El Consell de Pérez Llorca rescata a Chiquillo, exlíder de Unión Valenciana, como directivo del IVACE

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes 13 de julio el nombramiento de José María Chiquillo como personal directivo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el organismo público de impulso a las empresas. El movimiento, ejecutado por el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) que preside Juanfran Pérez Llorca, supone un claro guiño al blaverismo en plena ofensiva de Vox contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consell ha nombrado al exlíder de Unión Valenciana y exsenador del PP José María Chiquillo como directivo del IVACE.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Innovación, con el respaldo del president Juanfran Pérez Llorca y en sintonía con las exigencias identitarias de Vox.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza el giro blavero del Consell y tensa la negociación presupuestaria entre PP y Vox, clave para la estabilidad del gobierno autonómico.

Un nombramiento con sello blavero

José María Chiquillo fue presidente de Unión Valenciana, el partido que encarnó el blaverismo político en la Comunitat, y se pasó al PP en 2004 como independiente en las listas al Senado. Un año después abandonó su formación original y desde entonces ha ocupado cargos como diputado en el Congreso (2016) o representante de España en la Red del Programa Unesco Rutas de la Seda. Ahora vuelve a cobrar del erario público en un momento en que el discurso identitario escala posiciones en el Palau de la Generalitat.

El nombramiento llega cuando Vox aprieta las tuercas al Consell en la negociación de los presupuestos autonómicos. La ultraderecha exige recortes a la AVL y subvenciones millonarias a Lo Rat Penat, la histórica entidad cultural blavera de la que el propio Chiquillo forma parte. El vínculo es directo: las cuentas anteriores ya forzaron a la AVL a inyectar 200.000 euros a Lo Rat Penat para unas obras que nunca se ejecutaron.

El IVACE, refugio de los cuadros del PP

La decisión no es un movimiento aislado. El pasado mes de junio, la Conselleria de Industria nombró director del IVACE a Santiago Lumbreras, quien fuera secretario autonómico de Transparencia con Carlos Mazón y considerado uno de los hombres de máxima confianza del expresidente. El IVACE se ha convertido en una agencia de colocación política para el PP, muy lejos del discurso de adelgazamiento del sector público instrumental que el partido enarbolaba al llegar al gobierno.

El IVACE es una entidad de derecho público que gestiona ayudas a la innovación, la internacionalización y las energías renovables. Su organigrama, sin embargo, está engordando con perfiles políticos que poco tienen que ver con la competitividad empresarial. El pleno del Consell celebrado el pasado viernes en La Nucía aprobó el nombramiento de Chiquillo, según la resolución publicada en el DOGV.

El blaverismo vuelve a las instituciones valencianas con sueldos públicos: ya no es solo un movimiento cultural, es una línea política del Consell.

El Escenario Valenciano

El fichaje de Chiquillo ilustra la compleja danza que el president Pérez Llorca debe bailar para mantener contento a Vox sin romper del todo los puentes con el centro político. La negociación presupuestaria es el verdadero campo de batalla: si no hay acuerdo, el PP perderá la mayoría que le sostiene y se abrirá una crisis que podría desembocar en un adelanto electoral. Las cesiones en materia identitaria, como este nombramiento, son moneda de cambio.

A nivel nacional, el caso valenciano enciende las alarmas en la dirección del PP. La dependencia de Vox en la Comunitat y la normalización del blaverismo recuerdan a los equilibrios que el partido de Alberto Núñez Feijóo intenta evitar en otras plazas. Mientras, en Valencia, la oposición (PSPV y Compromís) denuncia la “colonización partidista” del sector público y la deriva identitaria del Consell. La Corts Valencianes observa, y la próxima votación presupuestaria será el termómetro definitivo de la estabilidad de Pérez Llorca.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consell nombra a José María Chiquillo, exlíder de Unión Valenciana, como directivo del IVACE en plena ofensiva de Vox contra la AVL. El movimiento revela el giro blavero del gobierno autonómico.
  • Datos importantes: La resolución se publicó en el DOGV el 13 de julio de 2026. Chiquillo formó parte de Lo Rat Penat y fue diputado del PP. La negociación presupuestaria entre PP y Vox está en curso.
  • Resumen: El PP de Pérez Llorca utiliza el sector público para contentar a Vox con guiños identitarios, mientras la oposición denuncia la politización de instituciones como el IVACE.

El Gobierno aprueba 17 nuevas plazas de jueces y 4 de fiscales en Euskadi

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado martes, aprobó la creación de 17 nuevas plazas de jueces y otras cuatro de fiscales en Euskadi, un incremento del 7% en la plantilla judicial del territorio.

El reparto de las nuevas plazas judiciales y fiscales

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Euskadi, de las 17 plazas de jueces, 13 se destinarán a los Tribunales de Instancia, tres a las Audiencias Provinciales y una a una plaza de adscripción territorial, que se moverá en función de la carga de trabajo en cada partido judicial.

Los tribunales de instancia que recibirán refuerzo son los de Vitoria, Donostia, Barakaldo y Bilbao, las cuatro circunscripciones con mayor litigiosidad. El objetivo, según la misma fuente, es aliviar la congestión en los juzgados con mayor volumen de asuntos.

En cuanto a la Fiscalía, las cuatro nuevas plazas elevan la plantilla un 4%, hasta acercarse a los 104 fiscales. La medida se inscribe en un plan nacional que añade 700 plazas de jueces y fiscales en toda España, el mayor incremento desde la anterior crisis.

El número de 17 plazas judiciales en un año supera por sí solo las 12 que se habían creado en Euskadi durante toda la última década, según ha remarcado la Delegación del Gobierno.

El incremento de 17 plazas judiciales en un año rompe con el estancamiento de la última década, cuando solo se crearon 12 puestos de juez en el País Vasco.

Más de una década de crecimiento casi nulo

Los datos históricos reflejan que la planta judicial vasca apenas se movió desde los recortes de 2010. Según los registros oficiales, desde 2016 hasta 2025 solo se habían creado 12 plazas de juez, lo que dejó a muchos juzgados con una ratio de asuntos por magistrado por encima de la media nacional.

Con los 17 nuevos puestos, la cifra total de jueces en el País Vasco se sitúa en torno a 243, una cifra que aún está por debajo de la que correspondería por carga de trabajo, según fuentes judiciales consultadas por Moncloa.com.

Por territorios, el refuerzo es homogéneo, aunque Donostia y Barakaldo acumulaban mayor necesidad en la jurisdicción civil, mientras que Bilbao precisaba apoyo en lo penal, de acuerdo con los informes remitidos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La toma de posesión de los nuevos jueces y fiscales se producirá de manera escalonada a lo largo del próximo año judicial, una vez superados los procesos selectivos y de formación. Fuentes de la Administración de Justicia consultadas por Moncloa.com señalaron que la distribución responde a criterios de carga de trabajo y no a un reparto político.

Más allá de las cifras, la decisión del Gobierno supone una inyección de recursos que no se veía desde antes de la crisis financiera de 2008. En aquella época, la planta judicial vasca crecía a un ritmo similar al actual.

La medida ha sido acogida con satisfacción por los operadores jurídicos, aunque sindicatos como CSIF han pedido más medios materiales y personales para los juzgados de nueva creación. En comparación con comunidades autónomas de tamaño similar, como Aragón o Navarra, el incremento porcentual de Euskadi es ligeramente superior, aunque partiendo de bases de partida parecidas.

Alberto Garzón (Sumar) pronostica una unión forzosa de Podemos y Adelante Andalucía para competir con Rufián

Alberto Garzón, exministro de Consumo y una de las voces más autorizadas de Izquierda Unida, ha sacudido el tablero de la izquierda con una afirmación que condensa el malestar de un espacio fracturado. En una entrevista en El Salto TV, el economista pronosticó que Podemos y Adelante Andalucía “no podrán ser competitivos contra Gabriel Rufián y se tendrán que unir”. La frase, pronunciada en el programa Río Arriba, aterriza como una bomba de relojería en el debate sobre el frente amplio, justo cuando Sumar intenta consolidar su proyecto y las tensiones internas con sus confluentes no dejan de acumularse.

Garzón, que ocupó la cartera de Consumo entre 2020 y 2023, no habla desde la primera línea orgánica pero su diagnóstico tiene un peso específico difícil de ignorar. Señala directamente a la incapacidad de las fuerzas a la izquierda del PSOE para articular una alternativa sólida si persisten las divisiones, y usa la figura de Rufián —líder de ERC en el Congreso y prescriptor para buena parte del voto progresista catalán— como el adversario que puede capitalizar la fragmentación. La advertencia es nítida: o se unen, o perderán cualquier posibilidad de competir en condiciones.

El movimiento de Garzón reaviva un debate que Sumar había intentado cerrar en falso tras los resultados de las generales de 2023. La plataforma de Yolanda Díaz nació para aglutinar a más de una decena de formaciones —IU, Más País, Compromís, Catalunya en Comú, entre otras—, pero Podemos, con sus cinco diputadas, se quedó fuera de la coalición electoral y desde entonces opera como una suerte de actor externo incómodo. Adelante Andalucía, por su parte, es un proyecto autonómico que combinaba a sectores anticapi­talistas con un discurso muy marcado por el territorio y que también se desgajó del tronco de Unidas Podemos.

La profecía de Garzón y el cuco de Rufián

Que Garzón invoque a Gabriel Rufián no es casual. El político republicano ha demostrado una capacidad notable para atraer a electores de izquierdas que no se sienten cómodos ni con el PSOE de Pedro Sánchez ni con un espacio alternativo que perciben como caótico. En Cataluña, ERC ha funcionado históricamente como un polo capaz de sumar votos independentistas y, al mismo tiempo, de izquierda transformadora. Si Podemos y Adelante Andalucía no logran una masa crítica, especialmente en territorios clave como Andalucía, el voto progresista corre el riesgo de atomizarse o de buscar refugio en opciones que, como la de Rufián, ofrezcan una imagen de firmeza y claridad.

Detrás de la frase late una realidad electoral tozuda. Adelante Andalucía, que en 2018 irrumpió con fuerza en el Parlamento andaluz, se ha ido desinflando en un paisaje donde el PSOE de Juan Espadas y el PP de Juanma Moreno se reparten el pastel. Podemos, sin representación autonómica en la comunidad desde 2022, apenas conserva estructura. La unión hipotética entre ambos, según Garzón, no es una opción estratégica sino una necesidad de supervivencia.

La advertencia de Garzón no solo habla de Andalucía: interpela a todo el espacio que se revuelve en el laberinto post-Unidas Podemos y que aún no ha encontrado un relato común ante un rival tan incómodo como Rufián.

El laberinto de las confluentes: IU, Podemos y Adelante Andalucía en la encrucijada

La declaración de Garzón obliga a mirar con lupa la posición de IU dentro de Sumar. La formación que coordina Antonio Maíllo ha apostado por la disciplina de coalición y por blindar el proyecto de Yolanda Díaz, pero voces como la del exministro muestran que la herida con Podemos no está cerrada y que existe una conciencia extendida sobre la debilidad estructural que supone caminar por separado. En privado, dirigentes de IU reconocen que la competencia electoral entre las distintas marcas de izquierda resta más de lo que suma, y que el caso andaluz es paradigmático.

Adelante Andalucía, mientras tanto, mantiene un perfil muy crítico con la política de pactos de Sumar y con la gestión del Gobierno de coalición, lo que complica cualquier acercamiento. La formación liderada por Teresa Rodríguez —que ya rompió con Podemos y con IU— siempre ha defendido un modelo de confluencia muy pegado al territorio y refractario a las dinámicas de Madrid. Obligarles a sentarse en una misma mesa con el partido de Ione Belarra y con la IU que hoy apuntala a Sumar suena más a deseo que a hoja de ruta realista.

Para Podemos, el escenario dibujado por Garzón tiene tantas aristas como trampas. Volver a compartir espacio con fuerzas de las que se separó con evidente desgaste personal y político implicaría un reconocimiento de que la estrategia de concurrir por separado en 2023 fue un error. La dirección de Podemos insiste en que Sumar les invisibilizó y que su peso parlamentario, con cinco escaños, es imprescindible para cualquier mayoría de izquierdas. Pero a la vez es consciente de que el aislamiento les condena a la irrelevancia.

Podemos

El análisis de Garzón devuelve al primer plano una cuestión incómoda para Sumar: la coalición puede ser el paraguas, pero no está logrando coser las fracturas previas. La presencia de IU en el grupo parlamentario de Sumar es estable, pero la ausencia de Podemos y de Adelante Andalucía deja un agujero que se cronifica. En Cataluña, la excepción la representan los comuns, que sí participan con normalidad, pero el resto del mosaico español sigue sin encontrar un encaje que satisfaga a todas las partes.

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar se tensa cada vez que una figura como Garzón se pronuncia con libertad. IU, pese a su lealtad al proyecto, contiene sensibilidades muy diversas que a menudo añoran la unidad de la izquierda por encima de las siglas. Esa añoranza choca con la realidad de un Podemos que se reivindica como fuerza autónoma y con la de una Adelante Andalucía que no quiere tutelas. En la práctica, la suma de escaños de los tres espacios —Sumar, Podemos y los diputados autonómicos— podría ser muy superior a la actual fragmentación, pero la aritmética no resuelve la química.

En la dimensión de coalición con el PSOE, esta turbulencia interna tiene consecuencias inmediatas. Un espacio a la izquierda dividido tiene menos capacidad de presión para negociar medidas como la reducción de jornada, la regulación del alquiler o la reforma fiscal. Pedro Sánchez puede permitirse cierta condescendencia cuando la alternativa no es una izquierda potente sino un archipiélago de fuerzas que apenas coordinan su voto en el Congreso. La profecía de Garzón, en el fondo, coloca el foco en la necesidad de una plataforma sólida que haga temblar al socio mayoritario.

La proyección más inmediata lleva a las próximas citas electorales andaluzas y a los congresos internos que Sumar y Podemos tendrán que celebrar en los próximos meses. Si las palabras del exministro prenden, el debate sobre una mesa de confluencia en Andalucía podría adelantarse y forzar movimientos que hoy parecen improbables. El tiempo lo dirá, pero el mensaje ya está sobre la mesa: o se unen, o Rufián —y otros— seguirán recogiendo los pedazos.

Ficha del Caso

  • El caso: Alberto Garzón, referente histórico de IU y exministro de Consumo, vaticina en una entrevista que Podemos y Adelante Andalucía se verán obligados a unirse para ser competitivos frente a Gabriel Rufián, en el contexto del debate sobre el frente amplio de izquierdas.
  • Datos importantes: Podemos cuenta con 5 diputados en el Congreso tras presentarse por separado en 2023. Adelante Andalucía no tiene representación estatal y su fuerza autonómica se ha reducido en los últimos comicios. Sumar, con 31 escaños, integra a IU pero no a Podemos ni a Adelante Andalucía.
  • Resumen: La afirmación de Garzón subraya la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE y la dificultad de articular una alternativa sólida si no se superan las divisiones, un reto que afecta tanto a la estabilidad interna de Sumar como a la capacidad de presión en el gobierno de coalición.

La caída de llegadas de menores migrantes a Canarias mejora la calidad en los centros de acogida

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La caída de las llegadas de migrantes a Canarias, unida a la reforma de la Ley de Extranjería que permite derivar menores a otras comunidades, ha aliviado la presión sobre los centros de acogida.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias y las entidades del tercer sector que gestionan los recursos, con el respaldo estatal tras la reforma legal.
  • ¿Qué impacto tiene? La ocupación de los centros ha bajado al 60%, lo que permite mejorar la atención multidisciplinar, contratar personal cualificado y cerrar macrocentros improvisados.

Los centros de acogida de menores migrantes en Canarias respiran. Tras dos años de cifras récord —39.910 llegadas de migrantes en 2023 y 46.843 en 2024—, el descenso del 62% en las llegadas durante 2025 y la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería han transformado el paisaje asistencial en las islas.

El alivio de la presión tras los años de emergencia

En los peores momentos, los centros se vieron desbordados hasta el punto de habilitar colchones en salas comunes. Hoy, la mayoría opera al 60% de su capacidad. “Hemos notado que la presión ha disminuido, y eso, si o si, se traduce en aumentar la calidad en la atención de los niños y niñas. Ahora podemos darles una atención multidisciplinar”, explica uno de los responsables de un recurso en las islas.

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite declarar la contingencia migratoria cuando un territorio triplica su capacidad ordinaria de acogida, ha sido clave. Desde hace un año, Canarias aplica la derivación obligatoria de menores a otras comunidades, lo que ha descongestionado los recursos.

Una atención más especializada y centros menos masificados

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias está cerrando los macrocentros de más de 100 plazas y apuesta por abrir espacios más pequeños. Los profesionales valoran el cambio: “Los trámites van mucho más rápido, todo va más fluido, tanto los traslados de los chicos como sus inscripciones en formaciones”.

Ahora los centros pueden dedicar el 60% de su presupuesto a salarios y contratar perfiles cualificados, un objetivo largamente perseguido. Algunos recursos con capacidad para 40 o 50 niños y niñas cuentan con plantillas de unos 25 trabajadores. “El personal es nuestra primera herramienta”, remarcan los directores.

No obstante, los sindicatos, como CCOO, denuncian que el cierre de macrocentros ha dejado a parte de la plantilla en la calle sin posibilidad de reubicación. Los gestores reconocen que “estamos haciendo malabares, porque no nos gusta echar a gente”, pero insisten en que su labor es atender una emergencia y que, cuando la presión baja, la estructura se ajusta.

La caída de las llegadas y la reforma legal han dado a Canarias la oportunidad de construir un sistema de acogida más humano y menos improvisado.

El Pulso Territorial

La mejora en la calidad de la acogida no solo es un alivio para los profesionales: refleja un cambio estructural en la gestión migratoria insular. Canarias ha soportado históricamente una presión desproporcionada en comparación con territorios como Ceuta o Melilla, pero la reforma de extranjería ha introducido un mecanismo de solidaridad interterritorial que, pese a las reticencias iniciales de algunos gobiernos autonómicos, ya funciona en la práctica. La comunidad se encuentra ahora en una posición paradójica: por ley, cuando sus centros superan en más del triple su capacidad ordinaria, la derivación es obligatoria; sin embargo, los actuales niveles de ocupación –al 60%– le permiten prepararse para futuros repuntes sin caer en la improvisación de los años pasados.

El desafío inmediato es consolidar una red estable de recursos con plantillas cualificadas que no dependa de los vaivenes de la ruta atlántica. La Consejería trabaja en el cierre de los últimos macrocentros heredados de la emergencia y en la apertura de dispositivos de menor tamaño, pero los sindicatos mantienen la presión para evitar despidos traumáticos. Mientras, los directores de los centros reclaman que las inspecciones se refuercen ahora que hay margen, y confían en que la situación en los países de origen mejore algún día: “En el momento en que no lleguen, cerraremos las puertas y nos iremos, y eso será bueno”.

Ficha Autonómica

  • El caso: La drástica reducción de las llegadas migratorias a Canarias y la plena aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería han permitido a los centros de acogida de menores pasar de la saturación a una atención personalizada.
  • Datos importantes: Ocupación de los centros al 60%; cierre progresivo de macrocentros de más de 100 plazas; el 15% de las llegadas a las islas fueron menores solos en el último año; la reforma legal activa la derivación obligatoria cuando un territorio triplica su capacidad ordinaria.
  • Resumen: La red de acogida gana calidad asistencial y reduce la improvisación, aunque el ajuste de plantillas genera tensiones sindicales. El sector aspira ahora a consolidar una estructura estable que aguante futuros repuntes.

La solución de Lidl para dormir frescos sin gastar de más: cuesta 45 euros y no necesita instalación

Lidl vuelve a poner patas arriba el mercado del bazar de verano con un dispositivo que promete lo que muchos llevan meses buscando: dormir fresco sin desembolsar 300 euros en un aire acondicionado. El enfriador de aire portátil Tronic cuesta 44,99 euros y no requiere obras, tubos ni electricista.

La cadena alemana ya se ha acostumbrado a estos fenómenos de ventas relámpago, pero este caso destaca por algo muy concreto: funciona sin instalación alguna. Se saca de la caja, se llena de agua y arranca. Nada más.

El enfriador Tronic de Lidl que está agotando existencias

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Quien vive de alquiler, no puede instalar un split o simplemente busca una solución rápida para las noches más calurosas encuentra en este aparato una de las apuestas más comentadas del catálogo de bazar de este verano. El precio, muy por debajo de los 200 euros que exige un aire acondicionado portátil convencional, explica buena parte del interés.

El dispositivo se apoya en un depósito de agua de cuatro litros que alimenta el sistema, un ventilador que impulsa el aire a través del panel húmedo y un mecanismo de difusión que reparte el aire fresco por la habitación. Nada de compresores pesados ni tuberías de desagüe: solo agua y electricidad mínima.

Cómo funciona la tecnología detrás del enfriador de Lidl

El principio físico que hace posible este invento no es nuevo, pero sí eficaz. Lidl ha apostado en los últimos meses por reforzar su catálogo de climatización de bajo coste, y este enfriador se apoya en el proceso de evaporación: cuando el agua pasa de líquido a vapor, absorbe calor del aire circundante y reduce la temperatura percibida en el entorno inmediato.

Esa es la diferencia clave frente a un aire acondicionado tradicional, que usa un circuito de gas refrigerante y compresión. El enfriador evaporativo no baja la temperatura de forma drástica, pero sí genera una sensación de frescor mucho más marcada que la de un ventilador convencional, especialmente si se usan los dos acumuladores de frío incluidos, que se congelan previamente y se introducen en el depósito.

Ficha técnica: lo que trae el Tronic de Lidl

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Con unas medidas de 28 x 56 x 24,5 centímetros y un peso de 4,7 kilos, el aparato no resulta ni voluminoso ni difícil de mover. Las ruedas integradas permiten trasladarlo del salón al dormitorio sin esfuerzo, algo que muchos compradores destacan como el gran punto a favor frente a los modelos con tubo de ventana.

Su consumo de apenas 65 vatios lo sitúa muy cerca del gasto de un ventilador normal, lejos de los cientos de vatios que exige un compresor. Eso se traduce en una diferencia notable en la factura de la luz, sobre todo si se usa varias horas seguidas durante las noches de más calor.

Especificaciones y funciones del enfriador Tronic

El aparato incorpora una serie de funciones pensadas para adaptarse a distintos momentos del día y necesidades del hogar:

  • Tres niveles de velocidad, para ajustar la intensidad del flujo de aire según el momento.
  • Oscilación automática de hasta 75 grados, que reparte el aire por toda la estancia sin dejar zonas sin cubrir.
  • Mando a distancia con hueco propio en la parte trasera, útil para regular la intensidad sin levantarse de la cama.
  • Depósito extraíble de cuatro litros, que simplifica el llenado y la limpieza periódica.

Existe además una versión más pequeña del mismo fabricante, un modelo de mesa a 12,99 euros pensado para espacios reducidos como un escritorio o una mesita de noche, aunque con menor autonomía y capacidad de refrigeración.

Trucos para sacarle el máximo partido este verano

Como todo sistema evaporativo, su rendimiento no es uniforme en todos los climas. Funciona mejor en ambientes secos, donde el aire admite más humedad antes de saturarse, mientras que en zonas costeras con alta humedad el efecto se nota menos. Esto explica por qué el interior peninsular suele sacarle más partido que el litoral mediterráneo.

Para maximizar el frescor, conviene llenar el depósito con agua muy fría o con hielo, colocar el aparato cerca de una ventana o puerta abierta que permita renovar el aire, y limpiar el filtro con regularidad para evitar que se acumule polvo y se reduzca el flujo de salida.

El futuro de la climatización low cost en los hogares españoles

La tendencia apunta a que este tipo de soluciones intermedias —ni ventilador básico ni aire acondicionado con instalación fija— seguirán ganando terreno en los próximos veranos. El aumento de las olas de calor y el precio de la electricidad empujan a buscar alternativas que no impliquen una obra ni una inversión de varios cientos de euros.

Si el verano sigue apretando como hasta ahora, no sería extraño que este enfriador se convierta en uno de los productos estrella de la temporada. La recomendación de quien sigue de cerca el catálogo de la cadena alemana es sencilla: si interesa, mejor no esperar a última hora, porque las unidades ya escasean tanto en tienda online como en establecimientos físicos.

España es el segundo país de la UE que más energía consume en aire acondicionado, según Eurostat

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Eurostat ha publicado que España gastó 14.300 terajulios (TJ) en refrigeración doméstica en 2024, el doble que en 2018, situándose como el segundo país de la UE, solo por detrás de Italia (26.300 TJ).
  • ¿Quién está detrás? La Oficina Estadística de la UE, con datos que reflejan el impacto de las olas de calor y la creciente dependencia del aire acondicionado en los hogares del sur de Europa.
  • ¿Qué impacto tiene? El incremento sostenido del consumo de refrigeración choca con los objetivos de eficiencia energética del Pacto Verde Europeo y presiona al Gobierno español para acelerar la rehabilitación de edificios y la adopción de sistemas más eficientes.

Según los últimos datos de Eurostat, hechos públicos este mes de julio, España consumió 14.300 terajulios de energía en refrigeración de espacios durante 2024, el doble que en 2018. La cifra, solo superada por Italia (26.300 TJ), confirma una tendencia al alza que complica los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El doble que hace seis años: la serie que desvela Eurostat

La estadística europea muestra un aumento prácticamente constante del consumo de aire acondicionado en los hogares de los Veintisiete. En el conjunto de la UE, el gasto energético para refrigeración alcanzó cerca de 80.000 terajulios en 2024, frente a los 40.500 TJ de 2018. Solo en 2020 (–2,5 %) y 2023 (–1,9 %) se registraron ligeros descensos interanuales.

España ha multiplicado por 2,3 su consumo de refrigeración desde 2010, cuando lideraba la clasificación con 6.400 TJ. Entre 2015 y 2024, el incremento absoluto fue de 8.400 TJ, el segundo mayor de la UE tras Italia (14.900 TJ) y por delante de Grecia (6.100 TJ).

En términos relativos, sin embargo los porcentajes de energía destinada exclusivamente al aire acondicionado sobre el consumo total de los hogares son más bajos en España (2,5 %) e Italia (2,3 %) que en países como Chipre (16 %) o Grecia (7,4 %). La explicación es sencilla: los hogares españoles tienen un mix energético mayor, pero el volumen bruto de refrigeración es colosal.

Por qué el Green Deal se atraganta con el aire acondicionado

El Pacto Verde Europeo, con su ambicioso objetivo de reducción de emisiones, incluye un pilar de eficiencia energética que se ve directamente amenazado por la explosión del consumo de refrigeración. La Directiva de Eficiencia Energética y la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios obligan a los Estados miembros a reducir el consumo de energía primaria y final, pero las olas de calor cada vez más frecuentes empujan en sentido contrario.

En España, el Gobierno ha incluido medidas de rehabilitación energética en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos Next Generation. Pero la velocidad de ejecución es lenta: apenas el 47 % de los fondos comprometidos han llegado a las convocatorias de rehabilitación residencial. Mientras tanto, el parque de viviendas sigue dependiendo de equipos de aire acondicionado poco eficientes.

Eurostat refrigeración España

El Eje del Poder Europeo

El reparto de la factura térmica en la UE refleja una división clásica entre el norte y el sur. Los países mediterráneos soportan un consumo de refrigeración muy superior al de los nórdicos o centroeuropeos, lo que crea una asimetría en las políticas de eficiencia. Bruselas intenta equilibrar la balanza con fondos del Fondo de Cohesión y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pero la tensión es evidente: cada ola de calor incrementa la demanda eléctrica y pone a prueba la estabilidad de la red.

España se sitúa en una posición incómoda. Por un lado, es el segundo mayor consumidor absoluto de refrigeración de la UE; por otro, su dependencia del gas para generar electricidad en horas punta eleva las emisiones y encarece la factura. Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía indican que, sin una intervención masiva en la envolvente térmica de los edificios, el consumo de aire acondicionado en el sur de Europa podría duplicarse de nuevo antes de 2035.

El sur de Europa se recalienta, y con ello, la factura energética y la credibilidad del Green Deal quedan bajo presión cada verano.

La Comisión Europea ya ha advertido en su último informe de progreso del Pacto Verde que los objetivos de eficiencia energética para 2030 están en riesgo si no se acelera la renovación del parque edificatorio. España, que asumió el compromiso de rehabilitar 1,2 millones de viviendas antes de esa fecha, apenas ha completado un tercio del camino.

El precedente de la crisis energética de 2022, cuando los precios del gas se dispararon y los hogares redujeron la calefacción, demuestra que la demanda de refrigeración es mucho más rígida. No se puede apagar el aire acondicionado en una ola de calor sin consecuencias para la salud. Por eso, la única salida es invertir en sistemas pasivos de climatización, como el aislamiento térmico, las cubiertas vegetales o las bombas de calor de alta eficiencia.

La próxima revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, prevista para otoño de 2026, será el campo de batalla donde España y los demás países del sur intentarán arrancar más fondos europeos para adaptar sus viviendas a un clima cada vez más extremo. Mientras tanto, los termostatos de Madrid, Sevilla o Barcelona seguirán consumiendo energía a un ritmo que Bruselas observa con creciente preocupación.

Antonio de Ulloa, el científico que descubrió el platino

Capítulo I: El polvo gris del río Pinto

La lluvia caía sobre el campamento minero con una insistencia que ahogaba los gritos de los capataces. Antonio de Ulloa, marino de veintitantos años, enfundado en un capote que ya no sabía a cuero sino a humedad, se inclinaba sobre la batea que un esclavo le tendía. Entre las arenas negras y los granos dorados, algo brillaba distinto: un polvo gris, pesado, que los lavadores de oro desechaban con fastidio. Aquel metal, le dijeron, era inútil: ni se fundía ni se dejaba separar del oro. Ulloa lo frotó entre los dedos, sintió su densidad inusual y guardó una muestra en un pequeño frasco de vidrio. Corría el año de 1736, quizá 1737, y aquel polvo apenas intuido terminaría por cambiar la tabla periódica del mundo.

Capítulo II: Los caballeros del meridiano

La presencia de Ulloa en aquellos parajes no era casual. La Academia de Ciencias de París había organizado una expedición para medir un grado del meridiano terrestre en el ecuador y así zanjar la disputa sobre la forma de la Tierra —achatada en los polos o en el ecuador—. La Corona española, celosa de sus dominios americanos, accedió a que los científicos franceses pisaran suelo virreinal pero con una condición: dos jóvenes oficiales de la Armada española, Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santacilia, les acompañarían como representantes del rey, observadores y cartógrafos. Ambos, con apenas veinte años y una formación matemática excepcional para la época, zarparon de Cádiz en mayo de 1735 junto a Louis Godin, Pierre Bouguer y Charles Marie de La Condamine. La misión, que se preveía de tres años, se alargó durante casi una década de pugnas científicas, penalidades andinas y descubrimientos que iban mucho más allá de la geodesia.

expedición geodésica francesa

Capítulo III: Un metal que no era oro

Fue en las selvas del Chocó, en la provincia de Esmeraldas, donde los dos marinos toparon con el mineral que los indígenas llamaban platina o «platina de Pinto», por el río que lo arrastraba. Los mineros locales lo despreciaban: mezclado con el oro, dificultaba la fundición porque su punto de fusión superaba con creces los hornos de la época. Cuando intentaban purificar el oro con mercurio o fuego, el platino se resistía obstinadamente. Ulloa y Juan, cultivados en la química experimental de la Ilustración, intuyeron que aquello no era un residuo sino un metal distinto. Ulloa anotó en sus cuadernos sus observaciones: color parecido al del estaño, gran pesadez, infusibilidad. «Es un metal que parece enemigo del fuego», escribiría luego, parafraseando el sentir de los fundidores.

Capítulo IV: Una carta con destino a la Corte

Las muestras de platino viajaron junto con los pliegos de la expedición cuando los marinos regresaron a España en 1744. Habían sobrevivido a naufragios, a la tensión con los académicos franceses y a la altitud de los páramos. Jorge Juan partió de incógnito hacia Londres para espiar los astilleros ingleses; Ulloa, en cambio, cuidó la redacción del informe que la Corona exigía. Así nació la Relación histórica del viaje a la América Meridional, que vio la luz en 1748, repleta de mapas, mediciones astronómicas y también de aquella curiosa noticia mineralógica: «En las minas del Chocó se halla un metal que llaman platina, de color ceniciento, tan sumamente duro y pesado que los naturales no pueden trabajarle por más que lo intentan». La descripción, que ocupa apenas unas páginas, fue la primera referencia científica que Europa tuvo sobre el platino.

Capítulo V: De los hornos de mercurio a las pompas virreinales

El descubrimiento del platino fue solo un capítulo en la vida de Ulloa. Durante los años siguientes, ascendió en la Armada, fue nombrado gobernador de Huancavelica —la mina de mercurio más importante del virreinato del Perú— y, más tarde, gobernador de la Luisiana, entonces una colonia española en el Misisipi. En Huancavelica, entre 1758 y 1764, intentó modernizar las explotaciones mineras, reducir la mortandad de los indígenas y acabar con las corruptelas de los corregidores. En la Luisiana, en 1766, desplegó sus dotes diplomáticas para atraer colonos franceses a la soberanía española, pero la oposición de los criollos desembocó en una revuelta que le obligó a abandonar Luisiana. A su regreso a Europa, una tormenta y un buque inglés le depararon dieciocho meses de cautiverio en Portsmouth, donde, deliciosa paradoja, pudo consultar bibliotecas científicas y cartearse con la Royal Society. Años después, ya como almirante, sería elegido miembro de la misma institución que le había retenido.

expedición geodésica francesa

Capítulo VI: El legado incandescente del platino

El platino que Ulloa bautizó como «platina» tardaría décadas en ser aceptado como elemento. El secretismo con que la Corona española trató el hallazgo retrasó su estudio: el metal se consideró un veneno para el oro y se prohibió su extracción hasta 1778. Pero la semilla plantada por el marino ilustrado germinó en los laboratorios europeos. Cuando el químico francés Antoine Lavoisier clasificó los elementos, el platino ocupó su lugar junto a los metales nobles, y hoy es imprescindible en catalizadores, joyería y medicina. La España de la Ilustración, con hombres como Jorge Juan y Antonio de Ulloa, demostró que la ciencia no se detenía en las cortes ni en las fronteras. Y el platino, aquel polvo gris desdeñado por los mineros del Chocó, fue la prueba más brillante de que el mundo contenía maravillas que ni el fuego podía domeñar.

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Irán ataca bases de EE.UU. en Kuwait y advierte a los países del Golfo que no sirvan de escenario de guerra

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Irán lanzó ayer misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait, Catar, Baréin, Omán y Jordania, en represalia por la campaña de bombardeos estadounidense.
  • ¿Quién está detrás? Las Fuerzas Armadas iraníes, con respaldo del régimen de Teherán, que justifica los ataques como legítima defensa.
  • ¿Qué impacto tiene? Irán advierte que cualquier país del Golfo que preste territorio a EE.UU. será considerado objetivo militar. Sube la tensión en el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán, y amenaza directamente la seguridad de los aliados árabes.

Irán ha respondido este domingo a la cuarta noche consecutiva de bombardeos estadounidenses sobre su territorio con un ataque coordinado de misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait, Catar, Baréin, Omán y Jordania. Es la mayor ampliación regional del conflicto desde la ruptura del alto el fuego del pasado 17 de junio, y llega acompañada de una amenaza explícita a las monarquías del Golfo: Teherán considera objetivo legítimo cualquier país que ceda su territorio para lanzar ataques contra Irán.

Los ataques del domingo: misiles, drones y un mensaje a las monarquías del Golfo

El Ministerio de Defensa iraní confirmó anoche el lanzamiento de ‘decenas de misiles balísticos y drones de ataque’ contra posiciones estadounidenses en al menos cinco países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Fuentes de inteligencia regionales consultadas por Moncloa.com confirman impactos en la base aérea de Ali Al Salem, en Kuwait, y en el puerto de Duqm, en Omán, ambos utilizados por el Pentágono como nodos logísticos para las operaciones contra Irán. También se registraron explosiones cerca de la base aérea Rey Faisal, en Jordania, y en las instalaciones navales de Manama, Baréin, donde la Quinta Flota tiene su cuartel general. Catar, sede del Comando Central Avanzado de EE.UU., pudo recibir impactos en zonas periféricas.

El ataque constituye una represalia directa por la campaña de bombardeos que Estados Unidos mantiene desde el pasado jueves, y que en la madrugada de este lunes ha sumado una cuarta oleada sobre objetivos en el interior de Irán. Teherán, que había contenido sus respuestas durante semanas, ha decidido cambiar de escala y extender las hostilidades al territorio de los aliados árabes de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia ISNA, el Ministerio de Exteriores iraní condenó los ‘bárbaros ataques’ estadounidenses y acusó a las monarquías del Golfo de haber convertido sus países ‘en un escenario para su guerra ilegal y criminal contra la nación iraní’. El portavoz Esmaeil Baghaei, en un mensaje en X, afirmó que ‘Irán no ataca; los golpes de Irán contra bases y activos militares estadounidenses estacionados en el sur del golfo Pérsico constituyen un ejercicio legítimo y legal de su derecho inherente a la legítima defensa bajo el derecho internacional.

La amenaza explícita a los países del Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz

Golfo Pérsico

La nota de Teherán incluye una advertencia que cambia los parámetros del conflicto. ‘Los países vecinos están obligados, en virtud del derecho internacional, a impedir que el agresor utilice su territorio e instalaciones para llevar a cabo una agresión militar contra Irán’, señala el comunicado. La lectura es inequívoca: si un Estado del Golfo permite operaciones contra Irán desde su suelo, Teherán lo considerará parte beligerante y atacará sus infraestructuras militares, y potencialmente energéticas.

La amenaza se produce apenas dos semanas después de que Irán decretase el cierre del estrecho de Ormuz —por el que transita un tercio del crudo mundial— en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero. Aquella acción militar, bautizada como Operación Guardián del Estrecho, desencadenó la guerra y forzó la mediación de Omán para alcanzar una tregua en abril y un memorando de entendimiento el 17 de junio. Sin embargo, las discrepancias sobre la interpretación del acuerdo y la reapertura del paso marítimo han reavivado los combates.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido ‘máxima moderación’ y ha instado a todas las partes a ‘evitar nuevas acciones de escalada y tomar medidas inmediatas para desescalar’. Washington no ha comentado oficialmente los impactos del domingo, pero fuentes del Pentágono reconocen que la situación en la región es ‘extremadamente volátil’.

El eje de la guerra se ha desplazado de un intercambio bilateral a una crisis de seguridad colectiva en el Golfo, con Irán dispuesto a atacar a los aliados de Washington si mantienen su respaldo logístico.

Equilibrio de Poder

El ataque iraní contra países del Golfo —y no solo contra la presencia militar estadounidense— reconfigura el tablero regional en un momento especialmente delicado. La administración Trump enfrenta ahora un dilema: mantener una campaña de bombardeos mientras sus aliados árabes empiezan a ser objetivos directos, o buscar una vía diplomática que restablezca el frágil memorando de junio.

Moscú, que ha mantenido un perfil bajo durante las primeras semanas del conflicto, observa con creciente inquietud una escalada que podría arrastrar a sus socios comerciales del Golfo y desestabilizar aún más los mercados energéticos. Fuentes del Kremlin consultadas por Moncloa.com señalan que la prioridad rusa es evitar que la guerra interrumpa sus exportaciones de crudo a través de puertos como Fujairah, lo que la convierte en un actor potencialmente mediador.

Para la Unión Europea, el conflicto supone un quebradero de cabeza energético de primer orden. Con el estrecho de Ormuz bloqueado de facto, el precio del barril Brent ha superado los 130 dólares, y las economías del sur de Europa, incluida España, sufren una presión inflacionista adicional. España mantiene desplegada la fragata Blas de Lezo en la operación Aspides de la UE, con instrucciones de proteger la libertad de navegación, aunque la misión se encuentra ahora bajo amenaza directa.

La frontera sur española también es sensible: una guerra abierta entre Irán y los países del Golfo podría reavivar el malestar en el Magreb y el Sahel, donde actores como Marruecos y Argelia observan con atención el alineamiento de sus suministradores de armas y el flujo de inversiones. El riesgo de que el conflicto contamine las relaciones bilaterales es real, sobre todo si alguno de los intereses energéticos españoles en la región se ve afectado.

A corto plazo, la prioridad inmediata es evitar que los ataques se extiendan a infraestructuras civiles o a campos de petróleo saudíes, lo que dispararía una crisis humanitaria y económica global. La OTAN está siguiendo la situación minuto a minuto, aunque por ahora no se ha activado el artículo 5. No obstante, la posibilidad de que un misil iraní alcance por error territorio de un aliado, como ya ha ocurrido con Polonia en el conflicto ucraniano, añade una capa de impredecibilidad. Se espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convoque una sesión de emergencia en las próximas horas.

Samsung Salud datos borrará tu información si no aceptas el nuevo uso en la IA

Samsung ha decidido esta semana que la privacidad de los datos de salud de millones de usuarios se someta a un ultimátum sin precedentes. La compaña surcoreana ha activado un controvertido aviso en su aplicación Samsung Health, que obliga a consentir el uso de los datos personales para el entrenamiento de inteligencia artificial si se quiere mantener la sincronización de la información. La alternativa es tajante: negarse implica que Samsung borrará todos esos registros acumulados.

Claves de la operación

  • El nuevo consentimiento para IA es obligatorio para sincronizar. La app muestra un interruptor titulado «Consentimiento del uso de datos de salud para el entrenamiento y modelado de IA» y, si se desactiva, la sincronización con la cuenta Samsung se bloquea.
  • La negativa supone la eliminación de los datos históricos. Samsung advierte de que, si no se acepta, los datos de salud almacenados se borrarán, salvo los que la ley exija conservar.
  • La firma replica una estrategia que ya levanta ampollas en Europa. Movimientos similares de otras tecnológicas han provocado investigaciones de la AEPD y de la Comisión Europea, por lo que esta decisión podría atraer pronto al regulador español.

El ultimátum de Samsung: consentir o perder los datos

La noticia la han adelantado medios especializados como Android Authority, que ha recogido las quejas de los primeros usuarios afectados. La activación de esta casilla no es opcional: si el usuario quiere seguir utilizando Samsung Health con todas sus funciones —en especial, la sincronización con otros dispositivos y la nube—, debe aceptar que la inteligencia artificial de Samsung entrene con sus métricas de sueño, frecuencia cardíaca, peso o niveles de actividad.

Según ha podido saber esta redacción, el mensaje que aparece en la aplicación es inequívoco. «Si no das tu consentimiento, no podrás sincronizar los datos de salud con tu cuenta de Samsung y estos se eliminarán, salvo que la ley exija lo contrario». La compañía no ha publicado ninguna comunicación oficial, pero fuentes del sector confirman que la medida afecta ya a usuarios en España.

Quien ceda sus datos de salud a Samsung estará entrenando la IA que mañana la propia empresa venderá a aseguradoras o a sistemas sanitarios privados.

La privacidad de la salud se convierte en moneda de cambio

Samsung no es la primera gran tecnológica que vincula el acceso a un servicio con la cesión de información personal, y la jugada llega en un momento especialmente delicado. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) considera los datos de salud como categorías especialmente protegidas, lo que obliga a un consentimiento explícito, libre e informado. Sin embargo, este tipo de «consentimiento forzoso» —si no aceptas, pierdes el servicio— ha sido cuestionado reiteradamente por las autoridades de control.

De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha sancionado en el pasado a empresas que utilizaron el mismo esquema: consentir o asumir la pérdida de funcionalidades. Samsung deberá demostrar que la recopilación de esas métricas es estrictamente necesaria para el servicio y que el usuario tiene una alternativa real que no sea la eliminación de sus datos.

En el mercado español, Samsung es líder en pulseras y relojes inteligentes. La app Samsung Health acumula millones de descargas y, con esta decisión, la compañía se hace con un caudal de información biométrica que antes solo gestionaba de forma local. El riesgo reputacional es alto si los reguladores interpretan que ha forzado la mano a sus usuarios.

El análisis de moncloa.com: lo que está en juego más allá del consentimiento

Desde esta redacción consideramos que el movimiento de Samsung tiene una lectura que trasciende la privacidad. En un contexto en el que la inteligencia artificial generativa necesita cantidades ingentes de datos para entrenarse, los fabricantes de wearables se han convertido en los guardianes de una información especialmente valiosa: los patrones de salud de millones de personas. Si Samsung logra que la mayoría de sus usuarios acepte la cesión, habrá creado un activo de datos con el que competir con Apple, Google o Amazon en el pujante negocio de la salud digital.

Cabe recordar que Apple ya integra en su aplicación Salud un enfoque muy diferente: los datos se procesan en el dispositivo y la compañía se ha mostrado mucho más cautelosa a la hora de vincularlos con la nube o con su IA. Samsung parece optar por la vía agresiva, probablemente porque su división de IA necesita acelerar el entrenamiento de modelos y la información de salud es un diferenciador frente a sus rivales.

No obstante, la arista regulatoria no es la única amenaza. Si los usuarios perciben que se les extorsiona con la pérdida de sus datos, muchos podrían migrar a otras plataformas. En España, donde el ecosistema de la salud digital está aún en fase de consolidación, un goteo de bajas podría ser difícil de revertir. La otra gran incógnita es si la AEPD abrirá un expediente de oficio. Los próximos quince días, mientras los usuarios empiezan a ver el aviso en sus móviles, serán decisivos.

Senegal al borde del abismo: la crisis de deuda que amenaza el Sahel y la frontera sur de España

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Una auditoría independiente reveló en febrero de 2025 que el expresidente Macky Sall ocultó entre 7.000 y 13.000 millones de dólares de deuda contraída entre 2019 y 2023, elevando la ratio deuda/PIB de Senegal del 75% al 132%.
  • ¿Quién está detrás? El propio Sall maquilló las cuentas con la complicidad por omisión del FMI y el Banco Mundial, que inyectaron otros 2.100 millones en 2023 pese a las señales de alerta.
  • ¿Qué impacto tiene? La posible suspensión de pagos desestabiliza el Sahel, abre espacio para que Rusia capte nuevos aliados y puede disparar la presión migratoria sobre Canarias.

Senegal lleva meses al borde del colapso financiero, pero lo que está en juego va mucho más allá de una simple crisis de deuda. La última democracia que resiste en el Sahel francófono se enfrenta a un agujero fiscal provocado por la ocultación masiva de pasivos durante el mandato de Macky Sall, con la Mirada permisiva del Fondo Monetario Internacional. Mientras el presidente Diomaye Faye intenta negociar un rescate que evite el impago, la inestabilidad que se avecina amenaza con convertir la ruta migratoria hacia Canarias en una autopista todavía más saturada y con entregar a Rusia el argumento perfecto para seguir erosionando la influencia europea en la región.

El agujero negro de la deuda senegalesa: 132% del PIB y un FMI cómplice

La cifra es demoledora: la deuda pública de Senegal pasó de representar menos del 75% del PIB a superar el 132% de la noche a la mañana. El detonante fue la publicación, el 12 de febrero de 2025, de una auditoría independiente encargada por el nuevo gobierno que desveló un agujero de entre 7.000 y 13.000 millones de dólares en préstamos no registrados contraídos durante el segundo mandato de Macky Sall (2019-2023). Según detalla Foreign Affairs, la presidencia y el ministerio de Finanzas mantuvieron esas operaciones fuera de los libros, ocultándolas tanto al Parlamento senegalés como a los equipos de supervisión del FMI y del Banco Mundial.

Lo más grave es que los organismos multilaterales ignoraron señales de alarma evidentes. Ya en junio de 2021 el FMI recibió solicitudes de Senegal para modificar los criterios de rendimiento fiscal; un año después, en 2022, directamente se levantó la exigencia de cumplirlos. A pesar de esas banderas rojas —y de los datos internos que demostraban sobreendeudamiento—, en mayo de 2023 el Banco Mundial aprobó 300 millones de dólares adicionales para el país y, apenas un mes después, el FMI dio luz verde a un nuevo paquete de 1.800 millones, desembolsando 279 millones de forma inmediata. En esta redacción hemos consultado los calendarios: la inyección se produjo en plena crisis política, mientras Sall maniobraba para mantenerse en el poder.

El argumento oficial del FMI, recogido en la revisión de diciembre de 2023, calificó aquel sobreendeudamiento como una mera “operación de gestión de deuda sin impacto material”. Hoy, con Dakar al borde del default y el gobierno de Faye obligado a aplicar recortes del 20% en sanidad y a congelar inversiones en infraestructura, esa justificación resulta difícil de sostener. La deuda acumulada está ya provocando atrasos en salarios públicos y amenaza subsidios energéticos cuyo recorte podría incendiar las calles.

La última democracia del Sahel, bajo asedio financiero y ruso

Senegal no es Burkina Faso, Malí o Níger. Mientras las juntas militares del Sahel central desmantelan instituciones, pierden terreno frente a grupos insurgentes y abren las puertas a mercenarios rusos, el país conserva una democracia viva que en 2024 demostró su músculo institucional al impedir que Sall retrasara las elecciones. Un Consejo Constitucional independiente y una sociedad civil movilizada forzaron la convocatoria que llevó a la presidencia al reformista Diomaye Faye y a su entonces aliado Ousmane Sonko. Pero ese capital político se está diluyendo a toda velocidad bajo el peso de una deuda que no generaron.

La crisis ha quebrado además el tándem reformista. En mayo de 2026, Faye destituyó a Sonko como primer ministro por su oposición frontal a negociar con el FMI. Sonko, convertido ahora en presidente de la Asamblea Nacional con el respaldo de 132 de los 165 diputados, ha advertido de que “nunca habrá un acuerdo con el FMI” —una posición que bloquea cualquier reestructuración de la deuda y deja al ejecutivo sin margen fiscal—. La parálisis institucional resultante, entre un presidente que necesita el rescate y un Parlamento que lo veta, es la antesala perfecta para el caos financiero.

Mientras tanto, desde Moscú se frota las manos. Rusia ha aprovechado cada foco de desorden en el Sahel para ofrecer “asistencia en seguridad” a cambio de acceso a recursos y bases. La implosión de la economía senegalesa entregaría al Kremlin un nuevo y valioso punto de entrada en la fachada atlántica africana, a escasos kilómetros de las rutas marítimas que conectan el Golfo de Guinea con Europa. En el Ministerio de Defensa español llevan meses siguiendo con preocupación el deterioro del flanco sur, en en particular por el efecto llamada que cualquier colapso tendrá sobre los cayucos que llegan a Canarias.

La caída de Senegal no sería solo una quiebra financiera; sería la muerte del último argumento democrático en el Sahel y un imán migratorio para Canarias.

FMI

Equilibrio de Poder

La lectura estratégica de esta crisis obliga a conectar tres tableros. En el eje Washington-Bruselas-Moscú, el FMI y el Banco Mundial arrastran una responsabilidad que condiciona su credibilidad. La Administración estadounidense —máxima accionista del Fondo— tendrá que decidir si presiona para aliviar la carga de la deuda senegalesa o si, por el contrario, mantiene la ortodoxia financiera y deja que la cuenta la paguen los ciudadanos y, a la postre, la estabilidad de toda África Occidental. En un contexto en el que la Casa Blanca ya ha dado muestras de priorizar el Indo-Pacífico sobre el Atlántico, la omisión sería interpretada por Rusia como una invitación a seguir tejiendo su red de influencia con los regímenes golpistas y, ahora, con un Senegal desesperado. Para la Unión Europea —y singularmente para España—, lo que ocurra en Dakar es una cuestión de seguridad interior.

El impacto para España se mide en términos de presión migratoria y de encaje geopolítico en el Magreb. La ruta atlántica hacia Canarias ya batió récords en 2025; si Senegal suspende pagos, los subsidios al combustible se eliminan y los empleos públicos se desploman, el flujo de cayucos se multiplicará sin que las políticas de contención marroquíes ni los acuerdos con Mauritania ofrezcan un dique sólido. En Moncloa saben que Marruecos tampoco está en condiciones de absorber otra crisis regional y que cualquier desestabilización del sur de la península ibérica alimenta discursos populistas y tensiona las ya frágiles costuras de la política migratoria común. Algunas fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que el Ministerio de Defensa está actualizando los escenarios de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Civil en el archipiélago canario, un extremo que de confirmarse subrayaría la gravedad del momento.

El precedente histórico que mejor ilumina el riesgo actual es el de Grecia en 2010: un país con una democracia funcional, un gobierno reformista y una deuda heredada de un antecesor que manipuló las cuentas. Entonces, la troika impuso una austeridad draconiana que fracturó socialmente al país y estuvo a punto de sacarlo del euro. La diferencia es que Senegal no dispone de un Banco Central Europeo que le respalde ni de un paraguas de seguridad comparable. Si Faye fracasa, el vacío será llenado por actores autoritarios —internos o externos— que venderán estabilidad a cambio de libertades. La alternativa, con todo, tampoco es indolora: una reestructuración sin participación legislativa volvería a incendiar la calle y entregaría el discurso nacionalista a Sonko o a quien logre capitalizar el descontento. El equilibrio es tan precario que cualquier movimiento en falso puede acelerar la implosión. La próxima ventana crítica se abre en otoño, cuando venzan los primeros tramos de deuda comercial y el gobierno deba presentar unos presupuestos que, sin acuerdo con el FMI, serán papel mojado.

PP y Vox disparan un 500% el presupuesto para tauromaquia en Extremadura en 2026 y buscan blindarla como BIC

El Gobierno de Extremadura, formado por PP y Vox, ha incrementado en un 500% el presupuesto destinado a la tauromaquia para 2026, hasta alcanzar los 1,78 millones de euros, al tiempo que inicia los trámites para declararla Bien de Interés Cultural (BIC). La partida, gestionada por la Consejería de Agricultura que dirige Juan José García (Vox), multiplica por seis los 297.500 euros del ejercicio anterior.

El eje taurino de Vox: tradición, empleo y 28 millones de impacto

Según los datos de la Junta de Extremadura, el sector taurino genera un impacto económico estimado en 28 millones de euros y su peso en el mundo rural es considerable. Desde la Consejería se insiste en que la declaracion como BIC busca proteger una tradición con ‘arraigo rural’ y evitar su desaparición. ‘No se trata de un capricho ideológico, sino de defender una actividad que es parte de la identidad extremeña’, defienden fuentes del departamento.

El consejero García ha subrayado en varias ocasiones que el apoyo a la tauromaquia no es un gasto, sino una inversión en el tejido productivo extremeño. ‘Hablamos de un sector que genera un impacto económico anual de 28 millones de euros; es nuestra obligación protegerlo’, ha declarado. Esta visión ha sido respaldada por las asociaciones ganaderas y los profesionales del sector, que ven en la declaración de BIC una salvaguarda frente a los ataques animalistas.

Dentro del incremento, destaca la partida de 700.000 euros destinada a la Fundación Toro de Lidia, que pasa de recibir 69.000 a casi la mitad del nuevo presupuesto taurino autonómico. Esa entidad organizará el circuito de Novilladas y el circuito Conquistadores, dos eventos que buscan promocionar el sector y atraer nuevos aficionados.

Críticas de la oposición y recortes en cooperación

La decisión del Ejecutivo de coalición no ha estado exenta de polémica. Unidas por Extremadura ha denunciado que, mientras se multiplica el presupuesto para la tauromaquia, se recortan en 9 millones de euros las partidas de cooperación internacional. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) pasa de 11 a menos de 3 millones, lo que ha provocado la dimisión de su directora y ha sido contestado tanto por la Coordinadora Extremeña de ONGD como por las tres diócesis católicas de la región.

Las organizaciones de cooperación han mostrado su profundo malestar. En una carta conjunta, la Coordinadora Extremeña de ONGD y las diócesis católicas han pedido a la Junta que reconsidere el recorte, subrayando que los fondos de la AEXCID eran ‘una herramienta de solidaridad y de proyección de los valores extremeños’. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acusó al Gobierno de utilizar el dinero ‘para mantener en respiración asistida a un sector taurino estructuralmente agonizante’ y calificó la inyección a la Fundación Toro de Lidia como ‘la financiación descarada de los chiringuitos ideológicos’ de Vox.

Desde la Junta, en cambio, se defiende que los ajustes responden a una reordenación presupuestaria y que la cooperación no desaparece, sino que se reestructura para ser más eficiente. Fuentes del Gobierno regional insisten en que la apuesta por la tauromaquia es compatible con el mantenimiento de otros servicios públicos.

Mientras la oposición habla de desmantelamiento, la Junta extremeña defiende que invertir en tauromaquia es apostar por la cultura y la economía rural.

Una estrategia que va más allá de Extremadura

El movimiento en Extremadura no es aislado. Vox ha hecho de la defensa de las tradiciones —la caza, la tauromaquia, las lenguas cooficiales— una de sus banderas de identidad. Con este presupuesto y la declaración como BIC, el partido de Santiago Abascal demuestra que, incluso en gobiernos de coalición con el PP, logra imponer parte de su agenda cultural y económica. La tauromaquia se convierte así en un elemento de tensión con el Gobierno central y con formaciones de izquierda, reforzando su perfil frente a un electorado rural que se siente amenazado por las políticas verdes y globalistas.

La estrategia extremeña se alinea con movimientos similares en otras comunidades donde Vox comparte gobierno con el PP, como Castilla y León o la Región de Murcia, donde la tauromaquia también ha recibido un respaldo sin precedentes. Para Vox, esta apuesta tiene un doble rédito: por un lado, cumple con una promesa electoral clave; por otro, consolida su posición dentro del Gobierno autonómico, evidenciando que su presencia no es decorativa. Aunque la controversia está servida, el partido asume el coste político con la convicción de que la defensa de la tauromaquia conecta con su base social y marca distancias con el resto de fuerzas. La tramitación del BIC, que podría culminar en los próximos meses, será el siguiente hito de esta ofensiva cultural.

Apple paga 250 millones por el fallo de la IA: cómo reclamar tu compensación

Apple ha cerrado un acuerdo extrajudicial por 250 millones de dólares para compensar a los propietarios de iPhone que no recibieron las funciones de inteligencia artificial prometidas en el lanzamiento. El proceso de reclamación ya está en marcha y los primeros pagos podrían llegar este mismo otoño.

Claves de la operación

  • La demanda colectiva acusa de publicidad engañosa. Los anuncios del iPhone 16 prometían un Siri mejorado con IA que no estaba listo cuando los terminales llegaron a las tiendas.
  • El acuerdo cubre hasta 36 millones de dispositivos. Se incluyen los iPhone 15 Pro, 15 Pro Max y toda la familia iPhone 16 comprados entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.
  • Los pagos oscilan entre 25 y 95 dólares por terminal. Las compensaciones, que equivalen a unos 22 y 85 euros al cambio actual, se enviarán tras la validación de los datos por parte de la administradora del acuerdo.

El origen de la demanda: ¿publicidad engañosa con Apple Intelligence?

Cuando Apple presentó la línea iPhone 16 en septiembre de 2024, la compañía puso el foco en las capacidades de inteligencia artificial de los nuevos dispositivos, con un Siri que prometía actuar como un agente inteligente. Sin embargo, las primeras funciones de Apple Intelligence no llegaron hasta iOS 18.1, cinco semanas después del lanzamiento de los teléfonos, y algunas de las características más avanzadas seguían sin estar disponibles meses más tarde.

La demanda colectiva que ahora se ha resuelto sostenía que Apple “saturó el mercado con anuncios engañosos”, induciendo a los consumidores a comprar iPhones basándose en la promesa de ciertas funciones mejoradas de Siri. El acuerdo extrajudicial aprobado por el tribunal el pasado 17 de junio evita que el caso llegue a juicio, pero no implica que la empresa reconozca las acusaciones.

En un comunicado remitido a CNET, un portavoz de Apple explicó que la compañía ha alcanzado el acuerdo para “seguir centrada en hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

¿Qué modelos de iPhone entran en el acuerdo y cómo reclamar?

Los consumidores que compraron un iPhone 16, iPhone 16E, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 tienen derecho a una compensación. Se estima que alrededor de 36 millones de clientes cumplen los requisitos.

El procedimiento para reclamar es sencillo, pero requiere paciencia. Apple debe facilitar a Verita, la administradora del acuerdo, la lista de clientes afectados en un plazo que ya se ha cumplido. A partir de ahí, se abre un período de notificación de 45 días durante el cual los afectados recibirán un correo electrónico o una carta postal con un enlace al sitio web de la reclamación.

Una vez que llegue la notificación de de la solicitud, el plazo para presentar la reclamación será de 90 días. El pago efectivo de las indemnizaciones se realizará en un período de 60 días naturales una vez resueltos los últimos detalles administrativos, lo que sitúa los primeros ingresos en torno a septiembre de este año.

Apple prefiere pagar 250 millones antes que ver cómo sus anuncios de IA se convierten en un caso judicial que sienta precedente.

Un desembolso de 250 millones que Apple zanja sin reconocer culpa

El acuerdo es una class action que Apple liquida con un coste relativamente bajo si se compara con el daño reputacional que podría haber sufrido. La firma de Cupertino ya ha recurrido a esta estrategia en el pasado, como en el célebre caso del Batterygate, cuando pagó una compensación por ralentizar los iPhone más antiguos sin informar a los usuarios.

En esta ocasión, la maniobra tiene un componente estratégico adicional: la inteligencia artificial es el principal campo de batalla entre los gigantes tecnológicos. Samsung y Google ya han integrado funciones avanzadas de IA en sus terminales, y cualquier retraso o promesa incumplida puede traducirse en una pérdida de cuota de mercado. Apple ha preferido pagar y pasar página antes que enfrentarse a un juicio que pudiera generar un precedente incómodo para futuras campañas de marketing.

Para los consumidores españoles, el caso marca un precedente interesante. Aunque las demandas colectivas contra las grandes tecnológicas son aún excepcionales en Europa, la Comisión Europea ha mostrado una voluntad creciente de poner coto a las prácticas publicitarias que considera engañosas. El desenlace de este acuerdo, aunque no sienta jurisprudencia en la UE, sí envía un mensaje al sector: los anuncios grandilocuentes sobre capacidades de IA tienen un coste si no van acompañados de hechos.

Desde esta redacción observamos que Apple sale airosa del trance con un desembolso controlado, pero su credibilidad en el campo de la IA queda tocada. La compañía necesita ahora cumplir con los plazos de compensación y redoblar sus esfuerzos para que la siguiente versión de Apple Intelligence esté realmente lista desde el día uno.