Una encuesta atribuye a PP y Vox 212 escaños y descarta que la vivienda mueva el voto

El PP y Vox sumarían 212 escaños el 29-N, según una encuesta que descarta que la vivienda mueva el voto.

El sondeo de NC Report, que publica La Razón este jueves y recogen otras cabeceras, sitúa el trabajo de campo entre el 1 y el 6 de octubre. La ventana temporal arranca después del estallido del caso Maricarmen y, en su mayor parte, con los dos decretos de vivienda del Gobierno ya tumbados en el Congreso de los Diputados. La conclusión es nítida. Ni las acampadas, ni las movilizaciones, ni el pulso parlamentario han alterado el reparto del voto de forma significativa. Eso sí, se trata de un dato de fuente única, que este medio no ha podido cotejar todavía con el documento primario del instituto demoscópico.

Qué proyecta la encuesta y por qué refuerza el argumento de Vox

Los populares pierden tres décimas respecto a comienzos de septiembre, se quedan en el 34,1% y mantienen una horquilla de 146 a 148 diputados. El PSOE gana una décima y sigue en el 25%, uno de sus registros más bajos de la legislatura, con entre 98 y 102 escaños. Vox, por su parte, cede una décima escasa y se mantiene en el 18,2% de intención de voto, con entre 61 y 64 diputados.

Para la dirección de Vox, el resultado confirma la tesis que la formación viene defendiendo desde el arranque del curso: el problema de la vivienda no se resuelve con decretos de urgencia ni con una normativa que, a su juicio, penaliza a los propietarios y encarece el alquiler. El partido sostiene que el acceso a una vivienda pasa por liberar suelo, garantizar seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y aligerar la carga normativa que lastra la construcción, según el argumentario que sus portavoces han repetido en las últimas semanas. Su lectura es que el ruido de la calle no se ha traducido en votos y que el debate continúa instalado en el terreno de la propiedad y la seguridad.

El trabajo de campo se solapa, además, con la semana en la que la Cámara rechazó los dos decretos de vivienda del Ejecutivo, un episodio que la dirección de Vox enmarca en el desgaste parlamentario del Gobierno y en su falta de apoyos estables. Junts, que votó en contra de esas normas, no paga precio alguno: sube del 1,6% al 2,9% y pasaría de seis diputados a diez u once. El PNV, que sí respaldó uno de los decretos y podría volver a hacerlo en la Diputación Permanente, se deja una décima y cae al 0,9%, con el riesgo de perder uno de sus cinco escaños.

El desahucio, las acampadas y los decretos han llenado portadas durante semanas, pero no han movido un solo escaño en la proyección demoscópica.

La aritmética del bloque: 207 escaños en el suelo y 212 en el techo

212 escaños PP Vox

La suma de PP y Vox se mueve entre 207 y 212 diputados. Con 350 escaños en juego, la mayoría absoluta —la mitad más uno, esto es, 176 actas— quedaría garantizada en los dos extremos de la horquilla, con un margen que va de 31 a 36 escaños. Es la aritmética que la dirección de Vox subraya en cada comparecencia: la única mayoría alternativa al PSOE pasa por su concurso.

En la izquierda del PSOE el movimiento se limita a un intercambio de votos entre Sumar y Podemos. La formación que concurrirá como Frente Amplio pierde cuatro décimas, se queda en el 5,3% y baja a entre seis y ocho diputados. Podemos gana cinco décimas, alcanza el 3,9% y se mueve entre dos y cuatro escaños en su proyeción, de modo que el bloque que sostiene al Gobierno no gana terreno.

Qué busca Vox con este tablero y qué precio paga el PP

La estabilidad de Vox en el entorno del 18% admite una lectura estratégica que la dirección maneja con tranquilidad, según fuentes del partido consultadas por este medio. La formación llega al 29-N sin haber capitalizado el ruido de la vivienda, pero tampoco lo sufre: cede una décima escasa mientras el PP deja tres y el PSOE apenas araña una. En clave interna, el sondeo consolida la tesis de que su suelo electoral es sólido y de que su electorado responde antes a la agenda de seguridad, inmigración y rebaja fiscal que a las convocatorias de la calle.

El sondeo refuerza, sobre todo, la posición negociadora de Vox frente al PP. Con 207 escaños como suelo común, el PP necesita a Vox para gobernar y Vox lo sabe. Las condiciones que ha venido poniendo encima de la mesa —inmigración, seguridad, rebaja de impuestos, derogación de normas y revisión de los compromisos climáticos— seguirán marcando la relación entre ambos partidos. El precedente también pesa: la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos que ambos compartían sigue presente en cada negociación, y la dirección del partido la ha convertido en aval de que sus exigencias se cumplen o no hay acuerdo.

En el otro lado, la contradicción del adversario queda al descubierto con los propios números del sondeo. El PSOE se quedaría por debajo de los 100 diputados en el escenario bajo pese a haber convertido la vivienda en su bandera del curso, y el PP cede tres décimas con una oposición que Vox considera insuficiente en inmigración. Por delante quedan siete semanas de campaña y un calendario institucional apretado, con la Diputación Permanente, el órgano que mantiene viva la actividad de la Cámara cuando esta está disuelta, como escenario de nuevos pulsos parlamentarios. Cada votación se leerá ya en clave de 29-N.

Anticorrupción considera «prematuro» imputar al PSOE en el Caso Leire

La Fiscalía Anticorrupción ha informado al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la petición del Partido Popular (PP) para imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire, que lo considera una medida «prematura». El fiscal apunta a indicios de tráfico de influencias y de cohecho en la actuación del PSOE, pero cree «prematura» la imputación, ya que de momento no se ha tomado testimonio en esta causa a Leire Díez, que da nombre al caso, ni a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y también investigado en la causa.

El escrito responde a la petición de imputación del PSOE formulada por el Partido Popular hace tan solo unos días. La Fiscalía plantea a Pedraz un asunto de orden y que lo primero debería ser escuchar a todos los investigados.

Para tomar una decisión hay que escuchar primero a los principales imputados, Díez y Cerdán. La primera está considerada «fontanera» del PSOE por sus tejemanejes para, presuntamente, favorecer a miembros del PSOE o cercanos a Pedro Sánchez, como su esposa y su hermano, en las causas judiciales en las que están inmersos.

El pasado mes de mayo Pedraz ordenó el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz y ya ha recibido las declaraciones efectuadas en su momento por Carmen Pano, el ex gerente del PSOE y una trabajadora del partido en el Tribunal Supremo durante la instrucción del Caso Koldo.

Leire Díez entró en la causa tras difundirse el pasado año una videoconferencia grabada donde la ex militante socialista intentaba recoger información sobre el coronel Balas, jefe de la UCO que investigaba varios casos comprometidos para el PSOE.

De esta manera, Pedraz decidirá ahora si declara al PSOE como investigado o no, aunque con el criterio fiscal en contra parece una medida difícil de adoptar en solitario sin el apoyo fiscal.

Desfile del 12 de octubre en Madrid: horario y recorrido de la Fiesta Nacional

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A quien quiera verlo en directo por el eje Prado-Recoletos y a vecinos y conductores del centro, con cortes de tráfico desde primera hora.
  • ¿Cuándo ocurre? El lunes 12 de octubre, con el acto central a partir de las 11:00 horas.
  • ¿Qué cambia? Se repite el recorrido estrenado en 2025: salida junto al Jardín Botánico, llegada a la plaza de Colón y tribuna real en Neptuno.

El desfile del 12 de octubre vuelve a Madrid con el mismo recorrido del año pasado y arranca a las 11:00. La cita, que en 2026 cae en lunes, moverá 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 229 caballos por el eje Prado-Recoletos.

La parada militar por la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad que conmemora la llegada de Colón a América en 1492, es el acto con más despliegue castrense del calendario español. Madrid es la única ciudad que lo acoge cada año. En esta edición no hay cambios de trazado: se repite el itinerario que se estrenó en 2025.

Están convocados 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras instituciones. Los tres ejércitos, la Guardia Civil la Policía Nacional y Salvamento Marítimo ponen personal y medios. Completan el cuadro 39 motos y seis perros, el contingente que más comentarios genera cada año en las aceras.

Del Jardín Botánico a la plaza de Colón: dónde se ve mejor

El desfile sale del Paseo del Prado, a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico, y termina en la plaza de Colón. Entre ambos puntos, la comitiva recorre el eje que forman el Prado y el paseo de Recoletos, con paso obligado por Cibeles. La tribuna real se instala, un año más, en la plaza de Neptuno.

Para el público general, las aceras del Prado entre Neptuno y Cibeles y las inmediaciones de Recoletos concentran la mejor visibilidad, siempre con llegada temprana: a las nueve de la mañana ya hay gente apostada en las vallas. Quien busque el desfile aéreo gana con las zonas abiertas del final del recorrido, donde la perspectiva del cielo es más amplia.

Madrid repite un trazado que ya probó en 2025, pero lo hace en lunes: menos turista de puente y más vecino con la mañana libre.

Los actos arrancan con la llegada de los Reyes y los honores militares, y siguen con la revista de las tropas y el salto de la PAPEA, la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire. Vienen después el izado de la Bandera Nacional, el homenaje a los caídos, la pasada de la formación Mirlo y los desfiles aéreo y terrestre. Todo empieza a las 11:00 horas y se retransmite en directo, también por internet.

El día que el centro se corta: cómo moverse el 12-O

horario desfile Madrid

El corte del eje Prado-Recoletos se activa desde primera hora y afecta a todo el tráfico de paso entre Atocha y Colón. En ediciones anteriores, el dispositivo de la Policía Municipal desvió los itinerarios hacia la M-30 y el paseo de la Castellana, dejó sin servicio las paradas de autobús urbano del corredor y prohibió el estacionamiento en las calles laterales. La recomendación, por tanto, es la de siempre: dejar el coche en casa.

El transporte público absorbe ese día más demanda de la habitual. Las estaciones de Banco de España y Retiro (L2), Antón Martín y Estación del Arte (L1) y las de Cercanías de Recoletos, Sol y Atocha quedan a distancia peatonal del recorrido, y Metro de Madrid suele reforzar frecuencias en las líneas 1 y 2 durante la mañana. Conviene consultar el estado de las líneas antes de salir: los cierres puntuales de accesos son habituales a esa hora.

Para quien vaya con niños o necesite movilidad reducida, la zona de Neptuno y el tramo inicial del Prado son los puntos con más espacio libre entre valla y valla, aunque también los más concurridos. Conviene llevar agua, calzado cómodo y paciencia: el desfile se ve bien, pero se llega andando y se sale andando.

Lo que el 12-O deja en Madrid más allá del desfile

Hay una pregunta que se repite cada octubre: cuánto cuesta y cuánto compensa. El dispositivo de seguridad, la logística de las tribunas y el montaje de las gradas se suman al presupuesto de un día en el que Madrid funciona a medio gas. Los comercios del entorno del Prado cierran, las oficinas también, y el festivo cae esta vez en lunes: sin puente posible y con el martes laborable de vuelta.

La comparación con otras capitales europeas deja a Madrid en una posición singular. En París, el desfile del 14 de julio se celebra siempre en los Campos Elíseos, con un recorrido fijo que la ciudad conoce de memoria. Aquí el trazado cambió en 2025 y se ha mantenido en 2026, una apuesta por la estabilidad: cada modificación obliga a rehacer el plan de tráfico, los accesos de emergencia y la información a los vecinos.

A nuestro juicio, esa estabilidad vale más que cualquier cambio de escenario. La otra cara es el impacto sobre los residentes del barrio de las Letras, Cortes y Recoletos, que ese día no pueden sacar el coche del garaje hasta que se levanta el dispositivo. La información les llega por vía municipal y, en otras ediciones, con margen suficiente para organizarse.

Queda por ver si el Ayuntamiento detalla el plan de movilidad en los días previos, como viene siendo habitual, y si los autobuses afectados recuperan su trazado por la tarde. Hasta entonces, Madrid se echa a la calle para mirar al cielo.

El PNV vota a favor del decreto de vivienda y permite su convalidación en la Diputación Permanente

El PNV votará a favor del primer decreto de vivienda contra los desahucios y garantizará su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.

La portavoz nacionalista en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, confirmó esa posición en una rueda de prensa celebrada en Bilbao el martes 6 de octubre. La formación sostiene que actúa ‘por coherencia y responsabilidad’ y admite la gravedad de la situación, aunque mantiene que las medidas son un ‘parche’ que no resuelve el problema de fondo.

En paralelo, el grupo conserva su ‘no’ al segundo decreto, el que garantiza los alquileres indefinidos, que no prosperará. Los nacionalistas lamentan que un asunto de este calado se resuelva en la Diputación Permanente y reclaman un debate ‘sereno’, si bien subrayan que legislar en ese órgano de guardia entre legislaturas no constituye un ‘fraude de ley’.

Qué medidas incluye el decreto que saldrá adelante

El texto limita la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta el 31 de diciembre de 2028 y suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Incorpora, además, una prórroga extraordinaria de dos años para todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.

La norma incluye una disposición final que congela las rentas en las renovaciones anuales, con una subida máxima del 2% cuando el precio quede por debajo de la media del Índice de Referencia. También modifica la publicidad, la promoción y la oferta de los anuncios de alquiler, así como el régimen del alquiler temporal.

El paquete contempla ayudas para la entrada de la vivienda financiadas a través del Instituto de Crédito Oficial, deducciones fiscales para los propietarios que alquilan y menos IVA en la construcción de vivienda protegida. Los pisos turísticos tributarán al 10%, el mismo tipo que la actividad hotelera.

El primer decreto fija en 2028 y 2030 los hitos para limitar la compra de vivienda por fondos de inversión y suspender los desahucios de inquilinos vulnerables.

Una Diputación Permanente con el PNV como fiel de la balanza

En la Diputación Permanente, la suma de PP, Vox y Junts alcanza 34 de los 69 escaños, los mismos que reúnen PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos. El voto del PNV se convierte así en decisivo para la convalidación o la derogación del texto. La composición del órgano difiere ligeramente del reparto de escaños del pleno.

El decreto volvió a ser aprobado por el Consejo de Ministros y su convalidación se someterá a la Diputación Permanente del Congreso en la próxima sesión de este órgano, que opera entre legislaturas.

En cuanto al segundo texto, el relativo a los alquileres indefinidos, no reunirá los votos necesarios, según la posición confirmada por el grupo vasco. La decisión mantiene abierto el pulso sobre la política estatal de vivienda, que el PNV considera carente de soluciones estructurales para el acceso a un inmueble.

La votación llega en un contexto parlamentario en el que el respaldo del grupo nacionalista ha resultado determinante para la mayoría que sostiene al Ejecutivo. El texto estatal se aplica en todo el territorio, con independencia de la comunidad y del reparto competencial en materia de vivienda.

El precedente de la ley estatal de 2023 y el recurso ante el Constitucional

Vaquero aprovechó la comparecencia para marcar distancias con la política de Vivienda del Ejecutivo central y señaló deficiencias en la ley estatal aprobada en 2023. Según expuso, esos huecos han disparado el alquiler de temporada frente al habitual, hasta un 50% en el caso vasco. El PNV no respaldó aquella norma y su parte en el Gobierno autonómico acudió al Tribunal Constitucional, pese a que la cartera de Vivienda la dirige su socio, el PSE-EE.

La corte de garantías ha desechado recientemente los argumentos de los jeltzales. La vivienda figura entre las competencias de Euskadi, de ahí que la discrepancia sobre el encaje de la norma estatal haya tenido recorrido institucional. Con el respaldo anunciado, el primer decreto quedará convalidado en la próxima Diputación Permanente, mientras el segundo decaerá.

Luis I, el rey que murió de viruela a los siete meses de reinar

El calor de aquel final de agosto de 1724 caía sobre Madrid sin tregua. Dentro de palacio, los médicos de cámara entraban y salían de la alcoba real con paños húmedos y gesto grave. La viruela, que llevaba semanas recorriendo los barrios de la capital, había cruzado por fin los muros de la residencia real. El rey tenía diecisiete años recién cumplidos, doscientos veintinueve días de reinado y un cuerpo que nunca había dado muestras de fortaleza. Cuando brotaron las primeras pústulas, el diagnóstico dejó de ser una duda incómoda y se convirtió en sentencia.

Luis I de España murió el 31 de agosto de 1724, seis días después de cumplir años. Había nacido el 25 de agosto de 1707. Entre las dos fechas caben una guerra, una abdicación, una boda de Estado y el reinado más breve que ha conocido la corona española.

Capítulo I: El heredero de una guerra

Luis vino al mundo en el palacio del Buen Retiro el 25 de agosto de 1707, en plena Guerra de Sucesión. Su padre, Felipe V, llevaba casi siete años sentado en un trono que media Europa le discutía, y aquel mismo año la victoria de sus tropas en Almansa, el 25 de abril, había empezado a inclinar el conflicto en Castilla. Su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, tenía dieciocho años y una salud que ya entonces daba señales de flaqueza.

El niño creció en una corte en campaña. La guerra no terminó hasta 1714, con la caída de Barcelona el 11 de septiembre y la firma de los tratados que dejaron a España sin Flandes, sin Milán, sin Nápoles y sin Cerdeña. Ese mismo año, el 14 de febrero, moría la reina María Luisa Gabriela. Luis tenía seis años. Antes de que acabara 1714, su padre contraía un segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, que llegó a España con veintidós años y con una determinación feroz: tener hijos y asegurarles un porvenir fuera de España, en los tronos de Italia.

Luis era el heredero, pero la nueva reina tendría su propia prole —Carlos, Felipe, Mariana Victoria— y esa circunstancia marcaría la política española durante medio siglo. Del príncipe se sabía poco más que su fragilidad y su desgana. No era un muchacho robusto ni expansivo, y la corte lo veía crecer retraído, aficionado a la caza y a los espectáculos, poco inclinado a los asuntos de gobierno.

En el reparto doméstico del poder, el príncipe de Asturias era una figura secundaria a la espera de su turno. Su padre pasaba temporadas enteras recluido, y su madrastra ganaba terreno en los despachos. Nadie esperaba de Luis un reinado largo. Tampoco corto.

Capítulo II: La abdicación del padre

El 10 de enero de 1724, Felipe V firmó su abdicación en favor de su hijo primogénito. Tenía cuarenta años y veintitrés de reinado a la espalda. El gesto admite dos lecturas, y probablemente las dos sean ciertas a la vez. La primera es piadosa: el rey, de salud mental frágil, con episodios de melancolía que lo apartaban durante semanas de los despachos, quería dedicarse a Dios y a su mujer, y se retiró al real sitio de La Granja de San Ildefonso, cuyas obras había impulsado pocos años antes. La segunda es dinástica: al ceder la corona a un muchacho y quedarse él vivo, Felipe conservaba abierta la puerta de un posible regreso.

La decisión sorprendió a las cancillerías europeas. No era habitual que un monarca en plenitud de facultades dejara el trono en manos de un adolescente, y menos en una España que acababa de perder media Europa y trataba de rehacerse. Fuera como fuese, el 15 de enero de 1724 Luis I era proclamado rey. Tenía dieciséis años. Su esposa, la reina Luisa Isabel de Orleans, tenía catorce.

En las cortes europeas se siguió con atención el experimento: un rey joven, dócil y sin experiencia, y un padre retirado en La Granja que seguía siendo, en la práctica, el hombre más consultado del reino.

Capítulo III: La boda de Lerma

Luis I de España

El matrimonio se había celebrado dos años antes, el 20 de enero de 1722, en la villa burgalesa de Lerma. La elegida era Luisa Isabel de Orleans, hija del duque de Orleans, que gobernaba Francia como regente durante la minoría de Luis XV. La boda fue la pieza central del doble enlace que las dos cortes pactaron para recomponer sus relaciones: mientras Luisa Isabel cruzaba la frontera hacia España, la pequeña infanta Mariana Victoria, hija de Isabel de Farnesio, viajaba en sentido contrario para ser prometida al rey de Francia.

El intercambio de princesas se produjo a comienzos de enero de 1722 en la isla de los Faisanes, en el Bidasoa, escenario de otros trueques dinásticos. Días después, el 20 de enero, la comitiva se detenía en Lerma para la ceremonia. Luis tenía catorce años; la novia, doce. La pareja era, literalmente, cosa de niños.

La llegada de la nueva princesa no fue un asunto menor. Aquel enlace sellaba la reconciliación entre Madrid y París después de años de recelo, y las dos cortes lo presentaron como una garantía de paz. La realidad doméstica fue bastante menos brillante.

La convivencia de aquellos dos adolescentes fue todo menos sencilla. Luisa Isabel había crecido en la corte más relajada de Europa y nunca terminó de encajar en el ceremonial español, rígido hasta el agotamiento. Su comportamiento, desconcertante para unos y escandaloso para otros, alimentó rumores que la corte no hizo nada por desmentir. Nadie podía imaginar entonces que aquella muchacha iba a ser reina de España a los catorce años y viuda a los catorce.

Lo que la pareja no tuvo fueron hijos. Y en una monarquía, eso era un problema de Estado.

Capítulo IV: Doscientos veintinueve días

El reinado de Luis I duró doscientos veintinueve días. No hubo tiempo para reformas de calado ni para reorientar la política exterior. El nuevo rey confirmó en sus puestos a los ministros que le había dejado su padre y mantuvo, en lo esencial, la línea de gobierno de los años anteriores. La administración siguió funcionando con los mismos nombres y las mismas rutinas; los consejos despacharon como siempre, y en los papeles oficiales apenas se nota el cambio de firma.

El reinado fue, sobretodo, una continuación. El rey firmaba lo que le ponían delante, presidía las ceremonias y dejaba hacer a los consejos. Nadie iba a remover las estructuras de una monarquía que llevaba veintitrés años funcionando con los mismos equipos.

Lo que cambió fue el aire de la corte. Luis era afable y accesible, más dado a la caza y al teatro que a la intriga de antecámara. La tradición lo bautizó con dos apodos: el Bien Amado y el Liberal. En un país acostumbrado a monarcas graves y ceremoniosos, un rey de dieciséis años que no imponía distancia resultaba una novedad.

Y había una pregunta sobre la mesa: qué ocurriría si el rey moría sin descendencia.

Capítulo V: La viruela

Luis I de España

En el verano de 1724, la viruela se extendió por Madrid. La enfermedad era endémica en la Europa del siglo XVIII y mataba a una parte considerable de quienes la contraían; los que sobrevivían quedaban marcados de por vida. La inoculación, introducida en Europa a comienzos de la década de 1720, era todavía una técnica experimental y no exenta de riesgos. En agosto, el rey cayó enfermo y los médicos de cámara no pudieron hacer nada por detener el avance del mal.

Luis I murió el 31 de agosto de 1724, seis días después de haber cumplido diecisiete años. Fue enterrado en el Monasterio de El Escorial.

La noticia corrió primero por Madrid y luego por Europa. Un rey de diecisiete años, muerto de viruela a los siete meses de ceñir la corona, dejaba el trono vacío y ninguna descendencia directa. España volvía a tener un problema de sucesión, aunque esta vez sin guerra abierta de por medio.

España se quedaba sin el heredero que aguardaba desde 1707 y con un rey de cuarenta años que había abdicado por voluntad propia. La pregunta era inevitable: ¿volvería Felipe V a ceñirse la corona o dejaría paso a su segundo hijo, Fernando?

Capítulo VI: El rey que volvió

Luis I de España

Felipe V se encontraba en La Granja de San Ildefonso cuando le llegó la noticia de la muerte de su hijo. Regresó a Madrid y volvió a ocupar el trono el 6 de septiembre de 1724, menos de una semana después del entierro. Había abdicado veinte meses antes y reinaría casi veintidós años más, hasta su muerte en julio de 1746.

La viuda, Luisa Isabel de Orleans, permaneció en España hasta 1725, cuando se le ordenó regresar a Francia. Murió en París en 1742, con treinta y dos años. Su salida formó parte de la ruptura entre las cortes de Madrid y Versalles, la misma que devolvió a España a la pequeña infanta Mariana Victoria.

Con Felipe V de nuevo en el trono, la influencia de Isabel de Farnesio se consolidó y sus hijos encontraron acomodo en Italia: Carlos sería duque de Parma en 1731 y rey de Nápoles y Sicilia a partir de 1734. La muerte de Luis I sin descendencia no solo devolvió la corona a su padre; reordenó las aspiraciones de toda una dinastía.

Cuando Felipe V falleció en 1746, la corona pasó a Fernando VI, hermano de Luis I. El rey de los doscientos veintinueve días no dejó herederos ni una huella duradera en la administración del Estado. La figura de Luis I quedó casi borrada por la de su padre: durante décadas, los manuales lo despacharon en dos líneas, un rey niño y una viruela, y solo la paciencia de los archivos ha ido devolviendo el perfil de un muchacho que reinó sin ganas y murió sin tiempo.

En el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial hay un sepulcro que pasa casi desapercibido entre los de monarcas mucho más longevos. Doscientos veintinueve días de reinado. El tiempo justo para comprobar que, en la España de 1724, la corona podía cambiar de manos dos veces en el mismo año.

Patxi López se perfila de nuevo como candidato del PSE-EE al Congreso en las generales del 29N

El exlehendakari Patxi López se perfila de nuevo como candidato del PSE-EE al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La información publicada por elDiario.es sitúa al actual portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja como cabeza de lista por Bizkaia, sin que la dirección del partido haya anunciado por el momento una proclamación formal.

Los socialistas vascos fueron la primera fuerza de Euskadi en las generales de 2023, por delante del PNV y de EH Bildu, con cinco escaños en el Congreso y cuatro en el Senado. Ese resultado colocó al PSE-EE al frente de la representación vasca en la Cámara Baja, un puesto que la formación aspira ahora a revalidar con la misma cabeza de cartel.

Quién es Patxi López y qué peso tiene en el Congreso

Nacido en Portugalete en 1959, López fue lehendakari entre 2009 y 2012 tras un acuerdo con el PP, lo que le convirtió en el primer presidente del Gobierno Vasco ajeno al PNV. Antes había ocupado un escaño en el Parlamento Vasco durante 23 años y había dirigido el partido en Bizkaia desde 1997.

Desde 2016 es diputado por Bizkaia en el Congreso de los Diputados, donde presidió brevemente la Cámara hasta la repetición electoral de ese mismo año. En 2017 compitió en las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez y Susana Díaz, y desde 2022 ejerce como portavoz del grupo socialista, con presencia continua en los debates de la legislatura.

Su partido gobierna en coalición con el PNV en el Gobierno Vasco, una fórmula que arrancó con el acuerdo de estabilidad de 2014, cerrado por López antes de dejar la política vasca, y que se mantiene en la legislatura actual con Imanol Pradales como lehendakari.

El miércoles 7 de octubre participó en Gernika en el nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi, junto a los lehendakaris Pradales, Iñigo Urkullu y Juan José Ibarretxe. Allí cargó contra la derecha ‘trumpista’ y preguntó: ‘¿Hasta dónde están dispuestos a ir?’, en declaraciones recogidas por elDiario.es.

El PSE-EE fue la primera fuerza vasca en 2023, con cinco escaños al Congreso y cuatro al Senado, y López ejerce como portavoz parlamentario desde 2022.

Las listas del PNV, EH Bildu y PP: nombres y calendario

En el PNV, y siempre que las bases lo avalen, la actual portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, será la aspirante principal. El partido ha decidido reforzar la candidatura alavesa con el exalcalde de Vitoria Gorka Urtaran, mientras que en Bizkaia Idoia Sagastizabal se perfila como cabeza de lista.

EH Bildu ha comunicado que presentará su propuesta el 16 de octubre, para que la militancia pueda votarla inmediatamente después. El PP tiene ya perfilada la opción de Iñaki Oyarzabal por Álava.

La coincidencia en el Ejecutivo autonómico no se traslada a la Cámara Baja. PNV y PSE-EE concurren como formaciones distintas y han competido por el primer puesto en Euskadi en las últimas citas generales.

Qué se juega Euskadi en el Congreso y qué plazos quedan abiertos

Euskadi reparte 18 escaños en el Congreso entre sus tres territorios históricos: ocho por Bizkaia, seis por Gipuzkoa y cuatro por Álava. Los resultados del País Vasco y de Navarra han sido determinantes en la aritmética parlamentaria de los últimos ciclos, de modo que el reparto del 29N condiciona también el equilibrio de fuerzas en el conjunto del Estado.

El precedente inmediato son las generales de 2023, cuando el PSE-EE se impuso en Euskadi y el PNV y EH Bildu quedaron por detrás. Las próximas semanas concentran los hitos del calendario: EH Bildu desvelará su candidatura el 16 de octubre, el resto de formaciones deberá cerrar sus listas y la proclamación oficial corresponderá a la Junta Electoral Central. El real decreto de convocatoria fija la cita con las urnas para el 29 de noviembre, con las tres provincias vascas como circunscripciones diferenciadas.

Bureo recicla 7,7 millones de kilos de redes de pesca y las convierte en viseras y textil con NetPlus

Bureo ha reciclado más de 7,7 millones de kilos de redes de pesca desde 2013 y las convierte en viseras, textil y componentes con la marca NetPlus, un circuito que saca plástico del mar antes de que se fragmente.

Del monopatín Minnow a 590 toneladas de redes al año

La historia arranca en Chile, en 2013. Tres amigos aficionados al surf —Ben Kneppers, David Stover y Kevin Ahearn— pusieron en marcha un programa para recoger redes usadas y fabricaron con aquel plástico un monopatín, el Minnow, que presentan como la primera tabla del mundo hecha con redes recicladas. El impacto inicial era pequeño: ‘por cada monopatín evitamos que más de 30 pies cuadrados de redes lleguen al océano’, dijo Kneppers en 2015, unos 2,8 metros cuadrados.

El modelo cambió pronto, por una razón de escala. ‘Enseguida nos dimos cuenta de que la dimensión del problema era mucho mayor de lo que podíamos resolver como una pequeña marca emergente’, contó Stover en 2021. La salida fue dejar de competir como marca y vender materia prima: red de pesca 100 % reciclada y 100 % trazable, según Ahearn. Los 17 millones de libras recogidas desde 2013 equivalen a unos 7,7 millones de kilos, que repartidos entre trece años salen a unas 590 toneladas anuales.

El sistema funciona con incentivos. Los pescadores de bajos ingresos reciben un pago directo por sus redes y las pesquerías comerciales las donan. La recogida alcanza hoy 21 comunidades de seis países: Chile, Perú, Argentina, Ecuador, México y Japón. En Chile, las redes pasan por la planta de Talcahuano, cerca de Concepción, donde se procesaban unas 800 toneladas al año con entre 15 y 20 personas en planta y almacén, según el relato de Christopher ‘Caco’ Clemo, responsable de Bureo en el país.

Una red que nadie recoge sigue pescando hasta diez años; el problema no es el pescador, es quién le compra el aparejo viejo.

Cómo una red usada se convierte en hilo de nailon NetPlus

En las instalaciones de Bureo las redes se clasifican, se limpian, se trituran y se embalan. Después viajan a plantas de reciclaje donde se someten a una despolimerización, un tipo de reciclaje químico que rompe el plástico en sus piezas básicas y permite rehacerlo como gránulos de nailon nuevos. Esos gránulos se comercializan como NetPlus y se transforman en hilos con los que se tejen telas técnicas.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Redes recicladas: más de 7,7 millones de kilos desde 2013, unas 590 toneladas al año de media.
  • Capacidad de proceso: la planta de Talcahuano, en Chile, ha operado en torno a 800 toneladas anuales.
  • Desvío verificado: Patagonia ha retirado más de 2.000 toneladas de redes desde 2020 con este material.
  • Equivalencia tangible: cada monopatín evitaba unos 2,8 metros cuadrados de redes en el océano.
economía circular

La trazabilidad sostiene el negocio: Bureo asegura que sigue cada red desde su origen hasta el reciclaje, de modo que las marcas pueden comprobar que el material procede de aparejos usados. El catálogo incluye viseras de gorras, chaquetas gafas de sol de Costa, quillas de surf de Futures y piezas de Jenga.

La letra pequeña: lo que las cifras de Bureo no cuentan

Los 17 millones de libras son redes recogidas en tierra al final de su vida útil, no redes fantasma rescatadas del fondo marino. El enfoque es preventivo: evitar que el material llegue al mar. El matiz importa, porque un aparejo abandonado sigue pescando hasta diez años, y estos sintéticos persisten hasta 600 años mientras se degradan en microplásticos. Los cálculos recogidos por Patagonia cifran en más de 650.000 animales marinos los que mueren o resultan heridos graves cada año al quedar atrapados.

El segundo matiz está en el recuento comercial. Con más de 13 millones de artículos fabricados, el dato no revela cuánto plástico reciclado lleva cada unidad: una gorra con visera de NetPlus no tiene por qué estar hecha entera con redes. Aquí está el detalle. Conviene mirar la etiqueta antes de dar por buena la etiqueta verde.

Y los planes no son resultados. CI Ventures, el brazo inversor de Conservation International, destinó 500.000 dólares a replicar el programa en Perú, Ecuador y México, con la meta de pasar de 800 a 4.000 toneladas anuales en 2026 y superar las 100 comunidades pesqueras. En las páginas consultadas este octubre no hay un dato anual que confirme el salto: serían casi siete veces su media desde 2013. El compromiso no es la acción.

Patagonia, Costa y Toyota Tsusho: el efecto dominó de exigir trazabilidad

El precedente que valida el modelo es la cadena de marcas que lo compra. Patagonia apoya a Bureo desde 2014 a través de Tin Shed Ventures, su fondo de capital riesgo, y ha desviado más de 2.000 toneladas de redes desde 2020; en su temporada de primavera de 2026 tejió más de 250 toneladas. Costa amplió en septiembre de 2026 su colección Untangled a ropa y accesorios, con más de 3,9 toneladas reutilizadas.

En Japón el programa aterrizó en 2023 de la mano de Ellange, empresa de Chiba creada en 2021. Toyota Tsusho detalló en marzo de 2026 que los profesionales de la pesca participan en la clasificación y en los controles de calidad, mientras la compañía aporta inversión y busca canales de venta. El proyecto recibió el premio del presidente de Keidanren en la 34.ª edición del Gran Premio del Medio Ambiente Global.

Lo replicable no es la visera, es la exigencia. Cuando una marca grande obliga a su proveedor a demostrar el origen del material, el proveedor cambia su proceso, y ese cambio llega hasta el puerto donde un pescador decide si devuelve la red o la tira. Sin verificación independiente, ‘plástico reciclado’ es una palabra en una etiqueta; con trazabilidad, es una cadena con nombre, planta y tonelaje.

La escala del problema pone el listón. Si cada red tarda hasta seis siglos en deshacerse, la decisión de hoy se mide en el mar que heredará otra generación. Bureo recogió en trece años una fracción de lo que el océano recibe; su valor no está en el volumen, sino en demostrar que el circuito cerrado es viable y que hay compradores dispuestos a pagarlo.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: más de 7,7 millones de kilos de redes recicladas desde 2013 evitan que ese plástico se fragmente en el mar.
  • Modelo que cambia: el aparejo al final de su vida útil deja de ser basura sin destino y se convierte en materia prima trazable.
  • Para las próximas generaciones: cada red desviada ahorra hasta 600 años de persistencia en el océano y reduce la pesca fantasma.

El BCE eleva a riesgo estructural la inteligencia artificial para la banca europea y exige control al consejo

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Supervisión del BCE ha elevado los riesgos de la inteligencia artificial a la categoría de estructurales y ha fijado el 31 de octubre como plazo para recibir un plan de acción de cada banco de la Eurozona.
  • ¿Quién está detrás? Claudia Buch, presidenta del órgano supervisor, firma la carta remitida a los consejeros delegados. La ejecución queda en manos de los equipos conjuntos de supervisión (JST), con el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) como marco de fondo.
  • ¿Qué impacto tiene? Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell deberán elevar el asunto a sus consejos y responder en noviembre. El BCE no ha previsto sanciones específicas, pero podría recurrir a multas o recargos de capital.

El BCE ya no trata la inteligencia artificial como una cuestión de eficiencia: es un riesgo estructural para la banca europea. La carta que Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión, envió hace dos meses a los consejeros delegados de las entidades de la Eurozona marca un cambio de estatus. Lo que hasta ahora vivía en los departamentos de innovación ha pasado a ser asunto de consejo.

Los modelos más avanzados localizan en minutos todas las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de un banco. El tiempo entre el descubrimiento de un fallo y su explotación masiva se ha comprimido hasta casi desaparecer. ‘Los modelos de IA emergentes son capaces de identificar vulnerabilidades de software a una velocidad sin precedentes’, advierte Buch, que describe un cambio estructural ‘en el panorama de amenazas’.

El documento exigía a los bancos tomarse en serio la amenaza y detallar una hoja de ruta. El BCE ha dado plazo hasta el 31 de octubre para diseñar un plan de acción detallado y hasta noviembre para presentarlo ante los equipos conjuntos de supervisión (JST), los grupos mixtos de personal del banco central y de los supervisores nacionales que vigilan cada entidad de forma continua, según el modelo del Mecanismo Único de Supervisión.

No es el calendario lo que ha cambiado, sino el destinatario. La responsabilidad de blindar la entidad frente a los riesgos de la IA recae en los órganos de gestión —consejeros delegados y juntas directivas—, lo que saca la cuestión de la trinchera técnica y la convierte en prioridad estratégica de la alta dirección.

Por ahora no hay sanciones específicas para quien llegue tarde. Fuentes conocedoras del proceso supervisor apuntan a que las consecuencias se canalizarán por la vía habitual: requerimientos y, en última instancia, multas o recargos de capital, la herramienta que más teme la banca porque encarece cada euro de balance.

Ninguna entidad podrá alegar que la vulnerabilidad la encontró un auditor humano: cuando un modelo la localiza en minutos, la pelota está en el tejado del consejo.

El otro carril lo ocupa la Comisión Europea. Con la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), los bancos han dejado de mirar la tecnología como una simple herramienta de eficiencia y la gestionan como un activo de alto riesgo sometido a supervisión legal.

De la carta de Buch al consejo de administración: la IA deja de ser cosa de técnicos

Las obligaciones del AI Act se despliegan de forma escalonada. Desde febrero de 2025 está prohibido sin matices el uso de tecnologías de calificación social, es decir, los sistemas que puntúan a las personas por su comportamiento, su historial financiero o su actividad en redes. Desde agosto, las entidades deben revelar a sus clientes qué procesos y servicios incorporan inteligencia artificial.

Lo que viene aprieta más. Se exigirá supervisión humana efectiva en los sistemas de alto riesgo, mitigación activa de sesgos en los datos de entrenamiento, inscripción formal en el registro público de la UE, y auditoría de los modelos que la plantilla utiliza a diario.

Aquí sí hay multas. La Comisión Europea contempla sanciones que, en los casos más graves, alcanzan los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual. El texto completo del reglamento puede consultarse en EUR-Lex.

España: cuatro grandes y un sector que ya pide resultados a la IA

riesgo estructural IA

El aterrizaje en España es directo. Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell llevan meses exigiendo resultados tangibles a sus inversiones en IA y tejiendo alianzas con Silicon Valley para no quedarse atrás en la carrera. El ajuste que llega ahora no es tecnológico, es de gobernanza: los cuatro grandes tendrán que responder ante sus JST en noviembre por la letra pequeña de unos planes que deberán llevar la firma del consejo.

No están solos. El resto del sector financiero español, cajas rurales, cooperativas de crédito y entidades de menor tamaño, afronta el mismo calendario con menos músculo tecnológico. La pregunta que circula en las direcciones de riesgo ya no es cómo se implanta un modelo, sino hasta dónde llega la obligación de demostrar que está bajo control.

El Eje del Poder Europeo

Hay una geometría poco visible detrás de este movimiento. Fráncfort legisla de facto por la vía supervisora mientras Bruselas lo hace por la normativa, y los tiempos no siempre coinciden. Los grandes bancos franceses y alemanes, con balances más pesados, tienen más que perder ante cualquier recargo de capital; las entidades del sur, más digitalizadas en la relación con el cliente, tienen más superficie expuesta.

A eso se suma una dependencia incómoda. Buena parte de los modelos más potentes procede de proveedores estadounidenses, y las alianzas que la banca española ha cerrado en Silicon Valley son a la vez una ventaja competitiva y un vector de riesgo que el supervisor no controla. Es la misma tensión que atravesó el debate sobre la nube: Europa quiere soberanía tecnológica, pero no tiene aún con qué pagarla.

El precedente histórico ilumina el fondo. Tras la crisis del euro de 2010-2012, los supervisores descubrieron que habían infravalorado el riesgo operativo y elevaron los colchones de capital. Años después llegó el reglamento de resiliencia operativa digital (DORA), ya en vigor, para ordenar el riesgo ciber. La IA entra ahora por la misma puerta: como un riesgo que no se ve en el balance hasta que se materializa. Nuestra lectura es que la supervisión de la inteligencia artificial acabará siendo tan rutinaria como lo es hoy la de las ratios de solvencia.

Queda un punto débil a la vista: el BCE carece de un régimen sancionador específico y tira de recargos de capital, una herramienta contundente pero tosca, que castiga por igual al banco que ignora el riesgo y al que lo está gestionando. El próximo hito no se hará esperar: los planes deben estar presentados ante los equipos conjuntos de supervisión a lo largo de noviembre, y a partir de ahí empezará a medirse quién ha hecho los deberes y quién ha rellenado formularios.

Apuestas récord contra el euro: Francia y el shock energético ponen en jaque al BCE

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El euro cayó hasta 1,116 dólares, su nivel más débil en 17 meses, con apuestas bajistas récord de los inversores contra la divisa.
  • ¿Quién está detrás? Los mercados, la crisis fiscal francesa y el shock energético; el BCE, en el centro, con Christine Lagarde enfriando las expectativas de subidas.
  • ¿Qué impacto tiene? Un euro débil encarece la energía importada, aviva una inflación del 3,8% en la eurozona y deja atascado el euríbor que fija la mayoría de las hipotecas variables en España.

El euro se hunde hasta 1,116 dólares, mínimos de 17 meses, con apuestas bajistas récord contra la moneda única. La crisis fiscal francesa y el shock energético han roto la lógica que sostenía a la divisa europea.

A comienzos de 2026, el euro era una de las apuestas favoritas de los mercados globales. Los inversores daban por hecho que el BCE seguiría endureciendo su política mientras el dólar perdía atractivo, y a finales de enero la moneda única superó los 1,20 dólares. Nueve meses después, esa confianza se ha evaporado. Cuatro semanas consecutivas de descensos y un suelo de 1,116 dólares, el más débil frente al billete verde desde mayo de 2025.

El euro es algo más que una divisa. Es el activo que sostiene la credibilidad del proyecto europeo ante los mercados y, cuando los inversores apuestan contra él a este ritmo, no solo están midiendo el precio del dinero: están votando sobre la capacidad de Bruselas de mantener a sus dos grandes economías en pie.

La factura del gas que empieza en el estrecho de Ormuz

El primer problema se llama energía y arranca muy lejos, en el estrecho de Ormuz. Los envíos de gas natural licuado por esa ruta han quedado en gran medida bloqueados desde que la guerra con Irán se recrudeció a finales de febrero. Europa importa la mayor parte del gas que consume, así que compite por las cargas que quedan libres.

El resultado está en los precios. El TTF neerlandés, la referencia del gas en el continente, ronda los 73 euros por megavatio hora, aproximadamente un 120% más que hace un año. Y las reservas no dan tregua: el 2 de octubre los depósitos europeos estaban llenos al 71,5%, frente al 82,6% de un año antes, con el invierno a la vuelta de la esquina.

El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cotizó cerca de 100 dólares por barril este martes, más de un 60% por encima del arranque del año. Esa factura ya se traslada al consumidor: la inflación de la zona euro repuntó del 3,2% en agosto al 3,8% en septiembre, su nivel más alto desde septiembre de 2023, según Eurostat. Solo los precios de la energía subieron un 18,8% interanual.

Un euro más débil encarece cada barril que Europa compra fuera y devuelve a Fráncfort al dilema que creía superado: elegir entre inflación y crecimiento.

Francia, el eslabón que nadie quiere sostener

apuestas contra el euro

El segundo frente es francés. El presupuesto que París no logra cerrar ha convertido a la segunda economía del euro en el foco de todas las miradas, y los inversores han reaccionado apostando contra la divisa a una escala nunca vista. La debilidad del euro no es un accidente de mercado: es la traducción financiera de una crisis política que Francia no termina de resolver.

El problema es que la inflación, que en circunstancias normales habría sostenido a la moneda única, esta vez juega en contra. Una inflación alta obliga al BCE a subir los tipos, y unos tipos altos atraen al capital que busca rendimiento. Esa lógica se ha roto: a finales de septiembre los mercados descontaban aproximadamente tres subidas y media adicionales del banco central; ahora apenas dos y media. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, enfrió esas expectativas la semana pasada.

No hace tanto, el BCE bajaba tipos y el euro aguantaba el envite. Ahora la institución está atrapada: si sube para defender la moneda, ahoga el crédito; si no lo hace, la inflación importada sigue carcomiendo el poder de compra de los hogares. Es el mismo dilema que encaró en 2011, cuando elevó los tipos en plena crisis de deuda soberana y tuvo que recular en cuestión de semanas.

El mercado no perdona.

El Eje del Poder Europeo

La caída del euro no se entiende sin la geometría interna de la UE. Francia, motor histórico del eje franco-alemán, entra en su peor posición negociadora en Bruselas desde la crisis de 2010: un presupuesto sin aprobar, , una credibilidad fiscal en cuestión y un BCE que ya no puede permitirse distraer al mercado de su mandato para rescatar a nadie. Alemania, en cambio, respira con un euro débil, que abarata sus exportaciones, mientras los frugales del norte, Países Bajos y Austria a la cabeza, exigen disciplina fiscal a París sin mover un dedo para aliviar el precio de la energía.

Para España, el contexto es agridulce. Un euro barato da aire a las exportaciones y al turismo, pero encarece la factura energética, que se paga en dólares, y el resto de las importaciones. La inflación importada se cuela en los precios y, con el BCE dudando, el euríbor —el índice que fija la mayoría de las hipotecas variables españolas— se queda atascado sin un rumbo claro. A eso se suma la exposición bancaria y comercial a Francia, primer socio comercial de España, cuya prima de riesgo tiende a contagiar a Madrid en cada sobresalto.

Hemos visto este patrón antes. En 2011-2012, cada golpe a la deuda francesa arrastraba a la española, y Bruselas tardó meses en admitir que el problema no era solo griego. Hoy el mecanismo se repite, con un actor adicional: el shock energético convierte cada subida del Brent en una amenaza directa para la competitividad industrial española, desde el automóvil hasta la química.

Nadie dijo que fuera fácil.

La próxima ventana crítica llega en semanas. El Consejo de Gobierno del BCE vuelve a reunirse, París afronta una nueva intentona presupuestaria y los datos de almacenamiento de gas marcarán cuánto margen queda antes del invierno. Si el euro pierde el soporte de 1,10 dólares, Bruselas tendrá que elegir entre dejar caer a su segunda economía o jugársela a una divisa que ya no convence a nadie.

La AEPD propone multar a ‘El Salto’ con 5.000 euros por desvelar la infiltración de policías en movimientos sociales

La AEPD ha propuesto multar con 5.000 euros a ‘El Salto’ por publicar datos identificativos de agentes policiales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Agencia Española de Protección de Datos ha propuesto una sanción de 5.000 euros contra el medio ‘El Salto’ y la retirada de datos identificativos de agentes.
  • ¿Por qué? Por publicar imágenes, iniciales, identidades ficticias y referencias personales de funcionarios policiales que, según esas informaciones, se habrían infiltrado en movimientos sociales.
  • ¿Qué antecedentes hay? Es el cuarto medio afectado: La Directa, Vilaweb y Diari de Balears suman, junto a este caso, más de 30.000 euros en propuestas de sanción.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, el organismo estatal independiente que vela por el derecho fundamental a la protección de datos) ha propuesto imponer al medio cooperativo ‘El Salto’ una sanción de 5.000 euros y la obligación de retirar varios artículos en los que se detallaba la infiltración de policías en movimientos sociales, según ha comunicado la propia publicación. La resolución llega después de que la Agencia desestimara las alegaciones presentadas en primera instancia por el medio.

Una multa de 5.000 euros y la retirada de los datos de los agentes

Se trata del cuarto medio de comunicación que recibe una propuesta de sanción por hechos similares. Este verano, La Directa, Vilaweb y Diari de Balears fueron objeto de resoluciones parecidas, que en conjunto suman más de 30.000 euros, una cantidad relevante en relación con la facturación anual de cada cabecera.

La propuesta de la AEPD no cuestiona que las informaciones publicadas fueran fidedignas y precisas. Sin embargo, el organismo ha instado al medio a eliminar las imágenes de los agentes —pese a haber sido tratadas para dificultar su identificación—, las iniciales de los nombres reales de los funcionarios, las identidades ficticias empleadas durante las investigaciones, las referencias a sus coartadas para infiltrarse y cualquier alusión a su pasado, su formación, sus opiniones o las de su entorno familiar.

«Nos sorprende este procedimiento, que entendemos como una represalia por haber destapado la práctica ilegal de espionaje a disidencia política», sostiene Sara Plaza, periodista de El Salto, en declaraciones difundidas por el propio medio. La profesional advierte además de las consecuencias que la medida puede tener para el derecho a la información y la libertad de expresión.

Para Raúl Maíllo, abogado del medio, la retirada de estos elementos «implica mutilar los textos para impedir cualquier trazabilidad, cualquier elemento objetivo comprobable» de la presunta actuación irregular de los agentes. El medio sostiene que la sanción dificulta la verificación de los hechos publicados.

La protección de la identidad de los agentes encubiertos es un requisito legal y operativo: comprometerla pone en riesgo su seguridad y la de las investigaciones en curso.

El debate institucional: comisiones parlamentarias y litigios abusivos

policías infiltrados

Las personas que, según las informaciones publicadas, habrían sido objeto de seguimiento no han logrado que ningún tribunal español juzgue los hechos, pese a haber presentado varias denuncias, algunas de ellas contra los agentes identificados. La Fiscalía se ha opuesto a las distintas causas. La única consecuencia legal hasta ahora ha sido la exposición de los medios a estas sanciones administrativas.

Estas investigaciones han tenido, en cambio, consecuencias políticas. En el Parlament de Catalunya existe una comisión de investigación parlamentaria que pretende aclarar el alcance de estas prácticas, mientras que varias iniciativas han llegado al Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno. A raíz de la repercusión social de los casos, las infiltraciones habrían quedado supuestamente amparadas en la figura de «agente de inteligencia», distinta de la de «agente encubierto», que exige supervisión judicial.

Los cuatro medios han puesto los hechos en conocimiento de organizaciones periodísticas europeas, entre ellas el Media Freedom Rapid Response, que ha incluido el caso en el registro Mapping Media Freedom de ataques contra la libertad de prensa. El asunto se enmarca en el contexto de los llamados SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública), que la Comisión Europea define como demandas u otras formas legales de intimidación dirigidas contra quienes transmiten mensajes incómodos sobre asuntos de interés público.

El Contexto Operativo

La figura del agente encubierto es una herramienta central en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas. Su utilización exige autorización judicial y se somete a un control estricto, precisamente para equilibrar la eficacia operativa con la protección de los derechos fundamentales. La distinción entre esa figura y la del «agente de inteligencia» —que, según las informaciones publicadas, habría servido de cobertura a las presuntas infiltraciones— es uno de los ejes del debate abierto.

La protección de la identidad de los funcionarios que participan en este tipo de operaciones es una exigencia legal y operativa. La difusión de sus datos, sus imágenes o su entorno familiar no solo compromete su seguridad personal, sino también la viabilidad de investigaciones en curso contra redes criminales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan cada año miles de actuaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo bajo secreto de sumario y con autorización de la autoridad judicial, y la normativa de protección de datos actúa aquí como garantía de quienes, como servidores públicos, trabajan en condiciones de riesgo.

El procedimiento abierto por la AEPD es, por ahora, una propuesta de resolución: el medio puede recurrirla en vía administrativa y, posteriormente, ante los tribunales. La resolución definitiva y un eventual pronunciamiento judicial determinarán el alcance real de una decisión que, según las partes, marcará el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de los datos de los agentes que operan en la sombra. Las comisiones parlamentarias abiertas en Catalunya y las iniciativas en el Congreso seguirán aportando contexto institucional a un debate que combina seguridad, privacidad y libertad de prensa.

El TSJ de Madrid confirma el despido improcedente de Mercadona a una trabajadora por simular una baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la improcedencia del despido disciplinario de Mercadona a una trabajadora de tienda, en su sentencia 428/2026, al desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la compañía.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de suplicación de Mercadona y confirma, en la sentencia 428/2026, la improcedencia del despido disciplinario de una trabajadora.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El convenio colectivo de Mercadona —faltas graves y muy graves—, en conexión con el régimen del despido disciplinario del Estatuto de los Trabajadores; el tribunal distingue entre justificación insuficiente y simulación dolosa.
  • ¿Qué impacto tiene? Mercadona debe optar entre la readmisión o una indemnización de 1.966 euros, y se consolida la exigencia de dolo acreditado para sancionar la simulación de enfermedad.

Antecedentes: la ausencia de dos días y el despido disciplinario

Con categoría de gerente A y contrato indefinido a tiempo completo desde octubre de 2023, la trabajadora no acudió a su puesto los días 8 y 9 de noviembre de 2023. El día 8 comunicó a la organizadora de su turno que se encontraba mal y no podría asistir; a las 18:00 horas escribió que le habían diagnosticado gripe y le habían prescrito dos días de reposo, y a las 18:11 llamó al call center indicando que acababa de salir de urgencias.

La empresa consideró que estas comunicaciones no encajaban entre sí y apreció un posible engaño. Al reincorporarse, el coordinador le solicitó el justificante médico y la trabajadora entregó una cita programada el 8 de octubre, un mes anterior a los hechos. Mercadona subrayó además que los días 8 y 9 de noviembre se sumaban a los descansos programados del 7 y el 10, de modo que la ausencia generaba cuatro días de libranza consecutivos.

Sobre esa base, la compañía acordó el despido disciplinario el 29 de noviembre de 2023. La trabajadora impugnó la decisión ante el Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid, que en sentencia de 23 de marzo de 2026 estimó la demanda y declaró el despido improcedente, condenando a Mercadona a la readmición o, alternativamente, a una indemnización de 1.966 euros.

El fallo: el TSJM confirma la improcedencia del despido

TSJM

Mercadona interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, integrada por los magistrados María Aurora de la Cueva Aleu —presidenta y ponente—, María Begoña García Álvarez y María Lourdes Meléndez Morillo-Velarde. La empresa insistió en la falta de justificación de las dos ausencias y en la mala fe de la empleada, a la que atribuía la intención de fingir una enfermedad para obtener cuatro días de descanso.

El TSJM distingue de forma expresa entre una justificación insuficiente o defectuosa y una simulación dolosa de enfermedad, y niega que existan indicios de esta última.

El tribunal parte de dos reglas del convenio colectivo de Mercadona. La falta de asistencia al trabajo sin justificación suficiente constituye falta grave, sanción que no habilita por sí sola el despido disciplinario. La simulación de enfermedad, en cambio, se tipifica como falta muy grave, pero el convenio la circunscribe a los supuestos en que media una incapacidad temporal.

Conforme a esta lectura, el TSJM razona que Mercadona incurrió en una confusión de categorías jurídicas: que el justificante aportado fuese defectuoso o extemporáneo no equivale a una simulación dolosa de la enfermedad. La trabajadora, además, comunicó su situación a la empresa en varias ocasiones, lo que descarta el dolo exigible a la falta muy grave.

El fallo es desestimatorio del recurso de suplicación y confirma íntegramente la sentencia de instancia. Mercadona deberá optar entre la readmisión de la trabajadora y el abono de la indemnización de 1.966 euros fijada en la instancia. La resolución no aprecia los indicios de fraude que la empresa sostenía; las sentencias de la Sala de lo Social del TSJM se publican en el CENDOJ.

La Doctrina del Tribunal

La resolución consolida la frontera doctrinal entre la justificación insuficiente y la simulación dolosa de enfermedad, dos categorías que el convenio colectivo sanciona con distinta intensidad. El tribunal rechaza que quepa subsumir en la falta muy grave de simulación cualquier ausencia acompañada de un justificante defectuoso, aunque el relato revele para la empresa un posible engaño.

Su base jurídica se asienta en la graduación de faltas y sanciones del propio convenio colectivo de Mercadona, en conexión con el régimen del despido disciplinario del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y con la calificación del despido improcedente del artículo 56. El tribunal aplica un método interpretativo restrictivo: la simulación de enfermedad exige dolo acreditado y su alcance se limita a los supuestos de incapacidad temporal.

La consecuencia práctica es relevante para los litigantes de la jurisdicción social. El despido improcedente de Mercadona por esta causa no prospera cuando la empresa solo acredita una justificación defectuosa, y la carga de probar la simulación recae sobre quien la invoca. La línea casa con la doctrina del Tribunal Supremo, que exige indicios sólidos antes de calificar como fraudulenta la conducta del trabajador.

En cuanto a la proyección procesal, la sentencia de suplicación es firme en la vía ordinaria salvo la eventual preparación de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, dado que la materia afecta a la calificación del despido disciplinario. Persiste la cuestión de si el mismo conflicto interpretativo reaparece en los juzgados de lo social que aplican convenios con idéntica tipificación de faltas.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Despido disciplinario de una trabajadora con categoría de gerente A, impugnado ante el Juzgado de lo Social y, en suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
  • Datos importantes: Sentencia 428/2026 del TSJM; despido declarado improcedente; indemnización de 1.966 euros o readmisión; aplicación del convenio colectivo de Mercadona y del régimen del despido del Estatuto de los Trabajadores; fallo por unanimidad.
  • Fecha de los juicios: Hechos los días 8 y 9 de noviembre de 2023; despido el 29 de noviembre de 2023; sentencia de instancia de 23 de marzo de 2026; sentencia 428/2026 del TSJM.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un litigio laboral entre una trabajadora y su empleadora, sin acusados identificados.

ICANN recibe 1.615 solicitudes de nuevos dominios y la IA se adueña de .agent y .agi

ICANN ha recibido 1.615 solicitudes de nuevos dominios de nivel superior, presentadas por 481 solicitantes distintos. Es la mayor apertura del sistema de nombres de internet en más de una década y confirma que el terreno más disputado ya no es .com, sino cualquier extensión que suene a inteligencia artificial.

Claves de la operación

  • 1.615 solicitudes presentadas por 481 solicitantes. Es el mayor proceso de expansión del sistema de nombres desde la ronda de 2012 y concentra el interés en unas pocas extensiones de alto valor estratégico.
  • Diez compañías pelean por la extensión .agent. Entre ellas figuran Meta y OpenAI. Otras siete, con OpenAI de nuevo en la lista, han solicitado .agi, y seis han pedido .asi.
  • El registro de un dominio es un negocio recurrente. Quien controla una extensión fija el precio mayorista, la política de acceso y las condiciones para las marcas que quieran protegerse.

La IA se apropia de los nombres que nadie quería hace una década

Los datos publicados por la corporación que gobierna el sistema de nombres desde 1998 dibujan un mapa muy distinto al de la anterior apertura. Diez compañías distintas, con Meta y OpenAI entre ellas, han presentado candidatura para gestionar la extensión .agent. El interés no es cosmético: una extensión propia permite decidir quién puede registrarse bajo ese paraguas, a qué precio y con qué condiciones técnicas.

OpenAI ha ido más lejos. La compañía ha solicitado también .agi y .asi, dos sufijos que apuntan a los debates abiertos sobre inteligencia general y superinteligencia. Meta y OpenAI compiten por bautizar la próxima década de la IA, y lo hacen en el único registro que no depende de ningún gobierno: la raíz técnica de internet.

La pugna no se limita a las tres extensiones más comentadas. Entre las 1.615 peticiones hay solicitudes de sectores dispares, desde la salud hasta el deporte, lo que confirma que en el sistema de nombres conviven la estrategia corporativa y la especulación pura. Un sufijo atractivo puede multiplicar su valor de reventa en cuestión de meses, y no todos los solicitantes tienen un plan industrial detrás.

Qué se compra exactamente con una extensión es la duda de fondo. La respuesta corta: capacidad de fijar reglas. Un registro puede exigir requisitos de identidad a los solicitantes, reservar nombres para titulares de marcas registradas o bloquear el registro especulativo. También puede convertirse en la puerta de entrada de un asistente conversacional, y ahí la extensión deja de ser un adorno para ser infraestructura.

Una extensión de internet no vale por las letras que contiene, sino por el poder de fijar quién puede usarlas y a qué precio.

El negocio real no está en vender dominios, sino en gobernar el registro

dominios .ai

Las cifras explican por qué hay 481 solicitantes detrás de 1.615 peticiones. Gestionar una extensión genera ingresos recurrentes por cada nombre, registrados, renovados o transferidos, un modelo que ya han explotado compañías como Google, propietaria de .app y .dev. El negocio del dominio se cobra todos los años, no una sola vez, y ahí está el verdadero atractivo.

Para las marcas españolas, la apertura añade una factura silenciosa. Cada extensión nueva obliga a los departamentos jurídicos a decidir si registran de forma defensiva, si litigan contra ocupantes oportunistas o si asumen el riesgo de no estar presentes. En la ronda anterior, ese cálculo se hizo con listas interminables de nombres y presupuestos limitados.

El caso más ilustrativo es el de Anguila. El dominio territorial .ai, asignado a una isla de menos de 20.000 habitantes, se ha convertido en una fuente de ingresos relevante para su administración gracias al tirón de las empresas de inteligencia artificial. Un sufijo de dos letras puede sostener un presupuesto público entero, y esa lección no ha pasado desapercibida.

Detrás de cada extensión hay una cadena de intermediarios: el registro que fija las reglas, los registradores que venden al cliente final y las marcas que compran por miedo a quedarse fuera. Cuando el sufijo está ligado a una tecnología emergente, el precio de esa defensa se dispara.

Lo que España aprendió, y lo que queda pendiente, desde la ronda de 2012

La comparación con la ronda anterior es obligada. En 2012, la corporación recibió cerca de 2.000 solicitudes y de aquel proceso salieron extensiones como .barcelona, .madrid y .gal, impulsadas por instituciones locales. El dominio territorial .es sigue gestionado por Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, y su volumen de registros funciona como termómetro de la madurez digital del país.

El mapa de los dominios, sin embargo, no premia a quien llega tarde. La ronda de 2012 dejó un reguero de extensiones que nunca alcanzaron masa crítica y acabaron desapareciendo, después de haber pagado la tasa de solicitud y varios años de mantenimiento. El coste de una extensión fallida se paga durante una década y no siempre aparece en las cuentas de resultados.

Queda por ver qué ocurre con las 1.615 peticiones cuando ICANN empiece a evaluarlas. La corporación tiene por delante un proceso largo de revisión técnica, financiera y de objeciones, y no todas las candidaturas llegarán a delegarse en la raíz del sistema. Seguimos de cerca la lista final: si .agent acaba en manos de Meta o de OpenAI, la próxima vez que tecleemos una dirección de internet estaremos escribiendo el nombre de la empresa que nos responde. Y eso vale más que cualquier campaña de imagen.