Un policía nacional de 38 años ha muerto en Alicante al quedar atrapado entre su coche patrulla y un bolardo durante un acto de servicio. Lo han confirmado fuentes policiales, que sitúan los hechos en la calle Campo de Mirra de la capital alicantina el miércoles 7 de octubre.
El agente era natural del municipio sevillano de Arahal y falleció a consecuencia del accidente. No hay, por ahora, una explicación oficial de cómo acabó prensado entre el vehículo y el bolardo: las mismas fuentes se limitan a confirmar la muerte durante el servicio.
Cómo se produjo el accidente, según las fuentes policiales
Todo ocurrió en plena vía pública, mientras el agente desarrollaba sus funciones. Quedó atrapado entre su propio coche patrulla y un bolardo, el poste de hierro o fundición que separa aceras, calzadas, y zonas de estacionamiento regulado en buena parte de las ciudades españolas.
Las fuentes policiales consultadas no han detallado si el vehículo estaba en movimiento o si el agente realizaba una maniobra cuando se produjo el siniestro. La primera información sobre lo ocurrido la adelantó el diario Información, y fuentes policiales la confirmaron después a Europa Press.
Esas mismas fuentes describen la muerte como un accidente durante el acto de servicio, no como una agresión ni como un atropello causado por un tercero. No hay ningún detenido ni ninguna persona investigada por los hechos.
El agente murió durante un acto de servicio en una calle de Alicante y no hay, por ahora, explicación oficial del accidente.
El agente, de 38 años y natural de Arahal
El fallecido tenía 38 años y su vinculación con Arahal, en la provincia de Sevilla, era doble: el Ayuntamiento lo describe como vecino y natural de la localidad. El consistorio ha lamentado “profundamente” su muerte en una publicación difundida en su cuenta de Facebook.
La corporación municipal ha trasladado su “más sentido pésame, apoyo y sincero cariño” a los familiares, allegados y compañeros del agente. “La pérdida de un servidor público y paisano en circunstancias tan dolorosas conmueve a toda nuestra corporación y a la localidad”, señala el texto, difundido este jueves 8 de octubre.
En qué punto está la investigación del siniestro
En los fallecimientos violentos ocurridos en la vía pública, las diligencias pasan al juzgado de guardia (el órgano que atiende las urgencias judiciales durante las 24 horas), que ordena el levantamiento del cadáver (la diligencia judicial previa al traslado del cuerpo para la autopsia). El juzgado recibe además el atestado (el documento policial que recoge las primeras diligencias), que suele incluir la posición de los vehículos implicados y las declaraciones de posibles testigos.
Fuentes policiales no han precisado si la autopsia ya se ha practicado. Tampoco han detallado si el siniestro se produjo con el vehículo en movimiento o estacionado.
El suceso tuvo lugar en el término municipal de Alicante, la ciudad en la que el agente prestaba servicio. La información facilitada por las fuentes policiales no precisa la hora exacta del siniestro ni si hubo testigos directos de lo ocurrido.
Los puntos confirmados hasta ahora son estos:
La muerte de un agente de la Policía Nacional de 38 años durante un acto de servicio.
El lugar: la calle Campo de Mirra, en la ciudad de Alicante.
La fecha: el miércoles 7 de octubre.
La causa inmediata: el agente quedó atrapado entre su coche patrulla y un bolardo.
La investigación sigue abierta. Ninguna de las fuentes consultadas ha concretado las circunstancias exactas del siniestro y la identidad del agente fallecido no se ha hecho pública por ahora. El Ayuntamiento de Arahal mantiene su mensaje de pésame a la familia y a los compañeros del cuerpo.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reclamado a la Guardia Civil los oficios internos que permitan aclarar si la directora general del cuerpo, Mercedes González, fue informada de las tres investigaciones internas abiertas contra agentes de la UCO y cuándo tuvo conocimiento de ellas.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? El juez Pedraz pide a la Guardia Civil los oficios que acrediten si su dirección general conoció las tres informaciones reservadas abiertas contra agentes de la UCO.
¿Dónde y cuándo? En la Audiencia Nacional. Las tres actuaciones internas se sucedieron entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
¿Qué resultado? Tres investigaciones documentadas (IR 1/24, IR 1/25 y una tercera) y una instrucción que busca reconstruir la cadena de mando.
Las tres investigaciones internas que Pedraz quiere documentar
En el auto, el magistrado pide reconstruir cómo circuló esa información dentro de la cadena de mando del instuto armado. La petición persigue poner fecha y nombre a los documentos mediante los que se comunicó, en su caso, la apertura y resolución de esas actuaciones. González está investigada en la causa junto al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
El juez precisa que conocer esas actuaciones no implica haberlas ordenado, pero sí puede ayudar a determinar qué sabía la cúpula del cuerpo y qué papel pudo tener dentro de la cadena de decisiones. Pedraz fija así el foco en la relación que mantuvieron González y Leire Díez durante el periodo en el que se sucedieron esas investigaciones internas.
La primera de las actuaciones, identificada como IR 1/24, se abrió en diciembre de 2024, después de que trascendiera información relacionada con el correo electrónico de Begoña Gómez que figuraba en documentación intervenida por la UCO en la investigación sobre su hermano, David Sánchez. El DAO ordenó entonces una información reservada para tratar de determinar el origen de esa filtración.
La segunda llegó en mayo de 2025, tras la publicación de los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos. La aparición de esas conversaciones volvió a situar a la UCO bajo la lupa interna del cuerpo, ante la sospecha de que la filtración pudiera proceder de los propios investigadores.
La tercera se abrió en septiembre de 2025, a raíz de una información periodística que apuntaba a tensiones internas en la unidad y mencionaba al propio Llamas. Las tres informaciones reservadas tuvieron como denominador común a la UCO y a investigaciones especialmente sensibles.
La UCO concentra las investigaciones más complejas de la Guardia Civil contra el crimen organizado, con centenares de operaciones culminadas cada año.
La directora general ha defendido que la apertura de informaciones reservadas es un mecanismo administrativo habitual dentro de la Guardia Civil y ha negado haber participado en una trama contra la UCO o haber actuado por influencia de Díez. El DAO también ha sostenido ante el juez que estas actuaciones tenían como finalidad investigar posibles filtraciones y no presionar a los agentes.
El vínculo entre González y Leire Díez
La investigación ha documentado al menos tres encuentros presenciales entre González y Díez: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. También se han localizado comunicaciones entre ambas a través de WhatsApp. En los mensajes y anotaciones intervenidos, Díez hacía referencia a su relación con la directora general y a su intención de impulsar investigaciones internas contra agentes de la UCO, según la documentación incorporada a la causa.
González ha negado ante el juez haber participado en ninguna maniobra contra la UCO. En su declaración como investigada sostuvo que sus encuentros con Díez se produjeron en el marco de sus relaciones institucionales y rechazó haber ordenado actuaciones contra los agentes o haber obstaculizado investigaciones judiciales.
El contexto institucional
La petición del juez llega en un momento de máxima exigencia para la cúpula de la Guardia Civil, pero también de máximo reconocimiento al trabajo de sus unidades de élite. La UCO (Unidad Central Operativa) es el cuerpo de élite del instituto armado especializado en crimen organizado e investigación compleja, y concentra buena parte de las macrooperaciones que se dirimen en la Audiencia Nacional.
Las informaciones reservadas son un instrumento interno previsto en la normativa del cuerpo para esclarecer filtraciones o irregularidades administrativas. Su apertura no equivale a una sanción ni a una imputación penal. Según los balances anuales del Ministerio del Interior, la Guardia Civil cierra cada año centenares de operaciones contra el crimen organizado, con la UCO en el vértice de las investigaciones más complejas y sensibles.
El caso mantiene abierta una instrucción que la Audiencia Nacional sigue con especial atención. Pedraz ha reclamado ya la documentación interna y no se descartan nuevas diligencias en las próximas semanas. La causa avanza en paralelo al trabajo ordinario de la unidad, que continúa liderando operaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la corrupción en toda España.
La resolución del juez no cuestiona la labor operativa de los agentes de la UCO, sino el modo en que circuló la información dentro de la cadena de mando del cuerpo. La profesionalidad de las unidades centrales del instituto armado queda fuera del objeto de la instrucción, centrada en las actuaciones internas y en la relación entre la cúpula y el entorno investigado.
La juez Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez en su juzgado de Badajoz, ha declarado como víctima al juez Pedraz, que instruye el conocido como Caso Leire que un hombre acudió en varias ocasiones al colegio donde van sus hijos para preguntar sobre los horarios de entrada y salida del colegio. En una ocasión dijo ser su secretario y en otra ser su hermano. Ambos casos son imposibles, porque la juez no tiene secretario ni hermanos varones.
Biedma ha explicado durante media hora de declaración que en el centro escolar le dijeron que alguna vez había acudido su «secretario» para preguntar el horario de salida de los niños y en al menos una ocasión el hombre dijo ser su hermano. La juez ha dicho que fue un abogado quien le avisó de los vídeos protagonizados por el ex juez Luis José Sáenz de Tejada, que fue expulsado de la carrera por malos tratos contra su esposa, también magistrada.
Sáenz de Tejada tenía un canal de youtube donde subía opiniones insultantes contra la juez del Caso David Sánchez. Según la investigación Sáenz de Tejada habría sido contactado por Leire Díez y Javier Pérez Dolset para articular una trama destinada a desacreditar a la juez Biedma y así archivar la causa contra David Sánchez. Después este ex juez habría contactado con el clan de los Rocho.
La UCO recopiló hasta 99 vídeos que entregó al juez Pedraz junto con las declaraciones realizadas por Cintia Rocho, Ángel Martín, el abogado Juan José Collado y el empresario Joaquín Parra.
La magistrada Biedma ha dicho que tras conocer todo el asunto se alarmó porque Badajoz es una ciudad pequeña y ella no dispone de protección policial al trabajar en un pequeño juzgado de instrucción.
El informe de la UCO recoge las declaraciones de Cintia Rocho, lider del conocido clan, quien habría dicho a los investigadores que «le habría planteado llevar a cabo una actuación de carácter físico, llegando a manifestar que «habría que eliminarla (…) que a palos aprende el burro».
La magistrada también ha asegurado que desconocía el papel de Leire Díez en toda la trama, aunque sí ha reconocido leer todas las informaciones que se publicaban sobre este asunto. El citado informe de la UCO acredita que en las agendas de Leire estaban apuntadas las estrategias para frustrar el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez. También las reuniones que mantuvo para este fin con Sáenz de Tejada, entre otros, en una vivienda de Madrid que la fontanera dijo que era «uno de los pisos francos del PSOE», en la calle Diego de León.
Alfonso Rueda prometió este miércoles en el Parlamento de Galicia 10.000 pisos públicos en 2030 ante 36.500 demandantes registrados.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? El presidente de la Xunta defendió en la sesión de control su compromiso de 10.000 viviendas públicas para 2030 mientras la oposición hacía sonar llaves en el hemiciclo.
¿Quién está detrás? El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta, frente al BNG y al PSdeG, con las protestas por la vivienda como telón de fondo.
¿Qué impacto tiene? Con 36.500 demandantes en el registro oficial y elecciones generales el 29 de noviembre, la vivienda entra de lleno en la campaña.
Diez mil pisos para 2030 y 36.500 demandantes en el registro oficial
El ruido de llaves entró en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) antes que el propio presidente. Los portavoces del BNG y del PSdeG las hicieron sonar en sus escaños, un gesto calcado de las manifestaciones por la vivienda que recorren Galicia y el resto del Estado.
No era la primera vez que el asunto llegaba al control parlamentario, pero sí la primera con estos aires de calle. Alfonso Rueda respondió con el argumentario contra Pedro Sánchez y con una cifra redonda: 10.000 viviendas de propiedad pública en 2030. La oposición colocó al lado otra cifra, menos redonda y más incómoda. El registro oficial de demandantes suma 36.500 personas a 7 de octubre.
El presidente de la Xunta buscó refugio en lo entregado la semana pasada: 24 viviendas en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. Ana Pontón fue quirúrgica. «Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades más tensionadas, son 24 viviendas», le espetó la líder del BNG. Rueda devolvió el golpe hacia Moncloa: «183.000 viviendas prometió Sánchez; cero en Galicia».
José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, puso el marco temporal. «Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda», resumió. La Xunta ha recibido más de 500 millones en transferencias del Gobierno central y ha entregado apenas un centenar de viviendas, añadió.
Galicia sostiene las competencias exclusivas de vivienda, así que su balance no admite excusas ajenas: lo que se promete en Santiago se mide en llaves entregadas.
Rueda no dio el brazo a torcer. «Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días», dijo, y tiró de hemeroteca: antes de 2022, BNG y socialistas habían preguntado cuatro veces a Alberto Núñez Feijóo por el asunto. Pontón rescató una promesa de 2023: 1.800 pisos de alquiler social para 2026 de los que se han entregado 98. «Ha venido aquí a hacer de miniFeijóo», zanjó.
Llaves en el hemiciclo: zonas tensionadas, desahucios y siete millones a los concellos
El debate derivó hacia las zonas tensionadas, la figura que permite topar los alquileres y que el PPdeG rechaza. En Galicia solo dos ayuntamientos las han solicitado, A Coruña y Santiago. Pontón replicó que la oferta de alquiler ha caído en las siete ciudades gallegas. «Lo avisamos», se limitó a responder el presidente, sin entrar en el propósito real de la medida: frenar la escalada de precios.
Sobre los desahucios a personas vulnerables apenas hubo respuesta, más allá de la crítica del PP a los decretos tumbados en el Congreso y de una mención al Bono Alugueiro Social. Rueda cerró con un anuncio: siete millones de euros en ayudas a los municipios para construir vivienda pública, con un máximo de 80.000 euros por piso.
El escenario, importa. Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, la izquierda ha recuperado parte de la iniciativa y la vivienda se instala entre los ejes de campaña. La hemeroteca complica la defensa del PPdeG: durante los gobiernos de Feijóo, con Rueda de conselleiro y vicepresidente, la construcción de vivienda pública cayó a prácticamente cero.
El Laboratorio Gallego
Galicia gestiona en exclusiva la política de vivienda desde hace décadas y el PPdeG acumula mayorías absolutas consecutivas desde 2009. Ese es el marco real del debate: no hay transferencia pendiente ni competencia compartida que explique un parque público que mengua. El BNG, primera fuerza de la oposición en el Parlamento, ha convertido el asunto en su bandera social más rentable. El PSdeG lo usa para reclamar cuentas por los años de Feijóo. Y la Xunta responde cada vez más con una cifra a futuro y menos con una llave entregada.
La dimensión nacional es inseparable. Según el PSdeG y el BNG, Rueda ha trasladado al hemiciclo gallego el guion que el PP defiende en Madrid: rechazo a las zonas tensionadas, crítica a los decretos que las derechas tumbaron en el Congreso y respuesta a Sánchez cuando la pregunta era autonómica. Pontón lo bautizó como hacer de «miniFeijóo». Feijóo pilotó trece años el modelo gallego que ahora se juzga por resultados y no por promesas, y su etapa al frente del PP nacional mantiene a Galicia como escaparate permanente.
La proyección es doble. En Galicia, el asunto volverá al pleno cuando la oposición exija el calendario de esas 10.000 viviendas, y las ayudas a los concellos tendrán que concretarse en las próximas semanas. En Madrid, la cita del 29 de noviembre convertirá cada promesa autonómica en munición de campaña. La incógnita es sencilla: si el registro de demandantes crece más rápido que las grúas.
Ficha del Caso
El caso: La sesión de control en el Parlamento gallego convierte la vivienda en el eje del choque entre Rueda, el BNG y el PSdeG, con las protestas ciudadanas como banda sonora.
Datos importantes: 10.000 pisos públicos prometidos para 2030; 36.500 demandantes en el registro oficial a 7 de octubre; 98 de los 1.800 alquileres sociales prometidos en 2023; siete millones en ayudas municipales.
Resumen: La Xunta tiene la competencia exclusiva y el PPdeG gobierna desde 2009, así que el debate gallego anticipa el nacional de cara al 29 de noviembre.
El desahucio de Maricarmen y su posterior muerte reabren el choque entre Vox y el PP por los insultos dirigidos contra la anciana. La mujer tenía 87 años. Falleció el miércoles 7 de octubre, apenas dos semanas después de ser desalojada de la casa en la que había vivido durante siete décadas.
La polémica escaló al mismo ritmo que las exigencias de responsabilidad. Un día después del fallecimiento, las formaciones que controlan el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de Madrid vetaron las concentraciones y los minutos de silencio solicitados por la oposición, según recoge elDiario.es. Maricarmen se había convertido en el rostro de la revuelta por la vivienda desde que su desalojo, en el que fue sacada a la fuerza y en camilla, se difundió.
Qué defiende Vox sobre la vivienda y el desahucio
Vox sitúa el origen del problema en la gestión del Gobierno central. Tras conocerse la muerte, el partido reaccionó en la noche del miércoles con un mensaje difundido desde su cuenta oficial en X en el que responsabilizaba a Pedro Sánchez del ‘desastre’ de la vivienda. El texto sostenía que el sufrimiento de la anciana se había utilizado para ocultar esa responsabilidad.
En paralelo, la formación mantiene su tesis sobre el acceso a la vivienda pública. El 27 de septiembre, su cuenta oficial publicó el mensaje ‘Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa’. Con esa formulación, Vox denuncia que los migrantes en situación irregular acceden a la protección oficial antes que los españoles. El portavoz del partido en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, repitió la idea ese mismo miércoles, horas antes del fallecimiento, según la información publicada por elDiario.es.
La dirección nacional completa ese argumentario con una advertencia sobre el mercado del alquiler. El diputado Carlos Hernández de Quero defendió que ‘si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables’. La idea resume la posición del partido: limitar los desalojos reduce la oferta de alquiler y termina perjudicando a los inquilinos más frágiles.
Vox sostiene que el problema de la vivienda es de oferta y sitúa el foco en la gestión del Gobierno, no en el uso partidista del caso.
El reproche que apunta al PP y a Vox
El reproche más explícito recae sobre el PP. El delegado municipal de Vivienda en Benalmádena (Málaga), José Luis Bergillos, calificó a Maricarmen de ‘puta sinvergüenza con miles de euros en el banco’ durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Horas después pidió disculpas y atribuyó sus palabras a su intención de denunciar el uso partidista de la vivienda.
También se ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ironizó días después del desalojo con una supuesta condonación de la renta por edad. ‘Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo’, dijo. La fuente subraya que Maricarmen nunca dejó de abonar su alquiler, extremo que la presidenta pareció poner en duda.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que no se mezclara el caso con la campaña. ‘Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto’, afirmó el miércoles. En el Congreso de los Diputados había sostenido, en pleno, que la izquierda estaba ‘más pendiente de la casa de Jéssica que de Maricarmen’.
La lectura estratégica: vivienda y precampaña hacia el 29N
La precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre explica la intensidad del choque. Los mensajes sobre el caso se han sucedido durante las dos semanas que separan el desalojo del fallecimiento. La vivienda se ha convertido en un eje de la derecha y ninguna de las dos formaciones quiere ceder terreno en un asunto que moviliza a su electorado.
Para Vox, el caso encaja en su estrategia de tensar al PP por la derecha. El precedente es conocido: la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos y la apuesta por un discurso propio en inmigración, seguridad y vivienda. La dirección de Santiago Abascal sostiene que las políticas del Ejecutivo alimentan el problema en lugar de resolverlo, y aprovecha cada episodio para exigir un cambio de rumbo.
El flanco popular es distinto y, a ojos de los populares, más incómodo. Los insultos documentados hasta ahora corresponden a un cargo municipal y a una declaración de la presidenta madrileña, ambos del PP. A menos de dos meses de las urnas, el coste de esas palabras se mide ya en clave electoral.
La pugna por cómo se habla de la vivienda, del desahucio y de la inmigración marcará los próximos debates. Nuestra lectura apunta a un pulso de fondo por el relato de la vivienda, en el que Vox mantiene su marco y el PP busca no quedar señalado. El calendario electoral decidirá si el caso se apaga o se convierte en uno de los ejes de la campaña.
El PP y Vox sumarían 212 escaños el 29-N, según una encuesta que descarta que la vivienda mueva el voto.
El sondeo de NC Report, que publica La Razón este jueves y recogen otras cabeceras, sitúa el trabajo de campo entre el 1 y el 6 de octubre. La ventana temporal arranca después del estallido del caso Maricarmen y, en su mayor parte, con los dos decretos de vivienda del Gobierno ya tumbados en el Congreso de los Diputados. La conclusión es nítida. Ni las acampadas, ni las movilizaciones, ni el pulso parlamentario han alterado el reparto del voto de forma significativa. Eso sí, se trata de un dato de fuente única, que este medio no ha podido cotejar todavía con el documento primario del instituto demoscópico.
Qué proyecta la encuesta y por qué refuerza el argumento de Vox
Los populares pierden tres décimas respecto a comienzos de septiembre, se quedan en el 34,1% y mantienen una horquilla de 146 a 148 diputados. El PSOE gana una décima y sigue en el 25%, uno de sus registros más bajos de la legislatura, con entre 98 y 102 escaños. Vox, por su parte, cede una décima escasa y se mantiene en el 18,2% de intención de voto, con entre 61 y 64 diputados.
Para la dirección de Vox, el resultado confirma la tesis que la formación viene defendiendo desde el arranque del curso: el problema de la vivienda no se resuelve con decretos de urgencia ni con una normativa que, a su juicio, penaliza a los propietarios y encarece el alquiler. El partido sostiene que el acceso a una vivienda pasa por liberar suelo, garantizar seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y aligerar la carga normativa que lastra la construcción, según el argumentario que sus portavoces han repetido en las últimas semanas. Su lectura es que el ruido de la calle no se ha traducido en votos y que el debate continúa instalado en el terreno de la propiedad y la seguridad.
El trabajo de campo se solapa, además, con la semana en la que la Cámara rechazó los dos decretos de vivienda del Ejecutivo, un episodio que la dirección de Vox enmarca en el desgaste parlamentario del Gobierno y en su falta de apoyos estables. Junts, que votó en contra de esas normas, no paga precio alguno: sube del 1,6% al 2,9% y pasaría de seis diputados a diez u once. El PNV, que sí respaldó uno de los decretos y podría volver a hacerlo en la Diputación Permanente, se deja una décima y cae al 0,9%, con el riesgo de perder uno de sus cinco escaños.
El desahucio, las acampadas y los decretos han llenado portadas durante semanas, pero no han movido un solo escaño en la proyección demoscópica.
La aritmética del bloque: 207 escaños en el suelo y 212 en el techo
La suma de PP y Vox se mueve entre 207 y 212 diputados. Con 350 escaños en juego, la mayoría absoluta —la mitad más uno, esto es, 176 actas— quedaría garantizada en los dos extremos de la horquilla, con un margen que va de 31 a 36 escaños. Es la aritmética que la dirección de Vox subraya en cada comparecencia: la única mayoría alternativa al PSOE pasa por su concurso.
En la izquierda del PSOE el movimiento se limita a un intercambio de votos entre Sumar y Podemos. La formación que concurrirá como Frente Amplio pierde cuatro décimas, se queda en el 5,3% y baja a entre seis y ocho diputados. Podemos gana cinco décimas, alcanza el 3,9% y se mueve entre dos y cuatro escaños en su proyeción, de modo que el bloque que sostiene al Gobierno no gana terreno.
Qué busca Vox con este tablero y qué precio paga el PP
La estabilidad de Vox en el entorno del 18% admite una lectura estratégica que la dirección maneja con tranquilidad, según fuentes del partido consultadas por este medio. La formación llega al 29-N sin haber capitalizado el ruido de la vivienda, pero tampoco lo sufre: cede una décima escasa mientras el PP deja tres y el PSOE apenas araña una. En clave interna, el sondeo consolida la tesis de que su suelo electoral es sólido y de que su electorado responde antes a la agenda de seguridad, inmigración y rebaja fiscal que a las convocatorias de la calle.
El sondeo refuerza, sobre todo, la posición negociadora de Vox frente al PP. Con 207 escaños como suelo común, el PP necesita a Vox para gobernar y Vox lo sabe. Las condiciones que ha venido poniendo encima de la mesa —inmigración, seguridad, rebaja de impuestos, derogación de normas y revisión de los compromisos climáticos— seguirán marcando la relación entre ambos partidos. El precedente también pesa: la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos que ambos compartían sigue presente en cada negociación, y la dirección del partido la ha convertido en aval de que sus exigencias se cumplen o no hay acuerdo.
En el otro lado, la contradicción del adversario queda al descubierto con los propios números del sondeo. El PSOE se quedaría por debajo de los 100 diputados en el escenario bajo pese a haber convertido la vivienda en su bandera del curso, y el PP cede tres décimas con una oposición que Vox considera insuficiente en inmigración. Por delante quedan siete semanas de campaña y un calendario institucional apretado, con la Diputación Permanente, el órgano que mantiene viva la actividad de la Cámara cuando esta está disuelta, como escenario de nuevos pulsos parlamentarios. Cada votación se leerá ya en clave de 29-N.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la petición del Partido Popular (PP) para imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire, que lo considera una medida «prematura». El fiscal apunta a indicios de tráfico de influencias y de cohecho en la actuación del PSOE, pero cree «prematura» la imputación, ya que de momento no se ha tomado testimonio en esta causa a Leire Díez, que da nombre al caso, ni a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y también investigado en la causa.
El escrito responde a la petición de imputación del PSOE formulada por el Partido Popular hace tan solo unos días. La Fiscalía plantea a Pedraz un asunto de orden y que lo primero debería ser escuchar a todos los investigados.
Para tomar una decisión hay que escuchar primero a los principales imputados, Díez y Cerdán. La primera está considerada «fontanera» del PSOE por sus tejemanejes para, presuntamente, favorecer a miembros del PSOE o cercanos a Pedro Sánchez, como su esposa y su hermano, en las causas judiciales en las que están inmersos.
El pasado mes de mayo Pedraz ordenó el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz y ya ha recibido las declaraciones efectuadas en su momento por Carmen Pano, el ex gerente del PSOE y una trabajadora del partido en el Tribunal Supremo durante la instrucción del Caso Koldo.
Leire Díez entró en la causa tras difundirse el pasado año una videoconferencia grabada donde la ex militante socialista intentaba recoger información sobre el coronel Balas, jefe de la UCO que investigaba varios casos comprometidos para el PSOE.
De esta manera, Pedraz decidirá ahora si declara al PSOE como investigado o no, aunque con el criterio fiscal en contra parece una medida difícil de adoptar en solitario sin el apoyo fiscal.
¿A quién afecta? A quien quiera verlo en directo por el eje Prado-Recoletos y a vecinos y conductores del centro, con cortes de tráfico desde primera hora.
¿Cuándo ocurre? El lunes 12 de octubre, con el acto central a partir de las 11:00 horas.
¿Qué cambia? Se repite el recorrido estrenado en 2025: salida junto al Jardín Botánico, llegada a la plaza de Colón y tribuna real en Neptuno.
El desfile del 12 de octubre vuelve a Madrid con el mismo recorrido del año pasado y arranca a las 11:00. La cita, que en 2026 cae en lunes, moverá 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 229 caballos por el eje Prado-Recoletos.
La parada militar por la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad que conmemora la llegada de Colón a América en 1492, es el acto con más despliegue castrense del calendario español. Madrid es la única ciudad que lo acoge cada año. En esta edición no hay cambios de trazado: se repite el itinerario que se estrenó en 2025.
Están convocados 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras instituciones. Los tres ejércitos, la Guardia Civil la Policía Nacional y Salvamento Marítimo ponen personal y medios. Completan el cuadro 39 motos y seis perros, el contingente que más comentarios genera cada año en las aceras.
Del Jardín Botánico a la plaza de Colón: dónde se ve mejor
El desfile sale del Paseo del Prado, a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico, y termina en la plaza de Colón. Entre ambos puntos, la comitiva recorre el eje que forman el Prado y el paseo de Recoletos, con paso obligado por Cibeles. La tribuna real se instala, un año más, en la plaza de Neptuno.
Para el público general, las aceras del Prado entre Neptuno y Cibeles y las inmediaciones de Recoletos concentran la mejor visibilidad, siempre con llegada temprana: a las nueve de la mañana ya hay gente apostada en las vallas. Quien busque el desfile aéreo gana con las zonas abiertas del final del recorrido, donde la perspectiva del cielo es más amplia.
Madrid repite un trazado que ya probó en 2025, pero lo hace en lunes: menos turista de puente y más vecino con la mañana libre.
Los actos arrancan con la llegada de los Reyes y los honores militares, y siguen con la revista de las tropas y el salto de la PAPEA, la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire. Vienen después el izado de la Bandera Nacional, el homenaje a los caídos, la pasada de la formación Mirlo y los desfiles aéreo y terrestre. Todo empieza a las 11:00 horas y se retransmite en directo, también por internet.
El día que el centro se corta: cómo moverse el 12-O
El corte del eje Prado-Recoletos se activa desde primera hora y afecta a todo el tráfico de paso entre Atocha y Colón. En ediciones anteriores, el dispositivo de la Policía Municipal desvió los itinerarios hacia la M-30 y el paseo de la Castellana, dejó sin servicio las paradas de autobús urbano del corredor y prohibió el estacionamiento en las calles laterales. La recomendación, por tanto, es la de siempre: dejar el coche en casa.
El transporte público absorbe ese día más demanda de la habitual. Las estaciones de Banco de España y Retiro (L2), Antón Martín y Estación del Arte (L1) y las de Cercanías de Recoletos, Sol y Atocha quedan a distancia peatonal del recorrido, y Metro de Madrid suele reforzar frecuencias en las líneas 1 y 2 durante la mañana. Conviene consultar el estado de las líneas antes de salir: los cierres puntuales de accesos son habituales a esa hora.
Para quien vaya con niños o necesite movilidad reducida, la zona de Neptuno y el tramo inicial del Prado son los puntos con más espacio libre entre valla y valla, aunque también los más concurridos. Conviene llevar agua, calzado cómodo y paciencia: el desfile se ve bien, pero se llega andando y se sale andando.
Lo que el 12-O deja en Madrid más allá del desfile
Hay una pregunta que se repite cada octubre: cuánto cuesta y cuánto compensa. El dispositivo de seguridad, la logística de las tribunas y el montaje de las gradas se suman al presupuesto de un día en el que Madrid funciona a medio gas. Los comercios del entorno del Prado cierran, las oficinas también, y el festivo cae esta vez en lunes: sin puente posible y con el martes laborable de vuelta.
La comparación con otras capitales europeas deja a Madrid en una posición singular. En París, el desfile del 14 de julio se celebra siempre en los Campos Elíseos, con un recorrido fijo que la ciudad conoce de memoria. Aquí el trazado cambió en 2025 y se ha mantenido en 2026, una apuesta por la estabilidad: cada modificación obliga a rehacer el plan de tráfico, los accesos de emergencia y la información a los vecinos.
A nuestro juicio, esa estabilidad vale más que cualquier cambio de escenario. La otra cara es el impacto sobre los residentes del barrio de las Letras, Cortes y Recoletos, que ese día no pueden sacar el coche del garaje hasta que se levanta el dispositivo. La información les llega por vía municipal y, en otras ediciones, con margen suficiente para organizarse.
Queda por ver si el Ayuntamiento detalla el plan de movilidad en los días previos, como viene siendo habitual, y si los autobuses afectados recuperan su trazado por la tarde. Hasta entonces, Madrid se echa a la calle para mirar al cielo.
El PNV votará a favor del primer decreto de vivienda contra los desahucios y garantizará su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.
La portavoz nacionalista en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, confirmó esa posición en una rueda de prensa celebrada en Bilbao el martes 6 de octubre. La formación sostiene que actúa ‘por coherencia y responsabilidad’ y admite la gravedad de la situación, aunque mantiene que las medidas son un ‘parche’ que no resuelve el problema de fondo.
En paralelo, el grupo conserva su ‘no’ al segundo decreto, el que garantiza los alquileres indefinidos, que no prosperará. Los nacionalistas lamentan que un asunto de este calado se resuelva en la Diputación Permanente y reclaman un debate ‘sereno’, si bien subrayan que legislar en ese órgano de guardia entre legislaturas no constituye un ‘fraude de ley’.
Qué medidas incluye el decreto que saldrá adelante
El texto limita la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta el 31 de diciembre de 2028 y suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Incorpora, además, una prórroga extraordinaria de dos años para todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.
La norma incluye una disposición final que congela las rentas en las renovaciones anuales, con una subida máxima del 2% cuando el precio quede por debajo de la media del Índice de Referencia. También modifica la publicidad, la promoción y la oferta de los anuncios de alquiler, así como el régimen del alquiler temporal.
El paquete contempla ayudas para la entrada de la vivienda financiadas a través del Instituto de Crédito Oficial, deducciones fiscales para los propietarios que alquilan y menos IVA en la construcción de vivienda protegida. Los pisos turísticos tributarán al 10%, el mismo tipo que la actividad hotelera.
El primer decreto fija en 2028 y 2030 los hitos para limitar la compra de vivienda por fondos de inversión y suspender los desahucios de inquilinos vulnerables.
Una Diputación Permanente con el PNV como fiel de la balanza
En la Diputación Permanente, la suma de PP, Vox y Junts alcanza 34 de los 69 escaños, los mismos que reúnen PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos. El voto del PNV se convierte así en decisivo para la convalidación o la derogación del texto. La composición del órgano difiere ligeramente del reparto de escaños del pleno.
El decreto volvió a ser aprobado por el Consejo de Ministros y su convalidación se someterá a la Diputación Permanente del Congreso en la próxima sesión de este órgano, que opera entre legislaturas.
En cuanto al segundo texto, el relativo a los alquileres indefinidos, no reunirá los votos necesarios, según la posición confirmada por el grupo vasco. La decisión mantiene abierto el pulso sobre la política estatal de vivienda, que el PNV considera carente de soluciones estructurales para el acceso a un inmueble.
La votación llega en un contexto parlamentario en el que el respaldo del grupo nacionalista ha resultado determinante para la mayoría que sostiene al Ejecutivo. El texto estatal se aplica en todo el territorio, con independencia de la comunidad y del reparto competencial en materia de vivienda.
El precedente de la ley estatal de 2023 y el recurso ante el Constitucional
Vaquero aprovechó la comparecencia para marcar distancias con la política de Vivienda del Ejecutivo central y señaló deficiencias en la ley estatal aprobada en 2023. Según expuso, esos huecos han disparado el alquiler de temporada frente al habitual, hasta un 50% en el caso vasco. El PNV no respaldó aquella norma y su parte en el Gobierno autonómico acudió al Tribunal Constitucional, pese a que la cartera de Vivienda la dirige su socio, el PSE-EE.
La corte de garantías ha desechado recientemente los argumentos de los jeltzales. La vivienda figura entre las competencias de Euskadi, de ahí que la discrepancia sobre el encaje de la norma estatal haya tenido recorrido institucional. Con el respaldo anunciado, el primer decreto quedará convalidado en la próxima Diputación Permanente, mientras el segundo decaerá.
El calor de aquel final de agosto de 1724 caía sobre Madrid sin tregua. Dentro de palacio, los médicos de cámara entraban y salían de la alcoba real con paños húmedos y gesto grave. La viruela, que llevaba semanas recorriendo los barrios de la capital, había cruzado por fin los muros de la residencia real. El rey tenía diecisiete años recién cumplidos, doscientos veintinueve días de reinado y un cuerpo que nunca había dado muestras de fortaleza. Cuando brotaron las primeras pústulas, el diagnóstico dejó de ser una duda incómoda y se convirtió en sentencia.
Luis I de España murió el 31 de agosto de 1724, seis días después de cumplir años. Había nacido el 25 de agosto de 1707. Entre las dos fechas caben una guerra, una abdicación, una boda de Estado y el reinado más breve que ha conocido la corona española.
Capítulo I: El heredero de una guerra
Luis vino al mundo en el palacio del Buen Retiro el 25 de agosto de 1707, en plena Guerra de Sucesión. Su padre, Felipe V, llevaba casi siete años sentado en un trono que media Europa le discutía, y aquel mismo año la victoria de sus tropas en Almansa, el 25 de abril, había empezado a inclinar el conflicto en Castilla. Su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, tenía dieciocho años y una salud que ya entonces daba señales de flaqueza.
El niño creció en una corte en campaña. La guerra no terminó hasta 1714, con la caída de Barcelona el 11 de septiembre y la firma de los tratados que dejaron a España sin Flandes, sin Milán, sin Nápoles y sin Cerdeña. Ese mismo año, el 14 de febrero, moría la reina María Luisa Gabriela. Luis tenía seis años. Antes de que acabara 1714, su padre contraía un segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, que llegó a España con veintidós años y con una determinación feroz: tener hijos y asegurarles un porvenir fuera de España, en los tronos de Italia.
Luis era el heredero, pero la nueva reina tendría su propia prole —Carlos, Felipe, Mariana Victoria— y esa circunstancia marcaría la política española durante medio siglo. Del príncipe se sabía poco más que su fragilidad y su desgana. No era un muchacho robusto ni expansivo, y la corte lo veía crecer retraído, aficionado a la caza y a los espectáculos, poco inclinado a los asuntos de gobierno.
En el reparto doméstico del poder, el príncipe de Asturias era una figura secundaria a la espera de su turno. Su padre pasaba temporadas enteras recluido, y su madrastra ganaba terreno en los despachos. Nadie esperaba de Luis un reinado largo. Tampoco corto.
Capítulo II: La abdicación del padre
El 10 de enero de 1724, Felipe V firmó su abdicación en favor de su hijo primogénito. Tenía cuarenta años y veintitrés de reinado a la espalda. El gesto admite dos lecturas, y probablemente las dos sean ciertas a la vez. La primera es piadosa: el rey, de salud mental frágil, con episodios de melancolía que lo apartaban durante semanas de los despachos, quería dedicarse a Dios y a su mujer, y se retiró al real sitio de La Granja de San Ildefonso, cuyas obras había impulsado pocos años antes. La segunda es dinástica: al ceder la corona a un muchacho y quedarse él vivo, Felipe conservaba abierta la puerta de un posible regreso.
La decisión sorprendió a las cancillerías europeas. No era habitual que un monarca en plenitud de facultades dejara el trono en manos de un adolescente, y menos en una España que acababa de perder media Europa y trataba de rehacerse. Fuera como fuese, el 15 de enero de 1724 Luis I era proclamado rey. Tenía dieciséis años. Su esposa, la reina Luisa Isabel de Orleans, tenía catorce.
En las cortes europeas se siguió con atención el experimento: un rey joven, dócil y sin experiencia, y un padre retirado en La Granja que seguía siendo, en la práctica, el hombre más consultado del reino.
Capítulo III: La boda de Lerma
El matrimonio se había celebrado dos años antes, el 20 de enero de 1722, en la villa burgalesa de Lerma. La elegida era Luisa Isabel de Orleans, hija del duque de Orleans, que gobernaba Francia como regente durante la minoría de Luis XV. La boda fue la pieza central del doble enlace que las dos cortes pactaron para recomponer sus relaciones: mientras Luisa Isabel cruzaba la frontera hacia España, la pequeña infanta Mariana Victoria, hija de Isabel de Farnesio, viajaba en sentido contrario para ser prometida al rey de Francia.
El intercambio de princesas se produjo a comienzos de enero de 1722 en la isla de los Faisanes, en el Bidasoa, escenario de otros trueques dinásticos. Días después, el 20 de enero, la comitiva se detenía en Lerma para la ceremonia. Luis tenía catorce años; la novia, doce. La pareja era, literalmente, cosa de niños.
La llegada de la nueva princesa no fue un asunto menor. Aquel enlace sellaba la reconciliación entre Madrid y París después de años de recelo, y las dos cortes lo presentaron como una garantía de paz. La realidad doméstica fue bastante menos brillante.
La convivencia de aquellos dos adolescentes fue todo menos sencilla. Luisa Isabel había crecido en la corte más relajada de Europa y nunca terminó de encajar en el ceremonial español, rígido hasta el agotamiento. Su comportamiento, desconcertante para unos y escandaloso para otros, alimentó rumores que la corte no hizo nada por desmentir. Nadie podía imaginar entonces que aquella muchacha iba a ser reina de España a los catorce años y viuda a los catorce.
Lo que la pareja no tuvo fueron hijos. Y en una monarquía, eso era un problema de Estado.
Capítulo IV: Doscientos veintinueve días
El reinado de Luis I duró doscientos veintinueve días. No hubo tiempo para reformas de calado ni para reorientar la política exterior. El nuevo rey confirmó en sus puestos a los ministros que le había dejado su padre y mantuvo, en lo esencial, la línea de gobierno de los años anteriores. La administración siguió funcionando con los mismos nombres y las mismas rutinas; los consejos despacharon como siempre, y en los papeles oficiales apenas se nota el cambio de firma.
El reinado fue, sobretodo, una continuación. El rey firmaba lo que le ponían delante, presidía las ceremonias y dejaba hacer a los consejos. Nadie iba a remover las estructuras de una monarquía que llevaba veintitrés años funcionando con los mismos equipos.
Lo que cambió fue el aire de la corte. Luis era afable y accesible, más dado a la caza y al teatro que a la intriga de antecámara. La tradición lo bautizó con dos apodos: el Bien Amado y el Liberal. En un país acostumbrado a monarcas graves y ceremoniosos, un rey de dieciséis años que no imponía distancia resultaba una novedad.
Y había una pregunta sobre la mesa: qué ocurriría si el rey moría sin descendencia.
Capítulo V: La viruela
En el verano de 1724, la viruela se extendió por Madrid. La enfermedad era endémica en la Europa del siglo XVIII y mataba a una parte considerable de quienes la contraían; los que sobrevivían quedaban marcados de por vida. La inoculación, introducida en Europa a comienzos de la década de 1720, era todavía una técnica experimental y no exenta de riesgos. En agosto, el rey cayó enfermo y los médicos de cámara no pudieron hacer nada por detener el avance del mal.
Luis I murió el 31 de agosto de 1724, seis días después de haber cumplido diecisiete años. Fue enterrado en el Monasterio de El Escorial.
La noticia corrió primero por Madrid y luego por Europa. Un rey de diecisiete años, muerto de viruela a los siete meses de ceñir la corona, dejaba el trono vacío y ninguna descendencia directa. España volvía a tener un problema de sucesión, aunque esta vez sin guerra abierta de por medio.
España se quedaba sin el heredero que aguardaba desde 1707 y con un rey de cuarenta años que había abdicado por voluntad propia. La pregunta era inevitable: ¿volvería Felipe V a ceñirse la corona o dejaría paso a su segundo hijo, Fernando?
Capítulo VI: El rey que volvió
Felipe V se encontraba en La Granja de San Ildefonso cuando le llegó la noticia de la muerte de su hijo. Regresó a Madrid y volvió a ocupar el trono el 6 de septiembre de 1724, menos de una semana después del entierro. Había abdicado veinte meses antes y reinaría casi veintidós años más, hasta su muerte en julio de 1746.
La viuda, Luisa Isabel de Orleans, permaneció en España hasta 1725, cuando se le ordenó regresar a Francia. Murió en París en 1742, con treinta y dos años. Su salida formó parte de la ruptura entre las cortes de Madrid y Versalles, la misma que devolvió a España a la pequeña infanta Mariana Victoria.
Con Felipe V de nuevo en el trono, la influencia de Isabel de Farnesio se consolidó y sus hijos encontraron acomodo en Italia: Carlos sería duque de Parma en 1731 y rey de Nápoles y Sicilia a partir de 1734. La muerte de Luis I sin descendencia no solo devolvió la corona a su padre; reordenó las aspiraciones de toda una dinastía.
Cuando Felipe V falleció en 1746, la corona pasó a Fernando VI, hermano de Luis I. El rey de los doscientos veintinueve días no dejó herederos ni una huella duradera en la administración del Estado. La figura de Luis I quedó casi borrada por la de su padre: durante décadas, los manuales lo despacharon en dos líneas, un rey niño y una viruela, y solo la paciencia de los archivos ha ido devolviendo el perfil de un muchacho que reinó sin ganas y murió sin tiempo.
En el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial hay un sepulcro que pasa casi desapercibido entre los de monarcas mucho más longevos. Doscientos veintinueve días de reinado. El tiempo justo para comprobar que, en la España de 1724, la corona podía cambiar de manos dos veces en el mismo año.
El exlehendakari Patxi López se perfila de nuevo como candidato del PSE-EE al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La información publicada por elDiario.es sitúa al actual portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja como cabeza de lista por Bizkaia, sin que la dirección del partido haya anunciado por el momento una proclamación formal.
Los socialistas vascos fueron la primera fuerza de Euskadi en las generales de 2023, por delante del PNV y de EH Bildu, con cinco escaños en el Congreso y cuatro en el Senado. Ese resultado colocó al PSE-EE al frente de la representación vasca en la Cámara Baja, un puesto que la formación aspira ahora a revalidar con la misma cabeza de cartel.
Quién es Patxi López y qué peso tiene en el Congreso
Nacido en Portugalete en 1959, López fue lehendakari entre 2009 y 2012 tras un acuerdo con el PP, lo que le convirtió en el primer presidente del Gobierno Vasco ajeno al PNV. Antes había ocupado un escaño en el Parlamento Vasco durante 23 años y había dirigido el partido en Bizkaia desde 1997.
Desde 2016 es diputado por Bizkaia en el Congreso de los Diputados, donde presidió brevemente la Cámara hasta la repetición electoral de ese mismo año. En 2017 compitió en las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez y Susana Díaz, y desde 2022 ejerce como portavoz del grupo socialista, con presencia continua en los debates de la legislatura.
Su partido gobierna en coalición con el PNV en el Gobierno Vasco, una fórmula que arrancó con el acuerdo de estabilidad de 2014, cerrado por López antes de dejar la política vasca, y que se mantiene en la legislatura actual con Imanol Pradales como lehendakari.
El miércoles 7 de octubre participó en Gernika en el nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi, junto a los lehendakaris Pradales, Iñigo Urkullu y Juan José Ibarretxe. Allí cargó contra la derecha ‘trumpista’ y preguntó: ‘¿Hasta dónde están dispuestos a ir?’, en declaraciones recogidas por elDiario.es.
El PSE-EE fue la primera fuerza vasca en 2023, con cinco escaños al Congreso y cuatro al Senado, y López ejerce como portavoz parlamentario desde 2022.
Las listas del PNV, EH Bildu y PP: nombres y calendario
En el PNV, y siempre que las bases lo avalen, la actual portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, será la aspirante principal. El partido ha decidido reforzar la candidatura alavesa con el exalcalde de Vitoria Gorka Urtaran, mientras que en Bizkaia Idoia Sagastizabal se perfila como cabeza de lista.
EH Bildu ha comunicado que presentará su propuesta el 16 de octubre, para que la militancia pueda votarla inmediatamente después. El PP tiene ya perfilada la opción de Iñaki Oyarzabal por Álava.
La coincidencia en el Ejecutivo autonómico no se traslada a la Cámara Baja. PNV y PSE-EE concurren como formaciones distintas y han competido por el primer puesto en Euskadi en las últimas citas generales.
Qué se juega Euskadi en el Congreso y qué plazos quedan abiertos
Euskadi reparte 18 escaños en el Congreso entre sus tres territorios históricos: ocho por Bizkaia, seis por Gipuzkoa y cuatro por Álava. Los resultados del País Vasco y de Navarra han sido determinantes en la aritmética parlamentaria de los últimos ciclos, de modo que el reparto del 29N condiciona también el equilibrio de fuerzas en el conjunto del Estado.
El precedente inmediato son las generales de 2023, cuando el PSE-EE se impuso en Euskadi y el PNV y EH Bildu quedaron por detrás. Las próximas semanas concentran los hitos del calendario: EH Bildu desvelará su candidatura el 16 de octubre, el resto de formaciones deberá cerrar sus listas y la proclamación oficial corresponderá a la Junta Electoral Central. El real decreto de convocatoria fija la cita con las urnas para el 29 de noviembre, con las tres provincias vascas como circunscripciones diferenciadas.
Bureo ha reciclado más de 7,7 millones de kilos de redes de pesca desde 2013 y las convierte en viseras, textil y componentes con la marca NetPlus, un circuito que saca plástico del mar antes de que se fragmente.
Del monopatín Minnow a 590 toneladas de redes al año
La historia arranca en Chile, en 2013. Tres amigos aficionados al surf —Ben Kneppers, David Stover y Kevin Ahearn— pusieron en marcha un programa para recoger redes usadas y fabricaron con aquel plástico un monopatín, el Minnow, que presentan como la primera tabla del mundo hecha con redes recicladas. El impacto inicial era pequeño: ‘por cada monopatín evitamos que más de 30 pies cuadrados de redes lleguen al océano’, dijo Kneppers en 2015, unos 2,8 metros cuadrados.
El modelo cambió pronto, por una razón de escala. ‘Enseguida nos dimos cuenta de que la dimensión del problema era mucho mayor de lo que podíamos resolver como una pequeña marca emergente’, contó Stover en 2021. La salida fue dejar de competir como marca y vender materia prima: red de pesca 100 % reciclada y 100 % trazable, según Ahearn. Los 17 millones de libras recogidas desde 2013 equivalen a unos 7,7 millones de kilos, que repartidos entre trece años salen a unas 590 toneladas anuales.
El sistema funciona con incentivos. Los pescadores de bajos ingresos reciben un pago directo por sus redes y las pesquerías comerciales las donan. La recogida alcanza hoy 21 comunidades de seis países: Chile, Perú, Argentina, Ecuador, México y Japón. En Chile, las redes pasan por la planta de Talcahuano, cerca de Concepción, donde se procesaban unas 800 toneladas al año con entre 15 y 20 personas en planta y almacén, según el relato de Christopher ‘Caco’ Clemo, responsable de Bureo en el país.
Una red que nadie recoge sigue pescando hasta diez años; el problema no es el pescador, es quién le compra el aparejo viejo.
Cómo una red usada se convierte en hilo de nailon NetPlus
En las instalaciones de Bureo las redes se clasifican, se limpian, se trituran y se embalan. Después viajan a plantas de reciclaje donde se someten a una despolimerización, un tipo de reciclaje químico que rompe el plástico en sus piezas básicas y permite rehacerlo como gránulos de nailon nuevos. Esos gránulos se comercializan como NetPlus y se transforman en hilos con los que se tejen telas técnicas.
📊 Impacto ecológico en cifras
Redes recicladas: más de 7,7 millones de kilos desde 2013, unas 590 toneladas al año de media.
Capacidad de proceso: la planta de Talcahuano, en Chile, ha operado en torno a 800 toneladas anuales.
Desvío verificado: Patagonia ha retirado más de 2.000 toneladas de redes desde 2020 con este material.
Equivalencia tangible: cada monopatín evitaba unos 2,8 metros cuadrados de redes en el océano.
La trazabilidad sostiene el negocio: Bureo asegura que sigue cada red desde su origen hasta el reciclaje, de modo que las marcas pueden comprobar que el material procede de aparejos usados. El catálogo incluye viseras de gorras, chaquetas gafas de sol de Costa, quillas de surf de Futures y piezas de Jenga.
La letra pequeña: lo que las cifras de Bureo no cuentan
Los 17 millones de libras son redes recogidas en tierra al final de su vida útil, no redes fantasma rescatadas del fondo marino. El enfoque es preventivo: evitar que el material llegue al mar. El matiz importa, porque un aparejo abandonado sigue pescando hasta diez años, y estos sintéticos persisten hasta 600 años mientras se degradan en microplásticos. Los cálculos recogidos por Patagonia cifran en más de 650.000 animales marinos los que mueren o resultan heridos graves cada año al quedar atrapados.
El segundo matiz está en el recuento comercial. Con más de 13 millones de artículos fabricados, el dato no revela cuánto plástico reciclado lleva cada unidad: una gorra con visera de NetPlus no tiene por qué estar hecha entera con redes. Aquí está el detalle. Conviene mirar la etiqueta antes de dar por buena la etiqueta verde.
Y los planes no son resultados. CI Ventures, el brazo inversor de Conservation International, destinó 500.000 dólares a replicar el programa en Perú, Ecuador y México, con la meta de pasar de 800 a 4.000 toneladas anuales en 2026 y superar las 100 comunidades pesqueras. En las páginas consultadas este octubre no hay un dato anual que confirme el salto: serían casi siete veces su media desde 2013. El compromiso no es la acción.
Patagonia, Costa y Toyota Tsusho: el efecto dominó de exigir trazabilidad
El precedente que valida el modelo es la cadena de marcas que lo compra. Patagonia apoya a Bureo desde 2014 a través de Tin Shed Ventures, su fondo de capital riesgo, y ha desviado más de 2.000 toneladas de redes desde 2020; en su temporada de primavera de 2026 tejió más de 250 toneladas. Costa amplió en septiembre de 2026 su colección Untangled a ropa y accesorios, con más de 3,9 toneladas reutilizadas.
En Japón el programa aterrizó en 2023 de la mano de Ellange, empresa de Chiba creada en 2021. Toyota Tsusho detalló en marzo de 2026 que los profesionales de la pesca participan en la clasificación y en los controles de calidad, mientras la compañía aporta inversión y busca canales de venta. El proyecto recibió el premio del presidente de Keidanren en la 34.ª edición del Gran Premio del Medio Ambiente Global.
Lo replicable no es la visera, es la exigencia. Cuando una marca grande obliga a su proveedor a demostrar el origen del material, el proveedor cambia su proceso, y ese cambio llega hasta el puerto donde un pescador decide si devuelve la red o la tira. Sin verificación independiente, ‘plástico reciclado’ es una palabra en una etiqueta; con trazabilidad, es una cadena con nombre, planta y tonelaje.
La escala del problema pone el listón. Si cada red tarda hasta seis siglos en deshacerse, la decisión de hoy se mide en el mar que heredará otra generación. Bureo recogió en trece años una fracción de lo que el océano recibe; su valor no está en el volumen, sino en demostrar que el circuito cerrado es viable y que hay compradores dispuestos a pagarlo.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: más de 7,7 millones de kilos de redes recicladas desde 2013 evitan que ese plástico se fragmente en el mar.
Modelo que cambia: el aparejo al final de su vida útil deja de ser basura sin destino y se convierte en materia prima trazable.
Para las próximas generaciones: cada red desviada ahorra hasta 600 años de persistencia en el océano y reduce la pesca fantasma.
