30.113) y se coloca al nivel de A Coruña (31.025). Su índice de convergencia con la media nacional, fijada en 32.708 euros por habitante, ha pasado del 69,8% en 2000 al 94,6% en 2024. La brecha con España se ha quedado en menos de seis puntos del promedio nacional.

Ourense no se ha enriquecido de golpe: ha repartido una tarta algo mayor entre muchos menos comensales.

La otra cara aparece al mirar el conjunto. Por volumen total, los 9.440 millones de Ourense son los más bajos de Galicia: quedan por detrás de Lugo (9.802) y muy lejos de Pontevedra (27.475) y A Coruña (35.121). En el ranking estatal ocupa el puesto 41 entre 50 provincias, un listado que encabeza Madrid.

El factor demográfico: menos vecinos, el mismo pastel

Hay un ingrediente decisivo. La provincia de Ourense ha perdido población de forma persistente: de 340.300 residentes en 2000 a 304.900 en 2024, un descenso del 10,4%. Al repartir una economía cada vez mayor entre menos personas, el promedio por habitante se dispara por aritmética pura.

No es un fenómeno nuevo ni exclusivamente ourensano. Es el mismo mecanismo que opera en buena parte de la España vaciada, y la razón por la que conviene mirar las dos cifras a la vez: el PIB total y el PIB por cabeza. Una sube porque se produce más. La otra, a veces, porque quedan menos.

La provincia, eso sí, también produce más. Desde 2020, la riqueza generada ha ganado más de 3.000 millones de euros, y el PIB acumula un alza del 51% desde el bache de 2008, cuando se quedó en 6.252 millones. Ese 51% sitúa a Ourense entre las diez provincias que más han crecido desde la crisis financiera.

economía Galicia

El debate político, sin embargo, no va de cifras. La despoblación es hoy uno de los ejes de la agenda autonómica, y la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela— reivindica la Ley 5/2021 de impulso demográfico y su estrategia hasta 2031 como marco de actuación. El PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna la comunidad con mayoría absoluta desde 2009, controla también la Diputación de Ourense. El BNG —el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición— y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, reclaman medidas más ambiciosas en vivienda, servicios y transporte para el interior.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva años funcionando como ensayo general de lo que después llega al conjunto de España. Sus mayorías absolutas del PPdeG desde 2009, con Alfonso Rueda en la presidencia de la Xunta desde 2022, han convertido el Parlamento de Galicia —la cámara unicameral de 75 deputados— en un termómetro fiable de hacia dónde sopla el viento en el PP nacional. La oposición mira el mismo dato con otra lectura: el BNG de Ana Pontón, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG sostienen que el crecimiento per cápita esconde el vaciamiento del interior.

La conexión con Madrid es directa. Ourense resume un reto que España entera afrontará antes o después: envejecimiento, pérdida de población rural y una economía que crece en valor pero encoge en gente. Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta, entre 2009 y 2022, como aval de solvencia ante el resto del país, y el reto demográfico figura ya en la agenda de todos los gobiernos. Galicia, simplemente, lo vive antes.

Los próximos movimientos serán medibles. El INE publicará en los próximos meses la Contabilidad Regional de 2025 y el IGE, el Instituto Galego de Estatística, actualizará sus cifras de población. Son los dos termómetros que dirán si Ourense sostiene el sorpaso o si el efecto demográfico se agota. Mientras el Parlamento de Galicia negocia los próximos presupuestos autonómicos, la pregunta de fondo sigue siendo qué modelo quiere Galicia para su interior. Y no es una pregunta solo gallega.

Ficha del Caso

  • El caso: La provincia de Ourense cierra 2024 con un PIB récord de 9.440 millones y el mayor crecimiento de renta por habitante de España en lo que va de siglo.
  • Datos importantes: PIB per cápita de 30.965 euros (+177,5% desde 2000); convergencia con España del 94,6%; población de 304.900 habitantes, un 10,4% menos que en el año 2000.
  • Resumen: El avance económico es real, pero el liderazgo per cápita se apoya también en la pérdida de población. Galicia anticipa el reto demográfico que España afrontará en el conjunto del país.

SIMO EDUCACIÓN 2026 selecciona 35 experiencias docentes innovadoras que se presentarán en IFEMA Madrid

SIMO EDUCACIÓN 2026 ha seleccionado 35 experiencias docentes innovadoras entre más de 200 candidaturas presentadas por centros educativos de toda España.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? El salón ha hecho pública la lista de sus 35 experiencias finalistas, repartidas en diez categorías y elegidas entre más de 200 propuestas.
  • ¿Quién lo ha decidido? La organización de la cita, impulsada por IFEMA Madrid en colaboración con EDUCACIÓN 3.0.
  • ¿A quién afecta? A los equipos docentes de los 35 proyectos y a los centros que los presentan, que expondrán su trabajo del 11 al 13 de noviembre en Madrid.

Treinta y cinco proyectos finalistas entre más de 200 candidaturas

SIMO EDUCACIÓN es el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa que organiza IFEMA Madrid en colaboración con EDUCACIÓN 3.0. Las experiencias elegidas se presentarán del 11 al 13 de noviembre en el recinto ferial madrileño y optarán a los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras.

La selección se reparte en diez categorías que responden a las líneas que marcan la agenda del sector: inteligencia artificial, competencia digital, inclusión, igualdad y diversidad, sostenibilidad, educación emocional y disciplinas STEAM. Como novedad, esta edición incorpora la categoría Mejor Proyecto de Dirección de Centro, alineada con el lema del salón, “Liderazgo directivo para la transformación educativa”.

Entre los finalistas hay propuestas muy distintas. En inteligencia artificial compite EyeSense, un sistema de comunicación aumentativa mediante seguimiento ocular presentado por el IES Alonso de Madrigal (Ávila), junto a Hackaton IA: conversaciones con el Quijote, del CIFP Virgen de Gracia (Puertollano, Ciudad Real). En Infantil y Primaria destacan TERRERO STEAM, del CEIP La Corujera (Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife), y CÓDIGO NATURA 4.0: misión vida activada, del CRA Río Argos (Cehegín, Región de Murcia).

En Secundaria y Bachillerato figuran Modelización matemática del SpaceX Falcon Heavy mediante ecuaciones logarítmicas, del IES Isaac Díaz Pardo (Sada, A Coruña), y Decidir como el Banco Central Europeo, del IES Ortega y Gasset (Madrid). En Educación Superior y Formación Profesional (FP) compiten La liga de los valores, de la Universidad de Alicante, y Una IA al día, del CEPA Las Palmas Cono Sur.

Quién compite y de dónde llegan los proyectos

innovación educativa

La nómina de finalistas dibuja un mapa amplio del sistema educativo: hay centros rurales agrupados (CRA), colegios de Infantil y Primaria, institutos de Secundaria, centros integrados de Formación Profesional, centros de educación de personas adultas (CEPA) y universidades. Las candidaturas llegan de Palencia, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Jaén, Málaga, Sevilla, Valencia, Toledo, A Coruña, León, Ávila, Barcelona y Madrid, entre otras provincias.

Las 35 experiencias seleccionadas entre más de 200 candidaturas competirán por los XIV Premios a la Innovación Educativa en la edición de 2026 del salón.

También hay una propuesta de fuera de España: el proyecto eTwinning Pequeños/as exploradores/as rescatemos a Willy Fog, del Colegio Español de Rabat (Marruecos). La Formación Profesional y la educación de adultos firman varias candidaturas, que optan, como el resto de finalistas, a los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras.

El Marco Educativo

La referencia normativa es la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación), publicada en el Boletín Oficial del Estado. La norma incorpora la competencia digital entre las competencias clave del currículo y reconoce a los centros autonomía pedagógica y organizativa.

Ese diseño explica que buena parte de los proyectos finalistas nazcan de iniciativas de equipos docentes concretos. En cuanto al reparto de competencias, su artículo 6 establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas, mientras que las comunidades autónomas desarrollan los currículos y gestionan su red de centros; ese margen autonómico condiciona el contexto en el que se implanta cada experiencia.

Los implicados son varios. Los equipos docentes y los equipos directivos firman las experiencias; los centros sostienen su desarrollo con recursos propios; y la organización del salón, formada por IFEMA Madrid y EDUCACIÓN 3.0, actúa como convocante y responsable de la selección.

En paralelo, las administraciones educativas cuentan con sus propios programas de reconocimiento de la innovación. En este caso no hay conflicto competencial abierto, porque SIMO EDUCACIÓN es una convocatoria de difusión de prácticas y no una norma de obligado cumplimiento para los centros.

El calendario es concreto: las 35 experiencias se presentarán del 11 al 13 de noviembre de 2026 en IFEMA Madrid y optarán a los galardones de esta edición. La lista deja, además, una fotografía de hacia dónde avanza la innovación en las aulas —inteligencia artificial, competencia digital y liderazgo de los equipos directivos— y de qué tipo de centros la impulsan, desde escuelas rurales hasta universidades.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: SIMO EDUCACIÓN 2026 ha seleccionado 35 experiencias docentes innovadoras entre más de 200 candidaturas, repartidas en diez categorías.
  • Por qué importa: La lista muestra las líneas que hoy trabaja la escuela —inteligencia artificial, competencia digital, inclusión, sostenibilidad y educación emocional— y estrena una categoría dedicada a la dirección de los centros.
  • A quién le importa: A los equipos docentes y directivos de los 35 proyectos finalistas, a sus centros y a los profesionales que se acercarán al salón entre el 11 y el 13 de noviembre.